El Servicio de Administración Tributaria (SAT) identificó al sector de la construcción como uno de los más proclives a casos de corrupción y defraudación fiscal en México, debido en gran medida a que muchas empresas aparecen y desaparecen frecuentemente, lo que dificulta su fiscalización y vigilancia.

 

El jefe del SAT, Aristóteles Núñez, indicó que las constructoras en el país señaladas por malas prácticas fiscales permanecen activas alrededor de dos años, y cuando son detectadas ya cuentan con una nueva razón social para continuar con las irregularidades.

 

“En el sector de la construcción hay un índice alto de proclividad al delito de corrupción. Detectamos que ahí es donde se da una mayor incidencia en el uso de facturas que amparan operaciones simuladas”, señaló el funcionario durante su participación en el Primer Foro sobre Anticorrupción.

 

De acuerdo con el Índice de Confianza del Constructor, elaborado por Bimsa Reports, la falta de transparencia en los procesos de licitación y asignación de obras, es el tercer factor que obstaculiza una mayor ejecución o desarrollo de obras en el país, detrás de la falta de inversión y liquidez.

 

Incluso, el reporte Anatomía de la Corrupción 2015, elaborado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) y el Centro de Investigación y Docencia Económicos, señala que 44% de las empresas en el país ha pagado alguna “mordida” a autoridades, y 75% de estos “pagos extraoficiales” es para agilizar trámites u obtener licencias y permisos.

 

En ese sentido, el Índice de Percepción de la Corrupción 2015 ubica a México en el último lugar en materia de corrupción entre las 34 naciones que integran a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

 

El reporte elaborado por Transparencia Internacional indica además que los niveles de percepción de la corrupción ubican al país en la posición 17 de entre las 20 economías más importantes a nivel global.

 

El jefe del SAT reconoció que entre los pendientes para perseguir la corrupción está el encarcelamiento de quienes incurren en el delito, ya que mientras que en otros países un defraudador fiscal puede pisar la cárcel semanas después de haber sido detenido, en México pueden pasar años antes de que eso ocurra.

 

No obstante, el director general de Asuntos Normativos de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, Alberto Elías, destacó que las investigaciones y aseguramientos de recursos relacionados con lavado de dinero se incrementaron 45% en los últimos años.

 

De acuerdo con el funcionario, en lo que va de la presente administración dichos aseguramientos suman más de 2 mil 300 millones de pesos, cuando entre 2011 y 2012 eran de 350 millones al año.

 

Agregó que en 2015 se iniciaron alrededor de 100 procesos en contra de diversas personas y empresas señaladas por presuntas prácticas de lavado de dinero.

 

Datos

  • 9% del PIB de México cuestan los actos de corrupción

 

  • 48% de las empresas en el país percibe a la corrupción como el riesgo de fraude con mayor crecimiento

 

  • 25% de las ganancias utilizan las empresas en el país para dar “mordidas” a autoridades

 

  • 35 puntos obtuvo México en el Índice de Percepción de Corrupción 2015, en una escala que va de cero (altos niveles) a 100 (bajos niveles)

 

Fuente: EY, International Finance Corporation, Canacope y Transparencia Internacional