Los resultados de las investigaciones que realizaron la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Procuraduría General de la República (PGR) sobre el caso Tlatlaya coincidieron en la participación de militares en la ejecución extrajudicial de civiles el 30 de junio, pero no en cuanto a los soldados responsables ni al número de víctimas.
Las indagatorias del Ministerio Público concluyeron que las personas asesinadas sin justificación en la bodega de la localidad de San Pedro Limón fueron ocho, mientras que el resto falleció por el enfrentamiento. Además se estableció que solo tres soldados estuvieron directamente involucrados en el homicidio.
En tanto, el análisis realizado por la CNDH concluyó que las personas ejecutadas extrajudicialmente fueron al menos 12 y hay sospechas de tres más que no se pudo determinar cómo fallecieron. Por estos hechos, según la CNDH, serían responsables cinco efectivos del Ejército que estuvieron dentro de la bodega durante los asesinatos.
Ayer el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) dio a conocer en una tarjeta informativa que, luego de cuatro meses de ocurrida la tragedia, fue realizada la consignación por la PGR de este caso y la aprehensión de los sospechosos, con lo que se inició el proceso a nivel federal.
De esta forma ya son dos juicios abiertos hasta ahora relacionados con los hechos en Tlatlaya, uno en cortes militares en contra de ocho soldados, y otro en un tribunal federal respecto a siete soldados.
Acusación PGR
De acuerdo con lo que públicamente reveló el titular de la PGR, Jesús Murillo Karam, el Ministerio Público acreditó la participación de tres elementos del 102 Batallón de Infantería en la ejecución del homicidio de los supuestos delincuentes en la bodega de Tlatlaya.
Según la averiguación de PGR, sí existió un enfrentamiento entre soldados y las personas armadas, de no más de ocho minutos, pero que fue suficiente para que perdieran la vida más de la mitad de las 22 víctimas.
Posteriormente, los soldados Fernando Quintero Millán, Roberto Acevedo López y Leobardo Hernández Leónides ingresaron a la bodega y asesinaron a ocho personas lesionadas de forma injustificada. Los militares usaron las armas de los agresores para cometer los crímenes.
La PGR también estableció que el teniente Ezequiel Rodríguez Martínez, que encabezó el despliegue, era responsable del delito de encubrimiento por no haber impedido que todo ocurriera.
Recomendación CNDH
En la recomendación 51/2014 la CNDH consideró, a partir de testimonios y declaraciones, que al menos cinco militares (que no incluyen al teniente Rodríguez) participaron en el asesinato de civiles y tendrían que ser acusados e participación en el homicidio o complicidad en el mismo.
“Es posible presumir que al menos cinco elementos militares ingresaron a la bodega unos minutos después de que terminó el enfrentamiento, y muy probablemente sean estos elementos los responsables de la privación ilegal de la vida de las personas que estaban rendidas”, señaló la comisión.
La CNDH estableció además que fueron 12 las personas ejecutadas extrajudicialmente, y hay sospechas de tres casos más que no se puede establecer que hayan muerto tampoco en el intercambio inicial de disparos.