En un hecho sin precedente, la Universidad Veracruzana denunció al gobierno de Javier Duarte de Ochoa por el incumplimiento en la entrega de más de dos mil millones de pesos; la acción emprendida por la valiente rectora, Sara Ladrón de Guevara, está conformada por denuncias penales ante la Fiscalía Estatal Especializada en Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción cometidos por Servidores Públicos y ante el Ministerio Público de la Federación.
La quiebra en las finanzas estatales colapsó con el desaseo administrativo desde el inicio del periodo de Javier Duarte, a grado tal que desde 2012 a la llegada de la primera mujer rectora a la Universidad Veracruzana, inicio el viacrucis para el cobro de los pendientes que ya mantenía el gobierno del estado con la casa de estudios, la cual cuenta con más de 75 mil estudiantes.
Por ley, la Universidad Veracruzana debe recibir recursos del gobierno del estado y los que legítimamente aporta el gobierno federal; sin embargo, Javier Duarte, infringiendo todo precepto básico y en clara ignorancia, se atrevió a declarar en septiembre del año pasado que no existía deuda con la UV y que incluso no estaban obligados a destinar dinero a esa institución educativa.
El colmo, y lo que sería motivo de sanciones penales, es que los recursos que envía el gobierno federal a la Universidad Veracruzana tampoco fueron entregados a la casa de estudios, ya que, primero pasan por la Secretaría de Finanzas del gobierno del estado, en donde ya no se sabe en qué son utilizados.
Mayúsculo espectáculo, cuando los empleados enviados por Duarte, Flavino Ríos, secretario de Gobierno y Antonio Gómez Pellegrin, secretario de Finanzas, descalificaron las denuncias penales interpuestas por la Universidad Veracruzana y para revirar el golpe denunciaron (sólo con palabras) que la UV era la que tenía presuntos adeudos con el Instituto de Pensiones del Estado.
Sin embargo, el pasado 5 de febrero, el abogado general de la Universidad Veracruzana, Alberto Islas, desmintió dicho adeudo con el gobierno del estado; dijo que han cumplido con el Instituto de Pensiones para pagos a jubilados y reiteró que desde 2013 reciben subsidios federales y estatales a medias.
El 6 de febrero, la rectora de la UV volvió a insistir ante la comunidad académica y medios de comunicación: “Quiero decir que el riesgo es acabar con la educación pública, el riesgo es que los estudiantes tengan que pagar sus cuotas. Un semestre en la Universidad Veracruzana cuesta alrededor de 60 mil pesos por alumno”.
La situación financiera de la UV es precaria; sin embargo, no se han suspendido actividades en los cinco campus a lo largo del estado, ni en 53 licenciaturas, 4 carreras técnicas y 70 programas de postgrado; 74 facultades, 24 institutos, 57 bibliotecas y siete centros de investigación.
De todo este lamentable caso tienen conocimiento en la Secretaría de Educación Pública (SEP), así como en todas las asociaciones de universidades, el Congreso del Estado, la Junta de Coordinación Política del Senado de la República y la presidencia de la Cámara de Diputados.
El caso ha unido a la comunidad universitaria en Veracruz, convirtiéndose en una lucha que encabezan los propios alumnos que se manifiestan en redes sociales con el hashtag #TodosSomosUV.
De no tomarse cartas en el asunto (darle cauce a las denuncias penales) la educación pública en Veracruz corre el riesgo de desaparecer, sólo y a consecuencia de un mal gobierno, el de Javier Duarte, que pasará a la historia pero con capítulos negros y ahora, sin educación.
Ágora
De los cinco jóvenes desaparecidos en Tierra Blanca, Veracruz nada se sabe; lo peor es que otras 18 familias se han unido en la búsqueda de sus hijos desaparecidos. Sin respuesta, es la síntesis.