Al socaire de la falta de controles, el secreto bancario, la corrupción y subterfugios jurídicos, la deuda de estados y municipios crece a razón de mil millones de pesos mensuales y oficialmente suma 436 mil millones de pesos, pero podría ser infinitamente superior.
El senador Mario Delgado sabe de qué habla: fue secretario de Finanzas de la capital, es presidente de la Comisión del Distrito Federal, secretario de la Comisión de Hacienda y analiza más de 65 mil expedientes de créditos obtenidos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) donde están gran parte de los secretos.
“Seguramente el monto será mayor”, asienta sin titubear. ¿Cuánto? “Estamos por ver”. Expone, además, que éste es un problema de transparencia y que ahora “con las nuevas disposiciones sacarás tus deudas del cajón y se sabrá hasta dónde podemos llegar”. Procesos penales, inclusive.
“No tengo ninguna duda: aquí se esconde el nuevo Fobaproa”, asienta en referencia al rescate bancario impulsado por Ernesto Zedillo y cuya estimación inicial rebasaba los 800 mil millones de pesos. Pero hay otros casos alarmantes. “El presidente Zedillo nunca pudo encuadrar al rescate bancario al concepto de deuda, ya que no podía ser deuda pública”, recuerda.
“Por ejemplo, los pasivos de los sistemas de pensiones en nuestro país pueden alcanzar hasta los 60 puntos del PIB, de ese tamaño puede ser deuda pública con la nueva definición constitucional para el concepto de deuda”, expresa el legislador perredista.
De acuerdo con lo informado por el senador, en el Artículo 73 de la Constitución se definía a la deuda de una manera estricta, ya que, especificaba, se podía contratar empréstitos para inversiones que generen recursos adicionales; ahora se amplía el concepto y pueden caber muchas cosas en la definición.
Actualmente, en el Artículo 117 constitucional se redefine la deuda de los estados y se abre la posibilidad de que los organismos públicos de los gobiernos estatales puedan contratar deuda y a nivel constitucional se abre la contratación de deuda a corto plazo.
“De esa base de datos probablemente podremos llegar al número que estamos buscando, a cuánto asciende la deuda si incorporamos los créditos quirografarios, de corto plazo, pago a proveedores, cadenas productivas… Todos estos que están fueras del registro de la Secretaría de Hacienda”, dice el también integrante de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial del Senado.
Delgado agrega que el problema de la deuda no es una cuestión de crédito, sino abuso de éste. Asimismo comenta que existen alrededor de 60 municipios en insolvencia económica, y aunque no da nombres, algunos de ellos ya pidieron adelanto de sus participaciones en diciembre pasado.
La información que el senador tiene en los registros consta de expedientes de 2009 al primer trimestre de 2012. Delgado Carrillo recordó la crisis de 2008, que a su juicio, es cuando la deuda se catapulta. “Hacienda reconoce que esa crisis afectó las participaciones de los estados; a los estados se les hizo un hueco enorme y de ahí empieza un desorden en las finanzas estatales. De ese momento a la fecha se duplicó la deuda, pasando de 200 mil a 436 mil millones de pesos”.
Luego de que el Senado de la República aprobó la reforma de deuda de estados y municipios, el legislador del PRD espera que una vez obtenido el resultado final de su análisis se pueda volver a discutir y saber si dicha ley podrá ayudar realmente a los mexicanos.
Delgado añade que entre otras cosas, existe un crédito en Colima con 18% de tasa de interés, “el más alto, lo cual es inexplicable porque la tasa de mercado debería de ser como de 5%. Además no sabemos los montos de las comisiones, un punto que no se ha podido esclarecer y donde seguramente hay cantidades importantes”.
De esta manera se espera que en los próximos días se tenga un informe completo para ser presentado ante las instancias correspondientes. “Por ejemplo, el Banco Interacciones tiene en su cartera 80% de estados y municipios, hay que analizar todo, pues el abuso es para los contribuyentes, por la irresponsabilidad de funcionarios y también de los bancos”, concluye.
Y además les perdonan el ISR
Los gobiernos de Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto determinaron exentar del pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR) a los gobiernos estatales y municipales de todo el país, hasta en 100% en el ejercicio fiscal de 2012 y años anteriores, 60% en este año y 30% en 2014, como un paliativo a su endeudamiento, pero éstos no han informado el destino que dan a esos recursos.
Además, se desconoce el monto al que asciende la condonación mediante el decreto del entonces presidente Calderón en 2008 y, en diciembre del año pasado, en la Ley de Ingresos de la Federación 2013, a iniciativa del presidente Enrique Peña Nieto.
En el informe del primer trimestre de este año de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, no aparece referencia alguna a dicha exención que para este año ha determinado que estados y municipios no reporten la retención de 60% del ISR de sus trabajadores; para 2014 la exención está prevista en 30%, siempre conforme con lo previsto en el Artículo 9 de la Ley de Ingresos de la Federación 2013.
La legisladora federal panista Mariana Dunyaska García, integrante de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados, considera errónea e inmoral la medida, “que nunca debió ser avalada por el Congreso (de la Unión)”, y urge a la Secretaría de Hacienda a transparentar esos recursos para que los gobiernos estatales y municipales informen en qué se gastaron el ISR retenido a sus trabajadores y no reportado al fisco.
En el decreto presidencial de fecha 5 de diciembre de 2008 y en la Ley de Ingresos del ejercicio fiscal 2013 no hay referencia alguna a la obligación de estados y municipios -incluye al Gobierno del Distrito Federal y sus 16 delegaciones políticas- de informar el monto del ISR retenido a sus trabajadores ni los rubros a los que se destinó el recurso.
En el último trimestre de 2012 la Secretaría de Hacienda reportó que la deuda de estados y municipios se había incrementado en 27 mil 996.6 millones de pesos, con relación al año anterior, ubicándose en 434 mil 761 millones 200 mil pesos. Ello implica que, entre diciembre de 2011 y diciembre de 2012, la deuda creció a un ritmo de 120.5 millones de pesos diarios.
Inconformidades respecto de esa condonación, hay en dos escenarios: uno mediante amparo promovido por académicos e intelectuales ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación; otro, es un punto de acuerdo presentado en el pasado periodo ordinario de sesiones de la Cámara de Diputados.
En el recurso de amparo se reprocha la inconstitucionalidad del Artículo 9 de la Ley de Ingresos de la Federación de 2013. En el punto de acuerdo se requiere a la Secretaría de Hacienda informe el monto de la condonación y que la Auditoría Superior de la Federación inicie auditorías para determinar si los recursos condonados “fueron utilizados para subsanar necesidades de infraestructura o proyectos productivos y no para resarcir adeudos irresponsables de gobernadores o presidentes municipales”.