El primer informe del presidente Enrique Peña Nieto terminó como empezó su mandato: con disturbios en las calles por grupos de anarquistas, que lo mismo protestan por un presunto fraude en las elecciones que por la reforma educativa o la supuesta privatización de Pemex.

 

A pesar de que aquel 1 de diciembre de 2012 la toma de protesta no duró más de 15 minutos, la gresca en las calles del recinto legislativo de San Lázaro y el primer cuadro de la capital se extendió hasta la madrugada del 2. El saldo fue de 27 detenidos y decenas de lesionados.

 

El 10 de abril pasado, la CDHDF emitió la recomendación 7/2013, dirigida a la Secretaría de Seguridad Pública capitalina, a la Procuraduría General de Justicia local, a la Secretaría General de Gobierno y al Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal por violaciones a los derechos humanos durante el operativo policiaco durante los disturbios del 1 de diciembre.

 

 

A nueve meses de distancia, el gobierno de Peña Nieto llega con una economía en riesgo de caer en recesión y sin poder sacar adelante las leyes secundarias de su primer gran reforma, la educativa.

 

También están atoradas la tan anunciada Reforma Energética, la Reforma Fiscal y la Reforma Política. Incluso, la principal promesa de campaña -que era poner orden en lo que ellos decían era la fallida  política de seguridad del  ex presidente Felipe Calderón- tampoco se ha cumplido.

 

Peña Nieto protagonizará el octavo informe que, en forma consecutiva, no es leído ante el pleno del Congreso de la Unión. Esta cronología de impedimentos se inició con Vicente Fox Quesada. El ex Presidente panista, y el primero de oposición en la historia del país, no logró ingresar a la Cámara de Diputados el 1 de septiembre de 2006, agobiado por grupos de la izquierda y en medio de sospechas de su intromisión en la elección presidencial para encumbrar a su correligionario, Felipe Calderón Hinojosa.

 

Las promesas incumplidas

 

A pesar de la creación del Programa Nacional de Prevención del Delito, operado desde febrero por Roberto Campa Cifrián, la violencia no ha disminuido, siendo los estados de Guerrero, Chihuahua, Estado de México, Jalisco, Sinaloa y Nuevo León, donde se concentra el mayor número de ejecuciones.

 

A esa violencia se agregan lo que sucede en Michoacán: “fuertes confrontaciones entre bandas criminales, la multiplicación de grupos civiles de autodefensa y los reiterados ataques en contra del Ejército y Policía Federal”.

 

El jueves pasado y sin la presencia del PRD, autoridades, legisladores, organizaciones sociales y empresarios firmaron el Acuerdo por Michoacán, el cual presenta seis estrategias para mejorar la seguridad, educación, salud, generar más empleos y mejorar la imagen de la entidad afectada por diversos casos de violencia en los meses pasados.

 

El 2 de abril de 2012, el entonces candidato de la coalición Compromiso por México (PRI-PVEM), Enrique Peña Nieto, se comprometió a aumentar de 1.5% a 5% la inversión del PIB en materia de seguridad, además de impulsar los juicios orales en todo el país y el mando único policial.

 

Sin embargo, en los hechos es casi imposible, pues el año pasado se destinaron a seguridad 127 mil 314 millones de pesos, equivalente al 0.8996% del PIB; mientras que el presupuesto de este año destinado al mismo rubro fue de 135 mil 514.31 millones de pesos, equivalente al 0.8957%.

 

En octubre de 2012, ya como presidente electo, Peña Nieto anunció desde Madrid, España, la creación de una Comisión Nacional Anticorrupción, la cual será una instancia autónoma y con capacidad de actuar ante casos de corrupción gubernamental en los niveles federal, estatal y municipal, a partir de denuncias ciudadanas.

 

Sin embargo, ya como Presidente constitucional esta promesa tampoco se ha cumplido ni se ha anunciado su implementación.

 

El 9 de abril de 2012, Peña Nieto prometió la creación de la Gendarmería Nacional, para combatir los asesinatos, secuestros y extorsiones de los cárteles de la droga y cuya prioridad sería el narcotráfico.

 

Empero, dicho cuerpo policial verá la luz hasta julio de 2014 y formará parte de la Policía Federal, además de que no se menciona en el Programa Nacional de Desarrollo 2013-2018.

 

El martes pasado, el comisionado Nacional de Seguridad, Manuel Mondragón, informó que en julio de 2014 entrará en operaciones la Gendarmería Nacional con 5 mil elementos que estarán destacados en poblaciones rurales y en zonas metropolitanas. Al presentar al presidente Enrique Peña Nieto un informe sobre el proceso de integración de la Gendarmería Nacional que estará a su cargo, Mondragón y Kalb dijo que al momento se han reclutado mil 710 cadetes y en septiembre se lanzará una convocatoria para la selección de los restantes 3 mil 290 cadetes.

 

Los avances

 

Un día después de rendir protesta como Presidente de México, el 2 de diciembre de 2012, el Presidente y los principales partidos políticos firmaron el Pacto por México, el cual tiene como acuerdo principal el profundizar el proceso democrático con base en tres ejes rectores: el fortalecimiento del Estado Mexicano, la democratización de la economía y la política, así como la ampliación y aplicación eficaz de los derechos sociales, y la participación de los ciudadanos como actores fundamentales en el diseño, la ejecución y la evaluación de políticas públicas.

 

Las principales fuerzas políticas del país, PRI, PAN y PRD, fueron convocados en el Alcázar del Castillo de Chapultepec. Peña Nieto llegó acompañado del secretario de Gobernación, Miguel Osorio Chong.

 

El 7 de mayo pasado y ante las acusaciones de guerra sucia en el proceso electoral del 7 de julio, Osorio Chong, se acordó un adéndum de 11 puntos al Pacto por México que garantizarían transparencia, igualdad, legalidad y respeto en los comicios del 7 de julio.

 

El 21 de enero, el Presidente inició la Cruzada Nacional contra el Hambre, misma que está dirigida a 7.4 millones de personas que viven en pobreza extrema y carencia alimentaria. El acto se llevó a cabo en el municipio de Las Margaritas, Chiapas, lugar en el que 3 de 4 habitantes viven de manera precaria.

 

Al evento asistieron los gobernadores de todas las entidades del país y el jefe de gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, así como el Gabinete Ampliado de Peña Nieto.

 

La secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, aclaró que la Cruzada Nacional contra el Hambre es un modelo que tiene como objetivo la producción y el acceso a los alimentos y que no se trata solamente de la entrega de despensas. “Va más allá del asistencialismo… Es una estrategia que aspira a cambios de fondo”.

 

Ayer, expertos acusaron que la estrategia del gobierno federal de llegar a la meta de hambre cero en el país no ha tenido resultados a corto plazo debido a la falta de coordinación entre las 19 dependencias y secretarías que participan en la Cruzada Nacional contra el Hambre.

 

El 2 de mayo, el mandatario se reunió en Palacio Nacional con el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, para ampliar el alcance de la agenda bilateral más allá del ámbito de la cooperación en seguridad, para abarcar el potencial de la relación en temas energéticos, de prosperidad y educación.

 

Tras un encuentro privado, Peña Nieto reafirmó que la relación de México y Estados Unidos es multitemática y que su objetivo es hacer a la región de Norteamérica más competitiva para detonar el potencial de ambas naciones a partir de la relación bilateral.
Por su parte, Obama aseguró que EU apoya el nuevo enfoque que el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto ha establecido en el tema de la seguridad.

 

El 12 de febrero de este año, Roberto Campa Cifrián puso en marcha el Programa para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, el cual articula las políticas públicas, estrategias y acciones de prevención de las violencias y la delincuencia para incidir en el mejoramiento de la seguridad, convivencia ciudadana y en el fortalecimiento de la cohesión comunitaria.

 

El programa de Prevención de la Violencia y Participación Ciudadana atenderá de manera focalizada a 57 demarcaciones, 250 polígonos, dos delegaciones del Distrito Federal: Iztapalapa y Gustavo A. Madero, siete zonas metropolitanas, 48 municipios y mil colonias en todo el país. La Cámara de Diputados destinó dos fondos: uno por 115 mil millones de pesos y otro por 2 mil 500 millones de pesos para su implementación.

 

Las capturas

 

En estos nueve meses, Peña Nieto ha hecho dos capturas importantes. Elba Esther Gordillo, otrora dirigente magisterial intocable, y Miguel Ángel Treviño Morales, Z-40, líder de Los Zetas tras la muerte de Heriberto Lazcano Lazcano.

 

El 26 de febrero, Elba Esther Gordillo Morales, lideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, fue detenida en el aeropuerto de Toluca, Estado de México, luego de que la PGR obtuviera una orden de aprehensión por desvió de recursos y lavado de dinero de 2 mil 600 millones de pesos de las cuotas del magisterio utilizadas en su beneficio, con apoyo de tres cómplices y su fallecida progenitora.

 

El 15 de julio, las secretarías de Marina y Gobernación dieron a conocer la detención de Treviño Morales en un operativo sorpresa en la ciudad de Nuevo Laredo, Tamaulipas.

 

 

“Sabemos que la economía mexicana no está creciendo a la altura de su potencial, pero sobre todo lo que tiene que crecer; venimos de años de crecimiento bajo, francamente mediocre y las cifras que conocemos de cómo está desempeñándose este año, son también cifras que están por debajo de lo que México necesita crecer, son altamente insatisfactorias”

Luis Videgaray Caso

Secretario de Hacienda

 

 

DATOS

8

de septiembre se presentará la reforma hacendaria, junto con el Presupuesto de Egresos y la Ley de Ingresos para 2014.

 

263

municipios concentran las ejecuciones en el país en la primera mitad del año. Con Felipe Calderón se extendieron en 217 municipios en el primer semestre de 2007.

 

13,000

crímenes se han cometido del 1 de diciembre de 2012 al 31 de julio de 2013, según el semanario Zeta.

 

53.3

millones de mexicanos pobres a finales de 2012, según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). La cifra es mayor a los 52.8 millones que había durante 2010.

 

7.2

millones de personas están en vulnerabilidad por ingreso, es decir, aquella que está por debajo de la línea de bienestar. O sea, tienen hambre porque no tienen qué comer ni qué sembrar, ni dónde trabajar, ni a dónde ir.