No me voy a quejar del hecho de que en los últimos meses se ha detenido a diversos ex gobernadores y de que éstos son acusados, y seguramente serán procesados de millonarios desvíos de recursos, pese a que esto signifique que no puedan ser encontrados culpables en un juicio y más tarde que temprano obtengan su libertad.

 

Tampoco desestimaré el esfuerzo que han hecho las autoridades federales por localizar y ubicar en diversos países a estos personajes; como, por ejemplo, el caso del ex gobernador tamaulipeco Tomás Yarrington en Italia; el ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, en Guatemala y recientemente del ex gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge, en Panamá.

 

Lo que sí cuestiono es que las autoridades estatales y federales no tengan la capacidad para poder acusarlos de todos y cada uno de los delitos por los que han sido señalados y por los que sobre todo existen investigaciones abiertas.

 

También cuestiono que las autoridades no tengan la capacidad absoluta de congelar los recursos financieros e inmobiliarios que, se presume, fueron robados, desviados o simplemente obtenidos de manera ilícita.

 

¿Es mucho pedir que, si desviaron recursos estos gobernadores y de ellos se obtuvieron ganancias, el gobierno vuelva a recuperar con intereses esos recursos?

 

Es decir, procesar a los ex gobernadores, sin duda, será un gran ejemplo contra la corrupción, pero, ¿qué pasa con el dinero que se llevaron e invirtieron en empresas fantasma?, ¿una sentencia en su contra es suficiente?
Le pongo un ejemplo: estas semanas he platicado con Arturo Ángel, el reportero de Animal Político que descubrió las empresas fantasma y los métodos de Javier Duarte para desviar recursos, y no hemos podido explicarnos y mucho menos lo ha hecho la Procuraduría General de la República, cómo es que la Auditoría Superior de la Federación interpuso 56 denuncias contra Javier Duarte por desvíos que superan los 21 mil millones de pesos, y por ninguno de estos casos se le juzgará.

 

Eso sin contar otros 35 mil millones, que no han sido comprobados y que serán objeto de más denuncias que la ASF presentará en los próximos meses. De acuerdo a las autoridades de la PGR, estas averiguaciones previas o ahora carpetas de investigación se encuentran en integración y comprenden un posible fraude al erario federal por 21 mil 76 millones de pesos.

 

Las mismas autoridades de la PGR nos aseguran que si bien ayer se solicitó al Gobierno de Guatemala de manera formal la extradición en contra de Javier Duarte, por las cuatro órdenes de aprehensión vigentes que se han girado en su contra y que agrupan un total de ocho delitos, hay mecanismos para de manera extraordinaria solicitar al Gobierno de Guatemala que se le pueda juzgar por otros.

 

Buscando algún precedente de las extradiciones que ha tenido México de otros ex funcionarios o presuntos delincuentes que han sido extraditados de otros países a México, no encontré dato que me pudiera dejar con la tranquilidad de que las autoridades mexicanas buscarán concluir sus carpetas de investigación y fincarle más cargos a Javier Duarte.

 

Entonces vuelvo a mi duda original, ¿qué pasará con esos 21 mil 76 millones de pesos que fueron desviados de las arcas de Veracruz?, ¿cómo se recuperará ese dinero? Y sobre todo, ¿a quién podrán hacer responsable de estos desvíos, si por meses la PGR no ha dado resultados de estos casos y no ha obtenido ninguna nueva orden de aprehensión contra el ex gobernador Javier Duarte?

 

De no haber respuestas por parte de las autoridades, ¿tenemos que acostumbrarnos a la impunidad y a que los probables responsables de delitos sólo puedan ser juzgados por uno solo de sus actos? Porque el caso del ex gobernador Roberto Borge sigue la misma vertiente.

 

aarl