Ante la rebeldía que ha mostrado el grupo de Senadores encabezado por Ernesto Cordero, Javier Lozano y Roberto Gil, la dirigencia del PAN se decantó en los últimos días por aplicar una sanción mucho más dolorosa que la expulsión. Si bien el blanquiazul ha dicho que los autodenominados #RebeldesDelPAN tendrían que salir de este instituto para apoyar a cualquier otro candidato o que les podrían retirar su militancia, nos dicen que la maquiavélica posibilidad para darles un escarmiento consiste en aplazar lo más posible el proceso para eliminarlos del padrón del partido, lo que los colocaría en una especie de “congeladora” que impediría que alguno pudiera acceder a un nuevo cargo tras los comicios de 2018. ¿Será?

 

 

 

Listo PRD para sucesión

Nos cuentan que en el Consejo Nacional del PRD, que encabeza Ángel Ávila, ven a la resolución del Trife para renovar de manera inmediata a su dirigencia como un golpe al Frente Ciudadano por México, pues la mencionada decisión, que por cierto se tomara en sesión privada, empataría a la eventual elección interna del partido con algunos de los momentos más decisivos del proceso electoral. No obstante, aseguran, desde el pasado 3 de septiembre, el organismo que encabeza Alejandra Barrales había ya trazado la ruta para la renovación y se encuentra además avanzado en los procesos para registrar al Frente como coalición y definir el método de elección de candidatos. ¿Será?

(Foto:  Alejandra Barrales)

 

 

 

Potenciales responsables por caso Rébsamen

En el caso del Colegio Enrique Rébsamen no todo está definido, pues si bien ahora todas las luces apuntan a la propietaria del inmueble y directora del plantel, Mónica García Villegas –por operar una escuela sin licencia de uso de suelo y por manejar documentos falsos–, no hay que dejar de lado a tres personajes –que tal vez en próximas semanas estén bajo la lupa de la justicia–. Hablamos de quienes avalaron la Constancia de Seguridad Estructural –con vigencia de 5 años– en el 2014 (cuando el inmueble fue clausurado por una obra de ampliación en la parte alta que se desplomó en el sismo del pasado 19 de septiembre) y ahí se encuentran: el DRO, Juan Mario Velarde Gámez, y el Corresponsal de Seguridad Estructural, Francisco Arturo Pérez Rodríguez.  Además, en junio de 2017, el DRO, Juan Apolinar Torales Iniesta dio el Visto Bueno de Seguridad y Operación al colegio –con vigencia de 3 años–. Cierto que aún faltan los resultados de los peritajes para que la Procuraduría capitalina actúe en consecuencia, pero también debería tener bien ubicadas a estas personas, pues no vaya a ser que cuando se compruebe responsabilidad por el desplome de una parte del plantel, éstos ya se encuentren a miles de kilómetros de la CDMX. ¿Será?

 

 

 

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