El Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, señaló que la designación de los 18 magistrados por parte del Presidente de la República y sometidos a la ratificación del Senado, “no fue
producto de un proceso transparente y abierto de cara a la sociedad, que garantizara el contraste de capacidades técnicas y la certeza de que las personas nombradas son idóneas para ese cargo”.
Ante lo cual consideró que todavía están a tiempo de corregir el camino y construir un proceso adecuado, que permita el debate abierto sobre los perfiles idóneos de los magistrados que habrán de sancionar las faltas administrativas graves de los servidores públicos y de los particulares.
A través de un comunicado, los integrantes del Comité, señalaron que este tipo de acciones “dejan mucho que desear en la construcción de las instituciones que se requieren como cimiento para acabar con uno de los flagelos que más afecta el desarrollo de México”.
Recordaron que dentro del Sistema Nacional Anticorrupción, una de las piezas clave es la integración de la Tercera Sección de la Sala Superior y de las cinco Salas Especializadas del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, cada una compuesta de tres magistrados.
Estos magistrados especializados tendrán la tarea de sancionar las faltas administrativas graves de servidores públicos y de particulares, y en este sentido se constituyen en uno de los componentes clave del combate a la impunidad que ha dañado la vida institucional, social y política del país.
“De ahí la relevancia de que quienes ocupen estos 18 cargos sean personas de absoluta probidad, con las capacidades técnicas, jurídicas y éticas necesarias para llevar a buen puerto las tareas que demanda la Constitución Federal y la sociedad en su conjunto”.
grg