Sábado 28 de Mayo, 2016

Desmontar AICM tendrá costo millonario

Polémica. Analistas consideran que el debate debe centrarse no sólo en el destino, sino en las inversiones para adaptar la actual terminal y darle una vocación al uso de suelo

Foto: Leslie Pérez

A 55 meses de que el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) entre en operaciones falta definir el origen de los recursos para “desmontar” la actual terminal aérea.

 

Si bien el destino de las 710 hectáreas que abarca el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México ya provocó una polémica entre los gobiernos federal y el capitalino, el costo del cierre podría superar los 100 millones de dólares y deberá absorberlo el gobierno federal, de acuerdo con cálculos de Fernando Gómez Suárez, analista del sector aeroportuario.

 

A ese monto, agregó, habrá que sumar el costo de readaptar las terminales 1 y 2, así como remover las pistas, entre otros gastos para darle una nueva vocación al uso de suelo.

 

“Ambos gobiernos están olvidando que debe haber un proyecto viable en el cual se tienen que definir recursos dispuestos a ser invertidos, ya sean públicos o privados”, añadió el especialista.

 

De acuerdo con el proyecto del NAICM, será el 20 de octubre de 2020 cuando se dé el primer despegue en la terminal área, hasta entonces, el actual aeropuerto capitalino seguirá prestando servicio de manera regular. Incluso, el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Gerardo Ruiz Esparza, señaló recientemente que la terminal aérea podría operar hasta seis años más.

 

“Se trata de propiedad federal. Quien opera y administra las instalaciones del aeropuerto son autoridades a cargo de la SCT, por lo que le corresponde legalmente a la Federación la decisión sobre el futuro de las instalaciones”, comentó Alfonso Flores, consultor en materia aeroportuaria.

 

Consultados por 24 HORAS, ambos analistas coincidieron que aunque el gobierno federal es el encargado de decidir el futuro del terreno, corresponde a las autoridades de la Ciudad de México autorizar cualquier proyecto que se decida realizar en esa zona.

 

Gómez Suárez subrayó que el interés del gobierno de la Ciudad de México radica en que busca incidir en el cobro del impuesto predial, una vez que se defina el uso del terreno por parte de la iniciativa privada.

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