El representante legal de la Compañía de Ferrocarriles Chiapas-Mayab (CFCM), Paulo Díez, aseguró que desde el lunes pasado metieron un recurso ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) para buscar frenar el retiro de concesión, y confió en que recuperarán la operación de “La Bestia”, y de no funcionar, acudirán a tribunales federales, como el Tribunal de Justicia Administrativa, e incluso juzgados de la Ciudad de México.
En una entrevista con 24 HORAS, el representante legal de la ferroviaria acusó al titular de la dependencia, Gerardo Ruiz Esparza, de actuar en “venganza política” y sin consenso con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Ruiz Esparza decidió “vengarse” de Pedro Topete Vargas, accionista de CFCM y propietario de Infraiber por la denuncia que hicieron contra OHL México y sus sobreprecios en el Viaducto Bicentenario del Estado de México.
Explicó que los trenes, equipos y talleres con que opera La Bestia pertenecen a CFCM, y que la SCT los ocupa “de forma unilateral”, por lo que aseveró que al Gobierno “no le conviene pagar todo el equipo, más daños y perjuicios incalculables”, y ahondó que la secretaría también tendría que indemnizar por el tiempo que ha utilizado los equipos.
Según la SCT, retiró la concesión de “La Bestia” a la Compañía de Ferrocarriles por motivos de seguridad nacional y porque era un vehículo “sin control” en el que viajaban migrantes centroamericanos a Estados Unidos, y que “será controlado por el Estado”.
Ante el anuncio de la SCT, de indemnizar a CFCM, Paulo Díez, señaló que la decisión de Ruiz Esparza “genera daño patrimonial a la agenda pública federal”, lo que hace pensar que la decisión de retirar la concesión a CFCM “se hizo sin el consenso con la Secretaría de Hacienda”.
Actualmente, OHL e Infraiber mantienen un litigio por el Viaducto Bicentenario del Estado de México, que opera la compañía española, y es que tras denuncias constantes por parte de la tecnológica sobre precios elevados por el uso de la vialidad, el gobierno del Estado de México, resolvió sancionar a la firma ibérica con una multa de 38.3 millones de pesos.
Ante insistencias de Infraiber, y a petición del gobierno del Estado de México, la consultora PwC, observó en las bitácoras de obra y constancias de trabajos, “anomalías” por ajustes de costo en la construcción del camino, por 296 millones de pesos que cobró OHL, por lo que el gobierno de Eruviel Ávila multó a la concesionaria por 38.3 millones de pesos.