Jueves 21 de Septiembre, 2017
Néstor Ojeda

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Vuelta al Centro

Coahuila y la ley inservible

Por Néstor Ojeda I julio 11, 2017 I 1:23 am

En verdad que las leyes electorales mexicanas son un verdadero desastre, y para muestra el caso del dictamen de la Comisión de Fiscalización del INE, que preside Enrique Andrade, sobre Coahuila es un ejemplo claro, porque resulta que asegura que tanto priistas como panistas rebasaron, por mucho, los topes de campaña basados en supuestos pagos a sus representantes de casilla que, según ambos partidos, simplemente no se realizaron.

 

Los consejeros del Instituto Nacional Electoral afirman que la coalición encabezada por el PRI gastó 25.2 millones de pesos, cuando el tope era de 19.2, mientras que la alianza del PAN gastó 24.3 millones, igualmente de un tope de 19.2 millones de pesos, y en el centro de este rebase de los límites a los gastos de campaña están pagos por varios millones de pesos a los representantes de ambas coaliciones.

 

Sin embargo, el candidato del PAN, el senador Guillermo Anaya, rechaza que hayan dedicado seis millones de pesos a ese gasto y que tienen los reportes que lo comprueban, lo mismo que argumenta el representante del PRI ante ese organismo, Jorge Carlos Ramírez Marín, quien defiende el cerrado triunfo de su candidato Miguel Ángel Riquelme.

 

El caso es que en el dictamen que el pleno de los consejeros del INE deben discutir y, en su caso, aprobar o rechazar el próximo viernes, la comisión de Fiscalización se basa en que contabilizó un supuesto pago a representantes de casilla durante el día de las elecciones que no se realizó, según reclaman los partidos, y que para demostrarlo exhiben los propios oficios que se entregaron a la autoridad electoral.

 

Es más, de acuerdo a la representación del PRI y sus aliados, el plazo del 30 de junio de 2017, fijado por la comisión de Fiscalización, que preside Andrade para que se entregaran los formatos correspondientes a los gastos de la jornada electoral, no existe en la ley, y por ello lo califica como “una decisión arbitraria que viola el principio de certeza en materia electoral”.

 

Pero no sólo eso; explica que sin contar con información directa de las alianzas, los integrantes de la comisión de Fiscalización del INE, de manera unilateral, determinó tomar como pago a cada representante la cantidad de mil 350 pesos, monto que tomó del promedio que pagaron otros partidos a sus respectivos representantes.

 

Por esa razón, el representante del PRI ante el Instituto Nacional Electoral afirma que el dictamen que el pleno del Consejo General discutirá el viernes lo que hace es “tomar por erogados recursos que nunca se gastaron”, bajo el criterio de que no entregar a tiempo los reportes en el plazo que fijó la comisión de Fiscalización “es igual a haber efectuado los gastos, aunque los representantes no hayan cobrado”.

 

Mal, pero muy mal está la legislación electoral, si esto es cierto, y los consejeros que deben fiscalizar los gastos de los partidos se pueden conducir de manera tan arbitraria. Peor está la ley electoral, cuando no considera que anular la elección si el candidato ganador no excedió en más de 5% el tope en los gastos de campaña.

 

La ley debe ser puntual y cumplirse cabalmente. Y las reglas deben ser claras y sin margen a interpretaciones arbitrarias o tramposas. Es momento ya de que se prohíba el dinero privado en las campañas, para que el INE se haga cargo al 100% del control de los gastos de institutos políticos y candidatos. Además, que se pague con la inhabilitación para competir por un puesto de elección o ejercer cualquier cargo público al rebasar los topes de campaña.

 

Y la cosa no debe quedar ahí. Si se comprueba que un político ocupa recursos ilegales, debe pagar con cárcel al ensuciar así el proceso electoral; ésa debe ser tarea de la Cámara de Diputados. De no hacerlo el Congreso de la Unión seguirá siendo cómplice de las trampas y el desaseo electoral.

 

Las campañas deben hacerse sólo con el presupuesto del INE y los organismos electorales locales, así se garantiza que el interés público sea el que se represente en las elecciones, las donaciones y el dinero privado somete a las elecciones y los candidatos, a intereses privados, y de eso ya estamos hartos los mexicanos.

 

caem

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