La mayoría de los soldados que han desaparecido estaban en las entidades donde hay combate frontal contra la delincuencia organizada, revelan las estadísticas de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

 

Mientras que en el sexenio anterior los primeros reportes de militares desaparecidos fueron en Michoacán, Nuevo León, Tamaulipas y Chihuahua, en lo que va de este sexenio han desaparecido más en Veracruz, Michoacán, Jalisco, Guerrero, Zacatecas y Tamaulipas de acuerdo con el registro entre el 6 de septiembre de 2007 y el 17 de junio de 2015.

 

Las entidades donde hay coincidencia son Michoacán y Tamaulipas aunque en la primera las estadísticas muestran una reducción del 50% al pasar de 12 a 6 elementos desaparecidos comparando ambos periodos y en la entidad fronteriza registró un aumento de 33% porque en la pasada administración se registraron 3 casos y en la actual 4.

 

La estrategia en contra del narcotráfico, aunque es permanente, ha ido cambiando y se adecúa a las necesidades del momento.

 

El 11 de diciembre de 2006 el entonces presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa anunció el Operativo Conjunto Michoacán y el primer uniformado que fue reportado como desaparecido fue un teniente.

 

La última noticia que se tuvo de él fue el 6 de septiembre de 2007, en Maravatío, Michoacán, estado del ex mandatario.

 

La defensa señala en el informe que también hay algunos casos de desapariciones en grupo.

 

El primer caso grupal ocurrió el 17 de marzo de 2009, en Chihuahua, donde a cinco elementos del Ejército no se les volvió a ver y se desconoce con precisión el lugar donde ocurrieron los hechos. Entre ellos había un teniente y tres rurales.

 

El 8 de marzo de 2010 se reportó otro caso grupal cuando desaparecieron cuatro cabos en el municipio de Monterrey, Nuevo León.

 

En cuanto a desaparecidos que después fueron hallados con vida también hay varios casos grupales, revelan los datos obtenidos a través de la solicitud de información 0000700119015 que fueron entregados a 24 HORAS.

 

En Coatzacoalcos, Veracruz, fueron localizados tres soldados y un teniente el 28 de mayo de 2011. En Apatzingán, Michoacán, fueron encontrados cuatro elementos del Ejército el 7 de agosto de 2011 y en Zamora, Michoacán, fueron localizados 10 uniformados el 14 de octubre de 2012.

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EXIGEN LEGISLADORES EXPLICACIÓN

 

El presidente de la Comisión de Justicia en el Senado, Fernando Yunes Márquez (PAN), demandó de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), una explicación en relación a la desaparición de 157 elementos del Ejército y la Fuerza Aérea Mexicana, en los últimos ocho años.

 

En entrevista con 24 HORAS, el también secretario de la Comisión de Seguridad Pública, calificó como “una cifra muy grave” el número de elementos desaparecidos, que la Sedena reportó a este informativo a través de una solicitud de información y pidió que se le dé puntual seguimiento a estos casos.

 

En este contexto, el senador afirmó que el Congreso debe trabajar en la aprobación de un marco legal, a través del cual se le dé certeza jurídica a la actuación de las fuerzas armadas en materia de combate al crimen organizado y en general respecto a sus funciones de seguridad nacional, e incluso seguridad pública como en el caso de algunos estados.

 

Por otra parte, Carlos Sarabia Camacho (PRI), secretario de la comisión de la Defensa Nacional de la Cámara de Diputados reconoció que los miembros de las Fuerzas Armadas de México están en la indefensión total.

 

El militar retirado subrayó la importancia de que los tribunales militares tengan herramientas legislativas necesarias para impartir justicia cuando algún militar viola los derechos humanos de civiles.

 

Expuso que un militar, cuando va a cumplir una misión, desconoce cómo se le juzgará a la hora de entrar en acción, salir a las calles a combatir la delincuencia organizada, “ya no sabe si será juzgado por el fuero de justicia militar, el penal o el común y eso da incertidumbre y falta de decisión”.

 

Por su parte, Alejandro Carlos Espinosa, representante del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe) expuso que con estos trabajos se busca mejorar la calidad de vida del personal del Ejército mexicano.