El diputado Carlos Fernando Angulo impulsa reformas a la Ley General en materia de Delitos Electorales para sancionar a quien reciba dádivas, promesas de dinero o cualquier otra contraprestación a cambio de votar en algún sentido determinado.
En la iniciativa que reforma el Artículo 7 de la legislación se plantea una sanción de entre 50 y 100 días de multa y prisión de seis meses a tres años a quien incurra en esa práctica.
Aplicará igual a quien el día de los comicios instale, habilite o proporcione espacios físicos para la entrega de paga, dádiva, promesa de dinero u otra contraprestación de cualquier índole, o efectúe otra actividad de organización o preparación para ello.
El legislador panista subrayó que con ello se pretende reducir los acarreos o “corralón”, que consiste en conducir a los ciudadanos a resguardo de los políticos rivales y mantenerlos ahí hasta que llega el momento de votar, lo que ocurre principalmente en las zonas rurales.
Otro método para coaccionar el voto conocido como “cadena” consiste en otorgar a una persona una boleta marcada a favor de un determinado candidato, ofreciendo una recompensa a cada participante si trae el voto en blanco, llevándose otra papeleta que ya viene marcada.
El integrante de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados confío en que esa modificación normativa frenará la práctica de hacer del sufragio una mercancía, aprovechándose alguno de los factores que pueden predisponer a la persona a aceptar ese tipo de conductas, como su bajo nivel educativo, pobreza o necesidades económicas.
También abonaría a generar credibilidad en las instituciones, mejoraría las condiciones de la competencia electoral y se lograría dignificar la vida política.
Sería así, explicó, porque la implantación de los mecanismos para frenar el condicionamiento del voto se realizaría implícitamente con una intensa campaña e impulso de la participación ciudadana activa en materia electoral.
Angulo Parra reiteró que la reforma a la Ley General en materia de Delitos Electorales se enfoca a incrementar los mecanismos existentes en materia de justicia penal electoral para impactar de manera positiva en el equilibrio democrático del país.
Desde la perspectiva del legislador en caso de ser aprobada esa modificación se inhibirá la comisión de delitos electorales, referentes al condicionamiento del voto.
De esa manera, dijo, podrá sancionarse no solamente a quien condicione los votos de otras personas en cualquier proceso electoral, sino a quien pretenda condicionarlos para sí mismo o para otra persona o grupo de personas, a cambio de cualquier tipo de paga, dádiva, promesa de dinero u otra recompensa.
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