El secretario del Trabajo y Previsión Social, Alfonso Navarrete Prida, anunció que una vez concluida la etapa de emergencia tras el derrame de sulfato de cobre ocasionado por una mina de Grupo México en los ríos Sonora y Bacanuchi, se trabajará intensamente para resarcir el daño a la marca de los productos agrícolas sonorenses.
En conferencia que ofreció la Comisión de Trabajo Río Sonora, dijo que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) certificará los productos que emanen del río Sonora para garantizar a la población que no dañan la salud y cuentan con la calidad necesaria para su comercialización.
El 6 de agosto, una “falla estructural” en las instalaciones de la mina Buenavista del Cobre, propiedad de Grupo México, provocó el derramamiento de 40 mil metros cúbicos que afectó 17.6 kilómetros del arroyo Tinajas, 64 kilómetros del río Bacanuchi, y 190 kilómetros del río Sonora.
Navarrete Prida descartó que exista la posibilidad de un nuevo derrame porque la autoridad ambiental ordenó la clausura del proyecto de “ampliación de terreros de Lixiviados Tinajas”, donde ocurrió el incidente y donde no se podrá operar en tanto no se cumplan las medidas de prevención ordenadas.
Asimismo, aclaró que los procesos legales contra Grupo México continúan. “El gobierno federal no exonera a la empresa del daño causado a los ríos Bacanuchi y Sonora, que afecta a 25 mil sonorenses”.
Reconoció que si bien el gobierno federal impuso la sanción más alta que permite la nueva ley ambiental, “son absolutamente insuficientes ante el daño causado”.
Afectaciones
Acompañado del gobernador de Sonora, Guillermo Padrés Elías; del subsecretario de Planeación y Política Ambiental de la Semarnat, y del subsecretario del Trabajo, Rafael Avante, Navarrete Prida precisó que 37 personas reportaron dermatitis por contacto directo con el agua y problemas gastrointestinales por consumo de la misma.
Detalló que a los afectados se les indemnizó con 883 mil pesos, considerando su actividad productiva y el tiempo que duraron en incapacidad.
En este rubro, anunció la creación de la Brigada Epidemiológica para dar seguimiento durante 15 años a la población y atender cualquier circunstancia que se presente.
Respecto a los pozos de la zona, dijo que están en funcionamiento y conectados los 19 más importantes, que significa un suministro de agua a 90% de la población de los municipios afectados y de 71% del abasto que en centímetros cúbicos existía hasta antes del derrame.
Navarrete Prida mencionó que como medida preventiva se continúa con el proceso de perforación, equipamiento y conexión de 13 nuevos pozos, y que como parte de seguimiento de muestreos, no se han observado ni en suelo ni en fauna, niveles de toxicidad fuera de la norma.
Respecto a la indemnización por daños, comentó que el Fideicomiso Río Sonora ha generado 37 pagos por afectaciones a la salud por más de 883 mil pesos y 13 mil 142 pagos para resarcimiento de daños a productores agropecuarios, unidades económicas y pobladores por un importe mayor a los 433 millones de pesos.
Sin embargo, la organización ecologista Greenpeace afirmó un mes después del derrame que sería “imposible” revertir los daños en los próximos años y que los metales derramados podrían afectar la salud de los cerca de 24,000 habitantes de la zona.
En tanto la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) anunció una investigación “por las presuntas violaciones a los derechos humanos de los habitantes del estado de Sonora que resultaron afectados por el derrame”.