El titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Gerardo Ruiz Esparza, aseguró que no habrá ningún tipo de indemnización, ni se devolverá la concesión a la Compañía de Ferrocarriles Chiapas-Mayab por la operación de la ruta del tren de La Bestia.

 

Después de la entrega del Sistema Mexsat, el secretario Ruiz Esparza explicó que la indemnización será por el monto que la ferroviaria haya invertido “que es cero”, y aseveró que la operadora “no aportó ningún equipo a la concesión“.

 

De acuerdo con la SCT, la compañía nunca compró equipos, ni por los trenes y explicó que la decisión de fondo fue que “decidieron recuperar el servicio para brindarlo con calidad”, ya que al estar involucrados varios estados (Chiapas, Veracruz, Tabasco, Oaxaca), el servicio del tren operaba con “bastantes restricciones de calidad”, además de que otro motivo que observaron fue que “la compañía que operaba la ruta no tenía capacidad técnica, operativa, ni financiera y por eso se rescató”.

 

Manifestó que el rescate se integra al programa del Gobierno de República de rescate de las vías férreas, de dos mil 500 millones de pesos.

 

La declaración de la SCT contrasta con la versión de la Compañía de Ferrocarriles Chiapas Mayab (CFCM), cuyo representante legal, Paulo Díez alegaba, alega que los trenes y talleres eran propiedad de esa empresa.

 

El otro litigio

 

Este jueves, el Despacho Jurídico Moreno Cruz dio a conocer que su cliente, Guadalupe Gallego Ochoa, accionista dueña de 50% de la empresa Viabilis Holding, propietaria de la Compañía de Ferrocarriles Chiapas-Mayab, solicitó a las autoridades federales derecho de audiencia para evitar que su socio Pedro Topete Vargas continúe despojándola de su patrimonio.

 

De acuerdo a un comunicado del despacho en relación a la declaratoria de la SCT en la que deja sin efectos la concesión ferroviaria, Gallego Ochoa fue excluida por su socio Topete Vargas de cualquier información que le permitiera participar en la defensa de sus intereses y los acusó de intentar acciones fraudulentas para anular o apoderarse de sus acciones y de los derechos que ello representa.