AUSTIN. Organizaciones defensoras de los derechos civiles y Administraciones locales anunciaron ayer que implementarán medidas legales contra la ley estatal que prohibirá las “ciudades santuario” en Texas, Estados Unidos.

 

 

La legislación, conocida como SB4, fue ratificada el pasado domingo por el Gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott.

 

 

La ley penaliza a los Gobiernos locales e instituciones que no cooperen con las autoridades migratorias federales en la identificación de los inmigrantes indocumentados, podría acarrear penas de cárcel para los sheriffs texanos encargados de las oficinas que no cooperen con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

 

 

El mandatario también firmó una enmienda aprobada en días pasados por la Cámara de Representantes que permitirá a los agentes de policía cuestionar el estatus migratorio de las personas detenidas en Texas.

 

 

Según esta adición, muy similar a una aprobada en Arizona en 2010 conocida popularmente como “enséñame los papeles”, las autoridades policiales podrán preguntar el estatus migratorio de las personas que, por ejemplo, detengan por un asunto de tránsito.

 

 

“No nos vamos a quedar de brazos cruzados ante una ley que es racista y anticonstitucional y que traiciona a una amplia parte de nuestra comunidad”, apuntó el concejal de la ciudad de Austin, Greg Casar.

 

 

Aunque dijo no poder dar más detalles sobre la estrategia legal para frenar la ley, aseguró que los recursos estarán listos antes del 1 de septiembre, fecha prevista para que la ley entre en vigor, según estipulan las reglas de la legislación texana.

 

 

Adelantó que estarán relacionados con la violación de la Cuarta Enmienda de la Constitución, que protege la privacidad ante registros arbitrarios, con cuestiones de políticas migratorias que son de responsabilidad federal, y con temas relacionados con los recursos de las policías locales, entre otras cuestiones.

 

 

Además del ayuntamiento de Austin, varias organizaciones como Work Defense Project, Grassroots Leadership, Texas Organizing Project, United We Dream, ACLU, MALDEF y Mi Familia Vota anunciaron que están estudiando cómo abordar la batalla legal contra la ley.

 

 

José Garza, director ejecutivo de Workers Project Defense, grupo que aboga por los derechos de los trabajadores con ingresos bajos, aseveró que lucharán contra esta ley “en la calle, en la corte y en las urnas electorales” porque, en caso de hacerse efectiva, “tendrá un efecto devastador para las familias latinas de Texas”.

 

 
Preocupa a México nueva ley

 

 

La Secretaría de Relaciones Exteriores de México lamentó  la promulgación de la ley SB4, por los efectos negativos que podría tener en la comunidad mexicana y de origen mexicano que vive y visita de Texas.

 

 

“Contiene elementos que podrían ser lesivos para los derechos de las personas mexicanas y de origen mexicano que viven en ese estado, y que representan cerca de una tercera parte de su población total”, se lee en un comunicado de la dependencia.

 

 

Indicó que en el momento en que entre en vigor, previsto para el 1 de septiembre de 2017, cualquier agente de procuración de justicia estará autorizado para cuestionar la condición migratoria de cualquier persona durante un arresto, detención u operativo de rutina.

 

 

Además el Gobierno Estatal podrá imponer sanciones a autoridades locales y universitarias que no colaboren con los agentes federales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). /Daniela Wachauf