La delegación Gustavo A. Madero y Cuauhtémoc son las que en este año han recibido mayor número de quejas y denuncias ante las contralorías internas delegacionales, con respecto a temas de recursos humanos, obras, adquisiciones y contratos.

 

De acuerdo con números proporcionados por la Contraloría General de la CDMX, del 15 de septiembre de 2015 al 15 de septiembre de 2016, las contralorías internas recibieron un total de dos mil 409 denuncias que derivaron en 218 Procedimientos Administrativos Disciplinarios, los cuales tienen lugar cuando la denuncia o queja procedente no es solventada por la delegación en cuestión y se presume que el servidor público incurrió en responsabilidad administrativa.

 

En el caso de la delegación Gustavo A. Madero, la contraloría interna recibió 293 quejas y en la Cuauhtémoc, 257.

 

Eduardo Rovelo, titular de la Contraloría General de la Ciudad de México, aseguró que, a pesar de que es la delegación Cuauhtémoc la que tiene mayor número de quejas, esto no obedece a una revisión más estricta que a otras demarcaciones.

 

A partir de que integrantes del partido Movimiento Regeneración Nacional cuestionaran el actuar de la Contraloría General, acusándola de ser vigilante sólo con las delegaciones morenistas y no con las perredistas, el contralor aclaró que las quejas no obedecen a una revisión especial para cierta zona.

 

Señaló que las contralorías tienen sus programas anuales de auditorías, por lo que todas las demarcaciones tienen el mismo número de revisiones; es decir, que el número de quejas no obedece a cuestiones políticas.

 

“Se ha realizado el mismo número de revisiones para todas las delegaciones. Es muy importante señalar que la Contraloría, como dependencia, está impedida para entrar a cuestiones políticas”, aseguró en una entrevista con 24 HORAS.

 

Recordó que la contraloría vigila y da cumplimiento a la legalidad en casos relacionados con servidores públicos y su servicio.

 

Por ejemplo, recientemente Morena denunció ante contraloría casos relacionados con compra de votos durante el proceso de la Asamblea Constituyente y comités vecinales, los cuales quedan fuera de la injerencia de la dependencia.

 

“Nosotros nos dimos a la tarea de respetar el ámbito de competencia en los casos electorales, que son las propias autoridades electorales las que dirimen las controversias. No tenemos competencia nosotros; pero sí tenemos que ver la intromisión que, en su caso, tengan funcionarios públicos”, dijo.