El primer visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) de Sonora, Aldo René Saracco Morales, señaló que la única instancia que en realidad cometió irregularidades en el caso de Gisela Peraza Villa fue la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), que intervino de manera “indebida” al investigar el caso de la ex empleada doméstica del gobernador de Sonora, Guillermo Padrés Elías.

 

Entrevistado sobre el tema, se mostró molesto por lo que él considera es una “campaña de desprestigio” y acusaciones en contra del organismo por la forma en la que ha manejado el caso de Peraza Villa y mencionó que lo “irregular” fue que la CNDH haya intervenido a petición de los legisladores priistas, quienes no eran parte del problema.

 

“La CNDH intervino por la petición de un grupo parlamentario, por ley no tiene la legitimación para hacerlo y aun así se llevó a cabo bajo presiones políticas. Es importante ver el expediente y no hacer presunciones nada más porque se trata de un mandatario y tratarle de sacar jugo. La investigación está llena de irregularidades que se llevaron a cabo por presiones políticas. Nos quieren exhibir como que nosotros no actuamos”.

 

Señaló que el caso se politizó después de que legisladores del Partido Revolucionario Institucional (PRI) tomaron conocimiento del mismo y solicitaron la intervención de la CNDH cuando la instancia local todavía no había terminado su evaluación ni su investigación del mismo. La CNDH intervino hasta septiembre, cuando Gisela llevaba ya más de cinco meses en la cárcel.

 

“Ha sido muy injusta la opinión pública en tratar de culparnos de que nosotros desamparamos o entorpecimos la investigación, lo cual en realidad no fue así. Los diputados federales del PRI presentaron a la CNDH  un señalamiento para tacharnos de inactividad. Esta es una acusación directa sin que nadie se haya tomado la delicadeza de verificar cómo estaba la investigación. Estas investigaciones llevan sus tiempos”, mencionó.

 

En el caso de Gisela Peraza, la CEDH Sonora ha sido objeto de fuertes críticas después de concluir que no contaba con elementos suficientes para determinar que la exempleada doméstica de Guillermo Padrés había sido torturada o detenida de manera arbitraria tras ser acusada por sus antiguos jefes, de robarles una maleta llena de dinero y joyas.

 

Según consta en la recomendación que emitió al gobierno de Sonora, la CNDH tuvo que intervenir porque el organismo local había dejado de investigar.