En la mayoría de las mediciones oficiales y civiles sobre seguridad existe un denominador común (tal vez el único): la extorsión es el segundo delito más cometido en México, después del secuestro. Y dentro de las diferentes modalidades de la extorsión, una crece en la República sin freno: la extorsión telefónica.

 

Es muy probable que a esta altura tú o alguien cercano a ti hayan sido víctimas de este tipo de extorsión. Sea la hija o hijo que llaman en la madrugada porque están secuestrados o detenidos por la policía, sea el comandante “X” (de la organización criminal de “moda” en el momento) que amenaza con hacerte daño; la creatividad de este tipo de delincuente es amplia.

 

Si todavía no has sufrido un intento de extorsión puedes escuchar en http://consejociudadanodf.org.mx/extorsiones.php llamadas reales que ilustran perfectamente cómo el factor sorpresa es la principal arma de los delincuentes para lograr su objetivo. La sorpresa y el miedo.

 

Ningún delito tiene nada positivo, sin embargo, la extorsión telefónica tiene un aspecto interesante, es “democrático” y afecta a la mayoría de la sociedad mexicana sin distinguir condición económica, social o de preparación académica. En siete años, hemos recibido en el Consejo Ciudadano denuncias y reportes lo mismo de amas de casa que de altos ejecutivos, atemorizados y engañados para depositar dinero en cuentas bancarias.

 

En este lapso, construimos un banco de datos de más de 84 mil números telefónicos activos usados en este momento para intentar (y lograr) extorsionar. Algunos de estos números tienen más de 100 reportes, es decir, son empleados diariamente como herramienta para delinquir. A esta base se le suma un listado de más de 11 mil cuentas bancarias, también activas, en las que se depositan cantidades en efectivo que van de los 500 a los 5 mil pesos en promedio.

 

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¿Por qué siguen activos los teléfonos? Porque no denunciamos lo suficiente y cuando lo hacemos no exigimos la cancelación del IMEI (número de identificación del aparato) lo que permite que el delincuente actúe con impunidad, al saber que no habrá consecuencias inmediatas en su contra. ¿Y las cuentas? La explicación es la misma: sin denuncia específica no podemos avanzar rápido. ¿Qué podemos hacer los ciudadanos comunes? Felizmente, mucho.

 

Hace un mes lanzamos el *5533 Línea Nacional Ciudadana contra la Extorsión. Es un número fácil de recordar, gratuito, que puede marcarse desde cualquier línea fija en la república y desde hace unos días, también puedes marcar desde los celulares de la compañía telefónica con mayor parte del mercado móvil en el país. Esperamos sumar en las próximas semanas al resto de las empresas.

 

Cuando llamas al *5533 tienes la garantía de que te atenderán ciudadanos, abogados y psicólogos capacitados en atención a víctimas, que tus datos personales están protegidos y nunca llegarán a manos equivocadas y que pueden marcar 24/7. Este es el primer paso de un esfuerzo nacional de los Consejos Ciudadanos de Chihuahua, Morelos, Puebla y de la Ciudad de México para llevar el combate a este delito a todos los estados del país.

 

Este servicio es la cabeza fría que necesitamos para quitar el factor sorpresa de esta llamada y reducir la ventaja del delincuente. Además, permite recabar información para que la autoridad haga mejores investigaciones, capturen a los responsables y los sancionen.

 

En cuatro semanas hemos recibido más de cinco mil llamadas, la mayoría de los estados de Tamaulipas y Veracruz, para reportar números que ya estaban en nuestra base de datos y que corresponden a extorsionadores, pero no necesariamente al crimen organizado.

 

En las próximas semanas tomaremos acciones adicionales que nos ayuden como sociedad a reducir este delito, mientras la maquinaria judicial puede funcionar de manera expedita. La clave del avance que tenemos hasta el momento es la comunicación entre ciudadanos y la corresponsabilidad para hacer lo que nos toca en caso de sufrir un caso de extorsión, en particular la denuncia.

 

La historia nos demuestra que los cambios reales sólo los puede lograr la sociedad. No buscamos sustituir las atribuciones de las autoridades, ni tampoco que los espacios civiles los ocupen los gobiernos; sin embargo, gracias a la tecnología y a la participación civil podemos enfrentar a los delincuentes y combatir los delitos.

 

Y de paso, dejar de ser víctimas.