En el taller de “soluciones integrales para la prevención del delito y la violencia”, organizado por el Banco Mundial y el gobierno colombiano, el general Oscar Naranjo presentó su visión sobre cómo mejorar la seguridad ciudadana en la región.

 

El general Naranjo es asesor del presidente Peña desde la campaña. Su presencia ha sido controversial, parte porque los mexicanos somos renuentes a recibir consejos de extranjeros y parte por su participación en el gobierno de Álvaro Uribe. En Colombia, está a cargo de la construcción del diálogo de paz con la guerrilla.

 

Su presentación fue clara y articulada. Su discurso implica un rediseño sobre la concepción de la seguridad. Plantea que la prevención debe dejar de ser un cliché de la clase política y convertirse en un conjunto de políticas públicas serias, bien diseñadas y evaluadas para garantizar su impacto en la sociedad. En aras de abonar a la discusión sobre cómo entender y enfrentar la violencia, puede ser de utilidad retomar los elementos centrales de su discurso.

 

Para algunos, la violencia es un problema de criminales; para otros, es un problema social. Para el general, es un valor democrático que debe ser asumido tanto por autoridades como por ciudadanos y que implica la eliminación del concepto autoritario de seguridad arraigado en Latinoamérica. Esto es, dejar de entender la seguridad como un fin en sí mismo que depende de la fuerza pública y fomentar que la ciudadanía se apropie del concepto seguridad e internalice la relación entre seguridad y convivencia.

 

Naranjo plantea la necesidad de transformar la política de seguridad en un conjunto de políticas públicas cuyo objetivo central sea la seguridad del ciudadano. Para ello, hay que integrar el trabajo de prevención social con la procuración e impartición de justicia.

 

A partir de ahí, explica cómo los gobiernos planteaban el falso dilema de invertir en lo social o en la seguridad al entender la violencia como una expresión de la pobreza que carecía de soluciones. Hoy se le reconoce como condición necesaria, aunque no suficiente, para el desarrollo de las naciones, pues sin ella no hay libertad ni democracia. Esto obliga a alinear la seguridad pública con la del ciudadano e implica su transformación integral y asumir que la ley no es suficiente para combatir el crimen.

 

Se propone entonces sustituir la “aplicación de la ley con mano dura” por un modelo donde el policía no actúe mecánicamente. Esto implica la formación de un mando civil que pueda ser interlocutor, que entienda de valores democráticos alineados con la democracia participativa y no con la representativa. No quiere decir que no se aplique la ley, sino que el policía no actúe mecánicamente. De la mano de la labor policiaca, se plantea la importancia de una política social bien focalizada a zonas de violencia y el compromiso ciudadano para cerrar el paso al delito.

 

Los resultados de esta visión no son inmediatos pero ya rinden frutos en otros países. En México crece el escepticismo de los que consideran que el único cambio en la estrategia de seguridad es el silencio de las autoridades.

 

Las políticas integrales de prevención no dan resultados inmediatos pero son más sustentables en el tiempo, de ahí la utilidad de incorporar a la discusión pública la visión del general Naranjo. El gobierno federal ha hecho público su compromiso con esa visión. Si lo instrumentan adecuadamente es posible que los resultados de mediano plazo sean mejores de lo esperado.