El presidente Enrique Peña Nieto defendió la actuación de las Fuerzas Armadas y señaló que las recomendaciones sobre violaciones de derechos humanos por parte de soldados y marinos han disminuido 87% durante este año.

 

Sobre el caso de Tlatlaya, donde murieron 22 personas y se investiga la participación de militares en presuntas ejecuciones extrajudiciales, el mandatario dijo que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Procuraduría General de la República (PGR) realizan una investigación conjunta y tomaran las previsiones necesarias para esclarecer los hechos.

 

Al participar en el Asamblea General de la Federación Iberoamericana de Ombudsman, confió en que el resultado de las pesquisas determinará “las responsabilidades individuales” de los elementos militares que participaron en los hechos.

 

Con su voz deteriorada, que justificó porque “estos días han sido de gran ajetreo y hay varios ahí que ya me contagiaron de alguna cosa en la garganta”, el jefe del Ejecutivo manifestó que la “condición de respeto a los derechos humanos la comparten plenamente nuestras Fuerzas Armadas quienes desarrollan su responsabilidad con firme compromiso”.

 

Ante defensores de derechos humanos de varios países y de la Organización de Naciones Unidas (ONU), consideró que la reducción de 87% de recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos dirigidas al Ejército y la Marina acreditan sus actuaciones.

 

Ante los señalamientos de que un batallón del Ejército disparó contra presuntos delincuentes cuanto ya estaban rendidos, el Presidente afirmó que la “Secretaría de la Defensa Nacional ha prestado colaboración irrestricta para que la autoridad competente determine la verdad jurídica del caso, e inició una propia investigación con el objeto de garantizar la eficacia plena de los derechos humanos”.

 

En las investigaciones, explicó, la Sedena y PGR, “quiero dejar claramente asentado este compromiso, habrán de coadyuvar con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para avanzar en las propias diligencias que realiza este organismo autónomo”.

 

Peña Nieto apuntó “que las investigaciones permitirán conocer la verdad de los hechos y reafirmar el compromiso indeclinable del Estado mexicano con los derechos humanos”.

 

El caso de que Tlatlaya tomó dimensión internacional cuando la versión de una testigo contradijo el parte militar de la Sedena, el cual, indicaba que el 30 de junio, los militares repelieron una agresión de sujetos armados en aquel municipio con resultado de 22 presuntos delincuentes fallecidos.

 

Sin embargo, una sobreviviente de los hechos afirma que de los fallecidos, 21 fueron ejecutados una a uno por los militares pese a que se encontraban rendidos. Actualmente la PGR mantiene una investigación contra tres soldados.

 

En el mismo evento, el mandatario nacional presumió que desde su llegada al gobierno federal, hace 22 meses, se han atendido todas las recomendaciones de la CNDH y “hemos avanzado en el cumplimiento de las sentencias y recomendaciones de la Corte y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”.

 

Por su parte, el Ombudsman mexicano, Raúl Plascencia, alabó el trabajo del gobierno priista en materia de derechos humanos, “quiero expresar públicamente mi reconocimiento al Gobierno de la República, al Presidente Enrique Peña Nieto, por el respeto irrestricto que ha observado permanentemente al trabajo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos”.