Una sociedad con visión selectiva no es una forma de verdad; es una forma de psicosis. En los casi cinco años que van del sexenio, se han detenido siete exgobernadores: Javier Duarte (PRI) de Veracruz, Tomás Yarrington (PRI) de Tamaulipas, Guillermo Padrés (PAN) de Sonora, Luis Armando Reynoso (PAN) de Aguascalientes, Andrés Granier (PRI) de Tabasco, Jesús Reyna (PRI) de Michoacán y Flavino Ríos (PRI), también de Veracruz. Asimismo, Elba Esther Gordillo, José Luis Abarca y Joaquín “El Chapo” Guzmán hoy duermen en prisión. Puede usted despreciar al presidente Peña Nieto, pero esos números –y esos nombres– no los tiene ningún mandatario reciente.
Es fundamental no perder de vista los avances que vamos sumando en el campo anticorrupción. No solo por un tema cuantitativo sino por uno de motivacion. La ancestral deshonestidad en México empieza a caminar sobre un fango cada vez más denso. Hoy se identifican acciones concretas y claramente atribuibles que apuntan en la dirección correcta, pero este avance no es únicamente del presidente o de la oposición… es la dinámica natural de la democracia echando raíces.
Esto nos lleva a una pregunta crucial: ¿el Estado mexicano es más corrupto que en el pasado? Sospecho que la mayoría considera que sí, que México era corrupto antes pero que hoy la marea de descomposición inunda todo y moja a la mayoría. El estudio “México: Anatomía de la corrupción” (2015) –realizado por María Amparo Casar en colaboración con el IMCO A.C. y el CIDE– aborda este fenómeno: “de 502 notas periodísticas y 27 titulares de periódicos que mencionaban la palabra “corrupción” en 1996, se pasó a 29,505 notas y 2,587 titulares en 2014 (…) Es posible que los actos de corrupción se hayan mantenido en niveles semejantes al pasado pero que dadas la mayor libertad, el mayor número y pluralidad de medios (sobre todo en la prensa y redes sociales), los recursos dedicados a la investigación periodística independiente y el interés de exhibirlos por parte de los medios de comunicación, la percepción de los mismos haya crecido exponencialmente”.
Algo es claro: el costo político de la corrupción es mucho mayor hoy que, por ejemplo, hace unos 30 años. El fortalecimiento de la competencia político-electoral trajo consigo varios vicios pero también algunas virtudes fundamentales con respecto al tema de la corrupción; la más importante, una mayor cantidad de ojos, de distintos colores, sobre los cuerpos políticos. A la par que el voto empezó a contarse bien, se volvió políticamente rentable para los partidos denunciar la corrupción ajena –o la propia–.
Otro enfoque, paralelo al anterior, afirma que lo que trajo la pluralidad fue la “democratización” de la corrupción, y no un sistema informal –pero natural– de vigilancia política en distintas direcciones; en otras palabras, que la diversidad no significó más ojos sobre todos, sino un reparto más “equitativo” o “proporcional” para explotar las minas de la corrupción. Entendidas bajo ciertas condiciones, ambas visiones tienen algo de verdad.
Correlacionar es un ejercicio intrépido, pero en este caso, sospecho que en efecto el asentamiento de la pluralidad y el crecimiento de la noción ciudadana de casos de corrupción, han orillado a gobiernos nacionales como subnacionales a intentar disminuir la impunidad derivada de la corrupción. Así que cuidar la competencia electoral justa –catalizador de vigilancias–, ahondar la división de poderes –zanjas para la certeza– y una impartición de justicia que no vea carteras o cargos –la vía más corta–, son deberes que si se cumplen, tarde o temprano nos llevarán a una menor corrupción. La temporalidad, entonces, entra en juego: el Estado mexicano sólo puede avanzar hasta cierta velocidad pero la gente sigue y seguirá reiterando su prisa. ¿Carrera contra el tiempo o contra quién?
El uso político de la justicia para combatir la corrupción puede ser tan nocivo como la misma impunidad. Pero, de igual manera, no querer ver los avances implica no ver qué falta por hacer ni permite distinguir lo urgente de lo importante; es, pues, un error de apreciación que afecta desde la elaboración de estrategias hasta la continuidad de las mismas. Por otro lado, pienso que en el fondo, todo mexicano está unos gramos más optimista gracias a los recientes casos llevados ante la justicia. Al final, lo que siempre hemos pedido a gritos es la protección de la ley ante las arbitrariedades de una sociedad tremendamente desigual. De eso se trata todo esto.
@AlonsoTamez