La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió devolver al Quino Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de la Ciudad de México un amparo que alega que es inconstitucional la prohibición absoluta de la mariguana para uso recreativo.

 

Durante la sesión de este miércoles, los ministros integrantes de la Primera Sala del máximo tribunal constitucional del país determinaron devolver el expediente para analizar las causales de procedencia del amparo.

 

El proyecto del ministro Jorge Pardo Rebolledo proponía devolver el juicio de amparo al Tribunal Colegiado para que resolviera las causales fue avalado por cuatro votos a favor y uno en contra, el de Arturo Zaldívar Lelo de Larrrea.

 

En su intervención, Zaldívar Lelo de Larrea recordó que ya se había resuelto un caso similar en noviembre de 2015, que determinó inconstitucional la prohibición absoluta y se ordenó al gobierno autorizar a cuatro personas el consumo recreativo de la hierba.

 

Dijo que por esa razón no comparte la devolución pues, en su opinión, inicialmente hay una cuestión que se dice que no se estudió y que tiene que ver con la concesión del amparo, que supondría la comisión de un delito para obtener la semilla de la cannabis.

 

Agregó que esa causa de improcedencia tiene que ver con el fondo del asunto, que es una cuestión de ponderación, justamente como se resolvió en el amparo que la Primera Sala estudió hace poco más de un año.

 

Indicó que, por otro lado, en relación a la causa de improcedencia que tiene que ver con el interés jurídico “me parece que ya hay un pronunciamiento del colegiado en este sentido y por eso estoy contra el proyecto”.

 

A su vez, la ministra Norma Lucía Piña expuso que corresponde a los tribunales colegiados analizar las causales de improcedencia que hagan valer las partes, en este caso las hace valer la autoridad responsable, por lo que le corresponde al colegiado conocer de ellas.

 

El amparo fue promovido por el abogado Ulrich Richter y turnado a la ponencia del ministro Jorge Pardo, que en 2015 fue el único que votó en contra, con el argumento técnico de que los quejosos no podían acceder a las semillas para cultivar su propia mariguana.