BRUSELAS. Más de mil personas denunciaron entre 2012 y 2015 haber sido víctimas de abusos sexuales por parte de religiosos belgas, según revela un informe publicado hoy y que recoge la agencia Belga.
Los testimonios reunidos hasta el pasado año revelan que el 89% de las víctimas tenían menos de 18 años de edad cuando fueron abusadas y 23% tenían menos de 10 años. El 71% de los denunciantes eran hombres, así como el 95% de los abusadores; además el 80% de los casos ocurrió hace más de 30 años.
El estudio, llevado a cabo por Manu Keirse, ex profesor de la Universidad Católica de Lovaina (KU Leuven) y presidente de la Comisión Interdiocesana para la Protección de los Niños y los Jóvenes, asegura que en esos años las autoridades eclesiásticas han pagado 3.9 millones de euros a las víctimas de esos abusos.
“Somos perfectamente conscientes de que no podemos cambiar el pasado. Sólo podemos intentar ofrecer lo que más faltó en el pasado: humanidad y solidaridad”, afirmó en conferencia de prensa.
El informe, por otra parte, enumera las iniciativas adoptadas por las autoridades eclesiásticas belgas para tratar las denuncias de las víctimas.
Por un lado, más de 400 víctimas de abusos sexuales denunciaron los hechos a través de los 11 puntos de acogida creados para ayudar a ese colectivo, mientras que más de 600 lo hicieron por medio del Centro de Arbitraje creado a petición de la comisión especial del Parlamento federal para tratar las quejas por abusos sexuales.
El informe recuerda que para aquellos hechos que no han prescrito, se ofrece asistencia a las personas que pretenden presentar una denuncia ante las instancias judiciales.
La fundación Dignidad, creada por los obispos belgas para indemnizar a las víctimas de los curas pederastas, ha pagado 3.9 millones de euros en cuatro años, según el informe.
En 2010, el Parlamento y la Iglesia Católica belga decidieron crear un centro de arbitraje tras hacerse público un informe que sacaba a la luz más de 450 casos de niños y adolescentes que habían sufrido violaciones en las últimas décadas y no las habían denunciado.
La mayor parte de los casos han prescrito.
Las indemnizaciones a las víctimas previstas por el centro de arbitraje van desde los 2.500 euros por los “atentados al pudor” cometidos sin violencia ni amenazas, hasta los 25.000 euros para las violaciones reiteradas y graves. (Con información de EFE y Notimex)