Los abogados del ex gobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington Ruvalcaba, denunciaron ayer a cónsules de México en Estados Unidos por supuestamente haberse coludido con funcionarios ministeriales durante la administración pasada, para “fabricar” las acusaciones de nexos con el narcotráfico.

 

La denuncia, la quinta que presenta ante la Procuraduría General de la República (PGR) la defensa del ex mandatario, es por el presunto delito de coalición de servidores públicos para violentar los derechos de una persona.

 

Los responsables, según los defensores, son el cónsul general de México en San Antonio, Texas, Armando Ortiz Rocha; el cónsul general de México en Houston, Texas, Luis Malpica y de Lamadrid; así como a los agregados regionales adjuntos de PGR en ambas representaciones Kepler Barrón Arteaga y Francisco Salgado Arroyo, entre otros.

 

El abogado Marco Tulio Ruiz Cruz explicó que dichos funcionarios recabaron de forma ilegal las declaraciones de los testigos protegidos Pitufo, Pedro, Óscar, Ángel y Geraldin, todos ellos en custodia en los Estados Unidos, para sustentar la averiguación previa abierta en contra del ex gobernador.

 

“Por ejemplo, en las declaraciones que tomaron los agentes del Ministerio Público Federal actuaron también como testigos de asistencia (que validan que existe el testigo protegido) circunstancia que está a todas luces prohibidas por nuestros códigos, por nuestras leyes penales”, indicó el litigante.

 

Agregó que “los cónsules mexicanos se prestaron a este tipo de porquerías, por parte de estos agentes del Ministerio Público, abdicaron de sus funciones con total quebranto a la Ley del Servicio Exterior Mexicano, practicaron diligencias fuera de sus jurisdicciones, lo cual está totalmente prohibido”.

 

El litigante dijo que otra de las irregularidades son los tiempos en que se recabaron las declaraciones, ya que, por ejemplo, una diligencia iniciaba a las 4 de la tarde en San Antonio y dos horas más tarde continuaba en Washington, pese a que la separación es de más de dos mil kilómetros de distancia entre ambas ciudades.

 

Ruiz Cruz subrayó que hasta ahora son cinco las denuncias presentadas por diversas irregularidades en la investigación en contra de su cliente. Subrayó que en varias de ellas sería responsable la ex procuradora Marisela Morales.

 

Cuestionado sobre las órdenes de aprehensión contra Yarrington en México y Estados Unidos por delincuencia organizada, dijo que desconocen oficialmente que se hayan girado y prefirió “no caer en especulaciones”.

 

DATO

 

El artículo 216 del Código Penal Federal castiga con pena de 2 a 7 años de prisión el delito de coalición de servidores públicos. Es un ilícito no grave que alcanza fianza.