Periodistas, defensores de derechos humanos y representantes de organizaciones civiles exigieron este lunes al Gobierno federal detener el presunto espionaje del que habrían sido víctimas por emitir sus posturas críticas en asuntos de corrupción y de garantías individuales en México.

 
Asimismo, informaron que presentaron una denuncia penal ante la Procuraduría General de la República (PGR) por los delitos de intervención ilegal de conversaciones privadas, más los que se acumulen en contra de quien resulte responsable.

 
Lo anterior, luego de que se diera a conocer una investigación del diario The New York Times y las organizaciones R3D, Artículo 19 y Social TIC sobre el supuesto espionaje que realizó México a los periodistas Carmen Aristegui, Carlos Loret de Mola y Salvador Camarena, así como a el director del Centro Prodh, Mario Patrón, y a Juan Pardinas, del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), entre otros más.

 
En tanto, legisladores de oposición y personajes públicos exigieron al Gobierno federal una explicación sobre el presunto espionaje.

 
La diputada federal del PAN y presidenta de la Comisión de Seguimiento a las Agresiones a Periodistas y Medios de Comunicación, Brenda Velázquez Valdez, urgió a la administración del Presidente Enrique Peña Nieto a informar cuánto costó el malware Pegasus que supuestamente fue utilizado en al menos en 76 ocasiones, entre enero de 2015 y julio de 2016, para espiar a periodistas.

 
Según la investigación publicada este, “desde 2011, al menos tres agencias federales mexicanas han gastado casi 80 millones de dólares en programas de espionaje”, el cual fue adquirido a la empresa israelí NSO Group, que vende la herramienta a los gobiernos del mundo siempre y cuando sean utilizados para el combate del terrorismo, los grupos criminales y los cárteles de la droga.

 
En la investigación donde también participaron periodistas mexicanos, se determinó que el software ha sido utilizado para vigilar a críticos de la administración federal y a algunos de sus familiares.

 
Ante dicha situación, la legisladora panista también solicitó una explicación en torno al porqué la Federación sí cuenta con presupuesto para espiar a periodistas y no para el Mecanismo de Protección para dicho sector.

 
En tanto, el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, el perredista, Francisco Martínez Neri, urgió a los congresos a expedir a la brevedad la legislación en materia de protección a periodistas y excluir de los códigos penales los delitos de injuria, difamación y calumnia.