Desde hace tres décadas, el salario mínimo de los trabajadores formales de México ha perdido gran parte de su poder adquisitivo, resulta el más bajo de Latinoamérica y se encuentra por debajo del umbral de pobreza extrema, advirtió Alicia Bárcena, secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica Para América Latina y el Caribe (Cepal).

 

“Los trabajadores formales, que reciben un salario mínimo, están por debajo del umbral de la pobreza y aquellos que reciben dos salarios mínimos tienen una remuneración mínimamente superior al umbral de pobreza extrema (no alcanza para cubrir las necesidades básicas de una persona)”, manifestó a través de una videoconferencia desde Santiago de Chile.

 

“En México la pérdida del poder adquisitivo real del salario mínimo es de casi 70% y su posterior estancamiento ha sido un proceso acumulativo desde 1980”, señaló.

 

La economista participó, mediante una videoconferencia, en la inauguración del Foro Internacional: Salarios Mínimos, Empleo, Desigualdad y Crecimiento Económico, que se realiza en el Museo Nacional de Antropología e Historia en la Ciudad de México, evento organizado por el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, y el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), José Narro Robles.

 

“México cuenta con uno de los salarios mínimos más bajos de América Latina”, manifestó ante líderes sindicales, empresarios y funcionarios del gobierno capitalino y federal.

 

“Ello contrasta fuertemente con la experiencia de otros países, por ejemplo Costa Rica el salario mínimo triplica el ingreso equivalente al umbral de la pobreza”, recordó.

 

 

Impacto en la estructura

 

 

“De la misma manera el salario mínimo impacta en la estructura de estratificación social del país. En México, según datos disponibles, casi 14% de los ocupados reciben un sueldo inferior al salario mínimo”, subrayó la representante del organismo internacional.

 

Añadió que dos de cada 10 ocupados perciben una remuneración cuando mucho de dos salarios mínimos.

 

El pasado lunes, Gerardo Gutiérrez Candiani, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), rechazó cualquier alza del salario mínimo por decreto, ya que provoca una crisis económica, así como pone en riesgo las fuentes de trabajo formales y es regresivo para los sectores vulnerables de México.

 

“El salario mínimo en el mercado, que pagan las empresas formales, está muy por encima del salario mínimo legal, con un promedio de cotización en el IMSS de tres veces el salario mínimo general”, dijo el líder empresarial.

 

“Hay que discutir y debatir un alza del salario mínimo, porque una estrategia de recuperación se debe concebir como una dimensión de mediano y largo plazo, de manera que el proceso sea sostenible, moderado y significativo”, apuntó Alicia Bárcena.

 

Dijo que es necesario ver si es posible diseñar una política de salarios mínimos que marquen una tendencia y detone un proceso gradual, firme y sostenido.

 

“Eso se debe hacer sin descuidar las variables macroeconómicas, por ello celebro que se inicie este foro y discusión tan relevante para México y para América Latina”, afirmó la secretaria Ejecutiva de la Cepal.

 

Efectos reales

 

Por su parte, Rafael Avante Juárez, subsecretario del Trabajo y Previsión Social (STPS), convocó a que el análisis del salario mínimo se realice al margen de ideologías y posturas políticas.

 

“Este asunto es de factores de la producción, de variables económicas concretas y de efectos positivos y reales en la economía de los ciudadanos y de todos los mexicanos”, sostuvo el funcionario.

 

“Se trata de llegar a conclusiones y, juntos, encontrar la mejor forma de propiciar un beneficio real y concreto en los bolsillos de las familias mexicanas y no simplemente generar expectativas que mañana terminen repercutiendo en prejuicio de eso que pretendíamos tutelar”, advirtió el representante de Alfonso Navarrete Prida, titular de la STPS.

 

Expresó que el salario mínimo es un tema de suma importancia, dentro de los muchos retos que se tienen en el ámbito laboral, tales como: generar empleos formales y de calidad; la salvaguarda de los derechos de los trabajadores; contar con centros laborales sanos y seguros, así como la urgencia de impulsar la productividad para que ésta, a su vez, genere mayor riqueza en beneficio de todos.

 

“No es permisible que nadie quiera capitalizar electoralmente un tema tan importante para los mexicanos ni hacer del ingreso de los mexicanos una bandera política”, dijo Avante Juárez.

 

“No es un asunto de partidos políticos, es un asunto de factores de la producción, no es un asunto de popularidad ni de encuestas electorales, es un asunto de variables económicas concretas y de efectos positivos reales en la economía de los ciudadanos y de todos los mexicanos”, concluyó.