Los grupos parlamentarios del PRI y del PAN en el Senado, solicitaron al gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, a que en un acto de responsabilidad política presente formalmente su renuncia al cargo.

 

Durante la discusión de un acuerdo por el que se amplió el plazo hasta el 30 de octubre para resolver la declaratoria de desaparición de poderes en la entidad guerrerense, el senador Arturo Zamora Jiménez habló a nombre de los senadores del PRI y señaló la necesidad de que el mandatario se separe voluntariamente del cargo debido a las “graves” omisiones en las que ha incurrido.

 

“El señor gobernador, Ángel Aguirre Rivero, menospreció el diagnóstico de la CNDH y con ello permitió que la corrupción e impunidad continuaran siendo la constante en municipios como Iguala, por lo que es necesario que pondere dejar el cargo (…) Los senadores del PRI, extendemos una respetuosa invitación al gobernador para que con responsabilidad, compromiso y una amplia sensibilidad valore que es mejor para los guerrerenses y en función de ello considere presentar formalmente su renuncia”, declaró.

 

Zamora Jiménez agregó que la crisis en materia de derechos humanos que hoy se vive en la entidad se debe al “desdén” que el propio Aguirre Rivero ha tenido no sólo a la constitución sino a todas las leyes.

 

En representación del PAN, subió a tribuna el senador Héctor Larios Córdova quien secundó la invitación hecha por el PRI.

 

“El PAN espera desde luego que el gobernador acepte la invitación que aquí le ha hecho el PRI, a reflexionar sobre abandonar el cargo que ostenta pero no ejerce, y que es indispensable para reconducir la vida institucional de Guerrero. Las propias investigaciones pierden credibilidad con la sola presencia del gobernador en su estado”, manifestó.

 

El panista incluso consideró que el mandatario guerrerense deberá presentar su renuncia antes del 30 de octubre, día en el que el Senado determinará si se cumplen los supuestos para la desaparición de poderes. “A partir de este plazo que damos, abrimos un espacio de reflexión para que el gobernador presente su renuncia y provoque menos daños al estado de Guerrero, esa es nuestra intención”.

 

A nombre del PRD habló el senador Alejandro Encinas Rodríguez, quien reconoció el clima de incertidumbre e ingobernabilidad que se vive en la entidad, sin embargo indicó que la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, pone en evidencia la debilidad del estado mexicano y el proceso de descomposición de las instituciones en todos los órdenes de gobierno.

 

El legislador del sol azteca, además demandó que los resultados en torno a las investigaciones sobre el caso den a conocerse a la brevedad. “Queremos una investigación a fondo, caiga quien caiga, si es el gobernador o el procurador de Justicia del estado, si son miembros del Congreso del estado de Guerrero, que se les castigue. También necesitamos que se sancione a las instituciones federales, en los frentes policiacos que por omisiones han generado esta situación”.

 

Tras los posicionamientos, el Pleno finalmente aprobó el acuerdo presentado por la presidenta de la comisión de Gobernación, Cristina Díaz Salazar, a fin de resolver a más tardar el próximo 30 de octubre la solicitud presentada por el grupo parlamentario del PAN, por la que se declara la desaparición de poderes en el estado de Guerrero, esto con la finalidad de ampliar las investigaciones y revisar si hay causas para emitir la declaratoria.

 

Al presentar el acuerdo, la senadora priista Cristina Díaz, señaló que aun cuando los titulares de los órganos legislativo y judicial del estado de Guerrero han informado que continúan con el ejercicio ordinario de sus funciones, la comisión que preside debe hacerse llegar de mayores elementos para constatar que los poderes de la entidad guerrerense, existen y funcionan adecuadamente.

 

Con la aprobación de dicho acuerdo, también se ampliaron las facultades del grupo formal de trabajo sobre el caso Ayotzinapa para que realice las actuaciones pertinentes tanto en la ciudad de México como en Guerrero, coteje la información enviada por el legislativo y ejecutivo así como para evaluar el funcionamiento de los poderes de Guerrero.