BOGOTÁ. El ex presidente colombiano, Álvaro Uribe, principal objetor de las dos versiones de los acuerdos de paz, dijo que quiere negociar directamente con las FARC. Mientras, el presidente Juan Manuel Santos aseguró que no habrá modificaciones al texto final y que anunciará junto con la guerrilla en Bogotá si el acuerdo será validado por el Congreso.

 

“Tenemos toda la disposición de dialogar con las FARC sobre las modificaciones en los temas referidos. Para este diálogo proponemos aprovechar la presencia en Bogotá de los líderes de la Farc”, dijo Uribe en un comunicado presentado en la última de las 11 reuniones que mantuvo la oposición con el gobierno. Estos encuentros buscaban el aval de todos los sectores políticos al nuevo acuerdo, teniendo en cuenta los resultados negativos que cosechó la paz en el plebiscito de octubre.

 

Uribe sostiene que Santos ya ha decidido efectivizar el nuevo acuerdo antes de que la oposición se pronuncie y que el encuentro con las FARC en Colombia lo confirma. “El Gobierno nos ha dicho que estos temas no son revisables. Sin estas reformas, el acuerdo es apenas un retoque del rechazado por los ciudadanos”, dijo Uribe.

 

Los líderes de las FARC, que están en Bogotá desde para firmar el nuevo acuerdo pidieron que se organice el sitio donde se reunirán los guerrilleros antes de dejar las armas (en las llamadas Zonas Veredales de Transición y Normalización (ZVTN). Esto, teniendo en cuenta el asesinato de varios líderes sociales y dos guerrilleros en un enfrentamiento con el Ejército esta semana.

 

El Presidente respondió a la oleada de ataques con otro anuncio: la puesta en marcha de una Comisión de Alto Nivel para la Protección de los Derechos Humanos que se encargará de evaluar la problemática. “Estos hechos son una evidencia palpable y dramática de los riesgos que la incertidumbre nos trae sobre la implementación de los acuerdos de paz”, aseguró y resaltó que es necesario que se implemente la segunda fase del agrupamiento y ubicación de las FARC.

 

Negociaciones

 

Entre los requerimientos expuestos de la oposición al nuevo convenio está que no se permita la elegibilidad política de responsables de delitos atroces mientras cumplen sus penas, eliminar el narcotráfico como conexo al delito político y que el acuerdo no entre a la Constitución, entre otros.