Decenas de organizaciones civiles dedicadas a la rendición de cuentas, transparencia y derechos humanos reprobaron la actuación del Instituto Federal de Acceso a la información y Protección de Datos (IFAI) al desistirse de interponer un recurso de inconstitucionalidad contra la reforma en telecomunicaciones ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Luego de que el 14 de julio el presidente promulgará la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, un total de 219 organizaciones civiles emitieron un pronunciamiento conjunto y entregaron una ficha técnica al IFAI sobre las presuntas violaciones a la protección de datos personales.
Organismos como Fundar, Colectivo por la Transparencia y Artículo 19 señalaron la viabilidad de controvertir ante la Corte la legislación debido a que tres artículos de la ley son considerados violatorios a la privacidad de los ciudadanos.
De acuerdo con la comisionada Areli Cano, también las secretarías de Protección de Datos y Acceso a la Información, pertenecientes al organismo de transparencia, realizaron un documento técnico y un proyecto de demanda que consideraba a los artículos 30, 189 y 190 como anticonstitucionales por permitir la geolocalización de ciudadanos en tiempo real y la entrega de sus datos personales a las autoridades sin orden judicial.
Todos
Los cuatro comisionados que votaron en contra de ir a la SCJN fueron duramente criticados por los organismos civiles, e incluso, por sus propios compañeros. Por ejemplo, el comisionado Joel Salas dijo que sus nuevas atribuciones derivadas de la reforma en transparencia, que elevó al IFAI a órgano autónomo, sólo eran “ornamentales”.
Darío Ramírez, director de la Oficina de Artículo 19 para México y Centroamérica, desde su cuenta de Twitter, manifestó: “se corroboró la hipótesis sobre la autonomía real del IFAI y quedó claro que están no para la sociedad sino para los intereses de partidos”.
Tres de los votos que decidieron no ir a la Corte son de comisionados con ligas partidistas: la presidenta del instituto, Ximena Puente, quien llegó impulsada por el coordinador del PAN en el Senado, Jorge Luis Preciado; Eugenio Monterrey, ex colaborador de Enrique Peña Nieto, y Francisco Javier Acuña, ex colaborador del ex líder del PRI nacional, Genaro Borrego Estrada.
La organización internacional indicó: “los razonamientos vertidos por los comisionados Eugenio Monterrey Chepov, Ximena Puente, María Patricia Kurczyn y Francisco Acuña, lejos de atender los principios internacionales de derechos humanos, son restrictivos y atentan contra el interés de la sociedad”.
Por su parte, Haydeé Pérez Garrido, coordinadora de Transparencia de Fundar, consideró, en entrevista radiofónica, que el IFAI “le queda mal a la ciudadanía” y cuestionó que el organismo decidiera discutir la acción de inconstitucionalidad el día que vencía el plazo para ir a la Corte.
“Las organizaciones que tienen el deber de pugnar por nuestros intereses y la defensa de nuestros derechos nos quedan mal, nos cuestan muchos millones de pesos, se les da autonomía y sub ejercen su mandato”, dijo Pérez Garrido, al tiempo que afirmó que lo más preocupante es que el IFAI haya fallado en su primera prueba y se mantenga así en el futuro.