LIMA.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó a México que le informe sobre la fórmula que tomará para investigar la denuncia de presunto espionaje a las víctimas y a los expertos que investigaron la desaparición de los 43 estudiantes del caso Ayotzinapa, en paradero desconocido desde 2014.
La segunda vicepresidenta de la CIDH y relatora para México, Esmeralda Arosemena de Troitiño, aseguró ayer en conferencia de prensa que la Comisión tomó nota de la denuncia manifestada por el abogado de los familiares de las víctimas durante una audiencia dentro del 163 período de sesiones del organismo, celebrado en Lima.
Durante la sesión, realizada el jueves, el representante de las víctimas aseguró que los abogados y los familiares fueron “víctimas del software malware Pegasus, adquirido por el Gobierno federal, con el que se intentó infectar celulares para extraer ilegalmente información, según el estudio canadiense The Citizen Lab”.
El comisionado James Cavallaro leyó seguidamente una reciente carta que recibió la CIDH del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), donde decía que sus miembros y su secretario ejecutivo “recibieron mensajes muy similares” a los recibidos por los familiares de las víctimas para intentar infectar sus celulares.
Cavallaro indicó que “es un tema muy serio porque levanta la sospecha de una posible implicación de agentes del Estado mexicano en este asunto”, ya que el software infeccioso era únicamente utilizado por el Gobierno.
En la conferencia del viernes, Arosemena de Troitiño recordó que el GIEI, designado por la CIDH, fue el puente entre la Comisión y el Estado mexicano, y “el resultado de la participación de estos expertos aportó a este caso elementos muy importantes”.
El comisionado Luis Ernesto Vargas Silva aseguró en la misma conferencia que Ayotzinapa es un caso emblemático para la Comisión y anunció que el mecanismo de seguimiento especial de la CIDH para este caso visitará en agosto la zona donde desaparecieron los estudiantes.
“Es un esfuerzo que no vamos a abandonar hasta sacarlo adelante”, agregó Vargas, quien recordó que el GIEI hizo “un trabajo muy importante para recolectar las pruebas iniciales”.
Asimismo, el presidente de la CIDH, Francisco Eguiguren, recordó que un mecanismo especializado para seguir un caso como este “tiene un alto costo” que corre a cuenta del Estado mexicano, y que en el primer período alcanzó los dos millones de dólares.
Según la versión oficial de lo ocurrido en septiembre de 2014, los 43 estudiantes de la escuela para maestros de Ayotzinapa fueron detenidos por policías y entregados a miembros del cártel Guerreros Unidos, quienes asesinaron y quemaron sus restos en un basurero.
Esta teoría ha sido puesta en duda por organismos internacionales como los expertos del GIEI nombrados por la CIDH, que tras meses colaborando en el caso presentaron en abril un informe donde denunciaron graves fallos en las investigaciones.
dca