Al concluir los trabajos de la primera comisión de la Sesión Permanente del Congreso de la Unión -Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia-, su presidente, Aleida Alavez Ruiz, señaló que continuarán denunciando y buscando que el gobierno enfrente y resuelva de una vez por todas la situación que vive el país para evitar llegar a ser un Estado fallido.
“Ésta crisis permea a todas las instituciones del Estado y el Estado somos todos. Convencidos de esto, propusimos coadyuvar, como Poder Legislativo, en los rubros donde se abra la participación de la gente y se cierre el paso al pacto de impunidad que cada día se impone más”, apuntó.
La vicepresidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, añadió que los trabajos que se aprobaron no deben ser una carta de buenas intenciones, sino una colaboración estrecha con base a la apertura, transparencia y rendición de cuentas que nos ayude a salir de la crisis atraviesa México.
Expresó que fue necesario resaltar los acuerdos entre los grupos parlamentarios para atender asuntos prioritarios, “por ello fue posible sostener reuniones de trabajo con autoridades de seguridad e impartición de justicia para que informaran a detalle sobre este tema tan sensible para los mexicanos”.
La legisladora por el PRD abundó que los acontecimientos recientes en Ayotzinapa, Tlatlaya y Michoacán, apuraron en el Congreso la necesidad de conocer con detalle la estrategia del gobierno federal para atender esta problemática que ha costado tantas vidas.
Desafortunadamente –comentó– el panorama presentado por el entonces comisionado de seguridad en Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes; el Comisionado Nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido García, y la subprocuradora Jurídica y de Asuntos Internacionales, Mariana Benítez, dista mucho de acercarse a la brutal realidad de violencia que enfrentan millones de mexicanos todos los días.
Señaló que mantener la versión de que no existe una crisis y ocultar el verdadero clima de violencia que se vive, sólo ha desencadenado más hechos sangrientos como los de la Ruana y Apatzingán.
En estas reuniones demandamos una radiografía completa del mapa delictivo, porque no podemos esperar 44 años a que se abran los expedientes para saber quién ordenó, quién encubrió y quién ejecutó estos homicidios.
En este marco –agregó– también demandamos la protección de los periodistas mexicanos, que el ejercicio de su profesión están perdiendo la vida, mientras los responsables se mueven en la total impunidad, quizás protegidos desde las esferas del poder local, estatal y federal.