Es triste admitirlo, pero no se puede obviar la realidad: México es un país hostil para ejercer el periodismo y para el activismo en favor de los derechos humanos.
Respecto a las agresiones contra periodistas, según reportes de mecanismos internacionales, México se coloca como el sitio más peligroso para ejercer esta profesión en toda Latinoamérica. Los datos son reveladores; de los periodistas asesinados en 2016, México ocupa el tercer lugar en donde más reporteros han sido asesinados de manera intencionada o cuando ejercían su labor, sólo superado por Siria y Afganistán. La diferencia en estos dos casos es que nuestro país vive en un estado de aparente “paz”.
Esto ha orillado a que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos exprese su preocupación por el alto número de asesinatos de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, además de reiterar su preocupación por la impunidad en la que permanecen estos delitos.
Por ello no es excesivo considerar en nuestra legislación como de alto riesgo la labor que desarrollan los activistas de derechos humanos y los comunicólogos, como lo propuse al Pleno de la Asamblea Legislativa.
Los diversos mecanismos legales para proteger la libertad de expresión y la labor periodística necesitan convertirse en instrumentos que garanticen eficazmente la seguridad de los miembros de ambos gremios.
Bien es cierto que se necesitan estrategias integrales y multisectoriales en las cuales participen los tres niveles de gobierno de manera coordinada, para implementar políticas públicas que prevengan hechos tan lamentables, que contengan las amenazas y su probable materialización, a efecto de salvaguardar el bien jurídico que es la vida y la integridad física de las personas.
Las instituciones competentes en materia de procuración de justicia son las encargadas de realizar las investigaciones conducentes y exhaustivas para dar con los responsables de hechos tan cobardes, que vulneran el estado de bienestar y la seguridad de toda la sociedad; sin embargo, hay que tomar en cuenta que estos hechos deben ser castigados conforme a las reglas generales y con la agravante que amerita la comisión de este tipo de delitos.
Por ello considero necesario, atendiendo a uno de los objetivos primordiales de las leyes, adecuar la normatividad en materia penal a la realidad social de las personas defensoras de derechos humanos y de los periodistas.
Lo que está en riesgo son dos pilares importantes de la democracia, que bajo ninguna circunstancia debemos dejar perder.
aarl