La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó un posible quebranto de 112.3 millones de pesos en el Centro Nacional para la Prevención y Control del VHI (Censida).
Según una revisión a la Cuenta Pública 2015, las irregularidades fueron halladas en la compra de insumos para la prevención de esa enfermedad de transmisión sexual, así como en la transferencia de recursos a organizaciones civiles.
En el caso de la compra de jeringas, condones y pruebas rápidas, éstas fueron distribuidas a las entidades, “sin que se acreditara que dichos insumos se distribuyeron a la población objetivo”.
La Auditoría descubrió un posible daño al erario por 105.6 millones de pesos en el órgano desconcentrado de la Secretaría de Salud por la compra de materiales para la prevención del SIDA.
La fiscalización confirmó que al menos 862 mil jeringas, 600 mil pruebas rápidas y 241 mil condones, “fueron entregados por el proveedor en los almacenes de la Secretaría de Salud Estatal de las 32 entidades federativas”. Sin embargo, se considera un posible desfalco a las arcas públicas porque el Censida “no estableció mecanismos de seguimiento y supervisión que le permitieran constatar la aplicación y destino de los insumos en forma exclusiva para las acciones de prevención y detección del VIH y otras enfermedades de transmisión sexual”.
La ASF resaltó que la “omisión originó que las entidades federativas no informaran ni demostraran el uso, aplicación y destino” de miles de condones, jeringas y pruebas rápidas, con valor por 105.6 millones de pesos.
Y detectan aportaciones dudosas
Adicionalmente, se descubrieron anomalías por 2.9 millones de pesos que el Centro Nacional para la Prevención y Control del VHI transfirió a organizaciones civiles para 76 proyectos encaminados a la prevención del padecimiento, de los cuales, “no se acreditó la documentación justificativa y comprobatoria correspondiente, que cumpla con los requisitos fiscales, o en su caso, reintegración a la Tesorería de la Federación”.
También por transferencias de recursos a las ONG detectaron un presunto desvío de 3.7 millones de pesos, porque “no proporcionaron los recursos contables, pólizas de cheque o transferencias bancarias que acrediten las operaciones realizadas para implementar los programas de prevención”.
Otra organización civil utilizó 52 mil pesos del Programa de Prevención del VIH para pagar honorarios de un “capturista”, lo que a decir de la Auditoría representa un gasto fuera de los objetivos.
¿Qué sigue?
El órgano fiscalizador emitió tres promociones de responsabilidades para que se investigue a funcionarios y se emitan las sanciones correspondientes.
Asimismo, consideró que el Censida incumplió con la estrategia de prevención del VIH ni con la correcta aplicación de los recursos.
El Centro Nacional para la Prevención y Control del VHI, dependiente de la Secretaría de Salud, declinó emitir, al cierre de esta edición, una postura sobre las observaciones a la Cuenta Pública 2015.