En su “Trabajo de Investigación y Recomendaciones sobre el Sistema Financiero y sus Mercados”, elaborado por la Comisión Federal de Incompetencia, perdón, de Competencia Económica (COFECE), hay un capítulo dedicado a la  llamada “banca del subdesarrollo”, en donde advierte de posible conflicto de interés entre funcionarios gubernamentales y los principales actores involucrados en  la decisiones de a quién regalarles, perdón, otorgarles, financiamiento.

 

No dice nombres, pero basta revisar la “talis” de los Consejos Directivos y Comités Técnicos de los bancos de fomento y los mecanismos que utilizan para repartir el billete, para identificarlos, apunta el columnista. Si bien es cierto que para nadie es un secreto que en esas instituciones existan “chanchullos”, resulta importante que la mencionada Comisión aborde el tema, porque con ello alerta al secretario de Hacienda quien es, a fin de cuentas, el responsable de ese sector, y el principal promotor de la reforma financiera que pretende, entre otras cosas, fomentar el crédito a través de la banca de desarrollo y hacerlo más barato.

 

Cabe la siguiente pregunta: ¿Más crédito de la “banca del subdesarrollo” y mejores condiciones para quién? Bueno, la COFECE no responde a esta pregunta. Sólo se concreta a señalar que existen “Conflictos de interés en la toma de decisión de las intervenciones del gobierno”. Y explica:

 

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Generalmente, las decisiones para intervenir son deliberadas y consensuadas por las autoridades gubernamentales y los principales actores involucrados dentro del sector que se pretende apoyar. La intención del gobierno, en este caso, es recabar información valiosa acerca de las condiciones de mercado en cada sector y, con base en ello, tomar una decisión mejor informada para alcanzar una mayor efectividad en la intervención. Por ejemplo, dentro de los consejos directivos de la banca de desarrollo existen posiciones ejecutivas designadas para ciertas cámaras o asociaciones que aglutinan los intereses de un conjunto de agentes económicos.

 

“En el caso de los programas de apoyo sectorial, también existen diversos mecanismos para que las opiniones y argumentos de los principales actores sean tomados en cuenta. A pesar de que la participación de las cámaras o asociaciones resulta relevante para que las decisiones de la autoridad alcancen una mayor efectividad, el principal riesgo que puede surgir con esta situación es que existe la posibilidad de que se presenten conflictos de interés y que sus posiciones no representen de manera imparcial las principales necesidades del sector, o si lo hacen, que estos pugnen por obtener condiciones que favorezcan a los agentes económicos que representan.

 

“En términos de competencia y eficiencia económica, esta situación genera graves problemas, debido a que el poder de negociación de las cámaras o asociaciones puede desvirtuarse en incentivos que generen el riesgo de que la intervención del gobierno favorezca a los integrantes de las cámaras y sus intereses. Esta situación, además de limitar de manera significativa la efectividad de la intervención, también genera ventajas competitivas injustificadas para los agentes que acceden a los beneficios de la intervención del gobierno”.

 

Ante esta situación, la COFECE  hace un par de recomendaciones:

 

La primera, revisar y, en su caso, modificar los criterios de entrada y de salida de las intervenciones de la banca de desarrollo, a efecto de evitar distorsiones innecesarias en materia de competencia en los sectores que se están fomentando…sin afectar las características de oportunidad y flexibilidad que los programas de fomento deben tener para responder ante emergencias o situaciones de crisis. La transparencia en los criterios de entrada y de salida de la intervención gubernamental permite disminuir el riesgo de que los agentes receptores de los recursos se agrupen y pugnen por extenderla…

 

En segundo lugar se recomienda revisar los requisitos de elección de los Consejos Directivos y Comités Técnicos de las entidades financieras de fomento y los mecanismos para identificar conflictos de interés que afecten la neutralidad en la toma de decisiones, con la finalidad de evitar que las intervenciones del gobierno beneficien de manera particular a los sectores o empresas cuyos intereses tienen representación en los citados consejos. En este sentido, es importante realizar un esfuerzo objetivo para asignar consejeros independientes…libres de conflicto de interés lo que generaría un escenario más transparente y equitativo para ejecutar de manera más eficiente las intervenciones del gobierno. (Repartir el billete, pues, acota el columnista).

 

Hasta aquí el texto del documento de la Comisión Federal de Incompetencia, perdón Competencia Económica (COFECE).

 

¡Nombres, nombres de los que se están “llevando el gato al agua”!