La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) llamó al Gobernador de Texas, Greg Abbott, y a la Junta de Indultos y Libertad Condicional de ese estado para que se conmute la pena de muerte decretada contra el mexicano Rubén Cárdenas Ramírez, programada para el próximo 8 de noviembre.
“El derecho a la vida representa el bien supremo del ser humano, por lo cual afirma categóricamente que la pena de muerte es una medida que no garantiza la impartición de justicia, al tiempo que subraya su compromiso de continuar con los esfuerzos que protejan los derechos fundamentales de los mexicanos en el extranjero”, indicó el organismo en un comunicado.
Cárdenas Ramírez originario de Guanajuato está acusado de violar, estrangular a Mayra Laguna, de 17 años, en Edinburg el 22 de febrero de 1997.
En ocasión del Día Mundial contra la Pena de Muerte –10 de octubre— la CNDH reiteró a las autoridades del Estado de Texas tener presentes los preceptos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Declaración sobre la Protección de todas las Personas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
Así como el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, los cuales reconocen el derecho a la vida y que nadie será sometido a torturas, ni penas crueles, inhumanas o degradantes.
“La CNDH no se opone a la imposición de penas, sino se pronuncia porque dichas acciones se realicen dentro del Sistema Internacional de Derechos Humanos, al cual nuestro sistema jurídico se acoge”, aseveró la dependencia que encabeza Luis Raúl Gonzáles.
De acuerdo con Amnistía Internacional, 140 países miembros de Naciones Unidas son abolicionistas de esa pena, de los cuales 98 la han anulado totalmente, como México.
La CNDH calificó como necesario conjuntar esfuerzos que permitan la erradicación de dicha práctica, sobre la base de que en ninguna circunstancia se debe atentar contra la vida, la dignidad y la integridad de las personas.
ot