24 HORAS publicó en enero que la demanda promovida por el ex mandatario quedó en suspenso, luego de que el juez Cuarto de Distrito de Amparo, Francisco Javier Sarabia Ascenso, no quiso incluir a la Unidad de Delitos contra la Salud de la SEIDO como responsable del cateo y aseguramiento de la residencia de Yarrington en Matamoros, Tamaulipas.

Lo anterior era una solicitud del ex gobernador, luego de que documentos enviados al juez evidenciaron que agentes federales sí intervinieron y aseguraron la residencia, en el marco de una indagatoria por delincuencia organizada. Según el abogado de Yarrington, Diego Arévalo, esto se hizo antes de pedir la orden judicial.

Esta semana el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Penal resolvió que es procedente ampliar la demanda de amparo no solamente contra el Juzgado Segundo Especializado en Cateos, Intervenciones y Arraigos, sino también contra la misma SEIDO, como lo pidió el ex mandatario.

“Se levanta la suspensión decretada en virtud de que el tribunal de alzada, determinó que es procedente la ampliación de demanda en el presente juicio de garantías por lo que respecta la autoridad señalada como agente del ministerio público de la federación, adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra la Salud, encargado de la averiguación previa PGR/SEIDO/UEIDCS/012/2009″, indica la determinación del juez de amparo.

Yarrington fue favorecido, además, por la nueva Ley de Amparo, que indica que un procedimiento de este tipo debe llevarse hasta su cierre y determinación.

El amparo interpuesto por el ex mandatario priísta es en contra del cateo y aseguramiento de su residencia familiar ubicada en número 7 de la calle de Nápoles, Fraccionamiento Río, en Matamoros; de sus cuentas bancarias, y de otras propiedades.

Nueva audiencia

Con la reactivación de este proceso de amparo, radicado en el expediente 692/2012, el juez Sarabia Ascenso  pidió nuevamente la documentación sobre el cateo a la PGR, pero esta vez al Ministerio Público de la mencionada unidad de la SEIDO.

La fecha para la audiencia constitucional en la que ambas partes presenten sus pruebas, fue fijada para las 9 de la mañana del próximo 20 de mayo.

En caso de que el ex mandatario ganara el amparo, indicaron fuentes judiciales, la Procuraduría estaría obligada a devolver dichas propiedades y cuentas, las cuales no podrían ser consideradas como pruebas en un eventual proceso penal.

Yarrington es investigado por la PGR desde el año 2009, luego de que testigos protegidos lo señalaron a el y a otros políticos y empresarios de Tamaulipas como responsables de facilitar operaciones del Cartel del Golfo y Los Zetas, y de lavar las ganancias de la distribución d drogas.

El año pasado se obtuvo una orden de aprehensión en contra de ex gobernador del PRI, y se dijo que existía una ficha roja de Interpol.

Este diario publicó que la PGR revisa ahora la posibilidad de cancelar la orden de captura, aunque el expediente continuaría abierto.

Al resolver la queja 01/2013, el tribunal de alzada revocó la determinación del Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal de negar a Yarrington, quien se encuentra prófugo, ampliar su demanda contra ese Ministerio Público.

El 2 de enero pasado, en el juicio de amparo indirecto número 692/2012-5, el Juzgado Cuarto determinó que “en cuanto a la solicitud de tener como autoridad responsable al agente del Ministerio Público de la federación, adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Salud, dígase que no hay lugar”.

En consecuencia la defensa interpuso la queja que quedó radicada en el tribunal de alzada y fue admitida el 18 de enero pasado; sin embargo, el Ministerio Público federal adscrito al tribunal pidió en el escrito 18/2013 declarar infundado ese recurso.

En su negativa a la ampliación de la demanda respecto del Ministerio Público, el juez argumentó que la defensa de Yarrington ya había señalado que no era su deseo optar por esa ampliación, “de ahí que no sea procedente que este juzgador de amparo revoque sus propias determinaciones, cuando la voluntad del quejoso ya fue plasmada en un diverso escrito”.

Dicho acuerdo fue tomado de conformidad por el juzgado el 3 de septiembre de 2012, ordenando que se siguiera con la tramitación del juicio de garantías con las diversas autoridades que señaló como responsables.

Sin embargo, el tribunal colegiado dijo que “es fundado el agravio relativo a que el juez de amparo sí está facultado para modificar una resolución previa, cuando se está ante un supuesto distinto”, como en el caso donde se indicó que la defensa no tenía conocimiento de la autoridad responsable que ordenó el cateo a Yarrington Ruvalcaba y su esposa.

La Procuraduría General de la República (PGR) tiene en curso un análisis de las pruebas asentadas en el expediente de la averiguación previa contra el ex mandatario, para definir si solicita la cancelación de la orden judicial que se giró el año pasado por delincuencia organizada y lavado de dinero.

Lo anterior, porque la columna vertebral de las acusaciones en contra de Yarrington se sostiene en los dichos de los testigos protegidos Jennifer, Pitufo y Ángeles, cuya manipulación y falsificación fueron evidenciados en varios procesos, como la Operación Limpieza o El Michoacanazo.

Se trata, refirieron autoridades federales, de un recurso estipulado en el artículo 200 del Código Federal de Procedimientos Penales, el cual indica que es facultad del procurador el solicitar al juez la cancelación de la orden.

“Si por datos posteriores el Ministerio Público estimare que ya no es procedente una orden de aprehensión, o que debe reclasificarse la conducta o hecho por los cuales se hubiese ejercitado la acción, y la orden no se hubiera ejecutado aún, pedirá su cancelación o hará la reclasificación, en su caso, con acuerdo del Procurador o del funcionario que corresponda, por delegación de aquél”, indica la normativa.

El mismo artículo precisa que  la cancelación de la orden de aprehensión  no impide que se continúe integrando o enriqueciendo la averiguación previa para que en su momento, de considerarse así, se solicite una nueva orden de captura.

En diciembre pasado, la defensa de Yarrington, a través del abogado Diego Arévalo, presentó una denuncia de hechos en contra de los funcionarios que resulten responsables  por la utilización indebida de testigos protegidos en contra de su cliente, pues sostuvo que se trataba de dichos sin fundamento.

“Tenemos el caso, por ejemplo, de un testigo que se utiliza indistintamente (Jennifer) en el asunto que nos ocupa, el del licenciado Yarrington, también está involucrado en el asunto de los generales y en otros asuntos (…) resulta increíble que una persona tenga manejo y conocimiento de tantos hechos”, apuntó el litigante.

La semana pasada, el juez que absolvió a Mandujano y dio vista al procurador para que, en el mismo sentido, se indague a funcionarios que habrían falseado o fabricado pruebas.

El jueves,  procurador Jesús Murillo Karam confirmó que estaba en curso la averiguación previa por este tema, y señaló que se indaga a funcionarios y al mismo testigo colaborador Jennifer, quien en realidad es Ricardo López Nájera, un ex narcotraficante bajo las órdenes de los Beltrán Leyva.

Indagatoria opaca

La averiguación previa PGR/ SIEDO/ UEIDCS/12/2009 en contra de Yarrington, y otros ex gobernadores de Tamaulipas, por lavado de dinero en favor de los Beltrán Leyva se inició en 2009, pero fue casi tres años después cuando se “filtró” a medios que la indagatoria estaba en desarrollo.

También, de forma extraoficial se supo que existía una orden de aprehensión en contra de Yarrington y una supuesta ficha roja de Interpol, aunque en la página de dicho organismo nunca han aparecido los datos del ex mandatario.

Con los señalamientos de los testigos protegidos y de la esposa de uno de los empresarios señalados, que aceptó también colaborar para evitar sanciones, la PGR construyó una red de vínculos entre ex mandatarios y empresarios que supuestamente se dedicaba a lavar dinero del Cártel del Golfo.

En Estados Unidos se aseguraron dos propiedades ligadas al ex mandatario en Texas, pero solo se procedió penalmente en contra de Fernando Cano, un empresario tamaulipeco que encabezaba la supuesta red de lavado.

En marzo de este año, la PGR confirmó que no se procedería en contra de los ex gobernadores Eugenio Hernández y Manuel Cavazos Lerma, pues no había elementos suficientes para ello en la indagatoria.

Caso Gadafi: más pruebas ilegales

Intercepción ilegal de llamadas y correos electrónicos, así como declaraciones sin un abogado presente fueron las irregularidades que dejaron en libertad a dos de los cuatro acusados del supuesto plan para ingresar al país, ilegalmente, a Saadi Gadafi, hijo del dictador Muammar Gadafi, confirmaron a 24 HORAS autoridades judiciales.

El viernes, medios canadienses dieron a conocer que la ciudadana de ese país, Cynthia Ann Vanier, y su supuesta cómplice, Gabriela Dávila Huerta, recobraron su libertad luego de que el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del DF les otorgó un amparo contra la formal prisión, dictada en febrero de 2012.

Los magistrados, explicaron las autoridades consultadas, concluyeron que la entonces Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), encabezada por Cuitláhuac Salinas, llevó a cabo -entre noviembre y diciembre de 2011- intervenciones sin orden de un juez y tomó declaraciones iniciales a los implicados sin la asistencia legal que marca la Constitución.

Por ello, se decidió otorgar a las detenidas un amparo liso y llano, que anuló el auto de formal prisión, y decretó el auto de libertad.

De acuerdo con las investigaciones de la PGR, Vanier era la cabeza de una organización delictiva que pretendía introducir de forma ilegal a México a Saadi Gadafi y su familia. El 11 de noviembre de 2011 fue detenida en la Ciudad de México, junto con Dávila Huerta, el sueco Pierre Christian Flensborg, y el mexicano José Luis Kennedy Prieto.

El 27 de enero de 2012, luego de casi 80 días de arraigo, los detenidos fueron consignados. Salinas aseguró que jueces habían autorizado las intervenciones de correos y llamadas, lo que fue desestimado por los magistrados.

El abogado Enrique Ostos, quien llevó la defensa de Christian Flensborg, confirmó que este último también ganó el mismo amparo, y se esperaba que saliera en breve del penal del Altiplano.

El abogado defensor Marco Tulio Ruiz, señala una posible filtración de información con carácter confidencial que se encontraba en una averiguación previa.

“Todos fuimos testigos en el proceso electoral pasado, en que en un diario de mayor circulación, a nivel nacional, fueron filtrados datos que tienen carácter confidencial, como fueron declaraciones de testigos protegidos, estados en que se encontraban”, subrayó en entrevista.

Tulio Ruiz, anotó que hasta ahora han presentado cuatro denuncias en contra Marisela Morales y de diversos servidores públicos de la Procuraduría General de la República; razón por la cual acudió a presentar la denuncia de juicio político; “esperemos que se substancie el procedimiento, y que culmine con la inhabilitación de la señora para volver a ocupar cargo alguno”.

Aunque el diferendo entre ambas instancias inició en noviembre pasado, ante las negativas o incumplimientos del agente del Ministerio Público para entregar los informes sobre las denuncias en contra del político priista -requeridos por el juez Francisco Javier Sarabia Ascencio, quien en más de tres ocasiones advirtió que el agente incurría en desacato- no fue sino hasta el pasado viernes 11 cuando la PGR interpuso la queja en defensa del fiscal.

El recurso de queja se le turnó al Octavo Tribunal Colegiado en materia penal del Primer Circuito, el cual el pasado 14 de enero pidió el requerimiento del informe de la queja y el viernes 18 publicó en su lista de acuerdos que “suspende el juicio de garantías” solicitado por el ex mandatario de Tamaulipas, hasta que se resuelva lo relativo a la queja.

Dentro de las peticiones hechas por el juez al agente del Ministerio Público destaca el informe de los motivos jurídicos que sustentan un cateo a una propiedad de Tomás Yarrington. El MPF lo entregó con documentos testados.

El juicio de amparo promovido por el ex gobernador de Tamaulipas, 692/2012, es en contra de la alerta migratoria que se le dictó en junio del año pasado por parte de las autoridades federales, así como para evitar que se le aseguren sus bienes inmuebles y sus cuentas bancarias.

El amparo en mención lo promovió desde junio del año pasado y hasta ahora la audiencia constitucional no ha podido ser desahogada, debido a los retrasos provocados por los informes testados.

Actualmente, el motivo por el cual está suspendido el amparo es resultado de los señalamientos hechos por el juez hacía el agente del Ministerio Público de la PGR.

Yarrington está acusado de delitos contra la salud y lavado dinero, en favor de Los Zetas.

En más de seis meses, la defensa del político priista ha ganado tiempo, ante la ausencia de pruebas en contra del ex gobernador, porque la anterior gestión de PGR enviaba testados los documentos entregados al juez cuarto de Distrito de amparo en materia penal del Distrito Federal, o bien, los había enviado incompletos.

El juicio de amparo 692/2012 fue presentado por la defensa del ex mandatario de esa entidad del noreste del país el 25 de junio del año pasado, y el juzgado lo admitió el 28 del mismo mes.

Los abogados del ex gobernador de Tamaulipas, señalado por las entonces autoridades de la PGR de tener vínculos con Los Zetas, haberles brindado protección y lavarles dinero, promovieron el amparo en contra de la alerta migratoria dictada por las autoridades federales, así como para impedir un cateo en sus propiedades y en contra del aseguramiento de sus cuentas bancarias.

La audiencia para desahogar el juicio se había fijado para el 10 de agosto de 2012, pero a cinco meses de esa fecha, suman cinco los diferimientos de la misma.

Además, el juez Francisco Javier Sarabia Ascencio no ha determinado si lo ampara o no, como resultado de la actuación del Ministerio Público Federal, quien durante el final del sexenio del ex presidente Felipe Calderón, envió al menos cuatro veces los datos para sustentar las acusaciones en documentos ilegibles e incompletos.

Esto, de acuerdo con lo establecido en la ley, es desacato porque el juez se los demandó en más de una ocasión y volvía a enviarlos de la misma forma.

La actuación del agente del Ministerio Público le ha valido hasta ahora a la PGR que la defensa del político priista interponga cuatro demandas en contra de la actuación del fiscal.

Mientras, los tiempos corren sin que la PGR pueda actuar en contra del ex mandatario tamaulipeco, a quien se le giró una orden de aprehensión en su contra a mediados de octubre del año pasado y sigue libre.

La dependencia que hizo público los señalamientos de presuntos vínculos con el narcotráfico, el 22 de mayo del año pasado, tendrá que esperar con la nueva administración, para saber si la audiencia del próximo 29 del presente mes, a las 9:30 de la mañana, no vuelve a ser diferida, para conocer si el juez Sarabia Ascencio otorga el amparo o no a Yarrington, con base en las pruebas completas que aportó el Ministerio Público, pero ya en el presente sexenio.

Se trata de la cuarta queja que presenta el ex gobernador en las últimas semanas y en las que acusa a la ex procuradora Marisela Morales y a funcionarios de la Subprocuraduría Especializad de Investigación en Delincuencia Organizada (SEIDO), de haber realizado las diligencias sin que un juez federal diera la orden correspondiente.

“En la denuncia estamos incluyendo la orden de del acuerdo que se dicta por parte del Juez Segundo de Cateos, en donde no se autoriza la práctica de esta diligencia en el domicilio particular; se trata de la cuarta denuncia y las otras tres anteriores ya las ratificamos y están en integración”, indicó Diego Arévalo Pérez.

El litigante explicó que el domicilio al que hacen referencia en la denuncia está ubicado en la exclusiva zona del Fraccionamiento Río, ubicado en el número 7 de la calle de Nápoles, en Matamoros, Tamaulipas.

Yarrington acusó directamente al fiscal de la SEIDO, David Juárez, perteneciente a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra la Salud, de haber ordenado el referido cateo sin la orden judicial.

Se trata de la residencia que la PGR incluyó el 12 de octubre pasado en un edicto judicial, y en la que le pide al ex gobernador acreditar su propiedad legal o, de lo contrario, causará abandono en favor del Estado. En el mismo edicto se incluyen todos los objetos y bienes inventariados dentro del inmueble.

“Nosotros ya presentamos esa reclamación y pese a que estamos acreditando que el inmueble no tiene ninguna relación con los hechos que se investigan, que fue adquirido años antes de que incluso él fuera gobernador del estado de Tamaulipas, pues, el Ministerio Público desecha la petición del reclamo y levantamiento del aseguramiento”, acusó el abogado.

Arévalo Pérez adelantó además que formalizarán en los próximos días una quinta denuncia en contra de la utilización que hizo el Ministerio Público de testigos protegidos para acusar a Yarrington y a una amplia red de empresarios tamaulipecos, de presuntamente lavar dinero proveniente del narcotráfico.

Lo mantienen oculto

Cuestionado una vez más sobre la ubicación de Tomás Yarrington, en contra de quien se giró una orden de aprehensión desde el año pasado por delitos contra la salud, el abogado reiteró que se encuentra en México pero no reaparecerá hasta que se le logré revertir la orden girada en su contra.

El defensor del ex gobernador hizo énfasis en que hasta el momento solo han logrado tener acceso a una parte de la averiguación previa gracias al amparo que tienen interpuesto en el Juzgado Cuarto en la materia, por lo que desconocen que otras pruebas tiene la PGR además de los señalamientos de testigos protegidos.

El defensor Diego Hernán Arévalo Pérez acudió a la sede del Ministerio Público Federal para denunciar a personal que labora en la Subprocuraduría Especializada de Investigación en Delincuencia Organizada (SEIDO) por haber realizado una diligencia en una casa que se localiza en Matamoros, Tamaulipas, a pesar de existir un impedimento judicial.

La defensa de Yarrington señaló que “el aseguramiento demuestra la utilización de la justicia en México con fines electorales”, además adelantó que la próxima semana presentará una quinta denuncia en contra de las declaraciones de los testigos protegidos porque asegura “mienten”.

Arévalo Pérez dijo que están en espera de que se otorgue el amparo en contra de la orden de aprehensión contra su Tomás Yarrington y que cuando suceda él se presentará públicamente.

El recurso de amparo está promovido en contra de la alerta migratoria girada por el gobierno federal, para evitar que se aseguren sus bienes y sus cuentas.

Por ello, ayer, el juzgado cuarto de distrito de amparo en materia penal le dio un plazo al Ministerio Público federal para que entregue dichos documentos en un plazo de 24 horas.

El acuerdo del juzgado establece que la PGR no mencionó nada acerca de la alerta migratoria en contra del político, para impedir su salida del país, ni sobre los registros de entrada y salida del país, que se emitieron el 13 y 15 de enero de este año.

Tampoco sobre la solicitud de cateo formulada al juez segundo penal federal, especializado en cateos, arraigos e intervención de comunicaciones, del inmueble identificado como casa número 7 de la calle de Nápoles, fraccionamiento Río, en Matamoros, Tamaulipas.

Ante ello, el juez Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal le pidió al ministerio público solicitar a la PGR que sin excusa ni pretexto aclare su informe justificado en relación a dichos actos.

De no hacerlo, advierte, se le impondrá una multa de 100 días de salario mínimo.

La audiencia del juicio de amparo de Yarrington está programada para el 4 de enero.

Sin dar una fecha precisa, Joel Androphy, abogado de Yarrington en EU, confirmó que el ex mandatario abandonó territorio estadunidense tras ser notificado que su visa fue revocada, lo que ocurrió antes de que se difundiera en México que existía una orden de aprehensión y una ficha roja de Interpol por presuntos nexos con el Cártel del Golfo.

Previo a su salida de Estados Unidos, el ex gobernador se presentó ante una Corte Federal en Texas, donde fue notificado del aseguramiento de propiedades en San Antonio y en Isla del Padre, valuadas en siete millones de dólares, las cuales estaban a nombre de terceras personas pero que presuntamente eran suyas.

“El gobierno (de EU) le canceló la visa luego de que se supo el tema de las propiedades; él estuvo ahí, respondió a los señalamientos, pero luego lo dejaron ir”, sostuvo el litigante.

Androphy consideró que se trató de una medida “arbitraria y sin fundamento” del gobierno de Estados Unidos, aunque dijo que también comprueba que en contra de Yarrington no existe ninguna acusación de tipo criminal.

Los hechos que han señalado testigos “protegidos” y que no ha sido posible comprobar con ninguna evidencia sólida, agregó el litigante, hacen referencia al periodo en que Yarrington fue gobernador, lo que ocurrió hace más de cinco años y por lo tanto, son cargos prescritos, según la legislación estadunidense.

“Si el gobierno de Estados Unidos tuviera una investigación criminal en contra del ex gobernador Yarrington, lo hubieran arrestado, no le habrían pedido que se fuera del país”, sostuvo el defensor.

De acuerdo con el abogado, Yarrington tiene propiedades en Texas y en Florida, las cuales pueden acreditarse con la documentación necesaria.

Indicó que el departamento en Isla del Padre, Texas, confiscado de forma definitiva la semana pasada, no es de Yarrington sino del empresario Napoleón Rodríguez. “Esa propiedad no es nuestra, si así lo fuera hubiéramos peleado por su devolución, pero no es”, insistió el abogado.

Sostuvo que tienen un equipo de abogados en temas de inmigración trabajando en el tema de la visa que fue retirada, aunque hasta el momento, los Estados Unidos no han oficializado los motivos de esta medida.

Según su equipo legal, Yarrington se encuentra en México, pero no aparecerá públicamente por la orden de aprehensión que existe en su contra, la cual se combate actualmente con un juicio de amparo, que se encuentra en desarrollo en el Juzgado Cuarto Especializado en la Materia del Distrito Federal.

 Acusan allanamiento y robos

La defensa de Yarrington acusó a la Procuraduría General de la República (PGR) de haber cometido diversas anomalías y delitos en el proceso en contra del ex gobernador tamaulipeco e indicó que todas serán denunciadas, para lo cual recaba pruebas.

El abogado Marco Tulio Ruíz denunció que la PGR realizó un allanamiento en las propiedades del ex gobernador en Matamoros y el Distrito federal, ya que los cateos se practicaron sin la orden del juez especializado en la materia.

Señaló, además, un supuesto “robo agravado”, pues en el inventario de bienes no se incluyó el guardarropa de la familia, ni una colección de vinos y puros.

Insistió en que la defensa no ha tenido acceso a la averiguación previa ni a la orden de aprehensión, y recordó que la PGR entregó documentos ilegibles al juzgado donde promovieron el amparo contra los cateos.

FICHA

Ex gobernador de Tamaulipas (2000-2005)

Status: prófugo

Cargo: Delitos contra la Salud

Buscado: Desde julio 2012

Defensa: 6 abogados en México y EU

 DEFENSA DEL EX GOBERNADOR

* 4 denuncias en PGR contra cateos, testigos, y filtraciones

* 2 amparos contra cateos y orden de aprehensión

* 1 solicitud de devolución de bienes en SEIDO

En una conferencia de prensa , el equipo legal de Yarrington tanto en México como en Estados Unidos, resumió que el caso tuvo una motivación “política”, y que se dio en un contexto electoral en el cual se quiso perjudicar a la campaña del ahora presidente Enrique Peña Nieto.

El abogado Marco Tulio Ruiz Cruz, insistió en que el caso de la PGR esta sostenido en los dichos de “testigos protegidos” que no tienen sustento, y que fuera de ellos no se ha mostrado ninguna otra prueba, aunque aclaró que tampoco han tenido acceso al expediente.

Dijo que la relación del ex gobernador con otros empresarios que han sido señalados en las redes de lavado de dinero como Fernando Cano y Napoleón Rodríguez es de amistad, y cuando el estuvo al frente del gobierno de Tamaulipas participaron en varios proyectos pero negó que existan irregularidades.

“En especial el señor Fernando Cano es un empresario del ramo de la construcción que tiene muchos negocios pero no solo con Tamaulipas sino también con el gobierno federal y de otros estados, incluso participó en la construcción de los segundos pisos del Distrito Federal; no hay nada fuera de lugar en eso”, sostuvo.

Ruiz Cruz afirmó que Yarrington está enfrentando las acusaciones que se le han imputado con los recursos legales con los que cuenta, entre ellos un amparo en contra de la orden de aprehensión que se le giró por delitos contra la salud.

Aclaró que en estos momentos el ex mandatario no puede reaparecer ante la opinión pública pues exista una orden con la que se le pretende privar de la libertad, pero apuntó que lo hará cuando logren ganar el amparo interpuesto.

El litigante también insistió en que llevó a cabo el Ministerio Público en propiedades de Yarrington en la Ciudad de México y en Matamoros fueron ilegales pues no existía orden judicial, e incluso indicó que podría haberse registrado un saqueo, pues no se inventariaron objetos que estaban e las propiedades, como una colección de vinos.

En tanto el abogado de Yarrington en Estados Unidos abogado Joel Androphy, señaló que la propiedad en Texas que confiscó el gobierno de ese país no es propiedad del ex gobernador sino del empresario Napoleón Rodríguez, y no existe documento alguno que lo relacione con ese inmueble.

“En los Estados Unidos no existe ninguna acusación de tipo penal en contra de Tomás Yarrington, y cualquier delito que se pudiera haber cometido prescribe a loa cinco años por lo que ya no es posible que exista una indagatoria sobre hechos que hayan ocurrido antes del 2007”, sentenció.

El lunes pasado, la juez federal de Distrito, Nelva González Ramos, resolvió que el condominio de lujo, adquirido por el empresario Napoleón Rodríguez, por 640 mil dólares, es en realidad de Yarrington y se pagó con recursos del Cártel del Golfo, por lo que su propiedad queda en manos del gobierno de Estados Unidos.

Este proceso, que se llevó bajo la causa 12-CV-167, es de carácter civil y de momento, no acarrea responsabilidades penales para el ex mandatario.

Y aquí busca amparo

Por otra parte, el ex mandatario promovió un juicio de amparo en contra de la orden de aprehensión que un juez giró en su contra en julio, por su probable vínculo con el crimen organizado y, en específico, con la organización delictiva del Cártel del Golfo.

La demanda quedó radicada en el Juzgado Cuatro de Distrito de Amparo del Distrito Federal, y en los próximos días los abogados del ex mandatario deberán presentar sus elementos de prueba con el objetivo de buscar la suspensión definitiva de la orden.

Fue el juez primero de Distrito Penal, con sede en Puente Grande, Jalisco, el que otorgó la orden de aprehensión en contra de Yarrington, a petición de la PGR, por su presunta responsabilidad en delitos contra la salud en su modalidad de fomento.

De acuerdo con las investigaciones de la SEIDO, Yarrington conformó junto con otros empresarios del estado, una amplia red de prestanombres a través de los cuales se lavaron ganancias provenientes del narcotráfico.

El inmueble, ubicado en Bridgepoint Condominiums, en la Isla San Padre, Texas, es objeto de disputa con el gobierno federal estadunidense desde febrero pasado pues, de acuerdo con la acusación, Yarrington dio dinero ilegal a una tercera persona para su adquisición.

Según la fiscalía estadunidense, Yarrington habría utilizado al empresario Napoleón Rodríguez, de Matamoros, Tamaulipas, para la adquisición de las propiedades.

Se trata del desenlace de una de dos demandas civiles para incautar propiedades del ex gobernador del estado mexicano de Tamaulipas, por cargos de utilizar prestanombres para adquirir propiedades con dinero ilícito.

La demanda quedó radicada en el Juzgado Cuatro de Distrito de Amparo del Distrito Federal, y en los próximos días los abogados del ex mandatario deberán presentar sus elementos de prueba con el objetivo de buscar la suspensión definitiva de la orden.

Fue el juez primero de Distrito Penal con sede en Puente Grande, Jalisco, el que otorgó la orden de aprehensión en contra de Yarrington a petición de la Procuraduría General de la República (PGR), por la presunta responsabilidad del ex gobernador en delitos contra la salud en su modalidad de fomento.

De acuerdo con las investigaciones de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), Yarrington conformó junto con otros empresarios del estado, una amplia red de prestanombres a través de los cuales se lavaron ganancias provenientes del narcotráfico.

El abogado Diego Arévalo, defensor de Yarrington, señaló esta mañana en entrevista que el ex mandatario “se encuentra tranquilo” y confiado de que los delitos que se le imputan no tienen fundamento, pues se sustentan en dichos de “testigos protegidos” que no es posible comprobar.

La semana pasada, el equipo legal de Yarrington presentó una primera denuncia en la Procuraduría General de la República (PGR), por los cateos presuntamente ilegales que se perpetraron en propiedades del ex mandatario en Matamoros y la Ciudad de México.

En un comunicado, el abogado Diego Arévalo dijo que se quebrantó el sigilo de la averiguación PGR/SIEDO/UEIDCS/012/2009 iniciada por delitos contra la salud, pues se filtró información sobre supuestos señalamientos de personas que involucraban a Yarrington con el Cártel del Golfo, y en específico con operaciones de lavado de dinero.

“Al permitir el acceso a ella (la averiguación) a diversos medios de difusión, atentando con ello en contra de la administración de justicia y motivando que Tomás Yarrington fuera objeto de escrutinio y juzgamiento público en perjuicio de su garantía de presunción de inocencia contemplada en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, indicó la defensa.

Los abogados recordaron que los datos de una averiguación previa están reservados para el indiciado y su defensor, el ofendido o su representante, de acuerdo a lo estipulado en los artículos 16 del Código Federal de Procedimientos Penales y 13 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada

Los abogados indicaron que la denuncia se presentará mañana en el edificio central de la Procuraduría en el Distrito Federal.

El abogado Diego Hernán Arévalo Pérez fue el encargado de abrir ayer la ofensiva legal que pretende llevar a cabo el ex mandatario, sobre el cual se encuentra vigente una orden de aprehensión por presuntos delitos contra la salud, al haber facilitado la operación del cartel del Golfo en el estado.

“Está en México y pronto podrá platicar con todos ustedes”, fue la respuesta del abogado, al ser cuestionado sobre el sitio en el que se encuentra Yarrington y sobre el momento en que dará una respuesta en su propia voz a las acusaciones que se han hecho en su contra.

Por lo pronto, el litigante se presentó en las oficinas centrales de la Procuraduría General de la República (PGR), en Paseo de la Reforma, para oficializar la denuncia que presentó en contra de Morales Ibáñez y contra otros funcionarios que resulten responsables, por los cateos que se realizaron a sus oficinas en el DF y en su residencia en Tamaulipas.

“Estamos denunciando la práctica de cateos ilegales contra la prohibición expresa de jueces de distrito especializados en la materia, los cuales, no obsequiaron las órdenes que pidió el Ministerio Público”, dijo en entrevista Arévalo Pérez.

Los cateos a los que se hace referencia en la denuncia fueron los practicados en las oficinas de la empresa OSAKA TYR, propiedad de Yarrington, ubicadas en Mariano Escobedo 388, de la colonia Anzures, en el Distrito Federal, así como en su residencia, en la calle Nápoles del Fraccionamiento Río, en Matamoros Tamaulipas.

Las diligencias fueron realizadas por la PGR como parte de la integración de la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDCS/012/2009 iniciada en contra de los ex mandatarios y un grupo de más de 25 empresarios, quienes formaban, según la indagatoria, una red de prestanombres que lavaba recursos del narcotráfico en México y Estados Unidos.

En la denuncia, los abogados de Yarrington acusaron además a la PGR de haber filtrado información a un periódico nacional de la averiguación previa, lo que violó la secrecía de la indagatoria.

Reclama bienes

Luego de presentar la denuncia, el abogado se trasladó al edificio de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), donde entregó documentos que acreditan la posesión de varios bienes asegurados a Yarrington, con el objetivo de que les sean devueltos.

El 12 de octubre, a través de un edicto judicial, la PGR había solicitado al priista y a varias personas mas relacionadas con una investigación de lavado de dinero y delincuencia organizada, que se presentarán a reclamar y comprobar sus bienes en un plazo de 90 días o en caso contrario, causarían abandono

Documentos ilegibles de PGR

El ex gobernador de Tamaulipas solicitó un amparo en contra de las alertas migratorias emitidas por el anterior gobierno federal para vigilar sus entradas y salidas en el país. También pidió que no se le tocaran sus cuentas, ni sus bienes, el pasado 25 de junio del presente año, y el 28 de ese mismo mes ingreso el recurso con el número 692/2012.

La fecha de la audiencia constitucional para determinar otorgarle o no el amparo, la fijó el juez Cuarto de Distrito de amparo en materia penal del Distrito Federal, Francisco Sarabia Ascencio, para el 10 de agosto pasado, y a casi cuatro meses de ello, la misma se ha tenido que diferir porque el ministerio público ha entregado en al menos cuatro ocasiones, los documentos ilegibles e incompletos.

Hasta ahora, pese a los llamados del juez de que el ministerio público incurre en desacato y puede hacerse acreedor a que lo sancionen, su actitud de entregar los documentos testados, ha sido constante.

BIENES RECLAMADOS

*Residencia en Matamoros, Tamps

*Departamento Bosques de Chapultepec

*cuatro cuentas bancarias

*Múltiples joyas, aparatos y muebles

A través de sus abogados, el ex gobernador de Tamaulipas Tomás Yarrington, quien cuenta con una orden de aprehensión por delitos contra la salud, pidió formalmente a la Procuraduría General de la república (PGR) que les sea devuelta su propiedad en Matamoros y todo lo que se aseguró ahí dentro luego de un cateo ministerial.

El abogado del ex mandatario, Diego Arévalo, entregó esta mañana a la Subprocuraduría Especializada de Investigación Organizada (SEIDO), documentos que presuntamente acreditan la posesión legal de todos esos bienes.

El 12 de octubre, a través de un edicto judicial, la PGR había solicitado a Yarrington y a varias personas mas relacionadas con una investigación de lavado de dinero y delincuencia organizada, que se presentarán a reclamar y comprobar sus bienes en un plazo de 90 días o en caso contrario, causarían abandono.

Luego de entregar esos documentos, el abogado de Yarrington se trasladó a la sede central de la PGR, donde entregó la denuncia que se anunció ayer en contra de Marisela Morales y de los funcionarios de la SEIDO que resulten responsables, por los cateos que se realizaron a la vivienda del ex gobernador en Matamoros y a sus oficinas en la zona de Polanco, Distrito Federal.

“Esos cateos son ilegales, las órdenes nunca fueron entregadas por los jueces, existen los amparos donde esto se comprueba y por eso presentamos la denuncia”, indicó el litigante.

De acuerdo con Arévalo, Yarrington continúa en el país pero no saldrá a la luz pública hasta que obtengan un amparo definitivo que revoque la orden de aprehensión que se giró en su contra a finales de agosto.

El abogado Diego Arévalo, abogado del ex gobernador será quien presente la denuncia en las oficinas centrales de la Procuraduría General de la República (PGR) en la Ciudad de México.

Los cateos a los que se hará referencia en la denuncia, fueron realizados por la PGR en los últimos 18 meses a propiedades de Yarrington en Tamaulipas y el Distrito Federal, en el marco de una investigación federal iniciada en la SEIDO, por el presunto vínculo del tamaulipeco y de diversos empresarios prestanombres con el Cartel del Golfo y Los Zetas.

Dichos cateos, y las declaraciones de testigos colaboradores, entre otras diligencias asentadas en la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDCS/012/2009, le permitieron a la PGR obtener a finales de agosto una orden de aprehensión en contra de Yarrington por delitos contra la salud. La Interpol giró una ficha roja para su localización.

Entre las propiedades directamente vinculadas con Yarrington que fueron cateadas y luego aseguradas, se encuentra su residencia en Matamoros, Tamaulipas, y un departamento en la colonia Lomas de Chapultepec, en el DF.

El pasado 12 de octubre fue publicado ene l Diario Oficial de la Federación un edicto en el que la PGR dio un plazo de 90 días al ex gobernador y a varias personas más, para que acrediten ante el Ministerio Público la posesión legal de las propiedades y bienes, o de lo contrario, se aplicará la figura del abandono y pasarán a manos del Estado.

A decir del litigante, el diferimiento de la audiencia, que estaba programada para hoy, demuestra que las pruebas contra el ex mandatario priista son endebles.

Añadió que otra señal de que la acusación contra Yarrington no tiene sustento, es que los testigos Napoleón Rodríguez, Eduardo Rodríguez Berlanga y Sonia de Pau, fueron arraigados por 80 días y posteriormente liberados al no haber acreditado sus dichos de los presunto vínculos del priista con la delincuencia organizada.

Cabe recordar que tanto en Estados Unidos a través de la DEA como en México por medio de la Procuraduría General de la República, se investigan los presuntos sobornos del Cártel de Golfo y una red de empresarios para lavar dinero, organizada por el ex gobernador de Tamaulipas.

Entre los personajes que están involucrados en este caso se encuentran José Quintanilla Puga, testigo protegido de las autoridades de México; otro es Óscar, ex policía municipal de Tamaulipas, quien dice haber entregado dinero a alcaldes de Matamoros y Reynosa; un tercero es Eduardo Rodríguez Berlanga así como Sonia Nereida de Pau García, ex esposa de uno de los empresarios que son investigados por lavar dinero y que ella misma señalara como prestanombres del ex gobernador; Fernando Cano Martínez, Antonio Peña Argüelles, a quien la DEA acusa por lavar dinero de Los Zetas, y proveía de recursos a Yarrington a cambio de protección.

En declaraciones de los involucrados, surgió el nombre de Cindy Chapa Escobedo, catedrática de la Universidad de Texas, conocida como la ex esposa o ex pareja de Yarrington con quien tuvo tres hijos, quien no enfrenta cargos pero a la que le fueron aseguradas propiedades a su nombre en Texas ya que la DEA presume que estas fueron compradas por el ex gobernador con dinero ilícito.

Con información de MVS Noticias

Hasta julio de este año, la Procuraduría General de la República (PGR), en coordinación con la Policía Federal, mantuvo un rastreo, aparentemente, “exitoso” de las actividades virtuales del ex gobernador en la web, gracias a un seguimiento realizado a diversos sitios, entre ellos su página oficial y sus perfiles en redes sociales.

Esto permitió que se obtuvieran “direcciones IP” generadas en computadoras o equipos con conexión a Internet en Estados Unidos, desde las cuales el ex mandatario habría realizado distintas actividades, con lo que se advertía que continuaba en ese país.

Sin embargo, autoridades federales señalaron que en los últimos tres meses se perdió el rastro virtual de Yarrington en la red, por lo que se presume que el también ex alcalde de Matamoros ha evitado de forma intencional conectarse a los sitios y direcciones que están siendo monitoreadas.

Una consulta hecha por 24 HORAS a sitios de Internet relacionados con el ex mandatario, permitió corroborar que la actividad ha sido nula desde hace varias semanas.

Por ejemplo, en su perfil personal de Facebook, la última entrada escrita por Yarrington data del 27 de julio, justo un mes antes de que un juez federal girara la orden de aprehensión en su contra por presuntos vínculos con el narcotráfico.

Con fecha del 17 de junio fue publicada en el perfil la última foto en la que aparece el ex gobernador. Se trata de una imagen familiar relacionada con el festejo del Día del Padre.

Entre esas dos fechas se encuentra un mensaje de un sujeto de nombre Carlos Alfonso Aguilar Trejo, quien se identificó como contador público de la familia Yarrington y de la empresa OSAKA CONSULTING. Esta persona escribió que las acusaciones en contra del ex gobernador son falsas y sostiene que se trata de un “linchamiento”.

En su cuenta de Twitter @TomasYarrington, la actividad ha sido aun más escasa, pues el último mensaje que escribió data del 23 de mayo, y en el mismo aseguró que no estaba detenido y que no enfrentaba cargos en los Estados Unidos.

En su página de Internet www.tomasyarrington.org solo se aprecian contribuciones externas y la última actualización del sitio data de marzo del 2011.

Última pista en EU

El último registro presencial de Tomás Yarrington se remonta al pasado 22 de mayo, cuando el ex gobernador de Tamaulipas tuvo que comparecer ante un tribunal en Houston, donde fue notificado del proceso civil por el cual se le incautaba un condominio en Isla del Padre, valuado en 450 mil dólares.

Según las fuentes consultadas, no hay registro de que el gobernador haya salido de territorio estadunidense. La dirección que dio para notificaciones legales es el número 3704 de la calle de Travis, en Houston, que es el domicilio de su abogado en ese país.

El domicilio oficial del ex gobernador en México es una residencia en el número 7 de la calle de Nápoles, en el exclusivo Fraccionamiento de Río, en Matamoros, Tamaulipas. Desde hace varios meses el ex gobernador no se encuentra en ese inmueble, el cual ya fue cateado por agentes federales.

La pista más fuerte de la PGR apunta a que el ex gobernador continuaría en los Estados Unidos, aunque hasta el momento no ha sido ubicado.

En agosto se informó que un juez federal en Jalisco giró la orden de aprehensión en contra Tomás Yarrington por delitos contra la salud en la modalidad de fomento para cometer esa actividad delictiva. Se indicó además que estaban activas las alertas migratorias y que Interpol ya lo buscaba en más de 150 países.

Sin embargo, hasta el día de hoy la llamada “ficha roja” no se ha hecho pública en el sitio de Internet de Interpol, por lo que personas en otros países ajenas a las autoridades están imposibilitadas para verificar su media filiación.

Los edictos, públicos desde el viernes pasado, dan un plazo de 90 días naturales a las personas que aparecen como propietarias, para que se presenten a la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) y respondan legalmente por sus bienes.

De lo contrario, se argumenta que estos causarán “abandono”, como lo marca el artículo 182 A del Código Federal de Procedimientos Penales y su propiedad y destino quedarán a cargo del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE).

Los edictos estuvieron dirigidos ente otras personas, a los ex gobernadores Tomás Yarrington y Eugenio Hernández, a lo empresarios Fernando Cano, Antonio Peláez Pier, Seyed Mohammad Fatemi Corcuera y a otras seis personas que presuntamente estaban involucrados e la red de lavado, y a los que se les aseguraron propiedades.

Entre lo asegurado directamente a Yarrington se encuentra su residencia en Matamoros, Tamaulipas, y un departamento en la colonia Bosques de Chapultepec de la Ciudad de México, con todos los objetos en su interior, y cuatro cuentas bancarias con cerca de medio millón de pesos.

Al ex gobernador Hernández le fueron asegurados un inmueble y un rancho en Tamaulipas, con todo lo que hay en su interior, incluyendo animales de granja y cuatro cuentas bancarias con cerca de dos millones y medio de pesos.

Otra propiedad que destaca es la llamada Isla el Frontón, ubicada en la zona de Ozuluama de Mascareñas, en Veracruz, y la cual se encuentra a nombre del empresario Antonio Peláez Pier, uno de los prestanombres de Yarrington.

Medios de Tamaulipas informaron el lunes, que a través de una carta dirigida a la opinión pública, el ex gobernador Hernández adelantó que demostrará la legítima propiedad de sus bienes, los cuales son el resultado de una trayectoria de más de 20 años como empresario de la construcción.

Lo que la PGR pretende asegurar definitivamente:

11 inmuebles

81 cuentas bancarias

Cientos de artículos distintos

Animales de granja y aves

Curiosidades de lo asegurado:

* 1 isla en Veracruz

*1 Rancho en Ciudad Victoria

*1 Departamento en Bosques de Chapultepec

*3 empresas y sus activos

*1 tractor John Deere

*1 lancha Bombardier

*29 trofeos de cabeza de venado (caza)

* 7 caballos

*86 vacas raza Brangus Rojo

*3 pavorreales

Hernández Flores respondió así a un edicto publicado por la PGR, mediante el cual se le emplaza a demostrar el origen lícito de tres propiedades, tres vehículos y cuentas bancarias por aproximadamente 2.4 millones de pesos.

En una carta a la opinión pública, el ex mandatario refirió que antes de ser gobernador de Tamaulipas, fue por más de 20 años empresario de la construcción y desarrollo inmobiliario.

“Y en base a mucho trabajo y dedicación, logré participar en proyectos importantes lo cual me permitió crecer y formar varias empresas”, aseveró.

Derivado de lo anterior y cumpliendo cabalmente con las obligaciones tributarias, logramos formar un legítimo patrimonio familiar”, señaló, y agregó que eso es del conocimiento de gran parte de la sociedad de Victoria y de Tamaulipas.

“Al asumir la gubernatura en el año 2005 hice entrega de mi declaración patrimonial, en la que doy cuenta puntualmente de todos y cada uno de mis bienes, así como la relación de las empresas en donde participaba desde entonces como accionista”, puntualizó.

Respecto a las propiedades que señala el edicto de la PGR precisa que las tres propiedades en cuestión fueron adquiridas en los años 1988, 1992 y 2002, respectivamente.

Sobre los vehículos asegurados, Hernández Flores sostiene que son propiedad de una de sus empresas, lo mismo que las cuentas bancarias decomisadas, las justifica que son parte del flujo de las mismas.

Entre las propiedades destaca la denominada “Isla Frontón” frente a las costas de Veracruz, y que presuntamente fue adquirido por Yarrington a través de un prestanombres identificado como Antonio Peláez Pier.

Otros bienes que se encuentran asegurados son un departamento en Polanco y una propiedad en Matamoros a nombre de Yarrington, así como cuatro cuentas bancarias. De los bienes de Hernández, destacan una casa y un rancho en inmediaciones de Ciudad Victoria, y cuatro cuentas bancarias con casi 2.5 millones de pesos.

También hay otras propiedades y cuentas bancarias de personas cercanas a los ex gobernadores, entre ellos el ex líder estatal del PRI en Tamaulipas, Ricardo Gamundi Rosas, así como el empresario Fernando Cano Martínez, este último señalado como el principal prestanombres de Yarrington.

Todas las propiedades y demás bienes fueron asegurados por la PGR, en el marco de las investigaciones por la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDCS/012/2009 abierta en contra de Yarrington, Hernández y compañía, por haber lavado recursos ilegales provenientes del narcotráfico, en favor de la organización delictiva Golfo/Zetas.

Si las personas requeridas no acreditan la legal posesión de los referidos bienes ante el Ministerio Público en el referido plazo, el edicto establece que se aplicará la figura del abandono y su propiedad pasará a manos del Estado.

Al menos en el caso de Yarrington se estima poco probable que se presente a reclamar lo que se le ha asegurado, pues actualmente es prófugo de la justicia, luego de que se giró una orden de aprehensión en su contra por delitos contra la salud.

En entrevista, tras encabezar la inauguración de un foro de drogas sintéticas, la procuradora sostuvo que hasta el momento no se ha logrado ubicar al mandatario, peor confió en que la colaboración con otros países y con la Interpol, se podrán obtener resultados positivos en breve.

De acuerdo con la acusación de la PGR, Yarrington recibió sobornos de parte de líderes de la organización delictiva del Cartel del Golfo, a cambio de lavar sus recursos de procedencia ilícita y facilitar el trasiego de drogas.

Sobre la averiguación en contra del otro ex gobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández, la titular de la PGR prefirió no dar detalles, pues sostuvo que se trata de una indagatoria en desarrollo, y en la que también están colaborando autoridades de los Estados Unidos.

La titular de la PGR, Marisela Morales Ibáñez, precisó lo anterior a senadores durante la sesión de análisis del VI Informe de Gobierno del presidente Felipe Calderón Hinojosa.

Durante la comparecencia, que duró aproximadamente cinco horas, Molares Ibáñez refirió que en el caso de Yarrington se intercambió información con Estados Unidos y hay elementos suficientes para solicitar y obtener una orden de aprehensión de un juez federal.

En ese sentido, las investigaciones continúan al igual que el intercambio de información, porque hay bienes asegurados en Estados Unidos y en México, explicó.

Sin embargo, destacó que en este caso “las investigaciones son muy complejas porque se requiere información del sistema financiero”, por lo que se giraron solicitudes de información a otros estados del país, con lo que se han obtenido muchos datos.

Señaló que debido al sigilo que existe en las investigaciones no se puede dar a conocer o revelar otra información, como la de si existen elementos para poder ejercitar acción penal contra otra persona.

En esta investigación, refirió, se ha actuado con responsabilidad y “de ninguna manera se trata de cuestiones políticas”, porque se tienen evidencias provenientes de Estados Unidos y también otras que se han obtenido en nuestro país.

Investigaciones de la Procuraduría General de la República (PGR), apoyadas en dos testigos colaboradores, señalan que El Coss, actualmente bajo arraigo, coordinó más de una decena de pagos en efectivo a “contactos” del mandatario por instrucciones de Osiel Cárdenas Guillén, en ese momento preso en el penal de máxima seguridad de La Palma (ahora Altiplano), en el Estado de México.

Autoridades de la dependencia indicaron a 24 HORAS que los testimonios, asentados en la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDCS/012/2009, corresponden a un ex integrante del grupo delictivo y a un ex servidor público de la entidad, quienes actualmente se encuentran bajo resguardo de autoridades federales en Estados Unidos.

Los señalamientos, tomados por separado a través de los agregados consulares de la PGR, coinciden en señalar que algunos de los pagos llegaron a alcanzar hasta los 500 mil dólares y que el contacto con los narcotraficantes era a través de personas cercanas a Jorge Max Castillo Treviño, procurador de justicia en el gobierno de Yarrington.

El padrino del Golfo

La colaboración entre el Cártel del Golfo y Tomás Yarrington, según las líneas de investigación ministerial, permitió a la organización delictiva fortalecer su operación en la entidad, ya que además de que se facilitó el trasiego de los estupefacientes hacia los Estados Unidos se lavaron las ganancias ilícitas a través de una red de empresarios y prestanombres.

Cárdenas Guillén fue el responsable directo de coordinar los sobornos dirigidos a los más altos niveles del gobierno estatal, hasta su captura en 2003 por elementos del Ejército Mexicano.

Una vez en prisión, el entonces jefe del Cártel del Golfo delegó el trabajo de operar los pagos a la gente de Yarrington a través de su lugarteniente Eduardo Costilla Sánchez, El Coss, y del jefe de Los Zetas (entonces brazo armado de la organización) Heriberto Lazcano Lazcano, El Lazca.

Sin embargo, los testigos señalaron que los contactos del gobernador preferían negociar con El Coss, quien se manejaba con un perfil más bajo y de forma menos violenta que el líder de Los Zetas.

Los sobornos siempre fueron pagados en dólares y en billetes de alta denominación.

Los favores recibidos

Fue gracias a esos sobornos que, por ejemplo, el entonces procurador Castillo Treviño, siguiendo instrucciones de Yarrington, abrió una investigación penal en contra del ex alcalde de Reynosa, Luis Higareda Adam, quien se vio obligado a renunciar al cargo y huyó a los Estados Unidos.

Los testigos señalan que, en realidad, Higareda había emprendido acciones para combatir el tráfico de narcóticos que chocaban con los intereses del Cártel del Golfo. Su relevo en la alcaldía fue Humberto Valdez Richaud, quien también es investigado por supuestos nexos con la delincuencia organizada.

Otra de las acciones que emprendió el gobierno del estado por instrucciones de El Coss fue la rotación de jefes policíacos estatales de la llamada Frontera Chica, para colocar a otros que ya estaban coludidos con la organización delictiva.

Incluso, los señalamientos refieren que algunos de los sobornos que se pagaron en 2005 estaban destinados a financiar la precampaña de Yarrington por la candidatura a la presidencia del PRI. La idea era que igual que ocurrió en el estado, una eventual presidencia del ex gobernador favorecería la expansión nacional del Cártel del Golfo.

La semana pasada, Costilla Sánchez, quien se desempeñaba como líder del cártel, fue detenido por la Marina en Tampico, Tamaulipas, y trasladado a la SIEDO, donde se negó a dar cualquier detalle de su actividad delictiva. El lunes de esta semana, un juez federal concedió una orden de arraigo en su contra por 40 días.

Durante el desarrollo de la medida cautelar, la PGR espera obtener nueva información que fortalezcan las distintas averiguaciones en las que está vinculado el El Coss, entre ellas la de los sobornos y complicidades con el gobierno de Tamaulipas.

Tomás Yarington cuenta actualmente con una orden de aprehensión vigente por delitos contra la salud y es buscado por la Interpol en más de 150 países.

]]> http://www.24-horas.mx/el-coss-pago-millonarios-sobornos-a-yarrington-pgr/feed/ 2 http://www.24-horas.mx/ilegibles-reenvia-pgr-documentos-de-caso-yarrington-juez-evalua-multa/ http://www.24-horas.mx/ilegibles-reenvia-pgr-documentos-de-caso-yarrington-juez-evalua-multa/#comments Fri, 14 Sep 2012 02:50:56 +0000 Nantzin http://www.24-horas.mx/?p=184820 Por segunda vez en una semana, la Procuraduría General de la República entregó ilegibles e incompletas las pruebas en contra del ex gobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington Ruvalcaba, por lo cual el  juez que analiza el amparo promovido por éste, advirtió que puede declarar en rebeldía al agente del ministerio público federal y aplicarle una multa.

Las viviendas, valuadas en su conjunto en 630 mil dólares, ubicadas en Kyle y Mc Allen, se presume fueron compradas con dinero proveniente del narcotráfico.

De acuerdo con lo publicado por el diario San Antonio Express News, ambas propiedades están a nombre de la profesora y del director asociado del Centro de Estudios de Medios de Mercados Latinos de la Escuela de Periodismo y Comunicación Masiva de la citada universidad texana.

Chapa Escobedo, de acuerdo con medios informativos de Tamaulipas, es pareja de Yarrington desde que este fue alcalde de Matamoros, hace 20 años, y no es investigada por las autoridades federales de Texas.

Una de las casas se localiza en el fraccionamiento exclusivo Plum Creek, en la ciudad de Kyle –ubicada al sur de Austin-. Está valuada en 272 mil 910 dólares. La otra, ubicada en McAllen, está tasada en 357 mil 444 dólares, lo cual da una suma total de 630 mil 354 dólares.

Sindy Chapa, de 37 años de edad, es parte de la planta académica de la citada Universidad y, de acuerdo con su curriculum, es doctora en Negocios Internacionales. El documento cita también que ganó diversas becas entre 2009 y 2010 para proyectos de marketing, publicidad y comunicación.

Ante los señalamientos de la Corte Federal de Texas de que ambas propiedades son parte del delito de lavado de dinero, por el cual se investiga en Estados Unidos a Yarrington Ruvalcaba, su abogado en ese país, Joel Androphy, aseguró que no se ha comprobado la relación entre el ex mandatario tamaulipeco y la catedrática, originaria de Matamoros.

La información sobre estas viviendas la habrían obtenido las autoridades federales de ese estado a través de las declaraciones hechas por los socios del ex gobernador de Tamaulipas: Zonia Nereyda de Pau y Eduardo Rodríguez Berlanga.

Dentro de la investigación por lavado que se le sigue en Estados Unidos, autoridades de Texas también han sostenido que a través de Fernando Cano Martínez, presunto prestanombres de Yarrington, el ex gobernador adquirió 18 hectáreas en una de las zonas más lujosas de San Antonio y 144 más en la zona metropolitana de esa ciudad.

Yarrington, prófugo

Hace tres semanas, un juez federal en materia penal de Jalisco dictó una orden de aprehensión en su contra por delitos contra la salud, en la modalidad de fomento, por lo que la Procuraduría General de la República (PGR) trata de cumplimentar esa orden judicial.

Incluso la titular de esa dependencia, Marisela Morales, declaró que ya le dieron aviso de esa orden de aprehensión a la Interpol, para que se le busque en 80 países del mundo.

Yarrington fue gobernador de Tamaulipas de 1997 al 2005 y está acusado de haber brindado protección al Cártel del Golfo.

El ex mandatario promovió un amparo el pasado 25 de junio del presente año, a fin de evitar que la PGR le incaute sus bienes y cuentas bancarias.

Por segunda ocasión, el juez Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal, Francisco Javier Sarabia Ascencio, solicitó al agente del Ministerio Público Federal los documentos legibles y completos que sustentan la acusación por delitos contra la salud en contra del político priista, acusado de presuntos vínculos con los Cárteles de Los Zetas y del Golfo.

Demandó que en un plazo de 48 horas la PGR entregue completa la documentación en que fundamenta los señalamientos en contra del ex mandatario.

Esta es la segunda ocasión en que el juez de amparo solicita a la dependencia, a través del agente del MPF, y que da por parcialmente cumplido el requerimiento que le hizo el 3 de septiembre pasado.

Establece que el contenido de las constancias no se aprecia con claridad, “en virtud de que las mismas se encuentran testadas y no es posible su estudio, además de que no remitió la totalidad de las constancias con las que se apoyaron para emitir el auto reclamado”.

En el amparo interpuesto por Yarrington pide que no se le congelen sus cuentas bancarias, por lo que el juez necesita conocer los fundamentos de la PGR, mediante los cuales demandó asegurarle sus cuentas de banco.

El titular del juzgado en mención establece que la PGR tiene 48 horas, a partir de que se le notificó, para remitir los documentos mediante los cuales la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), así como todas las constancias que tengan sobre la investigación en contra del ex mandatario tamaulipeco.

El juzgador advirtió a la PGR que de incumplir con la entrega de esos documentos, se le impondrá una multa de 100 días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal.

A su vez argumentó que es indispensable la entrega de esos documentos, para que el juez se pueda pronunciar sobre el fondo del amparo promovido por Yarrington.

También, recordó, es facultad del juzgado demandarle los documentos y que puede hacer uso de los medios de apremio y consignar a la autoridad omisa que incurra en desacato.

El recurso  interpuesto por el ex mandatario priista el 25 de junio pasado es el número 692/2012, en contra de la alerta emitida por el gobierno federal, con la cual se vigilan sus entradas y salidas del país, así como las que realice en el interior del mismo; para que no le cateen ni sus propiedades habitacionales, sus oficinas, ni se toquen sus cuentas bancarias, como resultado de la investigación que realiza en su contra la SIEDO de la PGR.

Autoridades de la dependencia federal revelaron a  24 HORAS que antes de diciembre se concluirá con la integración del pliego de consignación, el cual incluirá evidencia del lavado de dinero que los mandatarios cometieron o al menos facilitaron a favor del Cártel del Golfo, no solo a través de diversos negocios en Tamaulipas y Texas sino, incluso, con inversiones en Europa.

La clave del entramado es el empresario multimillonario Fernando Cano Martínez, buscado tanto en México como en Estados Unidos y quien en 2005 pagó al menos 200 mil euros a una firma especializada en Barcelona para buscar nichos de inversión a corto y mediano plazo en el viejo continente.

Según lo dicho por la esposa del empresario, hoy testigo colaborador de la Procuraduría, Cano incrementó notablemente su fortuna durante el periodo en que Yarringtón gobernó Tamaulipas, “sacó” de la pobreza a personas que no figuraban en los círculos empresariales y que ahora son sospechosos y siguió trabajando de la misma forma ya con Hernández Flores en el gobierno.

La línea de investigación que sigue la PGR en la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDCS/012/2009, abierta desde hace mas de dos años, apunta a que los ex gobernadores operaron para blanquear millones de dólares provenientes de la venta de drogas, lo que indirectamente provocó la consolidación del Cártel del Golfo y posteriormente de Los Zetas en el estado.

Red de complicidades

Más de 30 nombres de familiares, ex colaboradores y empresarios figuran en la red de vínculos que han construido las autoridades y quienes facilitaron en mayor o menor medida el lavado de dinero.

La indagatoria tomó fuerza a partir de mayo de este año, cuando en Estados Unidos se desclasificaron expedientes radicados en Cortes de Texas y en los que se incautaban propiedades adquiridas por Cano, con recursos económicos que presumiblemente provenían de Yarrington y de la delincuencia organizada.

Sonia de Pau, la ex esposa de Cano, le ha dado a la PGR una amplia narrativa de los negocios de su esposo, que incluye múltiples inversiones en México y Estados Unidos, en áreas como la construcción, los bienes raíces, medios de comunicación locales, entre otros, así como las personas con las cuales se asoció.

Pero el dato que ahora ocupa la atención de las autoridades es el pago de 200 mil euros que, de acuerdo con la testigo, realizó su esposo en2005 ala consultora española RCJE, con sede en Barcelona, para analizar oportunidades de inversión tanto en ese país como en otros del continente, presumiblemente Francia y Alemania.

La PGR indaga si durante la segunda mitad de la década pasada se materializaron y fructificaron esas inversiones, lo que daría una nueva dimensión al lavado de dinero patrocinado por Yarrington y Hernández.

Hernández huyó a Europa

La PGRtiene indicios de que el ex gobernador Eugenio Hernández Flores salió del país unos días antes del periodo vacacional de Semana Santa, a través de un vuelo desde el Aeropuerto Internacional de Cancún con destino a algún país de Europa.

Según fuentes ministeriales, durante sus últimas semanas en el país Hernández se refugió en Quintana Roo, donde se han identificado tres propiedades suyas que ya fueron cateadas: dos condominios en la exclusiva zona conocida como Puerto Cancún, así como un departamento en el complejo habitacional de lujo  Residencial Esmerald.

Su paradero actual, al igual que el de Yarrington Ruvalcaba, se desconoce.

Fuentes del gobierno federal detallaron a 24 HORAS que las autoridades hacendarías todavía hacen una revisión de movimientos y cuentas bancarias, declaraciones de impuestos y propiedades adquiridas por él, su familia y socios. También se prevé practicar una auditoría a las empresas en las que al parecer era socio.

Por su parte, la PGR continúa integrando el expediente por delitos vinculados al narcotráfico y corrupción, cometidos éstos siendo gobernador de Tamaulipas o en los cargos públicos que le antecedieron.

Sin que precisaran las razones porqué la PGR la semana pasada consignó ante un juez penal el expediente por el delito de fomento al narcotráfico, la fuente precisó que era el único terminado, pero se dejó un desglose abierto para integrar los delitos de lavado de dinero y, posiblemente, peculado, cohecho y de comprobarse hasta delitos contra la administración de justicia.

El funcionario comentó que no existe plazo para concluir las investigaciones y revisiones que llevan a cabo Hacienda y PGR.

Última aparición

Autoridades federales presumen que Yarrington Ruvalcaba está en los Estados Unidos, país al que se trasladó desde enero, luego de que se enteró que era investigado por autoridades mexicanas.

Aunque la PGR ha solicitado la ficha roja de Interpol para su búsqueda en más de 150 países, fuentes de la dependencia federal informaron a  24 HORAS que la pista mas sólida apunta a que continúa en territorio estadunidense.

El último registro oficial respecto a su ubicación se remonta al pasado 22 de mayo, cuando el ex gobernador de Tamaulipas se vio obligado a comparecer ante un tribunal en Houston, donde fue notificado del proceso civil mediante el cual se  le incautaba un condominio en Isla del Padre, valuado en 450 mil dólares.

Según esa acusación, asentada en el expediente 12-CV-167, la propiedad fue adquirida con dinero procedente del narcotráfico, a través del empresario Napoleón Rodríguez de la Garza, quien fungió como prestanombres.

Luego de esa comparecencia, las autoridades mexicanas no tienen registro de que el ex gobernador del PRI se haya desplazado a otro sitio. La dirección que dio para notificaciones legales es el número 3704 de la calle de Travis, en Houston.

El domicilio oficial de Yarrington en México es una residencia, en el número 7 de la calle de Nápoles, en el exclusivo Fraccionamiento de Río, en Matamoros, Tamaulipas. Agentes federales ya lo buscaron en ese sitio, pero el ex gobernador no se encuentra ahí desde hace varios meses.

Otra línea de investigación ministerial, aunque menos sólida, es que Yarrington se haya desplazado a Europa, posiblemente a España o Alemania, donde se presume que se encuentra otro ex gobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández, quien también está en la mira de las autoridades.

La acusación

La Procuradora MariselaMorales confirmó ayer que un juez federal en Jalisco concedió la orden de aprehensión en contra de Yarrington Ruvalcaba por delitos contra la salud en la modalidad de fomento para cometer estas conductas delictivas. Es un ilícito tipificado como grave que no alcanza fianza.

Traducido en hechos, el Ministerio Público dela SIEDOacusa a Yarrington de aprovechar su posición como servidor público y empresario para  dar facilidades logísticas y económicas a las operaciones de tráfico de drogas del Cártel del Golfo, así como a la capitalización de sus ganancias.

“Tenemos diversas pruebas, no solo testigos colaboradores, sino otro tipo de pruebas que fueron valoradas en su conjunto; es un asunto en donde tuvimos intercambio de información con diversas instituciones tanto en México como en el Extranjero, y es con todas esas pruebas que se tuvo elementos para proceder penalmente”, apuntó Morales.

La PGRcuenta con los señalamientos de al menos cuatro testigos protegidos asentados en la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDCS/012/2009, quienes afirman que Yarrington facilitó entre 1998 y el año 2005, las operaciones del Cartel del Golfo dirigido en aquel tiempo por Osiel Cárdenas Guillén.

Delito                         Contra la salud, en su modalidad de fomento

Descripción             Apoyar con recursos económicos o en especie o colaborar de

cualquier manera para la ejecución del delito

Tipificado                  Código Penal Federal, artículo 194, Fracción III

Penalidad                 De10 a25 años de prisión

Entrevistado sobre la orden de aprehensión que giró la PGR contra del ex mandatario de Tamaulipas, Gamboa Patrón planteó que si bien en el PRI, “como en todos los partidos, puede haber buenos o malos”, Yarrington “no representa al Partido Revolucionario Institucional (PRI)” pues la mayoría de sus militantes “son hombres buenos”.

Aclaró que el ex gobernador fue militante del PRI “pero ya no lo es” y que espera que se defienda de acuerdo con la ley, para lo cual “estaremos atentos”.

En tanto, el líder de los senadores perredistas, Miguel Barbosa, consideró que la orden de captura “fue dictada de manera tardía” y criticó que el asunto se haya dado a conocer primero en Estados Unidos.

Por su parte el coordinador de los senadores del PAN, Ernesto Cordero, dijo que esperará a que finalicen las investigaciones y las conclusiones de la misma para emitir un comentario al respecto, pues en estos momentos “no tengo una opinión”.

En entrevista la Procuradora confirmó que un juez federal ya giró la orden de aprehensión, aunque no es por el delito de lavado de dinero, sino por ilícitos contra la salud en la modalidad de fomento, es decir, que realizó acciones encaminadas a facilitar el tráfico de estupefacientenes de parte de la referida organización delictiva.

De esta forma Yarrington es ya considerado formalmente un prófugo de la justicia. Morales aclaró que por el momento su paradero es desconocido.

El delito que le atribuyen a Yarrington es calificado como grave, lo que le imposibilitaría obtener un amparo para impedir su aprehensión.

Al mismo tiempo, un proceso por este ilícito también cancelaría de antemano su derecho a salir en libertad provisional.

De acuerdo con fuentes policiales, desde marzo Yarrington abandonó el País, pero se desconoce su paradero.

Con información de Terra y Reforma

24 HORAS tuvo acceso a la información relacionada con la creación de la compañía Osaka TYR, cateada hace dos meses por agentes federales, y en la cual aparecen nueve socios, 10 apoderados legales, y un objeto social que abarca un espectro de actividades que van desde la agronomía, hasta las ciencias físico-matemáticas e incluso las artes visuales.

Los datos del Registro Público de la Propiedad y Comercio del Distrito Federal indican que  la compañía data del año 2006. Ese tipo de registro se usa para empresas que no tienen muy definida su actividad pero que por alguna razón, sus socios desean que ya quede inscrita y legalmente registrada, indicaron autoridades del gobierno capitalino.

Además del propio Yarrington, están el ex procurador Jorge Max Castillo Treviño, acusado de recibir sobornos de la delincuencia organizada y un hermano del ex alcalde de Matamoros, Mario Zolezzi, vinculado con el narcotráfico.

Mas allá de los “dichos” de testigos colaboradores, autoridades consultadas dicen que esta información confirma el vínculo de varias personas con una compañía bajo sospecha, así como la forma en que pudo haber operado el lavado de dinero que la Procuraduría General de la República (PGR) investiga.

Los socios de Yarrington

Siete integrantes de la familia Yarrington aparecen entre los socios de Osaka, encabezados por el ex gobernador. Todos ellos figuraban en el aviso migratorio solicitado por la PGR para que se le notificara en caso de que alguno saliera del país.

Se encuentran su esposa María Antonieta Morales Loo de Yarrington; sus hijos Tomás y María Yarrington; su hermano Marco Arturo Yarrington; y sus cuñados Gerardo y Rodrigo Morales Loo.

Los otros dos socios de la empresa son Genaro Quijano, quien laboró en el área de comunicación social del gobierno de Tamaulipas, y el priista José Monroy Zorrivas, ex colaborador y amigo de Yarrington, y quien fue señalado durante la década pasada como aspirante a la presidencia del PRI en el DF.

Entre los 10 apoderados legales de Osaka destaca el nombre de Jorge Max Castillo Treviño, quien además fungió como notario de la constitución de la compañía. Es el titular de la notaría 225 en Matamoros, y fue procurador durante la administración de Yarrington.

Además de estar incluido en el aviso migratorio, Castillo fue señalado por un testigo protegido como el responsable de designar a jefes policiales ministeriales que estaban coludidos con operadores del Cártel del Golfo. Entre junio y diciembre de 1999, recibió pagos de hasta 500 mil dólares mensuales de parte de esa organización delictiva.

Como procurador, Castillo inició un proceso penal en contra del ex alcalde de Reynosa Luis Higareda Adam, quien dejó el cargo y huyó a Estados Unidos, donde acusó una represalia por haber emprendido acciones al tráfico de narcóticos. Su sucesor fue Humberto Valdez Richaud, quien ahora es señalado también por nexos con el narcotráfico.

Antes, Castillo fue abogado defensor del hijo de Raúl Valladares del Ángel, lugarteniente de Juan García Ábrego, fundador del Cártel del Golfo.

En el resto de los apoderados figura un equipo de abogados y notarios conformado por Francisco Javier Zolezzi Lavín, Álvaro Javier Castillo Treviño, Javier Almanza Martínez y Ana Luisa Guerrero Ornela.

Junto con Humberto Zolezzi también figuran como apoderados de la empresa XEMCA del Golfo, dueña de la concesión de una estación de radio en Veracruz que forma parte del consorcio “Mi Radio”, propiedad de Tomás Yarrington.

Funcionarios mexicanos que participan en el gabinete de seguridad nacional revelaron que mandos de la Procuraduría General de la República (PGR) han sido informados sobre los encuentros entre autoridades estadunidenses con representantes del ex gobernador tamaulipeco.

Según fuentes consultadas, la PGR trabaja conjuntamente con el Departamento de Justicia de Estados Unidos  y con el procurador estadunidense Eric Holder, en la investigación de personas vinculadas a los cárteles del Golfo y los Zetas.

Asimismo, trabajan en la investigación de una red de 29 personas que presuntamente protegieron desde 1993 en territorio mexicano, pero principalmente en Tamaulipas, operaciones de organizaciones criminales dirigidas por Osiel Cárdenas Guillén y Heriberto Lazcano Lazcano.

El pasado 8 de junio, Tomás Yarrington negó durante una entrevista con Carmen Aristegui tener relación alguna con el crimen organizado, recibido sobornos o brindado protección a delincuentes; asimismo, rechazó haber realizado operaciones de lavado de dinero o tener negocios inmobiliarios en Texas.

Desde que fue presidente municipal de Matamoros, entre 1993 y 1995, Tomás Yarrington consolidó una gran amistad con el ex presidente de Estados Unidos George Bush, a grado tal que éste afirmó que el político mexicano era su compadre.

Yarrington Ruvalcaba fue huésped distinguido de George Bush en su rancho en Crawford, Texas, en varias ocasiones, y también en el Congreso de ese país cuando el texano tomó posesión como presidente el 21 de enero de 2001.

Funcionarios de la PGR señalaron que la dependencia ha trabajado el caso Tamaulipas considerando que en ocasiones “se gana más perdiendo” y por ello prefirió que quedaran en libertad los tres presuntos operadores financieros de los ex gobernadores Tomás Yarrington y Eugenio Hernández.

Así,  se logró que dos de ellos (Eduardo Rodríguez Berlanga y Zonia de Pau García) se acogieran al programa de testigos protegidos y podrán ser utilizados por los gobiernos de México y Estados Unidos en las investigaciones contra los cárteles del Golfo y Los Zetas.

(Con información de La Jornada)

Ayer, luego de que trascendió la noticia sobre la liberación de los empresarios Napoleón Rodríguez  de la Garza y Eduardo Rodríguez Berlanga alias La Conga, autoridades ministeriales insistieron en que la semana pasada ambos empresarios fueron consignados ante el juez por el delito de operación con recursos de procedencia ilícita.

Sin embargo, la PGR reconoció también que ambos acusados ya se encontraban en libertad bajo fianza y habían abandonado las instalaciones del Centro Federal de Readaptación Social de Puente Grande, Jalisco, el fin de semana.

Aunque no se proporcionaron mayores detalles, el que los dos empresarios hayan quedado en libertad caucional significa que el referido juzgado desechó la acusación por lavado de dinero que había hecho la Procuraduría, pues ese es un delito tipificado como grave que no permite el beneficio de la libertad bajo fianza.

Extraoficialmente se dijo que a Rodríguez de la Garza se le dictó la formal prisión por el delito de portación de arma de fuego, mientras que de Rodríguez Berlanga no se dieron datos oficiales.

Los acusados, ahora en libertad,  permanecieron casi 80 días bajo arraigo, periodo en el que la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) realizó interrogatorios, cateos y otras diligencias, para sustentar el presunto vínculo de los sospechosos con Yarrington y con las operaciones irregulares.

Con independencia de las consignaciones realizadas, la PGR mantiene en su programa de testigos colaboradores a Sonia de Pau García, esposa del empresario Fernando Cano, quien figura como el principal prestanombres de Yarrington y de su sucesor en el gobierno de Tamaulipas, Eugenio Hernández.

Autoridades ministeriales confirmaron que ambos empresarios fueron enviados al penal de Puente Grande en Jalisco luego de haber permanecido casi 80 días arraigados y bajo investigación por lavado de dinero, pero el juez solo los procesó por un delito no grave, por lo que podrán enfrentar el juicio en libertad.

Por otro lado, la Procuraduría General de la República (PGR) espera en breve presentar al Ministerio Público a mas empresarios tamaulipecos que estarían relacionados con al presunta red de lavado de dinero del Cartel del Golfo, en la que se ha involucrado a Yarrington.

Autoridades de la Procuraduría informaron a 24 HORAS  que el Ministerio Público Federal  cuenta ya con las órdenes de presentación en contra de Fernando Cano  Martínez, quien figura como el principal prestanombres del ex gobernador, así como de Adrián García Martínez, Sayed Mohamed Farough Fatemi Corcuera y Gabriel Maldonado Pumarejo.

Las declaraciones que ha rendido Sonia de Pau García, ex esposa de Cano y quien decidió apegarse al programa de testigos colaboradores, han permitido a las autoridades consolidar la red de vínculos en torno a los referidos empresarios con Yarrington  y con el también ex gobernador Eugenio Hernández Flores.

Por esta misma investigación, ya  fueron consignados los empresarios Napoleón Rodríguez  de la Garza y Eduardo Rodríguez Berlanga alias La Conga, acusados del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Cano  Martínez  es para las autoridades de México y Estados Unidos el  principal constructor de la amplia red de negocios e inversiones que permitieron a los ex mandatarios lavar millones de dólares que presuntamente tuvieron su origen en las actividades de narcotráfico del Cártel del Golfo.

De acuerdo con los expedientes de las demandas civiles iniciadas en tribunales de Texas, Cano es copropietario de un terreno en San Antonio y un condominio en la Isla del Padre, los cuales fueron incautados por autoridades estadunidense tras corroborarse que fueron adquiridos con recursos cuya procedencia es desconocida.

En Estados Unidos creó 17 empresas de bienes raíces con las cuales adquirió 33 lotes, en México es propietario de constructoras, desarrollos inmobiliarios y turísticos, medios de comunicación, una empresa de televisión por cable, parques industriales, aviones, así como más de tres mil 893 hectáreas, entre ranchos, terrenos rústicos y urbanos.

Fatemi Corcuera es señalado por Pau García como un amigo y socio cercano a Yarrington, y durante su periodo de gobierno en Tamaulipas fundó las inmobiliarias Cormon y Santa María Dolores, la cuales recibieron  una inyección de recursos por 60 millones de pesos redirigidos por Cano Martínez.

Hace unos meses, agentes federales implementaron un cateo en una residencia de tipo campestre propiedad de Corcuera, la cual se encuentra ubicada sobre la carretera Ciudad Vitoria-Monterrey, a solo tres kilómetros del rancho conocido como “El Chorro”, propiedad del ex gobernador Hernández Flores, y que también fue cateado.

Maldonado Pumarejo recibió de Cano múltiples recursos económicos  para diversos proyectos, entre los que destacan  11 millones de pesos en el 2006 para el desarrollo turístico de “La Pesca”, impulsado por el ex gobernador Hernández.

Respecto a García Martínez, la PGR lo considera como uno de los principales cómplices de Cano en las operaciones sospechosas.  Luego de estar arruinado hasta 2003, se asoció con el ex esposo de Sonia de Pau, y adquirió 17 empresas de bienes raíces para la compra de lotes. También se encargó de pagar los créditos otorgados por bancos estadunidenses.

Con las declaraciones de estas personas la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) pretende reunir la mayor cantidad de elementos posibles en el expediente de la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDCS/012/2009, antes de proceder contra los ex gobernadores.

Dicho expediente se abrió originalmente en  2009 con una declaración de un testigo colaborador con el nombre clave Ángeles, y a partir de la misma se han realizado múltiples diligencias ministeriales, entre ellas más de 40 cateos en distintos estados del país.

Pero la pieza clave al momento ha sido Pau García, quien con su demanda de divorcio y sus declaraciones posteriores, le ha permitido al Ministerio Público Federal armar el rompecabezas respecto a las redes de lavado de dinero que operaron en Tamaulipas en la década pasada.

El dirigente nacional priista recordó que Yarrington tiene suspendidos sus derechos como militantes, en tanto se emite una resolución judicial respecto a la acusación que tiene en su contra en una corte del estado de Texas, Estados Unidos.

Ayer, la Procuraduría General de la República (PGR) ejercitó acción penal en contra de los empresarios Napoleón Rodríguez de la Garza y Eduardo Rodríguez Berlanga alias “La Conga”, ambos ligados al ex gobernador de Tamaulipas Tomás Yarrington, y a quienes se les acusa de haber colaborado como prestanombres en operaciones de lavado de dinero del narcotráfico.

Autoridades de la dependencia informaron que la mujer, quien jurídicamente está en libertad bajo reservas de ley, decidió voluntariamente adherirse al referido programa, por lo que permanecerá en una ubicación no precisada bajo protección dela Policía FederalMinisterial.

Sobre Fernando Cano Martínez, identificado como el principal prestanombres de Yarrington, pesa una orden de arresto vigente en Estados Unidos. En las demandas civiles en Texas, Cano aparece como copropietario de un terreno en San Antonio y un condominio enla Isladel Padre, los cuales fueron incautados por autoridades estadunidense tras corroborarse que fueron adquiridos con recursos presuntamente provenientes del narcotráfico.

Fue la demanda de divorcio 848/2008 que interpuso hace cuatro años García, y en la que exigía 50% de las propiedades de su esposo, lo que permitió conocer el nivel del enriquecimiento que alcanzó Cano durante el periodo de gobierno de Yarrington, de 1999 al 2004.

Cano creó 17 empresas de bienes raíces en los Estados Unidos con las cuales adquirió al menos 33 lotes, entre ellas el terreno en San Antonio, además del condominio de Isla del Padre y otros en el condado de Camerón, Texas, según lo revelado en la demanda de divorcio.

En México, es propietario de constructoras, desarrollos inmobiliarios y turísticos, medios de comunicación, una empresa de televisión por cable, parques industriales, aviones, así como más de 3 mil893 hectáreas, entre ranchos, terrenos rústicos y urbanos, ubicados en Tamaulipas.

Sonia de Pau no solo dio detalles de los bienes sino también la relación de más de una decena de empresarios y ex servidores públicos de Tamaulipas, que en distintos momentos colaboraron con Cano o con Yarrington para la puesta en marcha de las empresas con cuales se realizaron distintas inversiones.

Consigna a dos empresarios

Por otro lado,la PGRejercitó acción penal en contra de los empresarios Napoleón Rodríguez  dela Garzay Eduardo Rodríguez Berlanga alias “La Conga”, ambos ligados al ex gobernador de Tamaulipas Tomás Yarrington, y a quienes se les acusa de haber colaborado como prestanombres en operaciones de lavado de dinero del narcotráfico

Autoridades de la dependencia federal PGR informaron que los dos empresarios, quienes permanecieron arraigados por casi 80 días, fueron enviados al Centro Federal de Readaptación Social de “Puente Grande”, Jalisco, donde quedaron a disposición del juez federal que otorgó la orden de aprehensión en su contra por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Se prevé que en las próximas horas o posiblemente mañana, los acusados sean notificados ante la rejilla de prácticas del delito que se les imputa, y la próxima semana se resolverá si se les dicta el auto de formal prisión.

La PGR precisó por que aun no hay una orden de aprehensión solicitada en contra del ex gobernador de Tamaulipas Tomás Yarrington, aunque sí se encuentra bajo investigación en el marco de la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDCS/012/2009 por operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Autoridades de la PGR informaron que los dos empresarios, quienes permanecieron arraigados por casi 80 días, fueron enviados al Centro Federal de Readaptación Social de “Puente Grande”, Jalisco, donde quedaron a disposición del juez federal que otorgó la orden de aprehensión en su contra por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Se prevé que en las próximas horas o posiblemente mañana, los acusados sean notificados ante la rejilla de prácticas del delito que se les imputa, y la próxima semana se resolverá si se les dicta el auto de formal prisión.

Rodríguez de la Garza, dueño de “Ferretera Industrial Rodríguez”, fue colaborador de Yarrington durante su periodo como gobernador. En Estados Unidos se descubrió que fungía como copropietario de un condominio en la isla del Padre, Texas, propiedad adquirida con presuntos recursos del narcotráfico.

En tanto, Rodríguez Berlanga alias “La Conga”, supuestamente operó recursos de procedencia ilícita a través de una constructora de nombre “Janambres”, también durante el gobierno de Yarrington y su sucesor Eugenio Hernández.

Sobre la situación Sonia de Pau García, esposa de otro prestanombres de Yarrington y quien también está arraigada, la PGR determinó no consignarla, sin embargo permanecerá en libertad bajo reserva de ley y apegada al programa de testigos colaboradores.

En su resolución radicada en el expediente 580/2012, el Juzgado 14 de Distrito en Materia de Amparo determinó sobreseer la demanda del empresario, al considerar que su queja en contra de la orden de arraigo que se le dictó en mayo, quedó sin efectos luego de que la medida cautelar fue ampliada en julio.

Por ello, el juez Albero Díaz Díaz, negó la protección de la justicia federal y se declaró además imposibilitado para evaluar los argumentos expuestos por el empresario tamaulipeco en contra de la investigación iniciada por la SIEDO, correspondiente a la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDCS/012/2009.

Con lo anterior, quedó allanado el camino para que la Procuraduría General de la República (PGR)  resuelva la situación del empresario.

Autoridades de la PGR indicaron a este diario que se procederá penalmente en su contra, y se espera que antes del jueves, cuando vence el periodo de arraigo, el juez correspondiente libre la orden de aprehensión por el delito de operación con recursos de procedencia ilícita.

Rodríguez de la Garza, dueño de Ferretera Industrial Rodríguez, fue colaborador de Yarrington durante su periodo como gobernador. En Estados Unidos se descubrió que fungía como copropietario de un condominio en la isla del Padre, Texas, propiedad adquirida con presuntos recursos del narcotráfico.

La PGR también solicitará la orden de aprehensión en contra de otro empresario arraigado, Eduardo Rodríguez Berlanga alias La Conga, y quien supuestamente operó recursos de procedencia ilícita a través de una constructora de nombre Janambres.

En el caso de Sonia de Pau García, esposa de otro prestanombres de Yarrington y quien también está arraigada, la PGR aún no define la determinación que tomará en el caso.

De acuerdo al diario Reforma, Gamundi tiene una orden de presentación y localización de la SIEDO con la que se pretende llevarlo a declarar ante el Ministerio Público.

Las cuentas bancarias de Gamundi fueron congeladas y una fotografía de él fue mostrada a un testigo protegido para identificarlo, según la indagatoria PGR/SIEDO/UEIDCS/012/2009.

Las indagatorias sobre Gamundi Rosas se suman a las hechas a los ex gobernadores Tomás Yarrington y Eugenio Hernández.

La PGR también interrogó a un empresario, hoy arraigado, sobre la participación de Gamundi en el financiamiento de la campaña a Gobernador de Eugenio Hernández.

“Ángeles”, testigo protegido de la SIEDO, dijo no conocer a qué se dedicaba actualmente el ex dirigente estatal del PRI, pero lo señala como alguien que “tuvo que ver con la descomposición en todos los ámbitos” de Tamaulipas, establece la investigación de la PGR.

Las listas electrónicas del Consejo de la Judicatura Federal indican que Gamundi promovió el amparo 989/2012 ante el Juzgado Segundo de Distrito en Tamaulipas contra el aseguramiento de sus cuentas, sin embargo, en dos instancias le han negado la suspensión del embargo.

Autoridades de la dependencia federal indicaron que el Ministerio Público Federal, en coordinación con otras instancias, ha recabado elementos de prueba que permiten presumir que los empresarios tamaulipecos se involucraron en negocios con recursos de procedencia ilícita.

Rodríguez de la Garza, dueño de Ferretera Industrial Rodríguez, fue colaborador de Yarrington durante su periodo como gobernador. En Estados Unidos se descubrió que fungía como copropietario de un condominio en la isla del Padre, Texas, propiedad presuntamente adquirida con dinero del narcotráfico.

Por su parte, La Conga es un ex servidor público y empresario dueño de la constructora Janambres, la cual habría sido utilizada para las operaciones de lavado de dinero en México y Estados Unidos.

La PGR remitirá la solicitud de aprehensión en contra de los referidos empresarios a un juez federal, quien resolverá si hay elementos suficientes para otorgarla. El arraigo de casi 80 días otorgado en contra de los empresarios vence la próxima semana.

En el caso de Sonia de Pau García, esposa de otro prestanombres de Yarrington y quien también está arraigada, la PGR aún no define la determinación que tomará en el caso.

Mientras con la CFE los contratos fueron para capacitar a personal en desarrollo de habilidades y liderazgo, el servicio prestado al Seguro Social por la misma empresa fue la instalación de sistemas de alarmas en su delegación de Tamaulipas.

La dirección de la referida compañía es de un edificio de departamentos del Distrito Federal, del que no se proporciona algún número interior, y donde se ubicaba otra empresa del ex gobernador con un nombre similar pero que resultó ser “fantasma”.

Desde hace casi tres años la Procuraduría General de la República (PGR) inició una investigación a Yarrington Ruvalcaba y un grupo de empresarios tamaulipecos, quienes presuntamente, a través de diversas empresas, habrían lavado recursos económicos provenientes del narcotráfico.

Luego de que en mayo el gobierno de los Estados Unidos aseguró en Texas propiedades de presuntos prestanombres del ex gobernador tamaulipeco, la PGR intensificó las diligencias ministeriales y cateos. Hasta el momento se han realizado casi 40 diligencias relacionadas con diversas personas y en varios estados.

Uno de los cateos se realizó el 4 de junio en las oficinas de una empresa llamada Osaka Consulting S.C., ubicadas en el departamento 102 del edificio de Mariano Escobedo número 388, colonia Anzures, en la delegación Miguel Hidalgo. Del departamento, que al parecer llevaba varios días desocupado, se aseguraron diversos documentos.

24 HORAS consultó los antecedentes de Osaka Consulting Sociedad Civil (S.C.) en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Distrito Federal, pero se confirmó que no existe ningún registro oficial de la misma. En su número de teléfono, 52 52 79 93, nadie responde desde junio.

De Osaka TYR Sociedad Civil, que comparte dirección con Osaka Consulting, las referencias son los contratos que le ha adjudicado el gobierno federal vía licitación. La primera empresa no tiene página de internet u otra referencia que permita verificar cuál es su oferta de servicios. Sus siglas TYR coinciden con las primeras letras del nombre y apellidos de Tomás Yarrington Ruvalcaba.

Autoridades de la PGR informaron a este diario que Osaka TYR S.C., es una de las empresas de Yarrington que se encuentran bajo investigación por las presuntas operaciones de lavado de dinero, en el marco de la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDCS/012/2009.

Contratos

800386794                 3 de octubre 2008                  208 mil 495 pesos

800407961                 20 de febrero 2009                 216 mil 747 pesos

800426011                 30 de junio 2009                    216 mil 747 pesos

800440165                 8 de octubre    2009                216 mil pesos

AC016-9                    23 de octubre 2009                177 mil 148 pesos

Entrevistada luego de la firma de un convenio de colaboración con la Universidad Iberoamericana, la funcionaria federal sostuvo que al igual que en el caso de los generales recientemente consignados, el caso del ex mandatario se está integrando de forma “cuidadosa” para contar con pruebas que justifiquen una acción penal.

“Del tema de Yarrington, en el momento procesal oportuno vamos a hacer del conocimiento la resolución que ya en breve vamos a tomar”, apuntó.

El próximo lunes se vence el arraigo de 80 días que la PGR obtuvo en contra del empresario y ex colaborador de Yarrington, Napoleón Rodríguez de la Garza, así como de Sonia de Pau García, esposa de uno de sus principales prestanombres. Legalmente, ya no hay posibilidad de ampliar la medida cautelar, por lo que estos días deberá resolverse su situación jurídica.

Por lo tanto, se prevé que la PGR también finiquite la situación de otro empresario arraigado, Eduardo Rodríguez Berlanga, La Conga, cuya medida cautelar vence a mediados de agosto.

La propia Procuraduría ha informado que por este caso, asentado en la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDCS/012/2009, se han llevado a cabo decenas de diligencias ministeriales en los últimos dos años, entre ellos cerca de 40 cateos a viviendas y oficinas en distintos estados.

Cuestionada sobre si existe una orden de aprehensión o presentación vigente en contra de Yarrington, la titular de PGR dijo que no puede dar detalles que entorpezcan la indagatoria, pero se comprometió a mantener informada a la opinión pública de los avances del caso.

Este viernes se registró la presencia de elementos de la SIEDO en las oficinas de la empresa Golfo Laguna, ahora constructora DINSA, perteneciente al ex mandatario estatal Eugenio Hernández.

El pasado 5 de junio este inmueble fue cateado en el marco de las investigaciones presunto lavado de dinero.

Esto luego de que dicha dependencia realiza investigaciones en contra de varios funcionarios y ex funcionarios de Tamaulipas por tener presuntos vínculos con el crimen organizado.

También se realizó otro cateo en una propiedad del empresario Seyed Mohammad Fatemi Corcuera, al parecer relacionado con Hernández Flores. El inmueble se localiza en el kilómetro 8 de la carretera Ciudad Victoria a Monterrey.

Cabe agregar que tanto Hernández Flores como Fatemi Corcuera mantienen amparos en contra de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores por el congelamiento de sus cuentas.

(Con información de Hoy Tamaulipas)

El recurso fue interpuesto por el ex mandatario priista bajo el número 692/2012, el pasado 25 de junio, y se le dio ingreso el 28 de ese mismo mes.

Hoy está en etapa de instrucción; es decir, se espera que los informes presentados por la PGR y el juez Segundo Penal Especializado en Cateos, Arraigos e Intervención de Comunicaciones, con sede en el Distrito Federal, sean exhibidos de forma pública, durante tres días hábiles, tras lo cual se fijará la fecha de la audiencia para que se haga la instrucción y después el juez determine si otorga o no el amparo.

El acuerdo incidental mencionado se publicó el pasado 6 de julio por la mesa 5 del juzgado en mención.

Dos días antes, el Tribunal Colegiado en Materia Administrativa y Civil de Tamaulipas otorgó un amparo a Sayed Mohamad Farough Fatemi Corcuera, uno de los empresarios presuntamente involucrados en el lavado de dinero del Cártel de los Zetas y el del Golfo, quien es parte de las investigaciones contra los ex gobernadores priistas tamaulipecos señalados por la Procuraduría General de la República (PGR) de tener nexos con ese grupo delincuencial.

En la investigación que se le sigue al citado empresario, se establece que tiene vínculos en esa actividad ilícita tanto con Tomás Yarrington, como con el también ex mandatario de esa entidad, Eugenio Hernández Flores, ya que Faremi adquiría bienes inmuebles en calidad de prestanombres de los políticos priistas de esa entidad ubicada al noreste del país.

El amparo protege al referido empresario para que sus cuentas congeladas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) le sean habilitadas de nueva cuenta, ya que en opinión de los magistrados que conforman el tribunal colegiado argumentaron que de permanecer aseguradas las cuentas la autoridad a cargo podría disponer de las mismas, y causar un daño irreparable a Fatemi Corcuera.

Yarrington, quien fue gobernador de Tamaulipas en el periodo 1999 a 2004, solicitó el amparo de la justicia federal, para dejar sin efecto la alerta del gobierno federal, con la cual se vigilan sus entradas y salidas del país, así como las que realice en el mismo.

También invoca que se le ampare para que no se le cateen ni sus propiedades habitacionales, sus oficinas, ni se toquen sus cuentas bancarias, como resultado de la investigación que realiza en su contra la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (Siedo), dependiente de la PGR.

Hasta ahora se encuentran bajo arraigo, por un plazo de 40 días más contados a partir del 5 de julio pasado, los empresarios Napoleón Rodríguez de la Garza y Sonia de Pau García, a quienes se les involucra también con las operaciones de lavado de dinero proveniente del narcotráfico.

Tomás Yarrington Ruvalcaba, ex gobernador priista de Tamaulipas, presentó el pasado 25 de junio un juicio de amparo contra la alerta migratoria emitida en su contra que busca impedir su salida del país y el congelamiento de sus cuentas bancarias, medidas que fueron puestas en práctica a petición de la Procuraduría General de la República (PGR).

La demanda de garantías fue presentada ante el Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal con sede en el Distrito Federal, misma que fue admitida para estudio y resolución el 28 de junio de 2012.

El recurso legal presentado también impugna las órdenes de cateo que jueces federales especializados en medidas cautelares han emitido para que agentes de la PGR puedan revisar las propiedades y empresas del ex gobernador tanto en el estado de Tamaulipas como en el Distrito Federal.

El ex mandatario priista es investigado en México por la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), por sus presuntos nexos con el Cártel del Golfo y a su responsabilidad en operaciones de lavado de dinero, recursos presuntamente provenientes del tráfico de drogas.

Paralelamente, una Corte de Distrito de Estados Unidos informó que indaga los bienes que mantiene Tomás Yarrington en ese país.

El juicio de amparo acusa que alerta migratoria emitida por la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) el pasado 25 de enero, así como la orden del aseguramiento de sus cuentas bancarias en pasado mayo por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), son medidas que violan la Constitución Mexicana.

(Con información de MVS Noticias)

La Procuraduría General de la República (PGR) cuenta con por lo menos cuatro averiguaciones previas de distinta índole, en las que se advierte la utilización directa o indirecta de las herramientas o servicios que ofrece la referida institución financiera, para concretar movimientos de capitales de origen dudoso o no comprobable.

Entre estas averiguaciones, se encuentran los casos de lavado de dinero de los ex gobernadores Tomás Yarrington Ruvalcaba y Eugenio Hernández Flores –en las que se detectaron por lo menos 18 operaciones bajo sospecha-, además de la reciente acusación de compra de votos en favor de Peña Nieto, con recursos “paralelos” a la campaña electoral.

Fuentes de la dependencia federal revelaron a 24 HORAS que no se trata de indagatorias en las que Monex propiamente figure como probable responsable de un delito, pero donde sí se advierte que ha sido una herramienta preferida por los inculpados o sospechosos para materializar actuaciones ilegales.

Lo anterior podría derivar, sobre todo en los Estados Unidos, en sanciones en contra de este grupo financiero por violaciones a normativas como las leyes antilavado de dinero que se encuentran vigentes en ese país.

De las referidas investigaciones, destaca el caso de la indagatoria abierta en ambos países en contra de los ex gobernadores de Tamaulipas, Tomás Yarrington Ruvalcaba y Eugenio Hernández Flores, y de la red de empresarios que presuntamente los apoyaron para operar recursos provenientes del narcotráfico y en concreto del Cartel del Golfo y Los Zetas.

El caso, que en México continúa a nivel de indagatoria en la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDCS/012/2009, pero que en Estados Unidos ya dio paso a la consignación ante un juzgado del expediente B-12-435, aborda el lavado de dinero hecho por los ex mandatarios a través de inversiones en bienes raíces sobretodo en Texas.

El modus operandi consistía en solicitar a instituciones bancarias estadunidenses los créditos para la adquisición de terrenos o inmuebles a través de empresas “fantasma” habilitadas por los prestanombres de los ex gobernadores, y dejando como garantía bienes en México.

Posteriormente, los créditos eran cubiertos con el dinero proveniente presuntamente del narcotráfico, el cual era transferido a través del sistema financiero de ambos países.

Es precisamente en esta operación, de acuerdo a lo que explica el Departamento de Justicia de los Estados Unidos en el expediente B-12-435, donde las herramientas financieras de Monex fueron provechosas para triangular el dinero de un destinatario a otro.

Lo anterior habría ocurrido entre el 2007 y el 2009, cuando Fernando Cano, empresario tamaulipeco prófugo de la justicia y considerado el principal prestanombres de Yarrington, movilizó recursos provenientes de cuentas en los bancos Scotiabank, HSBC, BBVA Bancomer, Banamex y Banregio, a una cuenta o fondo concentrador en Monex.

Posteriormente, explican los fiscales, Cano transfirió el dinero desde Monex hacia los bancos estadunidenses que otorgaron los referidos créditos, completándose así la triangulación de recursos y el lavado de millones de pesos (convertidos a dólares) cuyo origen no es comprobable.

Movimientos hacia Texas

En el expediente radicado en la Corte del Distrito Sur de Texas, se detallan al menos 18 transferencias hechas por Cano y sus cómplices desde Monex a dos bancos en Texas, entre junio del 2008 y diciembre del 2009, por un monto total superior a los dos millones 700 mil dólares.

En la PGR advierten que este caso, al igual que otros no revelados, evidencia la utilización de Monex para triangular recursos económicos, aprovechando las herramientas y facilidades con las que cuenta, y siempre con el interés de que se disfrace o cubra el vínculo entre el origen de los recursos y el destinatario final de los mismos.

Otra averiguación previa que se conoció públicamente, es la radicada en la Fiscalía Especializada para Delitos Electorales (FEPADE) en contra del PRI, y en la que se advierte la movilización de al menos 70 millones de pesos, cuyo origen no es comprobable, para la coacción de votos en favor de Peña Nieto.

Lo anterior se habría realizado mediante la apertura de cuentas en Monex que fueron utilizadas por supuestos integrantes o empresarios afines al PRI, para luego distribuirlas en tarjetas de prepago entregadas a potenciales electores.

Aunque el grupo financiero no sería penalmente responsable de algún delito en México, aun comprobándose los casos anteriores, en Estados Unidos podría recibir duras sanciones económicas, pues en ese país se sanciona a las instituciones financieras que no tengan controles adecuados para detectar operaciones con recursos de procedencia ilícita.

El grupo

- Descripción: Grupo de servicios financieros conformado por tres entidades: Banco Monex, Monex Casa de Bolsa y Monex Operadora de Fondos.

- Productos: Cambio de divisas, cuenta digital, fondos de inversión, mercado bursátil (dinero, capitales y banca de inversión), fideicomisos, derivados, inversión internacional, cartas de crédito y crédito con prenda bursátil, entre otros.

- Fundación: 1985.

- Capital: Mexicano.

- Cobertura: 42 oficinas en México, una oficina subsidiaria en Houston, Texas, y capacidad tecnológica para efectuar transacciones a cualquier parte del mundo.

- Director general: Héctor Lagos Dondé.

Se trata de Napoleón Rodríguez de la Garza, empresario tamaulipeco y ex colaborador de Yarrington, así como de Sonia de Pau García, esposa de otro empresario de nombre Fernando Cano, identificado como el principal prestanombres de los ex mandatarios.

Ambos fueron detenidos a finales de mayo por agentes federales y trasladados a la Ciudad de México, donde quedaron bajo arraigo por 40 días, periodo que estaba por concluir el próximo lunes.

No obstante, la PGR solicitó que se ampliara por un periodo similar la medida cautelar, con la finalidad de profundizar en las investigaciones y retener a los sospechosos al menos hasta mediados de agosto.

Autoridades de la dependencia federal adelantaron que también se solicitará al juez que se duplique el arraigo dictado en contra del empresario Eduardo Rodríguez Berlanga, alias La Conga, aprehendido a principios de junio por este mismo caso.

Todas estas acciones se llevan a cabo en el marco de las investigaciones de la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDCS/012/2009, en las que se advierte la complicidad de los ex mandatarios de Tamaulipas con un grupo de empresarios, para lavar dinero proveniente de las actividades del narcotráfico del Cartel del Golfo y Los Zetas.

El caso había permanecido prácticamente sin avances desde el 2009 en la PGR, hasta que en mayo se dio a conocer en Estados Unidos la consignación de un expediente en una Corte de Texas, a través del cual se aseguraron dos propiedades adquiridas por Cano con recursos ilegales, presuntamente facilitados por el ex gobernador Yarrington.

Del intercambio de información, la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) agilizó la integración del expediente y liberó órdenes de localización contra varias personas ligadas a los ex mandatarios. Previamente en febrero, pesaba sobre los sospechosos una alerta migratoria.

Al resolver la queja 29/2012, el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil de Tamaulipas concedió la suspensión provisional a Fatemi, quien es buscado por la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO).

La resolución de la autoridad judicial anula de manera temporal el congelamiento de las cuentas que ordenó la Comisión nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

Si bien, de acuerdo con conocidos, la familia Fatemi cuenta en la capital tamaulipeca con la distribuidora de cervecería Modelo en Ciudad Victoria, una concesionaria de Volkswagen y firmas inmobiliarias, se señala que el salto de su riqueza se dio a tiempo que se vio estrechado su vínculo con políticos de primer nivel en el estado. (Con información de Milenio TV y Reforma)

El desarrollo turístico considerado como: El Cancún del Golfo de México fue vendido y ofrecido por uno de los prestanombres de Eugenio Hernández Flores y de Tomás Yarrington Ruvalcaba, ex mandatarios tamaulipecos, ante un grupo de inversionistas españoles en abril de 2008.

Según una demanda de divorcio interpuesta por Sonia de Pau García contra el empresario Fernando Cano Martínez ante el Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Familiar en Ciudad Victoria, la compañía Grupo GMP propiedad de Maldonado Pumajero recibió recursos económicos por Materiales y Construcciones Villa de Aguayo.

La querella con número de expediente 848/2088 expuso que de agosto de 2005 a junio de 2006, la constructora de Cano Martínez dio a GMP una cantidad de 11 millones 500 mil pesos y 150 mil dólares, las cuales eran aportaciones para el proyecto turístico La Pesca.

Sólo después de una historia de desamor denunciada ante un tribunal en 2008 se conocen más detalles de los inversionistas, ocultados por las autoridades, del prometedor desarrollo que una copia del periódico oficial de Tamaulipas de febrero de 2007 lo describía con 17 mil 310 cuartos de hotel, condominios y de alojamiento turístico, así como una marina turística para 14 mil 600 embarcaciones nacionales e internacionales, campos de golf y clubs de playa.

El CIP está cancelado desde el año pasado por la falta de presupuesto y por la crisis inmobiliaria en EU, aunque cualquier privado puede retomarlo y construirlo, reconoció el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur).

“Se presentó el proyecto, pero jamás se construyó, porque el gobierno pondría recursos y el sector privado también lo haría por su lado. La idea de construir un CIP no se puedo por la falta de recursos económicos en el presupuesto”, comentó el área de comunicación social a 24 HORAS.

Añadió que Costa Lora era promovido el ex gobernador de Tamaulipas y un grupo de empresarios del norte, pero que se quedó en el tintero y nada más, añadió el organismo de atraer inversiones inmobiliarias a México.

A mediados de 2007, Gabriel Maldonado y Francisco José de la Rosa Carpizo, socios de Hernández Flores en otros negocios, constituyeron la empresa Desarrollo Turístico La Pesca, S. A. de C. V. Y además, firmaron un convenio para crear una sociedad con el español Grupo Trusam para detonar y sacar provecho de 23 kilómetros de las playas de Soto La Marina.

El apoyo de Eugenio Hernández

En 2008 y antes conocerse la quiebra del banco Lehman Brothers por su alta exposición a las hipotecas suprime, Gabriel Maldonado Pumajero, acreditándose como presidente del Grupo GMP, presentó un análisis de perspectivas y oportunidades económicas del Golfo de México en Madrid, España, a inversionistas.

“El nacimiento de La Pesca se dio gracias al liderazgo del gobernador, Eugenio Hernández Flores. Su iniciativa, respaldo y compromiso, aunado a su labor de promoción y obras de infraestructura demuestran el compromiso de este gobierno en hacer realidad, de la mano con la iniciativa privada, este nuevo destino turístico en México”, manifestó el hotelero tamaulipeco.

El inversionista acusado de prestar su nombre a los exgobernadores del PRI para hacer operaciones ilícitas aseguró que “el gobernador de Tamaulipas cuenta con el respaldo del presidente Felipe Calderón, quien ha designado a la actividad turística como un eje central y estratégico, definiéndolo como el motor económico para el crecimiento durante su sexenio”.

Señaló que el proyecto en su primera etapa cuenta con todos los permisos y autorizaciones ambientales para desarrollarse en 781 hectáreas, incluyendo un lago interior de 195 hectáreas.

Ya con el convencimiento de varios empresarios, el 10 de junio de 2008 iniciaron las obras del Desarrollo Turístico La Pesca, el cual se visualizaba como uno de los proyectos más importantes de la República Mexicana, informó en un comunicado GMP.

Añadió que Eugenio Hernández Flores dio el banderazo de arranque al megaproyecto junto con Rodolfo Elizondo Torres, secretario de Turismo; Miguel Gomez-Mont, director General de Fonatur; Javier Villarreal, secretario de Turismo de Tamaulipas, así como Gabriel Maldonado Pumarejo, también presidente del Consejo del Grupo Turístico Tamaulipas.

Sin embargo, es hasta el 12 de noviembre de 2009, cuando Sectur, Fonatur y Hernández Flores suscriben un convenio de colaboración para el desarrollo del Proyecto Turístico del Primer Centro Integralmente Planeado (CIP) en el Golfo de México, al cual bautizaron como CIP Costa Lora.

“Costa Lora atraería viajeros de Nuevo México, Texas y Luisiana, así como de Nuevo León, Coahuila y San Luis Potosí por sus excelentes accesos carreteros y aéreos con una aeropista en operación y el aeropuerto nacional de Ciudad Victoria”, comentaron los funcionarios en una conferencia de prensa en la Ciudad de México.

Y mencionaron que el desarrollo turístico necesitaría una inversión privada de 4 mil millones de dólares para la urbanización y superestructura urbana y turística. Asimismo, destacaron que generaría más de 115 mil empleos directos e indirectos.

El aval del proyecto impulsado por Maldonado Pumajero llegó hasta el Congreso de la Unión, quien le etiquetó recursos económicos para la construcción de infraestructura turística, y sólo pudieron ser ejercidos 709 millones 800 mil pesos hasta antes de su cancelación en 2011.

De acuerdo con el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2012, la inversión total del Centro Integralmente Planeado de La Pesca es de aproximadamente de aproximadamente 3 mil 375 millones de pesos.

¿Quién es Gabriel Maldonado Pumajero?

- Presidente de Grupo GMP y cuenta con una participación accionaria en el Club Maeva.

- El empresario posee 40 hectáreas de la playa Miramar en Ciudad Madero, así como un hotel boutique El Paraíso y el fraccionamiento del mismo nombre, cuya extensión es de 420 hectáreas, en Barra del Tordo; y 668 hectáreas de terrenos en el Desarrollo Turístico e Inmobiliario La Pesca, cancelado en 2011.

- También es dueño de los hoteles ecoturísticos El Paraíso, Real del Monte y Posada del Amanecer, ubicados en los poblados de Mineral del Chico y Real del Monte, Hidalgo.

El detonante en el caso del sexenio de Yarrington fue la detención de Osiel Cárdenas, que trajo como consecuencia la confrontación entre el Cártel del Golfo y su grupo armado Los Zetas; esto ocurrió por la llegada de Jorge Costilla Sánchez como sucesor del líder aprehendido.

Si bien la violencia en Tamaulipas entre grupos rivales imprimió su sello en el gobierno de Manuel Cavazos Lerma, el sexenio de Tomas Yarrington se caracterizó por la disputa por la frontera, por los operativos fallidos y por la baja de más de un millar de policías por estar involucrados con el narco.

A su sucesor, Eugenio Hernández Flores, lo caracterizó en su mandato el crecimiento de los halcones –vigías pagados por el narco-, el éxodo de empresarios locales hacia Estados Unidos, las fosas clandestinas y el asesinato de quien se preveía fuese su sucesor, Rodolfo Torre Cantú.

En el sexenio de Yarrington, en la zona fronteriza se registraron mil 253 asesinatos ligados con enfrentamientos, de acuerdo con cifras del Centro de Estudios Fronterizos y de Promoción de los Derechos Humanos, A.C. (Cefprodhac).

Esta asociación destaca que esos asesinatos corresponden tan sólo a los municipios de Nuevo Laredo, Matamoros, Reynosa, Miguel Alemán, Valle Hermoso, Mier, Camargo y Nuevo Guerrero.

Además, de 2001 a 2004, tan sólo en el municipio de Nuevo Laredo fueron cesados 300 policías por sus presuntos nexos con el narcotráfico, mientras que de 1999 a 2001 en esa misma demarcación fueron despedidos 598 agentes municipales por el mismo motivo.

En esos seis años en Tamaulipas aumentaron las privaciones ilegales de la libertad conocidas como levantones, no sólo de civiles, sino también de policías municipales, aunque de esto no hay cifras documentadas porque las organizaciones civiles, consideran que hay un subregistro por el temor presentar las denuncias.

En el último año de gobierno de Eugenio Hernández, se registraron de manera inédita cinco fugas en los penales de los municipios de Matamoros, Reynosa y Nuevo Laredo, de los cuales huyeron 291 internos, la mayor parte de ellos  presuntos zetas.

La cifra refleja que las fugas se multiplicaron, si se toma como referente que hasta ese momento la cifra mayo rde evasiones correspondía a 2001 con un total de 29 presos prófugos.

Mientras tanto, el 28 de junio  de ese mismo 2010, fue ejecutado el candidato del PRI a la gubernatura, Rodolfo Torre Cantú.

Otra de las características de su gobierno fueron los ataques a medios de comunicación como ocurrió con las agresiones al periódico El Mañana de Nuevo Laredo, el 17 de marzo de 2004, cuando fue asesinado su director editorial Roberto Mora García, y el 7 de febrero de 2006 fueron rafagueadas sus instalaciones por hombres armados.

Otro de los homicidios de periodistas ocurridos en su sexenio fue el de la reportera de radio, Guadalupe García Escamilla, conductora de un programa de noticias policiacas en la estación XHNOE, el 5 de abril de 2005.

El reportero de Radio Rey, Jorge Rábago Valdez, fue secuestrado el 19 de febrero de 2010, y tras torturarlo sus captores lo liberaron el 1 de marzo de ese mismo año, mientras que unos días después, dos reporteros de Milenio, fueron plagiados en Reynosa, y liberados horas después.

El último año de gobierno de Hernández Flores fue el más violento; justo en el mes de marzo, las balaceras, las narcomantas, la suspensión de clases en las escuelas y el cierre de comercios alas 2 de la tarde por la inseguridad, fueron el escenario que predominó en Ciudad Mante durante los dos meses siguientes.

Y antes de que entregara su administración, la noticia de que se secuestraba a migrantes que no querían ser reclutados por Los Zetas, se confirmaría mediante el hallazgo de tres fosas en San Fernando, en las cuales el 25 de agosto de 2010 fueron localizados los cadáveres de 72 personas.

El éxodo de empresarios de Nuevo Laredo y Reynosa también ocurrió en ese periodo de Hernández, de acuerdo con un reporte de la empresa Allied –dedicada al ramo inmobiliario-.

Texas ocupó ese año el primer lugar de inmigración en los Estados Unidos; muchos de sus nuevos pobladores eran empresarios y comerciantes tamaulipecos, que ante la inseguridad y el desplome en sus ventas decidieron residir del otro lado de la frontera.

Por lo menos eso es lo que indican las cifras oficiales sobre incidencia delictiva de la propia Procuraduría General de Justicia del Estado para el periodo en que ostentaron el poder los referidos ex mandatarios priistas, quienes actualmente son investigados por presuntos nexos con el crimen organizado.

En términos generales, los datos obtenidos a través del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), evidencian que de 1999 al 2010, los delitos del fuero común crecieron 25% aproximadamente, los homicidios dolosos mostraron un alza del 68%, y los secuestros pasaron de ningún caso a 47 tras una década.

En cambio, los delitos del orden federal,  entre los que se encuentran todos los relacionados con posesión o distribución de drogas, han mostrado un comportamiento más intermitente, con un descenso durante la mitad de la década pasada y un repunte en los últimos años.

Tomás Yarrington Ruvalcaba encabezó el gobierno de Tamaulipas en el periodo de 1999 al año del 2004, mientras que Eugenio Hernández Flores lo hizo del 2005 al 2010.

Los registros del SNSP revelan que 1998, año previo al gobierno de Yarrington, Tamaulipas cerró con 38 mil ilícitos del fuero común, entre ellos 428 homicidios dolosos o premeditados. Ese año no se inició ninguna averiguación previa por el delito de secuestro.

Poco más de una décadas después, en el 2010, Tamaulipas concluyó con 47 mil  633 ilícitos del fuero común, de los cuales 721 fueron homicidios dolosos, y además, se contabilizaron en total 47 casos de privación ilegal de la libertad

Es decir, en 10 años el estado incrementó su balance anual casi 10 mil ilícitos, elevó por encima dela mitad su índice de crímenes y además informó de casi medio centenar de plagios cuando antes no se registraba ninguno.

Por lo que hace al sexenio de Yarrington, desde su primer año la cifra de delitos del fuero común, es decir los homicidios, robos, violaciones, extorsiones y secuestros, se elevaron por encima de las 40 mil averiguaciones anuales. El índice siguió incrementándose hasta rebasar la barrera de los 50 mil  ilícitos durante su último año completo de gobierno.

También los secuestros comenzaron a aparecer en los registros de la Procuraduría estatal con Yarrington, llegando a registrarse hasta 13 casos en un año. Situación contraria ocurrió con los homicidios dolosos, que según la cifra oficial, se mantuvo todo el sexenio por debajo de los 400 casos.

Respecto a la administración de Hernández, la tendencia delictiva se mantuvo por encima de los 50 delitos todos los años con excepción del último, cuando cerró con 47 mil 633 averiguaciones previas iniciadas.

Los homicidios dolosos se dispararon en el 2010, último año de gobierno del candidato priista, registrándose más de 700 casos en el año. También se contabilizaron 47 averiguaciones previas por secuestro.

Desde la perspectiva nacional, Tamaulipas ocupó la posición número nueve en delitos del fuero común  en 1998, y una década después, pese al incremento de los ilícitos, fue desplazado al sitio número 13, según las cifras del SNSP.

Donde sí hubo un avance negativo fue en la comparación de los homicidios, pues la entidad federativa avanzó en una década de la posición 12 a la nueve a nivel nacional, mientras que en secuestros escaló desde el sitio 30 hasta el número ocho en el país.

Por lo que hace a la tendencia por delitos federales, Tamaulipas presentó una curva estadística durante la última década, llegando a descender durante la primera mitad hasta debajo de las dos mil averiguaciones anuales, pero luego elevándose y cerrando el 2010 con tres mil 500 casos en sus ministerios públicos federales.

Con Torre Cantú

El 2011, primer año de la administración del actual gobernador de Tamaulipas, Egidio Torre Cantú, cerró con la misma tendencia delictiva al alza que le heredaron sus antecesores, tanto en los delitos del fuero común como en los del fuero federal.

En ese periodo se registraron un total de 48 mil delitos del fuero común, casi mil más que el 2010, mientras que se registraron en total 855 homicidios dolosos. Los secuestros incluso se dispararon, pues pasaron de 47 a 129 casos.

Los delitos federales también evidenciaron un avance importante luego de que el 2011 cerró con 5 mil 231 averiguaciones, es decir, más de mil 500 casos más que en el último año del gobierno de Hernández Flores.

Se trata del testigo con el indicativo Ángel o Ángeles, cuyos señalamientos permitieron abrir, hace tres años, la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDCS/012/2009, en contra de los ex mandatarios tamaulipecos.

Funcionarios consultados por 24 HORAS explicaron que ratificó sus declaraciones anteriores y profundizó en los señalamientos sobre los presuntos nexos de ambos priistas con el Cártel del Golfo.

Autoridades de la dependencia federal confirmaron además que se trata de uno de al menos cinco testigos colaboradores  que se encuentran en la averiguación previa, además de otras evidencias documentales y contables.

Aunque no dieron a conocer la identidad del testigo, las fuentes precisaron que también ha cooperado con las autoridades estadunidenses y se encuentra radicado en San Antonio, Texas.

“Lo que narró pero ahora con mayor detalle fue la red de vínculos de los ex gobernadores y particularmente de Yarrington con los empresarios que ahora son investigados, y que permitieron que sus recursos económicos que tenían un origen no lícito, presumiblemente del narcotráfico, fueran reutilizados”, indicó una fuente de la Procuraduría que conoce del caso.

Al igual que en el expediente de la fiscalía estadunidense, el testigo señaló varias propiedades en Texas que fueron adquiridas con la triangulación de recursos, entre ellas el condominio de la Isla del Padre que ya fue incautado en el marco del procedimiento civil 12-CV-167, iniciado por la Fiscalía Sur de ese estado.

También ratificó el nombre de más de una decena de empresas de bienes raíces creadas en los Estados Unidos e impulsadas principalmente por el empresario Fernando Cano, quien sería el principal prestanombres de Yarrington Ruvalcaba, y que fueron creadas ex profeso para la compra de las propiedades con los recursos de procedencia ilícita.

El modus operandi era siempre el mismo: solicitar a instituciones bancarias estadunidenses con sucursales en Texas los créditos bancarios para la adquisición de lotes a través de las referidas empresas y dejando como prenda o garantía alguna otra propiedad de los prestanombres en México.

Posteriormente a través del sistema de transferencias Monex y teniendo como origen cuentas bancarias en México, se dirigían los recursos cuyo origen no era posible corroborar, para cubrir los créditos solicitados a las instituciones bancarias estadunidenses.

En la PGR subrayaron que aunque no se trata de información totalmente nueva, Ángeles aportó detalles que les permite profundizar en el cruce de información financiera y fortalecer el expediente, que ya superó los 100 tomos.

La principal línea de investigación de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) es que al menos durante la última década, los ex gobernantes Yarrington y Hernández, en complicidad con un grupo de empresarios y ex servidores públicos, favorecieron con el lavado de recursos la operatividad del referido cártel.

La averiguación también incluye al ex gobernador Manuel Cavazos Lerma, sin embargo, en la Procuraduría subrayaron que la indagatoria en este aspecto presenta un menor grado de avance.

Todos los testigos colaboradores respecto a esta indagatoria, entre ellos Ángel o Ángeles, se encuentran en territorio estadunidense y bajo la protección de la Agencia Antidrogas (DEA, por sus siglas en inglés) en ese país.

ARRAIGADOS NIEGAN VÍNCULO CON NARCO

Los dos empresarios arraigados y la esposa de Fernando Cano negaron en sus declaraciones ante el Ministerio Público Federal de la SIEDO que tuvieran algún vínculo con la delincuencia organizada, aunque reconocieron que se realizaron operaciones con recursos de Yarrington.

Según lo dicho en la PGR, los empresarios Napoleón Rodríguez de la Garza y Eduardo Rodríguez Berlanga confirmaron su participación la adquisición de algunas propiedades y en otras  inversiones similares que también involucraron al ex gobernador de Tamaulipas, pero dijeron desconocer que parte del dinero proviniera del narcotráfico.

Por su parte, Sonia de Pau García dio pormenores de las empresas y negocios de su esposo, señalado como principal prestanombres de Yarrington, y de las que ella exigió  50% en una demanda de divorcio.

No obstante, la mujer sostiene que los pormenores de los negocios realizados los conoce Cano, quien ya cuenta con una orden de localización en México y una orden de arresto en los Estados Unidos.

De acuerdo con lo publicado por Reforma, Pablo Zárate Juárez, señalado como prestanombres de Yarrington y colaborador de Luis Felipe Puente, coordinador de la campaña de Enrique Peña en la segunda circunscripción, realizó el pago de la aeronave en febrero pasado.

La nave, que había sido dejada en custodia del piloto, fue asegurada el martes pasado por John Lyons, agente especial de la Sección de Aduanas y Migración del Departamento de Seguridad Interna en un aeródromo de Brownsville, Texas, además de asegurar también nueve bitácoras.

El juez de la corte del distrito sur de Texas, Ronald G. Morgan, y el agente especial Lyons, ordenaron el pasado 5 de junio la incautación del Pilatus por considerar que fue adquirido como parte de una ‘conspiración de lavado de dinero’, de la que Zárate Juárez y el empresario Fernando Martínez podrían haber formado parte.

Eduardo Sánchez, vocero del CEN del PRI, negó que Zárate Juárez, involucrado en la investigación sobre el ex gobernador Tomás Yarrington, cuente con algún cargo en la campaña del mexiquense.

“No forma parte del equipo de campaña ni tiene encomendada ninguna responsabilidad. No está ni en la estructura de campaña ni tiene ninguna encomienda en la campaña”, aclaró Sánchez.

“Probablemente se trate de un simpatizante nuestro, pero no está dentro de la estructura de la campaña”, dijo el vocero priista.

De acuerdo con el diario Reforma, Zárate Juárez es investigado por el gobierno estadunidense por presuntamente formar parte de una red de lavado de dinero del exgobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington.

En entrevista con Carmen Aristegui para MVS Noticias, el ex gobernador de Tamaulipas aseguró que es absolutamente inocente y niega las acusaciones de Procuraduría General de la República (PGR).

Yarrington acusó a Josefina Vázquez Mota, candidata del PAN a la presidencia, de preparar un spot en donde lo descalifica, cuando la dependencia le informó que iban a iniciar las diligencias en contra del ex gobernador, lo cual buscaban fuera lo más cercano a las elecciones.

Por otro lado, el ex mandatario explicó que el 23 de mayo, la vocera del Departamento de Justicia de Estados Unidos, negó que hubiera acusación criminal en su contra.

“No niego que pueda ser investigado, pero saldré absuelto porque son acusaciones falsas”.

Señaló que las acusaciones en su contra, sirven al interés electoral de la Presidencia de su partido, Acción Nacional, lo que calificó ‘como un engaño más’.

A pesar de asegurar que es la primera vez que se enfrenta a una situación del tipo, tras los rumores y filtraciones en su contra, aseguró que se encuentra preparado para ser investigado.

“Hace 8 años que dejé de ser gobernador, en las indagatorias incautaron mis cuentas bancarias y hay 200 mil pesos en ellas”.

Más temprano, otro grupo de la PGR ingresó al domicilio del ex subprocurador y ex diputado local, Guadalupe González Galván, en Ciudad Madero, Tamaulipas.  Mientras que en Cancún y Playa del Carmen, en Quintana Roo, fueron cateados nuevamente y asegurados 11 inmuebles.

Estas operaciones son producto de las investigaciones que lleva a cabo la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) contra los ex gobernadores Tomás Yarrington y Eugenio Hernández, sospechoso de lavar dinero producto del narcotráfico.

Agentes del Ministerio Público federal, peritos y policías, llegaron a las 11 de la mañana de ayer y durante casi tres horas, revisaron el inmueble propiedad de Maldonado Pumarejo, ubicado en el exclusivo fraccionamiento Mira Alta, en el municipio de Altamira, Tamaulipas.

Maldonado Pumarejo es un importante hotelero de la entidad y está vinculado con el empresario Fernando Cano, también bajo investigación por el blanqueo de recursos provenientes del narcotráfico a favor de los ex gobernadores tamaulipecos.

Por la mañana, los agentes de PGR ingresaron al domicilio 109 de la calle San Luis, en la colonia Unidad Nacional, propiedad de González Galván, actual delegado del PRI en Reynosa y quien fuera alcalde de Ciudad Madero entre 2005 y 2007, periodo en que licitó la construcción de un estacionamiento subterráneo en una plaza comercial, contrato que benefició al empresario Fernando Cano Martínez.

En el caso de los inmuebles ubicados en Quintana Roo, estarían vinculados con el ex gobernador Hernández Flores. El operativo inició el martes y concluyó ayer con el aseguramiento de seis departamentos en el complejo residencial Torres Emerald, ubicados en la zona hotelera.

La PGR también aseguró precautoriamente otros dos condominios en el fraccionamiento exclusivo de Mare Azul, Club de Yates en Playa del Carmen, dos inmuebles más en Puerto Cancún y una residencia en el conjunto naviero La Amada, en Isla Mujeres.

En esta semana han sido cateadas seis propiedades más vinculadas a este caso, dos en Tamaulipas y dos departamentos en el Distrito Federal, las cuales son propiedad de los ex gobernadores.

Tiran 14 descuartizados

 Por: Arturo Ángel

Al menos 14 cuerpos descuartizados fueron abandonados frente a la Presidencia Municipal de El Mante, Tamaulipas.

Los restos estaban en el interior de una camioneta en la calle Benito Juárez esquina con Miguel Hidalgo.

El vehículo fue abandonado en una zona transitada, por lo que autoridades decidieron trasladarlo a otro lugar para realizar los peritajes.

Se habla que las víctimas eran once hombres y tres mujeres.

El Mante es un municipio que desde hace semanas vive un recrudecimiento de la violencia.

Por otra parte, la PGR inició una averiguación previa relacionada con la detonación de artefactos explosivos el miércoles en Ciudad Victoria, Tamaulipas. Dijo que podría tratarse de una represalia del crimen organizado por los operativos y las investigaciones federales en la entidad.

La dependencia inició el expediente ministerial correspondiente por el delito de violaciones a la ley federal de armas de fuego y explosivos y se atrajo en su totalidad la indagatoria.

De acuerdo con lo publicado en el diario El Universal, aproximadamente a las 8:30 horas, agentes de la Procuraduría General de la República (PGR) entraron al domicilio con lugar en la calle San Luis 109, entre López Mateos y Querétaro, de la colonia Unidad Nacional.

El área fue acordonada por los propios elementos de seguridad, quienes imposibilitaron el paso a las personas durante poco menos de media hora.

El ex subprocurador fue diputado local en dos ocasiones, durante los años 1996-1998 y 2008-2010; en la administrador del ex gobernador Eugenio Hernández, también investigado por vínculos con el crimen organizado, fue alcalde de Ciudad Madero de 2005 al 2007.

Hasta el momento, no ha sido emitido comunicado alguno por parte de las autoridades correspondiente por lo delicado del caso.

En la actualidad, González Galván funge como delegado especial del Partido Revolucionario Institucional en Reynosa.

En su página de internet www.osaka.com.mx se explica que la empresa es una “organización de gestión, planeación y desarrollo, integrada con el objetivo de apoyar a las instituciones en la consecución de sus metas”.

“Experiencia para la excelencia” es el lema que se aprecia en la página de inicio, en la que se explica que Osaka provee servicios profesionales de alta calidad, orientados hacia la “mejora continua, aumento de la productividad, efectividad y rentabilidad de su empresa u organización”.

Entre los servicios que oferta la empresa se encuentran cursos y herramientas en materia de mejores prácticas gubernamentales, estrategias de posicionamiento político, administración de proyectos estratégicos y servicios profesionales avanzados.

Se advierte que el abanico de clientes de la empresa cubre desde instituciones políticas o gubernamentales, hasta empresas, ONG, asociaciones civiles, y población en general.

No obstante, llama la atención que los vínculos a “servicios” e “historias de texto” no funcionan en la página, y tampoco se muestra ningún número telefónico de oficina. Para fines de contacto, se pide enviar un correo electrónico a la dirección info@osaka.com.mx o usar el mismo servicio de mensajería de la página.

En otro sitio de Internet sobre empresas en México, 24 HORAS ubicó como teléfono de contacto de Osaka Consulting el 52 54 79 93, cuya línea nadie contesta.

Durante el cateo que realizó la PGR a las oficinas de esta compañía la tarde del martes pasado los investigadores destacaron que las instalaciones ubicadas en avenida Mariano Escobedo parecían  estar desocupadas desde hace varios días, aunque si se encontraron documentos y equipos de cómputo.

Caso contrario al del su antecesor en el gobierno del estado, Tomás Yarrington Ruvalcaba, el cual, según lo dicho por autoridades de la dependencia federal  a 24 HORAS, continúa radicado en Texas y bajo seguimiento de las autoridades estadunidenses.

En la PGR, aclararon que la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) no ha girado órdenes de localización y traslado, en contra de los dos ex mandatarios tamaulipecos, por lo que se les considera bajo investigación, pero no prófugos ni evadidos de la justicia.

En el seguimiento de las áreas de inteligencia de la PGR se presume que Hernández salió del país a través del Aeropuerto Internacional de Cancún, Quintana Roo, poco antes del periodo vacacional de Semana Santa, sin que se tenga evidencia de que haya regresado.

Desde febrero la Procuraduría emitió un aviso migratorio para todas las personas involucradas en la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDCS/012/2009 iniciada luego de que se obtuvo evidencia de que servidores públicos y empresarios de Tamaulipas participaron en operaciones de lavado de dinero proveniente del Cartel del Golfo y Los Zetas.

En dicha averiguación se involucra además de Hernández y Yarrington, a una red de familiares, amigos y empresarios cercanos a los ex mandatarios, que habrían fungido como facilitadores o prestanombres para los actos irregulares.

La SIEDO tiene conocimiento de que en los últimos meses Hernández vivió en Quintana Roo, donde se identificaron tres de sus propiedades: dos condominios en la exclusiva zona conocida como “Puerto Cancún”, así como un departamento en el complejo habitacional “Residencial Emerald”, ubicado en la zona hotelera.

Dichas propiedades ya fueron intervenidas por agentes federales, y de las mismas se extrajeron principalmente documentos. Se corroboró además, que el ex mandatario tamaulipeco ya no se encontraba en ninguno de los inmuebles.

Además, se tiene registro de que a finales del 2011, viajó a San Antonio, Texas, donde se presume que se reunió con Yarrington y posiblemente con algunos de los empresarios que fungieron como prestanombres. Cabe señalar que hay dos propiedades ya incautadas en ese estado por el Departamento de Justicia, y que presuntamente fueron pagadas con recursos ilegales.

En la dependencia que encabeza Marisela Morales explicaron que en el momento en que sean giradas las órdenes de localización o detención en contra de los ex mandatarios se harán valer los acuerdos de extradición que se tienen firmados con Estados Unidos, España y Francia para el aseguramiento de los ex mandatarios y de los otros posible involucrados.

En este contexto, el ex gobernador Eugenio Hernández Flores se deslindó, a través de un comunicado, dirigido a la opinión pública, de haber participado en operaciones con recursos de procedencia ilícita y de su presunto vínculo con los empresarios arraigados o con cualquier organización delictiva.

“Quiero aclarar que no tengo absolutamente ni una relación empresarial o de negocios de cualquier tipo con ninguno de ellos”, dijo el ex mandatario, al tiempo en que se mostró de acuerdo con que se lleve a cabo una investigación, pero pidió que no s el calumnie sin sustento.

La PGR confirmó que, en el marco de la referida averiguación previa, se han realizado, hasta el momento y con apego a órdenes giradas por jueces especializados, 30 cateos a propiedades y oficinas vinculadas a los ex gobernadores y otras personas mencionadas en el expediente.

Autoridades de esa dependencia comentaron que las diligencias se practicaron principalmente en inmuebles ubicados en Tamaulipas, Quintana Roo y el Distrito Federal, de donde se han obtenido elementos que ya se integraron a la averiguación.

Se corroboró además que siguen siendo tres las personas arraigadas por este caso, los empresarios Napoleón Rodríguez de la Garza y Eduardo Rodríguez Berlanga alias “La Conga”, así como Sonia de Pau García, esposa de Fernando Cano Martínez, otro presunto prestanombres. No hay otro detenido.

La Procuraduría dijo además que se continuarán realizando las diligencias que sean necesarias en el caso.

24 HORAS publicó que hay varias órdenes de localización pendientes por cumplirse en contra de empresarios ligados a los ex gobernadores, entre ellos Sayed Mohamed Farough Fatemi Corcuera, El Gordo, Alberto Berlanga Bolado, y el mismo Fernando Cano.

De acuerdo con información de El Universal, funcionarios de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) precisaron que en los estados de Tamaulipas y Quintana Roo y el Distrito Federal es donde se ha realizado el mayor número de cateos designados por jueces federales.

Los lugares bajo investigación son residencias, ranchos, departamentos, sedes de oficina y empresas que, se presume, son propiedades de los ex mandatarios, así como los presuntos operadores financieros y prestanombres que investiga desde enero de este año la PGR.

Cabe mencionar que por el momento sólo hay tres personas arraigadas vinculadas con este hecho.

La revisión de los ranchos, empresas y departamentos ubicados en el Distrito Federal y Tamaulipas se produjo en cumplimiento de órdenes de cateo emitidas por jueces federales especializados. En los operativos participaron ministerios públicos, peritos y agentes federales, en algunos casos apoyados por el Ejército.

De acuerdo a la información obtenida por 24 HORAS, los agentes de PGR sacaron documentación, equipo de computación y una caja fuerte de los inmuebles. No hubo personas detenidas.

Las pruebas recabadas por la PGR se integrarán a la averiguación previa PGR/SIEDO/ UEIDCS/012/2009, iniciada en contra de los ex mandatarios y un grupo de más de 25 empresarios, por delitos contra la salud, operación con recursos de procedencia ilícita, y delincuencia organizada.

En Ciudad Victoria, Tamaulipas, fueron intervenidas dos propiedades. La primera de ellas es un rancho conocido como “El Chorro”, ubicado en el kilómetro 12 de la carretera Ciudad Victoria-Monterrey, propiedad del ex gobernador Eugenio Hernández Flores.

El rancho se ubica a tres kilómetros de una residencia de tres hectáreas estilo campestre que había sido cateada con anterioridad por la PGR y es propiedad del empresario Farough Fatemi Corcuera, quien figura en la investigación como potencial prestanombres de los mandatarios.

El segundo inmueble revisado ayer y también propiedad de Hernández, son las antiguas oficinas de la compañía “Golfo Laguna” y que ahora pertenecen a la constructora “DINSA”, ubicadas en la calle OliviaRamírez y Boulevar Fidel Velázquez.

En ambos casos el personal ministerial de la SIEDO se presentó con apoyo de efectivos del Ejército Mexicano para llevar a cabo elcateo. Se extrajeron principalmente documentos y computadoras, sin que se reportaran personas detenidas.

DOS EN EL DF

De forma paralela, en el Distrito Federal fueron intervenidos en las últimas 48 horas dos propiedades ligadas al ex gobernador Tomás Yarrington Ruvalcaba.

Ayer se cateó durante cuatro horas y media el departamento marcado con el número 102 del edificio ubicado en Mariano Escobedo 388, de la colonia Anzures, en la delegación Miguel Hidalgo, donde se ubican las oficinas de la consultora “Osaka Consulting”, una de varias empresas ligadas a Yarrington.

Mientras que el lunes pasado revisaron un departamento de un edificio habitacional localizado calle de Rubén Darío, colonia Polanco.

No se proporcionó el número exacto del inmueble, pero se confirmó que la diligencia se llevó a cabo al filo de las 18:00 horas.

Minutos después de las 14:00 horas de ayer, tres camionetas tipo Suburban y una cuarta tipo Express seestacionaron frente al número 388 de Mariano Escobedo, y de las mismas descendieron 12 agentes de laAFI, todos portando equipo táctico y fusiles de asalto.

“Pensamos por un momento que iban a detener a alguien o no sé, que se trataba de un secuestro, últimamente se ve cada cosa en Polanco que uno ya ni sabe, y pues de momento sí se asusta uno”, dijoRoberto Martínez, encargado de un puesto de periódicos.

El portero del edificio, quien pidió que su nombre no apareciera publicado, señaló a 24 HORAS que hay “varios departamentos” desocupados aunque no precisó el número, y dijo que la mayor actividad es la de la entrada y salida de las personas que viven en el inmueble, y que incluso no son muchas “las caras nuevas” que se ven en el lugar.

Efectivos de los órganos investigadores, dependientes de la PGR, ingresaron al inmueble  ubicado en Mariano Escobedo 388, en la Colonia Anzures, en búsqueda de evidencias que pudieran ser integradas a la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDCS/012/2009, iniciada por delitos contra la salud y lavado de dinero.

Al lugar de los hechos, arribaron tres camionetas de la AFI y dos vehículos de la SIEDO, quienes ingresaron con cerrajeros para abrir la puerta del departamento.

El día de hoy se dio a conocer que elementos del Ejército catearon al menos dos propiedades del ex gobernador, Eugenio Hernández Flores, en Ciudad Victoria.

De acuerdo con la publicación del sitio HoyTamaulipas, la primera propiedad del ex mandatario tamaulipeco está ubicada en el kilómetro 13 de la carretera Ciudad Victoria-Monterrey.

Luego siguieron en las antiguas oficinas de Golfo Laguna, ubicadas por la calle Olivia Ramírez y Bulevar Fidel Velázquez, (de Ciudad Victoria).

La PGR busca las declaraciones ministeriales de los ex gobernadores de Tamaulipas, Tomás Yarrington Ruvalcaba y Eugenio Hernández Flores, en torno a los señalamientos que pesan en su contra por presunto lavado de dinero en favor del Cártel del Golfo.

La Procuraduría General de la República (PGR) integra la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDCS/012/2009 contra los mandatarios priistas, ex colaboradores de su gobierno, empresarios y personas vinculadas con ambos políticos.

Los delitos tipificados en el Código Penal Federal y La Ley Federal contra la Delincuencia Organizada señalan que por tratarse de delitos tipificados como graves no podrán tramitar un amparo para impedir rendir su declaración ni ser detenidos, tampoco podrán tramitar una fianza, en caso de ser sometidos a juicio.

Fuentes de la PGR precisaron que el expediente iniciado en 2009 continúa integrándose con los testimonios y pruebas documentales descubiertas por la PGR y las que han aportado las autoridades de Estados Unidos.

Las investigaciones contra Yarrington y Hernández surgieron a partir de declaraciones ministeriales que mostraban cómo los ex gobernadores, valiéndose de instrumentos legales y con el apoyo de empresarios que también recibieron diversas dádivas, lavaron recursos provenientes del tráfico de drogas del Cártel del Golfo.

Para ello y de acuerdo a lo que se ha indagado hasta ahora, se  utilizaron o crearon empresas inmobiliarias que invirtieron en bienes raíces, sobre todo en Estados Unidos, y cuyos créditos bancarios fueron solventados precisamente con el dinero proveniente de actividades no lícitas o al menos justificables.

En este contexto, los involucrados son probables responsables en primera instancia del delito de operación con recursos de procedencia ilícita, sancionado por el artículo 400 bis del Código Penal Federal, y el cual remite una pena de cinco a 15 años de prisión y de mil a cinco mil días de multa, sin derecho a fianza.

Esto, puntualizaron en la dependencia federal, luego de que los elementos de prueba reunidos tanto en México como en Estados Unidos permiten presumir, al menos en el caso de Yarrington, que hubo un traslado de importantes cantidades de dinero cuyo origen se investiga, para cubrir las obligaciones adquiridas para la compra de predios.

El Ministerio Público Federal advierte en el expediente la comisión de delitos contra la salud marcados en el artículo 194 del referido Código, en el inciso III, que sancione a quien “aporte recursos económicos o de cualquier especie, o colabore de cualquier manera al financiamiento, supervisión o fomento para posibilitar la ejecución de estos delitos”.

Eugenio Hernández, ex gobernador de Tamaulipas

La pena que establece la normativa por este ilícito es de 10 a 25 años de cárcel y hasta 500 días de multa, sin beneficio de caución alguna.

Además, la PGR indicó que en el ejercicio de la acción penal se imputará en adición a todos los involucrados el delito de delincuencia organizada, bajo el argumento de la estructura que integró para poder cometer el delito, la cual funcionó de forma jerárquica y con responsabilidades específicas, además de proveerse de recursos de origen ilícito, particularmente del tráfico de drogas.

De acuerdo con el artículo 4 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, la pena variará de 20 a 40 años de prisión para los principales organizadores y supervisores de las referidas conductas ilícitas, y de 10 a 20 años para aquellos que participen sin funciones de dirección. Tampoco hay opción de fianza.

En la PGR subrayaron además que por la naturaleza de estos delitos, los inculpados no podrían solicitar un amparo en contra de una eventual consignación o de una orden de aprehensión.

Según autoridades de la dependencia consultadas por este diario, en las próximas semanas se estará resolviendo la situación de las tres personas que ya se encuentran arraigadas: los empresarios tamaulipecos Napoleón Rodríguez de la Garza y Eduardo Rodríguez Berlanga, y la esposa de otro presunto prestanombres, Sonia de Pau García.

También se prevé resolver el caso de Yarrington, cuya parte de la indagatoria se encuentra sustancialmente más adelantada en comparación a la de los otros ex mandatarios, sobre todo por los hallazgos que ha llevado a cabo la justicia estadunidense, y que permitieron configurar ya dos demandas en las cortes federales de Texas.

El viernes pasado la dependencia que encabeza Marisela Morales confirmó que en coordinación con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) se congelaron ya las distintas cuentas bancarias del ex gobernador de Tamaulipas.

Yarrington cuenta con una restricción de tránsito en Houston, por lo que se espera que en cualquier momento sea presentado ante el Ministerio Público adscrito a la SIEDO.

La Procuraduría también trabaja en la búsqueda de al menos una decena de empresarios tamaulipecos más que de no encontrarse en México estarían en Estados Unidos o en España, de acuerdo con los reportes de las alertas migratorias que se giraron en febrero pasado.

De todos los casos destaca el del empresario Fernando Cano (esposo de Sonia de Pau García) y quien ya cuenta con una orden de arresto vigente en los Estados Unidos, luego de que se verificó que fungió como el principal operador en la compra de dos propiedades en San Antonio y la Isla del Padre, Texas, ambas cubiertas con recursos ilegales de Yarrington.

De acuerdo al diario Reforma, la Procuraduría General de la República desconoce el paradero de los exmandatarios priistas son.

Sin embargo, una fuente cercana al caso asegura que ambos huyeron del país desde hace dos meses; en el caso de Yarrington, a Estados Unidos y Hernández, supuestamente se esconde en Europa.

La orden de presentación y localización es un instrumento legal que formalmente es utilizado para recabar con urgencia un testimonio necesario en la averiguación previa, indica Reforma

Dos cuentas bancarias de Tomás Yarrington, ex gobernador de Tamaulipas, fueron congeladas en relación a la investigación sobre lavado de dinero que se sigue en su contra, de acuerdo con información de la Procuraduría General de la República (PGR) y la Comisión Nacional Bancaria de Valores (CNBV).

De acuerdo con la dependencia, tanto las cuentas del ex gobernador tamaulipeco como las correspondientes a los presuntos prestanombres, fueron inmovilizadas bajo petición dela Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (Siedo) a la CNBV.

Autoridades de la PGR confirmaron a 24 HORAS que será en este mismo mes cuando el Ministerio Público Federal gire las órdenes de localización correspondientes para los ex mandatarios, aunque aún no se precisó si será únicamente en calidad de presentados o de probables responsables.

Las declaraciones que rindan declaración se sumarán a los testimonios que se recaban de los empresarios que ya fueron arraigados y que habrían fungido como prestanombres en las operaciones irregulares, así como de otros más que aún están por ser localizados.

En la Procuraduría aseguraron que de reunirse elementos de prueba suficientes se procederá en contra de Yarrington y de Hernández, así como de sus prestanombres, por delitos que podrían ir de la operación con recursos de procedencia ilícita, hasta el enriquecimiento ilícito o delincuencia organizada.

De lo contrario, hay la posibilidad de consignar el expediente de la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDCS/012/2009 sin detenido ante un juez federal, y dejar un desglose abierto que permita continuar con las investigaciones en el mediano plazo y llegado el momento, solicitar las órdenes de aprehensión correspondientes.

En el tema de las declaraciones que se estarán recabando, en el caso del ex gobernador Yarrington Ruvalcaba pesa sobre él una restricción de tránsito en Texas derivada del proceso civil iniciado en su contra, por lo que se analiza la posibilidad de que un Ministerio Público de la SIEDO se traslade a ese estado para llevar a cabo la diligencia. En el caso de Hernández Flores, en la PGR sólo refirieron que el ex gobernador se encuentra “plenamente ubicable”, pero no se precisó si se reside actualmente en Tamaulipas o en algún otro sitio.

Rodríguez Berlanga, conocido también como “la Conga”, fue detenido el martes pasado y trasladado en calidad de presentado a la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), y según las fuentes podría quedar bajo arraigo.

En tanto, Napoleón Rodríguez de la Garza, otro empresario tamaulipeco relacionado con las investigaciones, ya se encuentra arraigado, luego de que un juez federal concedió la orden de arraigo en su contra mientras la PGR completa las investigaciones.

Este expediente tiene como objetivo verificar si el ex mandatario estaría vinculado con operaciones de lavado de dinero a través de empresarios prestanombres en territorio estadunidense, tal como sucedió con su antecesor Tomás Yarrington Ruvalcaba, quien ya enfrenta una demanda de corte civil en la Corte del Distrito Sur de Texas,

Autoridades de la Procuraduría informaron que el gobierno estadunidense fue notificado respecto a los alcances de la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDCS/012/2009, en la que se relaciona a Yarrington y Hernández en junto con un mismo grupo de empresarios, en la posible comisión de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

La dependencia que encabeza Marisela Morales trabaja ahora en la construcción de la red de vínculos que permita verificar el nexo de Hernández con las personas y empresas señaladas particularmente en la demanda presentada por los fiscales en Texas.

Los resultados de este trabajo, así como de la información contable y bancaria que obtenga de  la PGR en colaboración con la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, será enviada al Departamento de Justicia para su estudio.

Por lo pronto, en lo que respecta a México, la Procuraduría  ha establecido que las potenciales responsabilidades en que habría incurrido Hernández Flores estarían casi al mismo nivel que las de Tomás Yarrington Ruvalcaba, a quien se señala por sus vínculos Cártel del Golfo.

Incluso, y una vez que se cuente con los elementos de prueba necesarios, el Ministerio Público Federal estaría promoviendo una acción penal conjunta en contra de ambos ex gobernadores.

Empresarios que delatan

La Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) ya verificó algunos vínculos de Hernández con los empresarios tamaulipecos que se identifica como prestanombres de los ex gobernadores, entre los que destacan tres en los que se fundamenta el desglose para Estados Unidos.

Es el caso de Eduardo Rodríguez Berlanga, alias La Conga, detenido el martes pasado,  y quien durante el sexenio de Hernández obtuvo para su empresa “Janambres S.A. de C.V.” numerosos contratos de obra por más de 600 millones de pesos.

Dicho empresario, cuyo patrimonio incluye ahora tres ranchos con más de dos mil hectáreas, se volvió millonario cuando trabajaba para Fernando Cano, señalado como el principal prestan nombres de Cano y quien ya cuenta con una orden de arresto en Estados Unidos.

Pero tal vez quien compromete más a Hernández Flores es su ex secretario de Obras Públicas, Alberto Berlanga Bolado, propietario de la empresa GMC, S.A. de C.V., una de las compañías que el expediente B-12-435 de la Fiscalía Sur de Texas  identifica como involucradas en la compra de un terreno en San Antonio con dinero del narcotráfico.

Durante los sexenios de Yarrington y  Hernández, GMC obtuvo numerosos contratos que ascienden a más de 650 millones de pesos para la construcción, entre otras cosas, de la Biblioteca Central de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, el del  libramiento Manuel-González, en el sur del estado, y el del bulevar costero en la Playa de Miramar y la carretera de Aldama-Altamira.

Otro empresario buscado por la PGR, Gabriel Maldonado Pumarejo, recibió de Fernando Cano más de diez millones de pesos  que fueron justificados como aportaciones al Proyecto Turístico de la Pesca, el cual fue impulsado por el ex gobernador de Tamaulipas y que por cierto, no se concretó.

Son algunos ejemplos de una amplia red de vínculos que se está desmenuzando, indicaron en la PGR, y que comprometerían en las mismas conductas delictivas tanto a Yarrington como a Hernández.

De ser ese el caso, la dependencia que encabeza Marisela Morales estaría promoviendo una acción penal conjunta en contra de ambos ex gobernadores.

Información en poder de 24 HORAS indica que tan sólo en el último lustro, el titular de la Administración Portuaria Integral (API) de Altamira, Alejandro Martín Gochicoa Matienzo, entregó contratos por más de 315 millones de pesos a las empresas GMC y Materiales Construcciones Villa, ambas involucradas en  la investigación binacional por operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Berlanga Bolado, el ex secretario de Obras de Hernández, era propietario accionista de la empresa GMC, mientras que Materiales Construcciones Villa es propiedad de Fernando cano, el principal prestanombres de Yarrington.

Entre los contratos firmados se ubicó la enajenación de más de 10 hectáreas del terreno portuario en favor de las mencionadas compañías, y en precios por debajo del valor comercial.

Otra empresa que se vio beneficiada con contratos por parte por la API de Altamira fue Edificadora del Golfo Norte, la cual además de estar vinculada a GMC, tiene como accionista a Javier Gil Ortíz, primo del ex gobernador Hernández.

El 4 de octubre del 2007, se registró el robo de un contenedor de 11.7 toneladas que había llegado al Puerto de Altamira procedente de Colombia, y que  presuntamente contenía cocaína. Las investigaciones realizadas a nivel local no llegaron a ningún sitio.

En junio del 2010 y ante las acusaciones de vínculos de corrupción y nexos con la delincuencia organizada, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes  destituyó a Gochicoa Matienzo de su cargo.

Autoridades de la dependencia federal informaron a 24 HORAS que se tienen “indicios” que apuntan a que los hombres de negocios, de no encontrarse en México, estarían en territorio estadunidense o en Europa, muy posiblemente en tierras ibéricas.

El martes, este diario publicó que los empresarios Fernando Cano Martínez, Napoleón Rodríguez de la Garza, Alberto Berlanga Bolado, Sayed Mohamed Farough Fatemi Corcuera alias El Gordo, y Eduardo Rodríguez Berlanga La Conga, eran  buscados por la PGR para que testifiquen en torno al caso de lavado de dinero del ex gobernador.

Pero no son los únicos. Del intercambio de información con el Departamento de Justicia y la DEA surgieron los nombres de más empresarios, por lo menos cuatro, que también serían requeridos para su declaración, entre los que se encuentran Gabriel Maldonado Pumarejo, Pablo Zárate Juárez, Raúl Javier Morales Cano, y Adrián Gracia Martínez.

Aunque los funcionarios de la PGR consultados no precisaron qué tipo de evidencia les permite presumir los lugares en que se podrían ubicar, hay que recordar que en febrero se dio a conocer la emisión de un aviso migratorio girado en contra de tres ex gobernadores de Tamaulipas y de más de 40 personas, entre ellos varios empresarios.

Esta alerta, obliga a las autoridades migratorias del país a reportar a la PGR  los movimientos, por territorio nacional y el extranjero, de los nombres incluidos en esa lista, por lo que a partir de entonces comenzaron a monitorear sus movimientos.

Los ocho empresarios  que busca la PGR, presuntamente se vieron particularmente favorecidos con diversos negocios durante las administraciones de Tomás Yarrington y de Eugenio Hernández Flores. De ellos, sólo Rodríguez de la Garza se encuentra arraigado en la Ciudad de México.

Las investigaciones en Estados Unidos y México apuntan a que los empresarios fungieron como prestanombres de Yarrington para la creación de empresas inmobiliarias, a través de las cuales obtuvieron créditos de bancos estadunidenses, con los que se adquirieron diversos bienes inmuebles en ese país. En poco tiempo, los préstamos fueron cubiertos con dinero proveniente del Cártel del Golfo.

Con excepción de Fernando Cano, no se cuenta con órdenes de detención en contra de los empresarios, pero el Ministerio Público adscrito a la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) ha emitido órdenes de localización y presentación para que rindan su declaración y, a partir de ahí, se determine su situación jurídica.

Por este mismo caso, la PGR confirmó ayer la orden de arraigo por 40 días concedida por un juez en contra de Sonia de Pau García, ex pareja de Cano Martínez, y quien podría ser la dueña de 50% de todo el patrimonio del  empresario, en el que se incluyen múltiples constructoras, inmobiliarias, desarrollos turísticos, medios de comunicación y tres mil 893 hectáreas en bienes raíces.

En la demanda de divorcio 848/2008 que interpuso la mujer en 2008, hizo un resumen detallado de las propiedades del empresario tamaulipeco, e incluyó la participación de varios de los sujetos que ahora la PGR y las autoridades estadunidenses vinculan con  Yarrington.

De Pau García también reveló en ese documento los múltiples negocios que su esposo manejaba en México y Estados Unidos, e incluso el pago de más de 200 mil euros para estudios de inversión en Barcelona, España.

 LOS NUEVOS EMPRESARIOS BAJO SOSPECHA

Conforme los Estados Unidos y México profundizan en la investigación documental y contable sobre las operaciones de lavado de dinero que habría conducido el ex gobernador Yarrington Ruvalcaba, surgen nuevos nombres de empresarios que habrían funcionado como prestanombres en los negocios irregulares.

Entro estos se encuentra Adrián García Martínez, empresario vinculado a Cano Martínez en más de una decena de empresas en Estados Unidos, entre ellas “AGM Financial Group”, que según la demanda penal radicada en la Corte del Distrito Sur de Texas, participó en el pago de varios de los créditos solicitados en la compra de bienes raíces.

Otro caso significativo es el de Pablo Zárate Juárez, quien según lo plasmado en la demanda de divorcio 848/2008, recibió en el año 2002 más de 22 millones de pesos de una de las empresas de Cano para fines desconocidos.

Zárate llama la atención también por su desempeño en el servicio público en el Estado de México y en Tamaulipas. Entre 1991 y 1993 fue director de la Policía Municipal en Atizapán de Zaragoza, y luego se desempeñó como Jefe Operativo de la Policía de Matamoros cuando Yarrington ocupó la presidencia municipal de ese ayuntamiento.

Se trata por cierto, del mismo lapso de tiempo en el que Eduardo Costilla alias El Coss, actual líder del Cártel del Golfo, formó parte de esa misma corporación policiaca.

Luego, regresó al municipio de Atizapán donde fue nombrado Director de Administración durante el gobierno del edil Luis Felipe Puente Espinosa, quien ocuparía posteriormente el cargo de secretario de Transporte del Estado de México en el gobierno de Enrique Peña Nieto.

En tanto, Zárate fue nombrado por el entonces gobernador de Tamaulipas Tomás Yarrington como titular del Instituto Tamaulipeco para la Vivienda Urbana.

Medios locales del estado reportan que hoy en día, Zárate participa activamente en la coordinación de actividades y eventos relacionados con la candidatura de Peña Nieto, que se llevan a cabo en el estado.

Por otro lado, Gabriel Maldonado Pumarejo es un connotado empresario del ramo inmobiliario y turístico del estado,  presidente de la compañía “GMP”, y quien al igual que en los otros casos, obtuvo varios contratos de inversión en los gobiernos de Yarrington y su sucesor Eugenio Hernández Flores.

En la multicitada demanda de divorcio, García sostuvo que su entonces esposo le entregó entre 2005 y 2006 a GMP más de 11 millones 500 mil pesos, y que supuestamente serían destinados al proyecto turístico de “Las Pesca”, impulsado por Hernández Flores, el cual nunca se concretó.

Por lo que respecta a Raúl Javier Morales Cano, este trabajó como contador de Fernando Cano Martínez, y figura además como propietario de la compañía de medios local “Cable Capital la Nueva Imagen”, que en realidad pertenece también al ex esposo de García.

NUEVE BANCOS

De acuerdo con la demanda B-12-435 radicada en la Corte del Distrito Sur de Texas, al menos nueve  bancos de México y Estados Unidos fueron utilizados por el empresario Fernando Cano Martínez y sus cómplices, para lavar los recursos supuestamente ilegales del ex gobernador Yarrington Ruvalcaba.

En Texas, los bancos Lone Star National Bank, First National Bank y Falcon International Bank, otorgaron tan sólo entre 2006 y 2009, créditos por casi 20 millones de dólares a las empresas creadas por Cano y sus cómplices, los cuales fueron invertidos en la adquisición de propiedades, terrenos y condominios.

El costo de esos créditos fue cubierto casi de inmediato por Cano a través del dinero potencialmente ilícito, que fue depositado en cuentas de los bancos HSBC, ScotiaBank, BBVA Bancomer, Banamex, y Banregio.

El dinero fue dirigido desde las cuentas mexicanas hacia Estados Unidos a través de la administradora de fondos Monex, consumándose así el potencial lavado, establece el documento que integró el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Autoridades de la Procuraduría General de la República (PGR) informaron a 24 HORAS que Rodríguez Berlanga es interrogado en el marco de la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDCS/012/2009 abierta por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada.

Se trata del segundo empresario relacionado con Yarrington que es detenido y presentado ante el Ministerio Público. El primero fue el también tamaulipeco Napoleón Rodríguez de la Garza, quien ya se encuentra cumpliendo un arraigo por 40 días.

También se encuentra arraigada Sonia de Pau García, exesposa de otro empresario de nombre Fernando Cano, quien es considerado prófugo en EU.

Las investigaciones que lleva a cabo la PGR, en coordinación con autoridades estadunidenses, apuntan a que Yarrington se habría valido de una serie de empresarios prestanombres para invertir en bienes raíces principalmente en Texas, y cubrir los créditos con dinero lavado del Cártel del Golfo.

Rodríguez Berlanga, conocido en Tamaulipas como La Conga, es dueño de la constructora Janambres S.A. de C.V., beneficiada con numerosos contratos de obras durante el sexenio de Yarrington y también de su sucesor, el exgobernador Eugenio Hernández Flores.

Se prevé que en las próximas horas la PGR solicite a un juez federal una orden de arraigo en contra de Rodríguez Berlanga, para ampliar su investigación.

Se trata de hombres de negocios que tuvieron como común denominador su cercanía e incluso amistad con los ex mandatarios (también investigados) de la entidad y su círculo cercano, lo que les valió la adquisición de contratos, la adjudicación de propiedades y hasta nombramientos en cargos públicos.

Manuel Cavazos. Foto: Especial

Eugenio Hernández. Foto: Cuartoscuro

Fernando Cano Martínez, Napoleón Rodríguez de la Garza, Alberto Berlanga Bolado, Sayed Mohamed Farough Fatemi Corcuera, alias El Gordo, y Eduardo Rodríguez Berlanga, La Conga, son los cinco empresarios que, hasta el momento, figuran como los principales blancos de la indagatoria que llevan a cabo la DEA y el Departamento de Justicia de Estados Unidos, así como la PGR.

La mayoría de estos personajes figuraban en la alerta migratoria que en febrero solicitó la Procuraduría General de la República en contra de varios ex gobernadores de Tamaulipas, derivada de una averiguación previa abierta por potenciales nexos de los ex funcionarios públicos con el Cártel del Golfo y los Zetas.

Esta lista, dijeron en la Procuraduría, podría engrosarse con más nombres de otros empresarios ligados a los ex gobernantes.

De los mencionados, Fernando Cano Martínez, quien ya cuenta con una orden de arresto vigente en Estados Unidos, figura como el principal operador y “prestanombres” de Yarrington. En las demandas civiles en Texas aparece como copropietario de un terreno en San Antonio y un condominio en la Isla del Padre.

Cano es un multimillonario empresario propietario de constructoras, desarrollos inmobiliarios y turísticos, una empresa de televisión por cable, parques industriales, aviones, así como más de tres mil 893 hectáreas, entre ranchos, terrenos rústicos y urbanos, ubicados en  Tamaulipas y los Estados Unidos.

Abogado de profesión y egresado de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, primo de Marcia Cano, esposa del desaparecido Manuel Muñoz Rocha, su nacimiento empresarial comenzó durante el sexenio del gobernador Manuel Cavazos Lerma (1992-1998), cuando su compañía Santa María de Aguayo ganó contratos de modernización carretera.

Pero fue con Yarrington (1999-2004) cuando Cano vivió el despegue de su fortuna y patrimonio, como quedó en evidencia en la demanda de divorcio 848/2008 que le interpuso su entonces esposa Sonia de Pau García, y en la que exigió la mitad de todas las propiedades.

Además de sus múltiples negocios en el estado, Cano creó 17 empresas de bienes raíces en los Estados Unidos, con las cuales adquirió al menos 33 lotes, entre ellas el terreno en San Antonio, además del condominio de Isla del Padre y otros en el condado de Camerón, Texas, según lo revelado en la demanda de divorcio.

Por supuesto, las autoridades presumen que en los múltiples negocios y empresas de Cano está involucrado el dinero obtenido de forma ilícita por Yarrington y pagado por la delincuencia organizada.

24 HORAS publicó la semana pasada que la “buena suerte” del empresario continuó con el  gobernador Eugenio Hernández Flores (2005-2010), pues sus empresas constructoras Gifer y Villa de Aguayo obtuvieron contratos por 207 millones de pesos en esa entidad.

Trascendió incluso que Cano y el ex mandatario son socios en la empresa Golfo-Laguna.

De la intervención de Cano se desprende directamente la participación de otros dos involucrados, Fatemi Corcuera y Rodríguez Berlanga, quienes según De Pau García trabajaron directamente para su esposo.

DE EMPLEADO A DUEÑO

En el caso de Rodríguez Berlanga, conocido en el estado como La Conga, pasó de ser solo un empleado de Cano, hasta convertirse en dueño de la constructora Janambres S.A. de C.V., beneficiada con obras de contrato estatal durante el sexenio de Yarrington. Su patrimonio incluye tres ranchos en el estado con más de dos mil hectáreas, y uno de los cuales incluye una pista de aterrizaje.

Datos de Compranet indican que la constructora Janambres S.A. de C.V, también fue favorecida en el sexenio de Hernández Flores con más de 600 millones de pesos en contratos.

Fatemi Corcuera es identificado como “amigo” y “socio” de los dos últimos ex gobernadores de Tamaulipas, e incluso más cercano aún a Hernández. No obstante, fue en el sexenio de Yarrington cuando fundó las inmobiliarias Cormon y Santa María Dolores, la cuales recibieron  una inyección de recursos por 60 millones de pesos redirigidos por Cano Martínez.

Por otra parte, el empresario Alberto Berlanga Bolado es propietario de la empresa GMC, S.A. de C.V. ,una de las compañías que el expediente B-12-435 de la Fiscalía Sur de Texas  identifica como involucradas en la compra del terreno de 18.6 hectáreas de San Antonio, en contubernio con Cano y Yarrington, y con recursos lavados del narcotráfico.

Berlanga fue, durante el sexenio del ex gobernador Hernández Flores, secretario de Obras Públicas y  Desarrollo Urbano del estado. Pese a su cargo en el servicio público, no dejó sus actividades empresariales.

En la década pasada, su compañía obtuvo diversos contratos públicos, entre ellos el de la construcción de la Biblioteca Central de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, el del  libramiento Manuel-González, en el sur del estado, y el del bulevar costero en la Playa de Miramar y la carretera de Aldama-Altamira. Facturó más de 650 millones de pesos.

El caso de Napoleón Rodríguez de la Garza no es menos significativo. El empresario, dueño de Ferretera Industrial Rodríguez, es copropietario del condominio de 450 mil dólares ubicado en Bridgepoint, en la Isla del Padre, adquirido junto con Cano con recursos de procedencia presuntamente ilícita.

El ferretero (ingeniero de profesión) fue cercano a Yarrington desde 1993, cuando el político priista, quien en ese entonces se desempeñaba como presidente municipal de Matamoros, lo nombró jefe de la oficina fiscal del ayuntamiento.

Con Yarrington ya como gobernador, Rodríguez de la Garza ocupó el cargo de director administrativo de la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte del gobierno del estado, y posteriormente continuó con sus negocios, y sirviendo como proveedor de productos, sobre todo para el gobierno municipal de Matamoros.

La línea de investigación compartida por EU y la PGR en torno a estos “hombres de negocios”, apunta a que los créditos solicitados a bancos mexicanos y estadunidenses para la adquisición de las múltiples propiedades que se les adjudican, fueron pagados con recursos provenientes de la delincuencia organizada, configurándose así el lavado de dinero.

La excepción es Napoleón Rodríguez de la Garza, quien fue arraigado a solicitud de la SIEDO. El paradero de los otros empresarios es incierto.

El Ministerio Público de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) acreditó ante un juez que se recabaron elementos que resultaron suficientes para suponer que el empresario tamaulipeco está implicado en actividades ilícitas.

La demanda civil que se encuentra en Texas en contra del ex gobernador, señala al empresario como uno de sus presuntos operadores financieros y prestanombres de Tomás Yarrington desde 1998.

De acuerdo con lo que publicó 24 Horas, este empresario junto con Fernando Cano Martínez, Napoleón Rodríguez de la Garza, Farough Fatemi Corcuera, Eduardo Rodríguez Berlanga y un quinto del que no ha precisado nombre, son quienes presuntamente actuaron como prestanombres del priista y a quienes la PGR mantiene sujetos a investigación.

Fernando Cano Martínez, Napoleón Rodríguez de la Garza, Farough Fatemi Corcuera, Eduardo Rodríguez Berlanga y un quinto empresario del que la PGR no ha precisado nombre, son quienes presuntamente actuaron como prestanombres del priista.

Luego de que en Estados Unidos se interpusieron demandas de corte civil la semana pasada que involucran al ex gobernador de Yarrington Ruvalcaba en supuestas operaciones de lavado de dinero, la dependencia federal intensificó la integración del expediente abierto en contra del político priista.

Autoridades de la dependencia que encabeza Marisela Morales Ibáñez informaron a 24 HORAS que se han comenzado a desahogar diversas diligencias que estaban pendientes, y que incluyen la revisión de algunas propiedades, la recolección de evidencia documental y el análisis de informes contables.

La indagatoria, en la que la Subprocuraduría de Investigación Especializada en delincuencia organizada (SIEDO) trabaja coordinadamente con la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, comprende además la verificación de al menos cinco personas más cercanas a Yarrington, y que podrían haber servido como prestanombres o facilitadores en las operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Tan sólo en la última semana se llevaron a cabo diligencias ministeriales en al menos una decena de oficinas e inmuebles relacionadas con estos empresarios y con el propio Yarrington.

“Es un trabajo que se está realizando en estrecha coordinación e intercambio de información con los Estados Unidos, y que incluye la integración de una red de vínculos que permitió la adquisición de propiedades principalmente en Texas, y con recursos provenientes de actividades ilegales”, puntualizó una fuente de la PGR.

La indagatoria, que podría derivar en un proceso penal en contra de Yarrington en Estados Unidos y en México, ya trajo consecuencias para uno de sus allegados, el empresario Fernando Cano Martínez, propietario de las compañías Materiales y Construcciones Villa de Aguayo y Gifer, sobre quien pesa una orden de arresto expedida por una corte texana.

Según el expediente civil del caso, Cano facilitó la adquisición de dos propiedades en Isla del Padre y en San Antonio, Texas, valuadas en siete millones de dólares, y que podrían ser incautadas en breve.

Otro involucrado es el empresario ferretero Napoleón Rodríguez de la Garza, quien figura como propietario del mismo condominio de Isla del Padre que Estados Unidos pretende confiscar.

Autoridades de la PGR confirmaron que Rodríguez fue presentado este fin de semana en las instalaciones de la SIEDO para declarar en torno a este caso, sin que de momento se configure aun una acusación en su contra.

Además se realizó una inspección ministerial en el domicilio de esta persona y en las instalaciones de su negocio denominado “Ferretería Industrial Rodríguez”, ambos ubicados en Matamoros, Tamaulipas.

En la última semana, la Procuraduría, en coordinación con otras autoridades federales y locales inspeccionó al menos una decena de propiedades ubicadas en Matamoros y Ciudad Victoria, todas ellas relacionadas con los potenciales prestanombres, y en los cuales se aseguró diversa documentación y evidencia contable que ya se encuentra bajo análisis.

Las diligencias también alcanzaron un domicilio del propio Yarrington ubicado en el fraccionamiento de lujo Río de Matamoros, en donde se asienta la propiedad de aproximadamente 2.5 hectáreas. La revisión se prolongó durante casi todo el sábado, y en la misma se decomisaron diversos documentos.

El ex gobernador no habita desde hace varios meses dicha propiedad, pues de acuerdo con la dependencia federal reside actualmente en Houston, Texas, donde existe contra él una restricción de tránsito y traslado.

Las pesquisas que lleva a cabo la PGR son con relación a la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDCS/012/2009, en la que se señala a Yarrington y a los también ex gobernadores de Tamaulipas Manuel Cavazos Lerma y Eugenio Hernández Flores, de haber recibido dádivas económicas del Cártel del Golfo, a cambio de protección oficial a sus operaciones ilícitas.

Las investigaciones, que podrían incluir la ejecución de nuevas órdenes de cateo y declaraciones de personas vinculadas, continuarán esta semana.

Tras los cateos a viviendas y negocios de los presuntos prestanombres de Yarrington, la PGR revisó la residencia del ex gobernador de Tamaulipas, ubicada en el exclusivo Fraccionamiento Río de Matamoros; alrededor de 40 militares apoyaron el operativo, cerrando la circulación vehicular y restringiendo el acceso de personas.

La residencia tipo campestre, de tres hectáreas, se ubica en el kilómetro 8 de la carretera Victoria- Monterrey.

De acuerdo con versiones de los vecinos, la residencia no era habitada por Yarrington, y sólo se hallaba un policía ministerial como escolta del inmueble.

De igual forma, efectivos de la PGR, realizaron cateos en viviendas de Ciudad Victoria. En propiedades del empresario Fernando Alejandro Cano Martínez, hasta ahora el único acusado por parte del gobierno de estadunidense de “lavado” de dinero y fraude bancario, así como de Eduardo Rodríguez Berlanga y Faruk Fatemi Corcuera.

Además el Partido Revolucionario Institucional (PRI) exhortó a Yarrington a colaborar con las autoridades que lo investigan y que las indagatorias se realicen al margen del proceso electoral que se desarrolla en el país.

En el marco de la inauguración del Foro de Seguridad, Legalidad y Derechos Humanos organizado por la Universidad La Salle Victoria, Torre Cantú fijó su postura en torno al escándalo que ha desatado una presunta investigación en contra del ex gobernador en Estados Unidos.

“Hay temas de aplicación de la ley y de impartición de justicia, entonces dejemos que se aplique la ley y se imparta la justicia, yo lo único que rechazo es que estigmaticen a Tamaulipas”, dijo.

Destacó que Tamaulipas es un estado trabajador, de gente buena, valiosa, valerosa y “que todos los días salimos a dar lo mejor que tenemos para seguir fortaleciéndonos”.

El ex mandatario estatal de Tamaulipas es investigado por autoridades de Estados Unidos, por presuntamente haber aceptado millones de dólares en sobornos, dinero que habría lavado por intermediación del constructor victorense Fernando Cano Martínez, también buscado por la justicia del país vecino.

Respecto a las conclusiones del foro de Seguridad, Justicia y Derechos Humanos, Torre Cantú confió en que ayudarán al perfeccionamiento del sistema jurídico.

“Sé que contribuirán a la consolidación de nuestro estado de derecho. Sé que servirán de referente para afianzar nuestra estrategia pública, de seguridad pública”, dijo.

Indicó que el estado de derecho es una condición indispensable para la vida social y un compromiso ineludible de su gobierno, “por el orden, la convivencia y la tranquilidad de las personas”.

La sesión extraordinaria del PRI, se llevará a cabo este fin de semana con carácter de urgente y será presidida por Homero Díaz, en donde se discutirá retirar la militancia al ex gobernador.

El líder nacional del PRI pidió a la Comisión Partidaria determinar los derechos militantes de Tomás Yarrington y las demás sanciones que conforme a derecho procedan según los estatutos del código de militancia del partido.

Sin mencionar por nombre el caso del ex gobernador  Tomás Yarrington el

“Les pido honestidad, responsabilidad, transparencia y resultados, para ganarnos y refrendar la confianza de la gente, hay que poner ejemplo, hay que empezar en casa, el PRI tiene que asumir el papel que le corresponde, no inspirado en la nostalgia del ayer sino en los retos del presente para ganar el futuro” aseguró.

En el México que queremos” no tendrán cabida ni la corrupción ni el encubrimiento ni mucho menos la impunidad, afirmó el abanderado del PRI y Partido Verde.

Durante la sesión extraordinaria del Consejo Nacional del PRI, frente tanto a aspirantes a puestos de elección popular como a aquellos de su partido que ejercen un cargo público, el candidato sentenció: “Quién no esté dispuesto a comprometerse con la democracia, la libertad y la transparencia simplemente no tiene cabida en este movimiento”.

Asimismo, pidió comprometerse con los compromisos esenciales de la democracia y pidió adoptar el decálogo presentado hace unos días asumirlo como código de conducta.

Después de que en los últimos días se llevaran a cabo una serie de protestas en contra de la candidatura del priista, el candidato reconoció el movimiento estudiantil en su contra y lo calificó de “genuino”.

“El suyo es un movimiento genuino que abandera la libertad, que debe ser respetado y escuchado tanto por los gobiernos y los partidos políticos y por supuesto, por quienes somos candidatos” dijo.

Y aseguró que dicho movimiento “bajo ningún argumento deberá partidizarse”, por lo que pidió al PRI escuchar e incorporar “el deseo de los jóvenes a la democracia”.

Al evento asistieron personalidades como el coordinador de campaña de Peña Nieto, Luis Videgaray; el presidente de partido Pedro Joaquín Coldwell; el coordinador de la bancada priista Manlio Fabio Beltrones; el vicecoordinador de campaña José Carlos Ramírez Marin y el secretario de organización de la campaña Miguel Angel Osorio Chong.

La acusación criminal B-12-435, presentada por el Departamento de Justicia norteamericano contra Fernando Cano, propietario de las empresas Constructora y Materiales Villa de Aguayo y Gifer, señala que desde 1998 el empresario se dedicó a la transferencia y transportación de dinero procedente de actividades ilícitas como el tráfico de drogas, robo y sobornos, generados dentro y fuera de Estados Unidos.

El empresario es acusado de utilizar esos recursos para comprar bienes y ocultar quién era el propietario, así como la naturaleza y procedencia de los fondos con los que se compraron esas propiedades.

El Departamento de Justicia presentó la acusación contra Cano y señaló que también inició un proceso civil para confiscar propiedades de Yarrington, quien sería el propietario real de los bienes atribuidos al empresario. El político priista gobernó Tamaulipas de 1999 a 2005.

“Cano y uno o más cómplices que aún no han sido acusados, formaron una serie de compañías bajo las leyes del sur de Texas que operan bajo las reglas de compañías de deudas limitadas (Limited Liabilities Companies) y sociedades limitadas (Limited Partnerships). Estas empresas fueron usadas por Cano y sus asociados como pantallas para ocultar el origen de sus recursos y a través de ellas obtuvieron en forma fraudulenta préstamos y créditos respaldados por instituciones bancarias aseguradas por dependencias federales de Estados Unidos”.

La acusación detalla que a partir de 2005, Cano y sus asociados, fundaron las empresas SPI Ling & Marlin Townhome Project LP, SPI Development Partner LLC, Premier Holdings Ltd, AGM Investments LLC, Cantera Parkways y SA Cantera Development Partners LLC, y a través de ellas recibieron préstamos de bancos como el Inter National Bank, de McAllen; el Lone Star, de Pharr, First National Bank de Brownsville; Falcon International, de Laredo;Texas, para comprar bienes por 12 millones de dólares, entre los activos que se adquirirían se incluía un avión Pilatus, modelo 2005, con valor de 2 millones 570 mil dólares, terrenos para desarrollos habitacionales en San Antonio, con un valor superior a 11 millones de dólares.

Como parte del esquema de lavado, las compañías pantalla, propiedad de Cano y “sus cómplices aún no acusados”, abrieron cuentas en los bancos mexicanos HSBC, Scotia Bank, BBVA, Bancomer, Banamex y Banregio, a los que transfirieron importantes sumas de dinero a través de la institución llamada Monex.

Debido a esos movimientos, el fiscal del Departamento de Justicia tratará de incautar bienes con valor de 40 millones de dólares para resarcir los préstamos solicitados en forma fraudulenta por Cano y sus cómplices.

Autoridades de la dependencia informaron a 24 HORAS que el proceso civil en el que ahora se ha visto inmiscuido el político priista por el presunto lavado de dinero en la compra de bienes raíces, ha complicado su situación, que de por sí ya era compleja.

Según lo revelado por la procuraduría, Yarrington cuenta con una restricción para su tránsito en el estado de Texas, la cual ya le fue notificada por el poder judicial en esa entidad luego de que también se le informó oficialmente los señalamientos que imputan en su contra los fiscales.

“Él no puede salir del estado porque la Corte necesita tenerlo al alcance para testificar en cualquier momento. No se le ha detenido porque de momento no existe ninguna orden que lo afecte corporalmente, pero se le considera ya implicado en un caso delictivo, aunque sea todavía de naturaleza civil”, dijo una fuente de la PGR con conocimiento del caso.

La violación a esta restricción le significaría al exgobernador serias complicaciones legales en Estados Unidos, que derivarían casi de forma inevitable en una inmediata orden de arresto y remisión al juzgado.

No obstante, desde antes de que se presentara esta situación, los desplazamientos de Yarrington ya eran seguidos con atención por las autoridades mexicanas y estadunidenses, luego de que hace tres meses se giraron los avisos migratorios correspondientes.

Esto quiere decir que el paso del ex gobernador por cualquier aduana aérea, portuaria o terrestre de ambos países, es notificado directamente a las autoridades migratorias y ministeriales para que se determine lo conducente.

En la PGR subrayaron que dichos avisos migratorios no le impiden tácitamente a Yarrington o sus familiares viajar, pero sí facilitan a las autoridades el conocer de sus movimientos y destinos, y en un caso extraordinario, detenerlo bajo el argumento legal de que se trata de un “caso urgente”.

Las alertas, que también fueron solicitadas en su momento en contra de otros dos ex gobernadores, Manuel Cavazos Lerma y Eugenio Hernández Flores, son resultado del seguimiento ministerial que lleva a cabo la PGR en contra de los políticos, a partir de la integración de la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDCS/012/2009.

Los delitos que en su momento pudieran ser imputados a los ex mandatarios van desde el lavado de dinero hasta la delincuencia organizada, y son resultado de las dádivas que habrían recibido de parte de la organización delictiva “Golfo-Zetas” a cambio de protección institucional a sus integrantes y a sus operaciones de trasiego de drogas.

Especialmente avanzado se ubica el caso de Yarrington Ruvalcaba, gobernador de Tamaulipas de 1999 al 2005, luego de que dos ex narcotraficantes e informantes de la DEA, Antonio Arguelles Parra y Miguel Soto Parra, han dado detalles de algunas de las inversiones que se realizaron con el dinero ilícito, y a través de prestanombres.

Un terreno de aproximadamente 20 hectáreas en San Antonio valuado en 6.6 millones de dólares, así como un condominio en la isla del Padre, adquirido por 450 mil dólares, ambas en Texas, son las que pretende incautar en la primera fase de la indagatoria la fiscalía estadunidense, argumentando que pertenecen a Yarrington, y fueron adquiridas con dinero ilegal.

De forma paralela el Departamento de Justicia de los Estados Unidos continúa integrando el resto de las evidencias, en coordinación estrecha con la PGR, situación que en breve podría derivar en nuevas demandas de carácter civil o incluso penal en contra del ex gobernador.

Prestanombres buscado en México y EU

Fernando Cano Martínez, propietario de las empresas Materiales y Construcciones Villa de Aguayo y Gifer, quien presuntamente sirvió como prestanombres para la adquisición de bienes raíces con dinero proveniente del narcotráfico, es buscado en Estados Unidos y en México.

El pasado 23 de mayo, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos dio a conocer el inicio de un procedimiento penal en contra del empresario, señalado como un “hombre de negocios de Ciudad Victoria”, tras acusarlo de conspirar y operar el lavado de dinero procedente de la delincuencia organizada.

Autoridades de la PGR indicaron que la dependencia estadunidense les comunicó oficialmente de la orden de aprehensión vigente en contra de Cano, y en breve un juez federal en el país obsequiará también la orden de detención con fines de extradición.

Bajo un esquema de administración de bienes inmuebles propiedad del Estado, la entidad paraestatal del estado de Tamaulipas conocida como “Fideicomiso Nuevo Santander” vendió el terreno a la empresa Materiales y Construcciones Villa de Aguayo, S.A. de C.V. a un precio de 87 centavos el metro cuadrado, siendo que un predio de esas características, situado en una zona industrial contigua al puerto de Altamira, costaba entre 200 y 500 pesos por metro cuadrado.

El fideicomiso Nuevo Santander se creó  para fomentar el desarrollo industrial del Estado, recibió a lo largo inmuebles diversos propiedad de la entidad con el fin de administrarlos, como es el caso del terreno citado.

Originalmente el terreno perteneció a ejidatarios y fue expropiado por el gobierno federal en 1981, proceso que se resolvió en 1996; se pensó destinarlo para construcciones y accesos en el puerto. Finalmente la Federación transfirió dichos terrenos al gobierno estatal para destinarlos a un proyecto de construcción de un canal navegable que correría de Brownsville a la ciudad de Tampico, pero el proyecto nunca se realizó.

Sería en el año 2001 cuando por decreto se entregaron las mil 600 hectáreas al Fideicomiso Santander, y tan solo un mes después fueron vendidos a la empresa constructora de Fernando Cano por 14 millones de pesos.

En un punto de acuerdo presentado por el entonces diputado local Luis Alonso Mejía García, durante la administración de Yarrington, el legislador acusó al gobernador de beneficiar al empresario tamaulipeco con contratos multimillonarios, obtenidos gracias  a la amistad entre ambos personajes y a “un pacto de caballeros”, e incluso comparó a Fernando Cano como “el Carlos Ahumada de Tamaulipas”.

Posteriormente el punto de acuerdo fue desechado por la Comisión de Gobernación del Congreso Estatal, al alegar que el inmueble en cuestión, se conforma por terrenos bajos y anegadizos a orillas del mar, y que para volverlos útiles sería necesaria una operación de relleno con un costo de 90 millones de pesos, que serían absorbidos por la empresa.

Sin embargo, el costo de relleno comparado con el margen de beneficios, aun se encuentra muy abajo en la balanza.

De acuerdo con autoridades de la Procuraduría General de la República (PGR, el apoyo consiste específicamente en la entrega de información sobre propiedades y datos contables del priista.

La Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda reunió los informes a solicitud de la dependencia a cargo de Marisela Morales, quien ha entregado los listados con información a Estados Unidos.

No obstante, las fuentes consultadas aseguraron que la PGR aún tiene datos concluyentes para México, es decir, todavía no han podido confirmar que alguna propiedad o cuenta bancaria sea sospechosa, lo que se está constatando a través de la Unidad Especializada en la Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, de la SIEDO.

Luego de que el pasado mes de febrero se filtró información sobre una alerta migratoria derivada de una averiguación previa federal iniciada en contra de tres ex gobernadores de Tamaulipas, entre ellos Yarrington Ruvalcaba, la procuraduría determinó reservar cualquier detalle o avance en torno a este caso.

Sin embargo, autoridades de la dependencia informaron que el Ministerio Público continúa con la integración de la averiguación previa relacionada PGR/SIEDO/UEIDCS/012/2009, por los delitos de delincuencia organizada, enriquecimiento ilícito lavado de dinero.

“La colaboración y el trabajo no se ha detenido, ha continuado; hay una comunicación constante con la DEA y se sigue con interés el avance del caso en Estados Unidos. Hay conductas delictivas que de confirmarse atañen a ambos países, y en el momento ministerial adecuado se procederá aquí también”, señaló una fuente de la PGR.

Una parte clave de las pesquisas fueron las declaraciones de un sujeto identificado como Antonio Peña Arguelles, ex lavador de dinero del narcotráfico y bajo proceso en una cárcel en Texas, quien ha declarado ante la justicia estadunidense que Yarrington recibió cuantiosos recursos durante su gobierno de parte de la organización delictiva Golfo-Zetas.

Entre la información que ha proporcionado la procuraduría a las autoridades estadunidenses se encuentra la relación de propiedades y cuentas bancarias  del ex gobernador de Tamaulipas, lista de la que no se proporcionaron detalles por motivos de la secrecía de la indagatoria.

No se trata, al menos de momento, de evidencia que permita establecer al aprovechamiento de recursos ilícitos de parte de Yarrington, explicaron en la PGR,  pero que si pueden resultar útiles en el cruce de datos para los expedientes abiertos en ambos países.

El martes se informó que los fiscales Kenneth Madigson del Distrito Sur de Texas y Roberto Pitman el Distrito Oeste del mismo estado, iniciaron procedimientos civiles para solicitar el aseguramiento de dos propiedades valuadas en aproximadamente siete millones de dólares, y que el exgobernador tamaulipeco habría adquirido a través de prestanombres con recursos ilícitos provenientes del narcotráfico.

Según la evidencia reunida por la DEA, la cual sustenta las demandas civiles interpuestas, durante el tiempo en que Yarrington encabezó el gobierno de Tamaulipas de 1999 al 2005, éste obtuvo “millones de dólares pagados por cárteles de la droga a través de esquemas de extorsión y soborno”, que le permitieron adquirir con “testaferros” diversas propiedades.

El inicio

En la PGR, la referida averiguación previa en contra de Yarrington y otros ex gobernadores se comenzó a integrar principalmente a partir de las declaraciones de Miguel Soto Parra, ex integrante del grupo delictivo de Los Zetas y ahora testigo de la SIEDO, quien fue capturado por fuerzas federales en el 2009.

En sus declaraciones, este sujeto reveló la red de complicidades que por más de una década se había establecido con servidores y ex servidores públicos del gobierno de Tamaulipas, desde que Los Zetas aún estaban aliados con el cartel del Golfo, lo que permitió su consolidación en la entidad y el control de las rutas de trasiego de drogas hacia Estados Unidos.

Otro testigo colaborador de la PGR es el propio Antonio Arguelles Parra, quien antes de ser extraditado a los Estados Unidos donde ahora se encuentra procesado, también declaró ante el Ministerio Público Federal sobre los nexos de funcionarios de Tamaulipas con la delincuencia organizada.

De hecho, la DEA proporcionará al Ministerio Público de la SIEDO una copia de todas las declaraciones e informes que ha rendido recientemente este sujeto, y que podrían resultar útiles para fortalecer el expediente ministerial.

No obstante, en la procuraduría señalaron que es poco probable que se proceda en contra del ex gobernador de Tamaulipas mientras el asunto en Estados Unidos no transite de las cortes civiles a los juzgados penales.

Oficialmente, la PGR no tiene hasta el momento ninguna orden judicial o ministerial vigente en contra de Yarrington, quien se encuentra radicado en la ciudad de Houston, Texas.

El gobierno de Estados Unidos rechazó las acusaciones de interferencia en el proceso electoral en México generadas por la demanda en Texas contra el ex gobernador de Tamaulipas Tomás Yarrington, que pertenece al partido líder en las encuestas.
La portavoz del Departamento de Estado, Victoria Nuland, recordó que el caso contra el exgobernador del PRI es un asunto para los tribunales y por tanto no vamos a debatirlo aquí”.

“Pero rechazo categóricamente cualquier acusación de interferencia en la política de México. Queremos ver en México lo mismo que queremos ver en todos los casos de elecciones democráticas: un proceso libre, justo y transparente”, señaló Nuland en su conferencia de prensa diaria.

Pese a que el Congreso estadounidense mantiene un intenso escrutinio sobre la narcoviolencia al otro lado de la frontera, el Gobierno de Barack Obama ha asegurado repetidamente que mantendrá sin cambios su relación con México y la cooperación antidrogas, resulte quien resulte elegido en los comicios del 1 de julio.

De acuerdo con contratos registrados en el portal Compranet, Gifer y Materiales y Construcciones Villa de Aguayo, que comparten domicilio fiscal en Ciudad Victoria, capital de Tamaulipas, realizaron obras sólo en esa entidad, por 207 millones de pesos.

De acuerdo al portal que registra las compras de gobierno, Gifer recibió un contrato por 32 millones 755 mil pesos por la construcción de terracerías, pavimentación, señalamiento y obras complementarias en el camino Matehuala-Ciudad Victoria, la obra comenzó a hacerse el 3 de enero de 2009.

Un segundo contrato, por la licitación 57075001-030-09, reportó 24 millones 112 mil pesos, por la modernización de la carretera Villa de Casas- Soto La Marina. La fecha de inicio fue en junio de 2009.

Después, mediante la licitación 00009040-075-09, se le asignó la  tarea de modernizar cuatro estructuras en el tramo Soto La Marina-Rayones, obra que inició en enero de 2010, por la que se pagaron 32 millones 838 mil pesos.

Cano Martínez, a quien la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) acusa de conspirar para lavar dinero procedente de las actividades ilegales del Cártel del Golfo, fue vicepresidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción.

El gobierno de Estados Unidos lo acusa de haber formado en 2005 las empresas SPI Ling&Marlin Townhouse Project y SPI Development Partners, dedicadas al desarrollo de proyectos inmobiliarios, para lo que pidieron un préstamo por 600 mil dólares al banco Inter National, de McAllen, Texas. Después habrían formado otras empresas y solicitado otros créditos que cubrieron con fondos procedentes de actividades ilícitas.

En el sexenio de Yarrington, Gifer obtuvo contratos por más de 150 millones de pesos.

Su otra empresa, Materiales y Construcciones Villa de Aguayo, fue señalada por recibir numerosas obras durante la administración de Yarrington, por ejemplo, en el 2002 obtuvo contratos por 13 millones de pesos, en 2004 por 87 millones y en 2005, último año de gobierno de quien fue precandidato a la Presidencia por el PRI, y fue integrante del grupo Todos Unidos contra Madrazo, recibió 125 millones de pesos en contratos.

Sin embargo, la influencia de Cano Martínez, a quien la DEA señala como prestanombres del ex gobernador, no se apagó con el cambio de administración, ya que en 2010, obtuvo dos contratos jugosos, uno de 99 millones 596 mil pesos, por trabajos de construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimentación, señalamiento y obras complementarias en el camino Altamira- Nuevo Progreso y, en el mismo año, otro por 22 millones 846 mil pesos por los trabajos de construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimentación, señalamiento y obras complementarias en el camino Eje Interregional Matehuala- Ciudad Victoria.

Androphy, especialista en la defensa de acusados de crímenes financieros (white collar crimes), dijo que actualmente no hay investigación que involucre propiedades del político priista, que las acusaciones están basadas en rumores y falsedades.

El abogado, cuya firma está en Houston, y exhibe como muestra de su eficacia la sentencia de inocencia para cuatro ejecutivos estadunidenses acusados de sobornar a un directivo de la Comisión Federal de Electricidad (Néstor Moreno) para obtener contratos, dijo que las acusaciones pueden derivarse de un acuerdo entre un acusado de crímenes que decidió incriminar a otra persona para obtener beneficios como rebaja de condena.

“Hay declaraciones acerca de él hechas en la petición de incautación de sus propiedades, pero no tienen nada que ver con bienes que le pertenezcan. Debe tratarse de un malentendido”.

En torno a la acusación de que Fernando Cano Martínez es un prestanombres que encubre al ex gobernador, el abogado dijo que “no hay ninguna conexión de Yarrington con las propiedades señaladas en la investigación. “No es su propiedad y hace siete años que no es gobernador”.

Androphy señaló que ha estado en contacto con Yarrington, pero se negó a comentar si el ex gobernador se encuentra en Estados Unidos o en México.

Yarrington fue acusado en una corte federal de Estados Unidos por su presunta colusión con organizaciones criminales y de participar en un esquema de lavado de dinero que le habría permitido comprar propiedades en Estados Unidos.

A través de un comunicado, el partido anunció que la Comisión Nacional de Justicia Partidaria que sesione a la brevedad para suspender los derechos de militancia al ex mandatario estatal y en tanto se define de manera definitiva su situación jurídica.

Por su parte, el candidato presidencial del PRI, Enrique Peña, deslindó a su partido de cualquier presunta responsabilidad cometida por militantes porque la organización, dijo, no está para defender a nadie y sí para exigir la aplicación de la justicia.

“Más allá de un deslinde, el partido con toda claridad ha señalado que en este y cualquier otro caso se debe aplicar la justicia, se debe aplicar la ley”.

El candidato dijo que este caso viene de tiempo atrás y el partido ha señalado con toda claridad que en este y cualquier otro caso se debe aplicar la justicia.

El abanderado presidencial dijo en conferencia de prensa, que cada actor político, del partido que sea, es responsable de sus propios actos, razón por la cual el ex gobernador tendrá que asumir y esclarecer sus posibles vínculos con el crimen organizado.

Peña Nieto no descartó que haya denuncias contra otros militantes de su partido, sobre todo ex gobernadores, y que esto forme parte de una campaña en su contra; de ser así, adelantó, estarán atentos para contrarrestarlo.

Peña insistió en que hay un intento de los adversarios de vincularlo con algunos personajes polémicos de la política, por lo que consideró que lo que debe marcar a cada quien es su trayectoria, resultados y las responsabilidades que ha asumido en el país.

A propósito de las críticas por su vinculación con líderes sindicales como el de los petroleros, Carlos Romero Deschamps o Elba Esther Gordillo, comentó que son especulaciones y una estrategia de sus adversarios para desprestigiarlo.

El priista añadió que la guerra sucia y agresión que ha desarrollado la “candidata de la derecha” para dañar su candidatura, ésta ha hecho un “lamentable papel” que no le ha redituado en nada.

La Justicia federal estadounidense presentó ayer en San Antonio y Corpus Christi (Texas) dos demandas de confiscación de bienes supuestamente de Yarrington, al hacerle partícipe de una red de lavado de dinero que con millones de dólares compró en 2006 inmuebles a través de terceras personas en Estados Unidos.

Joel Androphy, el abogado de Houston que representa a Yarrington, negó las acusaciones y recordó que no hay cargos presentados contra él y que la demanda “es un simple papel sin sustancia” ni fundamentos para procesarlo.

“Puede que haya algo político detrás de esto, no descartó que sean enemigos políticos. Hay mucha gente presionada que dice cosas que no son verdad y lo utilizan para negociar a su favor”, indicó el abogado, que negó las acusaciones contra Yarrington, vinculado al Partido Revolucionario Institucional (PRI).

“No hay ninguna conexión de Yarrington con las propiedades. No es su propiedad y hace siete años que no es gobernador”, indicó Androphy, quien negó que su cliente esté detenido, como anunciaron algunos medios, y declinó comentar si el exgobernador se encuentra en territorio estadounidense.

Medios mexicanos informan hoy que los fondos ilícitos para tales operaciones procedían del cartel del Golfo.

En concreto, las autoridades estadounidenses buscan confiscar una propiedad en la isla de South Padre y un terreno de más de 18 hectáreas en San Antonio, éste último supuestamente comprado por Yarrington a través de un empresario mexicano en 1998.

Las demandas llegan apenas seis semanas antes de las elecciones presidenciales de México del 1 de julio, y pueden convertirse en nuevos argumentos para los rivales del candidato presidencial del PRI y favorito en las encuestas, Enrique Peña Nieto.

Yarrington fue alcalde de Matamoros entre 1993 y 1995 y gobernador del estado de Tamaulipas entre 1999 y 2005.

El vocero del Partido Acción Nacional (PAN), Juan Marcos Gutiérrez, sostuvo en entrevista que el caso demuestra la tolerancia de las administraciones priistas con el crimen organizado.

El representante del PAN ante el Instituto Federal Electoral, Agustín Castilla Marroquín, subrayó por separado que si está acreditado que el ex mandatario estatal posee un inmueble valuado en 6.6 millones de dólares en Estados Unidos, habría que saber si con su salario como funcionario público le alcanzó para comprarlo.

A su parecer, los señalamientos contra Yarrington Ruvalcaba son reflejo de que la delincuencia organizada ha crecido al amparo de gobernantes, y que el incremento de la violencia o de los índices delictivos no es responsabilidad de la administración federal, sino de aquellos que por omisión o complicidad lo permitieron.

“Es un régimen podrido, de corrupción, y es lo que quieren sostener. ¿Quién promueve al ex gobernador de Tamaulipas? Peña Nieto o ¿estoy diciendo mentiras?”, dijo durante su conferencia matutina de hoy.

El político tabasqueño consideró que el priísta, Enrique Peña Nieto, no podrá deslindarse de estos casos de corrupción, que involucran a ex gobernadores de su partido.

“¿Cómo le va a hacer, si él le levanta la mano a Yarrington, como se la levanta a Moreira, él puso a Moreira en el PRI, es lo mismo, para qué hablamos más”, agregó.

López Obrador consideró que estos casos siempre deben salir a la luz pública incluso cuando las investigaciones se destapen durante época electoral.

“Ahora resulta que en épocas de elecciones no se va a poder, entonces no se va a poder nunca, porque cuando no hay elecciones, tampoco. Entonces, si hay investigación, si se hace justicia, si se actúa con rectitud, pues se tiene que actuar en todo momento”, concluyó.

(Con información de El Universal)

Precisó “Que cada quien deba de asumirlos y deba hacer la defensa y el esclarecimiento público a cualquier tipo de señalamientos”, y que él y su partido no solaparán a nadie.

El ex gobernador del Estado de México dijo que será la Comisión de Justicia Partidaria la que determine si es procedente o no la suspensión de la militancia de Yarrington.

Así mismo, expuso que si bien su partido no defiende al tamaulipeco, sí exige una aplicación justa de la ley y, que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) está para demandar la aplicación irrestricta de la ley para militantes y no militantes de este instituto político.

“No lo tenemos bajo custodia federal y no está acusado”, dijo la vocera de la Oficina del procurador federal para el sureste de Texas, Angela Dodge.

A pesar del par de demandas civiles interpuestas por fiscales federales para incautar propiedades del ex gobernador en Texas por presunto uso de prestanombres, a fin de adquirir propiedades con dinero que presuntamente recibió como sobornos de los cárteles del narcotráfico.

Los fiscales federales precisaron en un comunicado que Yarrington utilizó en 2006 el dinero de forma ilícita para comprar una propiedad en San Antonio valuada en alrededor de 6.6 millones de dólares.

En las demandas ante Cortes de San Antonio y Corpus Christi, en Texas, las autoridades argumentan que siendo gobernador entre 1999 y 2005, Yarrington participó en una serie de actividades delictivas.

“Yarrington recibió mientras desempeñaba un cargo público, millones de dólares en pagos de organizaciones del narcotráfico a gran escala, y de varias operaciones de extorsión y soborno”, señaló el documento ante la Corte.

El documento señala que “los cómplices de Yarrington acordaron ayudarlo a lavar millones de dólares de los ingresos de las actividades del tráfico de drogas a través de inversiones en bienes raíces en Estados Unidos”.

Así, el ex gobernador habría adquirido además un condominio de 450 mil dólares en la Isla del Padre Sur, en el sureste de Texas.

En rueda de prensa, la portavoz del Departamento de Estado, Victoria Nuland, señaló que “como tal, es un asunto para las cortes y no algo que nosotros discutiríamos aquí, pero categóricamente rechazo cualquier interferencia en la política de México”.

La funcionaria añadió que Estados Unidos espera que se realicen en México elecciones libres, justas y transparentes, como en todos los casos de procesos electorales democráticos.

Según las dos demandas civiles presentadas ayer por el Departamento de Justicia en Cortes Federales de Texas, el ex gobernador de Tamaulipas adquirió dos propiedades en Texas con dinero ilícito y a través de un prestanombres. Y se busca incautar esas propiedades en la Isla del Padre y San Antonio.

“Según tengo entendido, el caso está relacionado con cargos por lavado de dinero contra un ciudadano extranjero que reside en Texas y por actividades realizadas en ese estado”, aseguró Nulad.

Asimismo, añadió que no se puede discutir nada respecto a Fernando Alejandro Cano Martínez, quien también figura en la acusación como responsable de una operación de lavado de dinero con sobornos pagados a políticos y funcionarios mexicanos por el Cártel del Golfo, pues el caso se encuentra en la Corte. (Con información de Notimex)

Durante su participación convocada a última hora por twitcam, la abanderada aprovechó para mostrar un diario en el que se informa que el ex gobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington, está acusado de “lavado” de dinero.

“La decisión este 1 de julio es entre estos dos Méxicos, ese México de corrupción, ese México autoritario, ese México que yo viví de niña desde el balcón de San Cosme que reprime a los estudiantes, que los golpea y que incluso los asesinó, ese México de corrupción o este otro México”, subrayó.

Vázquez Mota rechazó “cualquier intento de impedir u obstaculizar las redes sociales”, como lo hacen “los autoritarios que se oponen” a la libertad de expresión.

“Voto por la libertad absoluta de las redes sociales y por la libertad de expresión”, añadió la candidata peresidencial del Partido Acción Nacional (PAN).

Destacó que son “los autoritarios que se oponen a estos ejercicios de libertad y los que buscan, como me tocó presenciar a los 10 años de edad, prefieren incluso golpear, matar y desaparecer a quienes piensan diferente a ellos, México no merece que esto vuelva a suceder”.

En su primera interacción por este medio, en la que se registraron casi cuatro mil cuentas que la observaron, resaltó que “esta mañana amanecimos con esta nota que dice involucran a Yarrington con lavado de dinero”.

Se preguntó y contestó: “¿Quién es Yarrington?, Yarrington fue un gobernador de Tamaulipas, del PRI, (donde) también nos enteramos de que hace poco involucraron y está acusado quien fue tesorero de (Humberto) Moreira”.