Después de haber librado un retén del Ejército en Tenosique, Tabasco, Javier fue alcanzado por una banda de delincuentes quienes luego de robarle lo poco que llevaba consigo lo mataron a balazos. Su cuerpo fue localizado ayer entre en la maleza de la frontera sur entre Guatemala y México.

 

Como el caso de Javier, hondureño de 34 años, que intentaba cruzar la frontera para llegar a Estados Unidos, cada día se registran miles de abusos, agresiones y asesinatos en contra de la población migrante en la frontera sur, donde hace más de seis meses el gobierno federal puso en marcha una estrategia en dicha región.

 

“El Programa Frontera Sur está destinado a perseguir, detener y deportar al mayor número de migrantes posible, porque no se están abriendo otras puertas para solucionar la situación en la que se encuentra la población migrante, por ejemplo, en materia de prevención. Durante 2014, México registró el mayor número de deportaciones incluso más que en Estados Unidos”, acusó Rubén Figueroa, vocero del Movimiento Migrante Mesoamericano.

 

En entrevista con 24 HORAS el defensor de Derechos Humanos acusó que las autoridades de la Coordinación para la Atención Integral de la Migración en la Frontera Sur, encabezada por el ex senador Humberto Domingo Mayans, no ha tenido ningún acercamiento a fondo para abordar la violencia en contra de los migrantes, quienes están vulnerables ante abusos tanto de criminales como de las autoridades.

 

Hay cacería pero no prevención

 

“Aumentó el número de retenes (puntos de revisión) y de operativos. Definitivamente la percepción de la autoridad sobre el migrante es de detenerlos, cazarlos, y esto hace que el número de agresiones, de extorsiones, aumenten, y obvio el de las violaciones a sus derechos”, advirtió el activista.

 

El pasado 7 de julio, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong dio a conocer la puesta en marcha del Programa Frontera Sur, el cual tiene el objetivo de fortalecer las políticas públicas en materia del flujo migratorio y defensa de los derechos de ese sector. Pero a la fecha, ninguna de las autoridades involucradas en el proyecto ha brindado información al respecto.

 

En el marco del arranque de dicho programa, el Fondo de la ONU para la Infancia (UNICEF) en Guatemala, Honduras, El Salvador y México anunciaron un trabajo conjunto en favor de la seguridad de la población migrante infantil que cruzaban la frontera sin el acompañamiento de un adulto. Sobre dicho fenómeno, el padre y activista, Alejandro Solalinde, denunció que la violencia en contra de mujeres, niñas y niños centroamericanos se incrementó en el último semestre de 2014.

 

Indicó que a fin de contribuir en una solución a dicho problema se realizará una reunión del consejo de defensoras y defensores de personas migrantes y refugiados en la frontera sur, y cuyos resultados se darían a conocer en febrero próximo.

 

“Lamentamos profundamente que el Estado mexicano siga, por una parte, con un discurso de defensa de los derechos humanos y, por otra, en la práctica permita la violación a esos mismos derechos y la comisión de delitos por parte del Instituto Nacional de Migración, de la Policía Federal y en el caso de Tabasco, de la Policía Estatal”, acusó la organización civil Voces Centroamericanas a través de un comunicado respecto al alza de abusos en enero de este año.