Luego de cumplirse el plazo (31 de mayo pasado) para actualizar la declaración patrimonial, Luis Enrique Miranda Nava, secretario de Desarrollo Social, y Raúl Cervantes Andrade, procurador general de la República, decidieron mantener ocultos sus datos patrimoniales y de posibles conflictos de intereses.

 
De acuerdo a una revisión de 24 HORAS al sistema Declaranet, de los 19 secretarios de Estado, los encargados de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y de la Procuraduría General de la República (PGR), son los únicos que declinaron hacer públicas sus declaraciones.

 
Miranda Nava tampoco accedió a publicar sus datos patrimoniales durante su estadía al frente de la subsecretaría de Gobierno de la Secretaría de Gobernación (diciembre 2012 a septiembre 2016).

 

 
Por su parte, Raúl Cervantes asumió el cargo de procurador el 16 de octubre pasado, por lo cual, es su primera declaración patrimonial que emite mediante el sistema administrado por la Secretaría de la Función Pública.

 

 

 
Según la revisión efectuada, la mayoría de los secretarios de Estado, 14 de 19, optaron por publicar parcialmente sus declaraciones patrimoniales y de intereses.

 

 
Difundir la declaración de forma parcial significa que los 14 secretarios de Estado decidieron omitir el monto de sus ingresos por otras actividades industriales o comerciales; el valor de bienes muebles e inmuebles, vehículos, inversiones, así como los saldos netos de adeudos.

 

 
A su vez, Aurelio Nuño, de Educación; Salvador Cienfuegos, encargado de la Secretaría de la Defensa Nacional; y Rosario Robles, de Desarrollo Agrario, son los tres integrantes del gabinete que abrieron al escrutinio público la totalidad de sus datos patrimoniales.

 

 
El artículo 36 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos obliga a los funcionarios federales a actualizar anualmente sus declaraciones patrimoniales y de intereses, y elegir si éstas se publican de manera íntegra, parcial o permanecen ocultas.

 

 
Existen otros altos funcionarios, integrantes del gabinete ampliado, que tampoco autorizaron publicar sus datos patrimoniales, entre los que destacan Nuvia Mayorga, comisionada para la Atención a los Pueblos Indígenas y Enrique Cabrero, director del Consejo Nacional  de Ciencia y Tecnología.

 

 
A su vez,  Laura Barrera Fortoul, directora del Sistema DIF; Lorena Cruz Sánchez, del Instituto Nacional de las Mujeres, y Alfredo Castillo Cervantes, titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, tampoco aceptaron publicar sus declaraciones patrimoniales.

 

 
Este diario solicitó tanto a la Secretaría de Desarrollo Social como a la PGR su postura acerca del por qué los titulares de ambas instancias no hicieron públicas sus declaraciones patrimoniales y de intereses correspondientes a este año, sin que obtuviera respuesta alguna al cierre de esta edición.

 

 

Acuerda Corte proteger datos personales en 3 de 3

 

 

 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación falló a favor de la protección de los datos personales de los servidores públicos contenidos en las declaraciones fiscal, patrimonial y de intereses, por lo que la llamada 3 de 3, que contiene dicha documentación, sólo mostrará la información que no atente contra la privacidad de los funcionarios.

 

 

 
El proyecto que presentó el ministro José Ramón Cossío para declarar constitucionales artículos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas que se impugnaron, con el fin de obligar a los funcionarios a ofrecer información personal en tal documentación, fue aprobado para establecer que las declaraciones patrimoniales y de intereses serán públicas siempre y cuando su contenido no afecte la vida privada o datos personales protegidos por la Constitución.

 

 
De acuerdo a la resolución del máximo órgano de justicia, los servidores públicos podrán reservarse la publicación de sus declaraciones, ya que puede haber requerimientos que pongan en peligro su privacidad y su integridad.

 

 
Para tal efecto se determinó que el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, a propuesta del Comité de Participación Ciudadana, deberá garantizar que los datos que pudieran afectar los derechos de los funcionarios, incluidos los del Poder Judicial, serán resguardados por las autoridades competentes. /Estéfana Murillo