El Instituto Nacional Electoral (INE) busca obligar a los 18 estados que tendrán elecciones concurrentes en 2015 a que paguen la mitad del costo de la instalación de más de 96 mil casillas únicas, es decir, 902 millones de pesos.
Los recursos tendrían que ser aprobados por los congresos locales para cada uno de los 18 Organismos Públicos Electorales Locales que en 2015 renovarán desde ayuntamientos hasta gubernaturas.
En la sesión del Consejo General de ayer, los consejeros aprobaron el proyecto de presupuesto para 2015, el cual contiene un acuerdo para obligar a los 18 estados el pago equitativo de las casillas únicas.
“Con ello, se pretende que desde hoy, los organismos públicos locales electorales tomen las previsiones presupuestales para cubrir la parte proporcional que les corresponde de las casillas únicas, en el marco del Sistema Nacional de Elecciones del que forman parte”, dijo Lorenzo Córdova.
De acuerdo con el consejero presidente, si las entidades aportan esa cantidad, el presupuesto operativo del INE pasaría de 14 mil 119 millones de pesos a 13 mil 216 millones.
El presupuesto para partidos, explicó, quedaría intacto: “naturalmente, este ajuste no impacta la estimación constitucional de las prerrogativas de los partidos políticos, que ascienden a 5 mil 355 millones de pesos”.
Les dan una semana
Además, los 18 organismos Públicos Locales Electorales (Oples) tendrán un margen de una semana para integrarse antes de que inicie el proceso electoral 2014-2015, el cual en esas entidades se renovarán nueve gubernaturas, alcaldías y congresos locales.
La Comisión de Vinculación del Instituto Nacional Electoral (INE) prevé que a más tardar el 27 de septiembre culminará el proceso de designación de los 126 consejeros electorales de 18 estados donde habrá elecciones en 2015.
De acuerdo con el calendario, los comicios iniciarán formalmente el 7 de octubre, por lo cual los nuevos funcionarios electorales locales tendrán un margen muy estrecho -un total de 10 días- para planear y organizar el inicio del proceso en cada una de sus entidades.
Sin embargo, para el consejero Marco Antonio Baños, en caso de que exista atraso u omisiones, la responsabilidad será de los actuales consejeros que se encuentran al frente de los Organismos Públicos Electorales Locales.
“El hecho de que los consejeros electorales sean designados en la víspera del arranque del proceso electoral no quiere decir que las instituciones electorales están detenidas; no hay una sola institución electoral que haya suspendido sus actividades”, indicó.
A su parecer, “las instituciones avanzan y, obviamente, tendrán poco tiempo los consejeros para involucrarse, pero tendrán que entrarle durísimo para que se pongan al día y se pongan a hacer las cosas que les toca”.
Omisión legislativa paraliza al INE
La falta de la reglamentación del artículo 134 constitucional y la ausencia de una reforma a la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos generan que el Instituto Nacional Electoral (INE) carezca de facultades para sancionar a los gobernadores que incurran en faltas respecto a temas gasto en publicidad y participación en actos de campaña.
Desde la reforma electoral de 2007 ha quedado pendiente la regulación del artículo constitucional, por lo que desde gobernadores hasta el Presidente de la República han quedado sin sanción aunque cometieron diversas faltas.
Ayer, derivado de un mandato del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el INE determinó que el gobernador de Veracruz, Javier Duarte, sí violó la Constitución al asistir a un acto de campaña del otrora candidato presidencial, Enrique Peña Nieto, durante los comicios de 2012.
Sin embargo, ante la falta de una reglamentación, que permitan castigar esas prácticas, el órgano electoral carece de las facultades para sancionar al mandatario veracruzano, por lo que sólo dio vista del asunto al congreso local.
La ausencia de esa reglamentación ha causado que no se sancione a los gobernadores de Chiapas, Manuel Velasco, y Puebla, Rafael Moreno Valle, de quienes también se acreditó el uso de recursos públicos en la promoción de su imagen.
“En esta mesa hemos determinado que hasta el Presidente de la República ha violado la Constitución”, dijo el consejero presidente Lorenzo Córdova y urgió al Poder Legislativo a atender la omisión de la emisión del reglamento del artículo 134 constitucional.