Eso es lo que quieren muchos priistas, y lo que algunos de ellos se han atrevido a plantearle ya a su nuevo dirigente nacional, Enrique Ochoa Reza:

 

Para empezar, que se deshaga de esa trinca infernal que rodeó a Manlio Fabio Beltrones y que mucho daño le hizo: Manuel Añorve, secretario de Operación Política; Willy Ochoa, secretario de Organización; y Arturo Zamora, secretario de Acción Electoral.

 

Ochoa, hasta donde sabemos, ha tomado nota y dejó entrever que vendrán esos y otros cambios. De hecho, está pensando en cambiar todo el Comité Ejecutivo Nacional (CEN), incluida Carolina Monroy, secretaria general del partido.

 

Es ésa una de las maneras como el moreliano busca finiquitar los amagos de rebelión que originó su designación como dirigente del tricolor. En ese marco, ayer se reunió con integrantes de la LXI Legislatura y hoy hará lo propio con los de la LIX, quienes le expondrán –carta de por medio– una serie de “reflexiones”.

 

Entre ellas, que “parte de la clase política local se siente excluida del proyecto político del Presidente, pues muchos operadores panistas siguen en las oficinas gubernamentales”; la necesidad de “revisar los nombramientos de delegados nacionales del partido en los estados y de las dirigencias estatales y municipales”.

 

Y muy particularmente, la “solicitud de celebrar este mismo año” la Asamblea Nacional, para debatir y hacer los ajustes necesarios rumbo a las elecciones de 2017 y 2018.

 

El secretario técnico del Consejo Político Nacional, Joaquín Hendricks, planteó –a unos días de la derrota del 5 de junio–, que el resultado adverso obligaba a adelantar su Asamblea Nacional. Propuso, incluso como fecha simbólica por la trascendencia del momento, el 20 de noviembre.

 

Los priistas saben que es urgente realizar esa asamblea. No sólo para evitar que se les encime prácticamente con la elección del Estado de México (la próxima asamblea está prevista para marzo del año entrante), sino porque entre más pase el tiempo, más se diluyen las responsabilidades de lo ocurrido.

 

¿O quieren otra vez apostar al olvido, como con la Casa Blanca?

 

¿Y el partido no va a hacer nada contra los gobernadores?-  El Gobierno de la República ya dio señales de querer asumir el liderazgo nacional frente a los gobernadores que están bajo sospecha de corrupción.

 

De un modo u otro, contuvo los “blindajes” que se estaban armando algunos de ellos. Es algo.

 

¿Y el PRI qué va a hacer? Porque eso de salir nomás a declarar –como lo hizo Ochoa antier– que van a señalar a los corruptos, o incluso pedir su destitución del cargo, no es suficiente.

 

¿Acaso no hay elementos suficientes en los estatutos del Revolucionario Institucional para solicitar al menos la suspensión de derechos de algún gobernador?

 

En mayo de 2012, por recordar un caso no muy lejano, la Comisión de Justicia Partidaria suspendió sus derechos de militancia al ex gobernador tamaulipeco Tomás Yarrington, luego de conocerse que se le seguían varios procesos en Estados Unidos.

 

Gemas: obsequio del candidato presidencial Enrique Peña Nieto durante la XXX Sesión Ordinaria del Consejo Político Nacional del PRI (mayo de 2012): “En el partido ya no hay cabida para la corrupción, el encubrimiento y la impunidad”.