La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió a trámite la acción de inconstitucionalidad que interpusieron diputados de la LIX Legislatura del Estado de México para impugnar la despenalización de la venta de alcohol a menores.

 

La acción de inconstitucionalidad fue promovida por diputados del PAN, PRD, Morena y PT para impugnar el Decreto 241, por el que se despenalizó la venta de alcohol a menores que, a partir de esta norma, sólo se castiga con sanciones administrativas.

 

Al admitir la demanda de los legisladores mexiquenses, el ministro Javier Laynez Potisek ordenó dar vista a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de México para que rindan su informe dentro del plazo de 15 días hábiles, a partir del día siguiente al que surta efectos la notificación del acuerdo de admisión.

 

En su recurso, los legisladores solicitaron a la Suprema Corte de Justicia declarar la invalidez del Decreto 241, publicado en el Periódico Oficial Gaceta de Gobierno del Estado de México el 8 de septiembre de 2017, con especial énfasis en el Artículo Noveno referente a las reformas y derogaciones a los artículos del Código Penal estatal.

 

La despenalización de la venta de alcohol a menores de edad fue aprobada por mayoría a mediados de agosto pasado por el pleno del Congreso del Estado de México, con lo que se derogó el Artículo 148 bis del Código Penal local, que imponía una sanción de tres a seis años de prisión y de 500 a dos mil días de multa a quienes vendieran o suministraran bebidas alcohólicas a menores de 18 años.

 

De acuerdo con los diputados locales priistas, a favor de la medida, el decreto permitirá erradicar actos de corrupción o intentos de extorsión que aquejaban a los empresarios del sector por algunas autoridades.

 

 

¿En qué consiste?

Aunque la venta de bebidas alcohólicas a menores sigue estando prohibida en el Estado de México, el Decreto 241 deroga las sanciones penales a quienes sean sorprendidos realizando este acto, presuntamente con el objetivo de erradicar posibles actos de corrupción; en cambio, las medidas punitivas pasan a ser meramente administrativas.

 

 

 

*edición impresa 24 Horas

 

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