El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que investiga la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, lamentó la tardanza del gobierno federal para permitirles entrevistar a los integrantes del 27 Batallón, con sede en Iguala, pues carecer del testimonio de los militares es una limitante para saber qué ocurrió la noche del 26 de septiembre.
En conferencia de prensa, los integrantes del GIEI informaron que el domingo por la noche recibieron un oficio del gobierno federal, el cual les informa que sigue en evaluación su petición para entrevistar a los militares.
“En opinión del Grupo, esta demora limita los esfuerzos por avanzar en la investigación de los hechos y las nuevas acciones y perspectivas en la búsqueda de los desaparecidos”, dijo Ángela Buitrago, quien a nombre del Grupo leyó los avances de la investigación.
La solicitud de la entrevista a militares la realizó el GIEI desde abril, esto al considerar de suma importancia la versión que éstos tengan sobre el caso Ayotzinapa. Durante este tiempo, las autoridades mexicanas han analizado las implicaciones jurídicas.
El 15 de junio, el subsecretario de derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa Cifrián, argumentó que la tardanza es para evitar caer en una ilegalidad, pero hay plena disposición en que se lleve a cabo la entrevista.
Pese a ello, Buitrago dijo que en el documento del gobierno federal se reconoce el carácter de coadyuvante del GIEI, que está facultado en todo momento a sugerir al Ministerio Público ampliar las declaraciones que hicieron 36 miembros del 27 Batallón hicieron en calidad de testigos.
Además, el Grupo reportó que ha realizado 100 solicitudes de información y diligencia a la Procuraduría General de la República (PGR), de las cuales 30% han sido respondidas de forma completa, 24% de forma parcial y 46% aún están pendientes.
El cumplimiento de estas solicitudes con prontitud es de suma importancia para cumplir con los plazos de la investigación pues en los próximos días el GIEI realizará nuevas peticiones, dijo Buitrago.
Otro avance en la investigación fue el compromiso que obtuvieron de la PGR y la Policía Federal para ampliar las líneas de investigación, esto a partir de los testimonios de familiares de los normalistas.
También se hizo la gestión para que el gobierno federal instalara una unidad médica móvil en la entrada de la escuela normal de Ayotzinapa, la cual sirve para la atención de los sobrevivientes y familiares de las víctimas tanto en lo físico como psicológico.
Junto a Buitrago estuvieron Alejandro Valencia, Carlos Beristain, Claudia Paz y Francisco Cox, quienes recordaron que acaban de cumplirse nueve meses de la desaparición, por lo que es necesario acelerar la investigación para obtener resultados pronto.
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