A un año de los hechos ocurridos en la colonia Narvarte el 31 julio de 2015, en donde murieron Nadia Vera, Alejandra Avilés, Yessenia Quiroz Alfaro, Mile Virginia y del fotoperiodista Rubén Espinosa, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) continúa documentando las presuntas violaciones de derechos humanos que se han detectado durante el proceso de investigación y difusión del caso.

 

A través de un boletín, la CDHDF afirmó que ha estado atenta desde que tuvo conocimiento de los hechos, lo cual derivó en el inicio de una investigación de oficio, en la que identificó los perfiles de las víctimas directas de tan lamentables hechos.

 

Señaló que entre las acciones realizadas en la integración del expediente destacan las siguientes:

 

La Comisión indicó que se solicitó a la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJC-DMX) que se implementaran las medidas precautorias adecuadas y suficientes para garantizar la debida diligencia, así como el agotamiento de todas las líneas de investigación relacionadas con las actividades y perfiles específicos de cada una de las víctimas, evitando en todo momento la revictimización de los familiares de las víctimas. Sobre todo la línea de libertad de expresión.

 

“Adicional a lo anterior, se requirió a dicha autoridad para que las investigaciones fueran realizadas incorporando la perspectiva de género y de conformidad con lo establecido en los siguientes instrumentos: el Protocolo de Investigación Ministerial, Policial y Pericial del Delito de Feminicidio, el Protocolo de Investigación para la Atención de Delitos cometidos en Agravio de las y los Periodistas en el Ejercicio de esta actividad, y los Lineamientos respecto a la investigación e integración de averiguaciones previas donde se encuentren involucradas personas defensoras de derechos humanos como víctimas de delitos.”

 

También se solicitó la adopción de medidas para salvaguardar los derechos de las víctimas e indagar sobre las filtraciones a la prensa en donde se proporcionaron datos personales de las víctimas y fotografías tomadas en el lugar de los hechos en las que se observaban los cuerpos sin vida de las víctimas, tal y como fueron encontrados durante el levantamiento de los mismos. Para ello, se reafirma la exigencia de mantener el sigilo y reserva de las investigaciones y la integración del proceso.

 

En coordinación con la coadyuvancia de la familia de una de las víctimas, se aportaron elementos al Mecanismo Federal de Protección a Periodistas, para que con mayor amplitud de datos, tuviera la posibilidad de valorar las solicitudes de dichas personas. Se ha mantenido contacto continuo con las organizaciones que llevan el caso, así como con las víctimas indirectas.

 

La CDHDF continúa en la exigencia de lo que el crimen no quede impune y expresa su indignación y rechazo a que se presenten casos como el que se investiga en una sociedad que se precia de ser democrática y con el objetivo de erradicar en cualquier ámbito la violencia contra las mujeres, así como las agresiones de que son objeto periodistas, y la descalificación que sufren defensores de derechos humanos.

 

Por ello, esta Comisión está atenta a vigilar que los derechos de la víctimas indirectas y sus representantes sean respetados y, por supuesto, que el actuar de la autoridad sea garantizando que en estricto respecto a la dignidad de las personas, se esclarezcan los hechos y se dé con los probables responsables de los mismos, siempre en observancia de los estándares internacionales más altos en materia de derechos humanos. |dec