Homicidios, secuestros, desapariciones forzadas y otros delitos de alto impacto van en incremento en Veracruz sin que nadie pueda impedirlo.

 

Los veracruzanos sufren las consecuencias de una ola enorme de inseguridad y de violencia que hace indispensable la intervención del gobierno federal en forma urgente.

 

El muy debilitado gobierno de Javier Duarte no ha sido capaz en estos más de cinco años de abatir la inseguridad; al contrario, los índices van en aumento, como el penoso récord que se tiene de periodistas desaparecidos y asesinados.

 

El último hecho de resonancia internacional, y que ya se equipara con el caso Ayotzinapa, es la desaparición de cinco jóvenes en Tierra Blanca, forzada presuntamente por elementos de la policía estatal para entregarlos a un grupo del crimen –por cierto– bien organizado.

 

Después de 14 días, sólo se cuenta con la formal prisión de un ex delegado de la Secretaría de Seguridad Pública del estado y cinco policías, con lo que suman seis detenidos; sin embargo, de los jóvenes aún no se sabe nada, a pesar de que la búsqueda se ha extendido al estado de Oaxaca.

 

Pero, el Veracruz de pesadilla, por la falta de oficio y compromiso del actual gobernante, tiene diversas cifras que tendrían que ser revisadas para incluso tomar medidas drásticas lo antes posible.

 

Por ejemplo, de acuerdo con el Centro de Estudios de Género de la Universidad Veracruzana, 74 mujeres fueron asesinadas durante 2015 en el estado; de la misma forma, Guillermo Trujillo, presidente de la Red Evangélica en Veracruz, denunció que de acuerdo con sus registros, en lo que va de la actual administración estatal son más de 100 las desapariciones forzadas.

 

Apenas el pasado 20 de enero fue acribillado a balazos José Gertrudis Guízar Valladares, hermano del dirigente estatal del Partido Encuentro Social (PES), Gonzalo Guízar; por el hecho, el presidente nacional de ese partido exigió al gobierno de Duarte el esclarecimiento del crimen.

 

Y es que, para las corporaciones federales, se ha convertido en gran obstáculo la obvia complicidad entre los mandos de las policías estatales y algunas municipales con la delincuencia organizada que opera en Veracruz, cada día con mayor impunidad.

 

En estos más de cinco años, se ha producido un alto número de secuestros y algunos intentos fallidos que han dejado por desgracia personas gravemente lesionadas; atropellos en casas habitación y el registro de lamentables hechos, como la golpiza a estudiantes universitarios a manos de 10 encapuchados, armados con palos, bates y hasta machetes, ocurrido en junio del año pasado en Xalapa.

 

La ausencia física del gobernador, por constantes viajes al extranjero, así como el sostenimiento de colaboradores sin capacidad, trae como consecuencia el abandono de su responsabilidad y convierte a Veracruz en un territorio a merced de la delincuencia organizada, en un año electoral de por sí crispado por la competencia política.

 

No conforme con la precaria situación de inseguridad que se vive, Javier Duarte busca que la Procuraduría General de la República (PGR) no atraiga el caso de los cinco jóvenes desaparecidos en Tierra Blanca. Fiel a su incontinencia verbal, dijo ante medios de comunicación: “No es cierto que esté a cargo de la PGR, el gobierno federal lo que está haciendo, y quiero ser muy enfático, es investigar la parte que les corresponde, los delitos del fuero federal; la parte de lo que son los delitos del fuero común siguen a cargo de nuestra Fiscalía en Veracruz”.

 

Lo que habría que avisarle al gobernador Duarte es que tendría que haber sido el primero en suplicar la intervención de instancias federales, así como solicitar que llegue la Gendarmería a Veracruz y los ciudadanos puedan tener un respiro y dejar de vivir con miedo permanente.