El miedo a ser víctima de robo, secuestro u homicidio en México, que los empresarios del ramo llaman “cultura de la prevención” ha tenido beneficiados: las compañías dedicadas al blindaje de automóviles.

 

Por lo menos 30 mil automóviles bien protegidos y certificados en contra de ataques de la delincuencia común y organizada circulan en el país, reveló la Asociación Mexicana de Blindadores de Automotores A.C. (AMBA). Lo anterior sin contar los vehículos que se blindan ilegalmente.

 

Apenas tres de cada 10 de esos autos blindados y certificados son del gobierno, el resto pertenece a ciudadanos que deciden convertir en bunkers móviles sus vehículos, y que tienen los miles de dólares que se necesitan para hacerlo.

 

La cifra de vehículos blindados pareciera no ser tan alta, si se piensa que tan solo en la Ciudad de México circulan más de un millón de vehículos, sin embargo, el presidente de la AMBA, Eduardo Llanos Valderrama, dimensionó el crecimiento de la industria: de por lo menos 10% anual en la última década.

 

“A principios de la década pasada movilizábamos aproximadamente mil vehículos al año, pero fuimos creciendo hasta alcanzar un pico de 3 mil unidades en el 2012. El año pasado (2013) descendimos a 2 mil 500 en gran parte porque el gobierno dejó de comprar como lo venía haciendo”, dijo.

 

El empresario subrayó que sin embargo esperan un nuevo repunte en la demanda del blindaje de vehículos, pese a la insistencia del mensaje oficial sobre que se ha reducido la violencia.

 

Cuestionado sobre si el alza de los secuestros es uno de los factores que ha contribuido al crecimiento de esta industria, el titular de la AMBA dijo que “lamentablemente sí”, aunque también destacó otros factores que podrían impulsar un nuevo repunte.

 

“El descenso que tuvimos fue porque el gobierno dejó de comprar vehículos blindados, pero ya sabemos que con el surgimiento de la Gendarmería y de corporaciones que están participando en operativos como el de Michoacán vienen nuevas adquisiciones de parte de gobierno, eso ya lo tenemos conocido”, señaló.

 

La AMBA agrupa a ocho de las principales empresas del país dedicadas al blindaje de vehículos de todo tipo, y concentra aproximadamente 60% del mercado.

 

Seguros pero caros

 

Durante una presentación organizada ayer por la AMBA, se demostró cómo el blindaje con tejidos sintéticos en lugar del acero, como es el Kevlar, fabricado por la compañía DuPont, puede soportar el poder de fuego de la delincuencia común. Se realizaron más de 20 disparos con una pistola calibre 380 a un vehículo BMW con dicho material, y ninguno penetró.

 

“Hemos trabajado el Kevlar desde hace más de tres décadas y es un material cuyo peso puede ser de hasta 100 kilos menos en un auto blindado respecto a otro que esté protegido en acero. Esto infiere directamente en el consumo de combustible de la unidad y sus costos de mantenimiento”, dijo Rafael Olivar, responsable de marca de DuPont.

 

Y para calibres más gruesos como el de los rifles de asalto AK-47, se ha desarrollado otro tipo de material sintético denominado Tensylon.

 

El tema es que aun con esos materiales el blindaje de menor protección para un vehículo en una empresa certificada es de 30 mil dólares, mientras que la protección más fuerte puede alcanzar los 80 mil dólares, dijo el presidente de la AMBA.

 

Ley obsoleta

 

El titular de la Dirección de Seguridad Privada de la Secretaría de Gobernación Juan Antonio Arámbula, quien acudió como invitado a la exhibición de la AMBA, dijo que actualmente hay 60 empresas en todo el país certificadas para blindar vehículos y que deben cumplir con estándares que marca la ley.

 

No obstante reconoció que la legislación en materia de seguridad privada se ha quedado obsoleta e incluso en algunos casos es “lesiva para el desarrollo de la industria”. Por ejemplo, señaló que la norma pide los mismos requisitos a los guardias de seguridad que a las empresas que instalan blindaje, pese a que su función es distinta.

 

“Estamos atendiendo el tema, estamos a la puerta de una nueva legislación federal y colaborando con el senado para que se distingan perfectamente las modalidades y haya controles eficientes que no sean solo recaudatorios o de mera burocracia”, sentenció.