Juan Carlos Rodríguez García y José Antonio Chara Manzur Beltrán, funcionarios del gobierno de Veracruz, incluidos entre los seis colaboradores de Javier Duarte a quienes la Comisión de Justicia Partidaria del PRI suspendió sus derechos políticos, negaron ser militantes de ese instituto político.

 

Tras el anuncio por parte del órgano interno del PRI de iniciar la primera etapa de expulsión de al menos seis funcionaros de Veracruz por considerar que las imputaciones en su contra “dañan la imagen del partido”, Juan Carlos Rodríguez García, ex director jurídico de las secretarías estatales de Desarrollo Social y Salud; al igual que José Antonio Chara Manzur Beltrán, ex secretario de Finanzas y ex delegado de la Secretaría de Economía en el estado, afirmaron que nunca han militado en el PRI, por lo que resulta improcedente la resolución de suspenderles derechos con los que nunca han contado.

 

Aunque la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, que preside Fernando Elías Calles, afirmó que, de acuerdo con los registros del Padrón de Militantes, los ciudadanos Juan Carlos Rodríguez García y José Antonio Chara Mansur Beltrán, sí se encuentran inscritos, ambos ex funcionarios desmintieron cualquier afiliación a este instituto política.

 

Particularmente, el abogado Juan Carlos Rodríguez, explicó que en ningún momento ha expresado deseo o voluntad de afiliarse al PRI o a algún otro instituto político, por lo que se dijo extrañado de que fuera incluido entre los militantes contra los que procedió la comisión.

 

“No he militado en el PRI, nunca en mi vida (…) No mencionan el número de afiliado, ni distrito electoral o municipio en el que, con mi credencial de elector, esté documentado mi deseo de militar”, señaló  tras advertir que analiza una posible denuncia contra el tricolor por daño moral.

 

Señaló que “es muy probable que deba haber muchos Juan Carlos Rodríguez García en el país. Mis apellidos son comunes, el punto aquí es que comparten mi nombre con otros ciudadanos inmersos en la vida política del estado y no puedo permitir que se me señale como militante del PRI cuando no lo soy”.

 

A este respecto, el órgano de justicia interna del partido tricolor, señaló a través de un comunicado que “en el expediente obran las constancias de militancia expedidas por el Registro Partidario Nacional del PRI. La Comisión Nacional de Justicia Partidaria expresa que al encontrarse inscritos en nuestro padrón de militantes y dada la oportunidad de la medida cautelar citada, es que se les ha suspendido sus derechos”.

 

 

“Me suspenden derechos de los cuales no gozo”

 

Juan Carlos Rodríguez García, ex director jurídico de la secretaría estatal de Desarrollo Social en el gobierno de Javier Duarte, no descartó responder con una denuncia por daño moral, así como el reclamo de una indemnización por haberlo incluido “equivocadamente” entre los militantes del PRI a quienes les fueron suspendidos sus derechos partidarios.

 

En una entrevista con 24 HORAS, el abogado, quien es experto en asuntos electorales, confió en su capacidad para demostrar su inocencia, luego de que, junto a otros funcionarios, fue señalado de participar directa o indirectamente en operaciones irregulares.

 

 

El PRI te atribuye una militancia que hoy niegas…

 

He trabajado para muchos partidos políticos si yo me hubieran afiliado a alguno estaría profesionalmente comprometiendo mi prestigio. Nunca he manifestado mi deseo, ni voluntad de militar o afiliarme con algún partido político.

 

Afirman que yo junto con otros somos militantes, pero no mencionan el número de afiliado, ni distrito electoral o municipio en el que, con mi credencial de elector, esté documentado mi deseo de militar en el PRI. Yo no he visto el expediente, a mí no se me ha notificado y no he firmado ningún formato, formulario, no he pagado ninguna cuota, no tengo credencial del PRI, no hay ninguna manera de que se me coloque en un padrón en el que yo no solicité libre y voluntariamente mi inscripción.

 

El punto es que la Comisión de Justicia Partidaria del PRI señala que se me suspenden derechos de los cuales no gozo porque no soy militante, coloca a la Comisión en un equívoco y es muy probable que deba haber muchos Juan Carlos Rodríguez García en el país. Mis apellidos son comunes, el punto aquí es que comparten mi nombre con otros ciudadanos inmersos en la vida política del estado y no puedo permitir que se me señale como militante del PRI cuando no lo soy.

 

 

¿Por qué crees que se te asoció con el partido? 

 

Las razones pueden ser múltiples, hay una carpeta de investigación que está en manos del Ministerio Público Federal y así como el Ministerio Público estatal, en la cual un sin número de servidores públicos  que prestamos servicios al estado, y a la administración que encabeza Javier Duarte de Ochoa, estamos señalados como cualquier ciudadano por una supuesta conducta ilícita.

 

Me imagino que en razón de que mi nombre aparece en esa carpeta se me vincula y se ubica en este espacio de suspensión de derechos, pero son cosas que desde el punto de vista jurídico son completamente diferentes.

 

El equívoco lo debe conocer quien redactó la resolución por la cual se decreta la suspensión de los derechos de militantes, yo no sé esa resolución quién la redactó o que secretario o funcionario del instituto político la redactó, hasta ahorita no he tenido el gusto de leerla solo  he visto las declaraciones de medios y la manifestación del presidente de la Comisión.

 

 

¿Estás analizando interponer una denuncia tras este anuncio?

 

Mi decisión de demandar o no civilmente al instituto político que hoy me señala como militante sin serlo, es una decisión que habré de tomar dentro del periodo de prescripción, que es de dos años. Entonces no anuncio algo que vaya o no vaya a ser, pero tenemos esa posibilidad y yo como abogado litigante pondero la necesidad de ser indemnizado por una afirmación que es a todas luces errónea.

 

 

Particularmente en tu caso, ¿cuáles son los delitos que se te están atribuyendo?

 

No es algo específico en contra mía, todo surge a raíz de la investigación publicada en un portal (Animal Político), en donde mencionan la interacción con empresas que en el SAT aparecen como irregulares. En los medios electrónicos se les llamó empresas fantasmas, el tema es que varios ciudadanos, entre ellos el próximo gobernador de Veracruz presentó una denuncia de hechos en contra de quien resulte responsable y en contra de todos los funcionarios que participaron de forma directa o indirecta en la contratación y ejecución de esos contratos.

 

Los avances ahí están, está la carpeta de investigación jurídica para obtener un ejercicio de la acción penal, porque yo nunca he hecho un acto fuera de ley dentro de mis funciones como servidor público.