Ya nadie puede frenar la apertura del sector energético.

La minuta de decreto que el Congreso entregó al Ejecutivo, y que reafirma las modificaciones a la Constitución en materia energética, establece las facultades que tendrá cada organismo gubernamental y privado para realizar contrataciones, servicios, producción compartida y exploración, así como extracción de petróleo o de cualquier otro hidrocarburo en territorio mexicano.

 

Los artículos transitorios que contiene este documento oficial establecen el marco de acción que tendrán las compañías privadas que decidan entrar al mercado energético del país.

 

“Incluyendo las que puedan realizar las empresas productivas del Estado con particulares (…). En cada caso, el Estado definirá el modelo contractual que mejor convenga para maximizar los ingresos de la Nación”, dice el documento.

 

De acuerdo con la minuta, todo recurso energético que sea extraído, podrá formar parte y ser reportado por las empresas como parte de sus beneficios para efectos contables, siempre y cuando se afirme que son propiedad de la nación.

 

Al respecto Ignacio Segura, socio en México de la firma jurídica global White & Case, confirmó que el petróleo y el gas natural, una vez que sale de subsuelo, ya no será propiedad de la Nación, sino de la empresa que extraerá estos recursos, a cambio de una regalía que tendrá que pagar al gobierno.

 

“Mientras este en el subsuelo es propiedad de la Nación y no se otorgan concesiones, pero una vez que se extrae el petróleo, es posible bajo la licencia que en ese momento se transfiera la propiedad a la inversión privada, a cambio de una regalía, que es la misma forma como funciona una concesión”, explicó en entrevista con 24 HORAS.

 

También comentó que los expertos en la industria energética coinciden en que los contratos compartidos, como los presenta el gobierno federal, son iguales a lo que en inglés se llama licenses o licencias, lo cual es representa hoy la versión moderna de una concesión.

 

“Es lo mismo. Nos parece que esas licencias al final van a funcionar como una concesión”, precisó.

 

LISTOS PARA INVERTIR

 

En el decreto enviado al Ejecutivo se especifica que para que una empresa, ya sea del Estado o particular, pueda hacer labores de explotación debe acreditar que cuenta con la capacidad suficiente en el aspecto técnico y financiero.

 

“La solicitud se deberá presentar dentro de los 90 días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto”, afirma la minuta.

 

“Las empresas que vamos a empezar a ver son empresas que ya llevan tiempo trabajando con Pemex, pero bajo el régimen anterior que eran contratos de servicios e incentivos. Son jugadores en el mercado reconocidos”, dijo Segura, sobre la experiencia que deberán tener los futuros jugadores del sector energético en el país.

 

“Vamos a tener inversionistas de primer nivel muy reconocidos en el mercado y eso asegura que México va a tener la oportunidad de elegir entre todas estas opciones”.

 

La construcción de la infraestructura necesaria para llevar a cabo esta explotación también estará sujeta a las adecuaciones jurídicas que establezca el Congreso de la Unión:

 

“El financiamiento, instalación, mantenimiento, gestión operación y ampliación de la infraestructura necesaria para prestar el servicio público de trasmisión y distribución de energía eléctrica”, detalla la minuta.

 

SIN VUELTA ATRÁS

 

Con lo dispuesto en los artículos transitorios enviados al Ejecutivo y respaldados por 24 entidades federativas, se descarta cualquier posibilidad de que la reforma no proceda, objetivo que persigue la convocatoria para una consulta popular impulsada por el PRD.

 

Ignacio Segura considera que una vez que se publique la reforma energética en el Diario Oficial de la Federación ya no tendrá vuelta atrás y ni una consulta popular tendrá efecto.

 

Es más, estima que el referéndum que busca hacer el PRD es sólo un tema político y mediático para hacer ruido porque de acuerdo con la Constitución, las consultas populares sólo pueden realizarse el año de elecciones federales y los próximos comicios Federales están previstos en 2015, mientras que las leyes secundarias serán adoptadas durante el 2014.

 

“La consulta popular no es derogar una ley, es que de ser favorable esa consulta popular, el legislativo no pueda legislar sobre este tema, o sea sobre leyes futuras. Pero sobre leyes ya adoptadas por el Congreso, no va a tener efectos derogatorios. Entonces es más un tema político, mediático porque tampoco por esa vía van a poder revocar estas leyes.

 

“La consulta popular necesita el 2% del votantes inscritos en el IFE para convocarla, pero para que sus efectos sean obligatorios se necesita que hayan participado por lo menos el 40% de los electores inscritos en el IFE. Si tomas la participación en las últimas elecciones presidenciales, puedes dimensionar la dificultad de un referéndum en el cual participe el 40% de los electores. Me parece que esto es más ruido que otra cosa”, expuso.

 

MÁS AGRESIVA

 

Segura afirmó que la reforma energética era necesaria. Explicó que ésta ha sido más agresiva y más ambiciosa que el dictamen que presentó el presidente Enrique Peña Nieto en agosto pasado.

 

“No tenemos la inversión para poder extraer esos recursos, pero ahí están. Había que abrir el sector para que inversionistas privados que sí tienen el capital de riesgo puedan explorar y extraerlo”, y consideró que la reforma va a promover la inversión en muchos otros ámbitos, ya que tendrá un efecto espiral.

 

El experto en negociación y mediación adelantó que muchas empresas ya manifestaron a la firma su interés en invertir en el sector energético del país, luego de que envió una nota informativa a sus clientes para explicarles los cambios que se prevén hacer con esta reforma.

 

“Con la reforma el sindicato no va a tener asientos en Consejo de Administración. Pemex va a ser obligado a implementar políticas corporativas internacionales, elevar los estándares. Tiene dos años para hacerlo. Pemex va a ser un competidor más”, recordó.