En años más recientes surge también la vía municipalista, preocupada por dar soberanía al pueblo representado por su autoridad más cercana, el ayuntamiento.

En 1917 se reconoce en la Constitución la existencia del municipio con autonomía hacendaria y libertad política, aunque sin dotarle de instrumentos para hacerlas realidad. En 1999 se reforma el artículo 115 constitucional para fortalecerle, ampliando sus funciones y servicios, mejorando su gestión financiera, y vigorizando su capacidad institucional.

Esos movimientos y reformas han alertado los problemas de los municipios mexicanos, y resuelto algunos. Sin embargo, a 13 años de distancia del último gran avance, los problemas originales del órgano político-administrativo más cercano a la gente, son más vigentes que nunca.

Endeudados. De 2005 a 2010 la deuda pública de los municipios creció a una tasa promedio anual de 17.9%, mientras que sus ingresos sólo lo hicieron en apenas 6.4%. Esto significa que las municipalidades mexicanas se endeudan a una velocidad 3 veces mayor que la forma en que ven crecer sus presupuestos.

Sin margen de maniobra. En el gasto existen 5 grandes rubros: servicios personales y generales; materiales y suministros; pago de deuda pública; subsidios, transferencias y ayudas; y obras públicas y acciones sociales. Los primeros 3 corresponden al gasto administrativo o corriente. Representan en promedio 58% del presupuesto total. Los restantes 2 son recursos etiquetados, se aplican para aportar en la participación condicionada de programas federales o estatales, y se usan para financiar infraestructura.

Económicamente endebles y dependientes. Las participaciones y aportaciones federales significan 79% de los ingresos municipales, mientras que sólo 21% se explica por recaudaciones propias (impuestos, derechos, productos). Esta concentración no ha cambiado al menos en los últimos 7 años. Un municipio que experimenta reducción en sus participaciones y aportaciones, entra automáticamente en crisis financiera o en falta de liquidez para cubrir las obligaciones laborales o de funcionamiento normal.

Producen efectos perversos. Una gran cantidad de males involuntarios prevalecen en lo local debido a razonamientos incorrectos de política pública. Algunos son: 1. La contratación de personal obedece más a criterios políticos que laborales o presupuestarios. 2. No hay necesidad de luchar por más ingresos, a fin de cuentas siempre existirán salidas rápidas como deuda, rescate financiero o detener la prestación de servicios. 3. Impera la idea de otorgar al sindicato todas las prerrogativas que solicita, para evitar complicaciones políticas y sociales. 4. Se heredan problemas de un periodo de gobierno a otro como consecuencia de la ausencia de un sistema efectivo de responsabilidades y penalizaciones.

Los municipios deben colocarse nuevamente en el primer plano de la agenda pública nacional y de las líneas de investigación académicas. La reforma de 1999 les adelantó a su época, pero nuevamente el tiempo les cobra vida. Es necesario mejorar el arreglo institucional actual, no sólo entre municipios, estados y el nivel federal, sino el de sus propias dinámicas e inercias. Quizá más recursos económicos sean la solución en ciertas municipalidades pero un desperdicio en otras.

Copiar las soluciones del de enfrente sin analizar su propia realidad puede ser más perjudicial que benéfico. Las respuestas globales ya no funcionan –tal vez jamás lo hicieron-, lo pertinente es estudiar los casos, encontrar peculiaridades por regiones o por tipo de municipios.

*Director de Consultores en Administración y Políticas Públicas, S.C. (Capp) @abelpalomera

Referencias

Instituto Nacional de Estadística y Geografía, “Estadísticas de Finanzas Públicas Estatales y Municipales”, Revisión 2012.

Analistas económicos, en especial del Financial Times, afirman que la “buena” situación de México responde a una renovada fuerza en el mercado doméstico, además de una fuerte inversión pública necesaria durante el proceso electoral. Por lo pronto, México ha sabido mantenerse de pie ante la tormenta en la que se encuentra el mundo.

Lo que es una realidad es que inversionistas internacionales han estado poniendo el ojo en México, incluso por encima de Brasil, que en teoría y durante la última década ha sido el favorito de América Latina. Inclusive dentro del reporte citado en The Financial Times, de Normura Equity Research, se han aventurado a afirmar que en la siguiente década México crecerá por encima de Brasil, ostentando el título de la economía más grande de América Latina.

Según Reuters, las acciones y el mercado mexicano han atraído inversionistas, incluso aquellos que normalmente invertirían en Brasil, ya que éste último ha perdido un poco de su boom, mientras que México no sólo se mantiene estable, sino que ha estado creciendo paulatinamente.

México tiene algunas ventajas comparativas con respecto a Brasil. En primer lugar la economía de los reyes del carnaval este año ha crecido 2% comparado con un crecimiento de 7.5% hace dos años. El tope en su crecimiento significa que Brasil no puede seguir contando con el aumento en los precios de las commodities. Por otro lado mucha de la industria brasileña se ha vuelto poco competitiva resultado de sus tratados comerciales que pecan de proteccionistas, además de un aumento en costos de producción.

En cambio, durante la última década, aunque México no creció a la misma rapidez que Brasil, todavía tenemos espacio para llegar a la cúspide con un inmenso potencial de expansión. Las ventajas que se citan para nuestro país son por un lado nuestro famoso bono demográfico de una población mayoritariamente joven que en teoría debería ser productiva y, por el otro, existe potencial de crecimiento para el sector bancario.

México cuenta con una deuda pública relativamente baja, poco déficit y sobre todo reglas abiertas de mercado, al no haber control de flujos de capital nuestro país se vuelve más atractivo que Brasil para inversionistas. Sin embargo el mercado de valores representa apenas un tercio del brasileño y el producto interno bruto de México sigue siendo la mitad que el de Brasil.

No obstante, la esperanza se aviva y fortalece. China empieza a perder competitividad al subir sus costos de producción y sobre todo por los altos costos de trasporte. Por ello nuestro vecino del norte podría volver la vista hacía la industria manufacturera mexicana. Dependerá de la recuperación del Tío Sam, pero sobre todo, de que el nuevo gobierno sepa controlar y no sea controlado por los oligopolios y oligarquías que nos convierten en un país crónicamente no-competitivo.

Claramente estas son algunas especulaciones con cierto fundamento, sin embargo  habríamos de esperar para ver cómo se desempeña el nuevo gobierno del PRI y sobre todo si se sacan adelante las reformas que tanto hemos esperado: laboral, hacendaría, energética. No se necesita un genio para entender que en México se tienen que sentar las bases para que no cueste tanto a las empresas generar empleos, que es necesario reducir la dependencia del sector petrolero sin dejar de recaudar lo suficiente para invertir en infraestructura y que es importante que exista la posibilidad de atraer inversión privada en el potencialmente enorme sector petrolero.

Ahora, el problema a enfrentar es que a los mexicanos siempre nos ha costado trabajo creérnosla. Creer que México sí puede crecer para ser un país fuerte y lleno de promesa. El país tiene un potencial de crecimiento inigualable, sin embargo, tenemos que dejar ir de una vez por todas las ataduras del pasado.

 * Licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública, estudiante de la maestría de antropología en Goldsmiths College, University of London. Asistente de investigación en Contorno, Centro de Prospectiva y Debate. sofiard@me.com

En abril de éste año, las estadísticas demostraron que México llego a un récord de exportaciones representando 25.7 mil millones de dólares, 2.5% más alto que en marzo.

El índice de desempleo ha disminuido de 5.1 a 4.9 en un año.

La inflación es de apenas 3%, lo que significa que es menor no sólo que la de Brasil sino que la de Inglaterra también.  (Información obtenida de blog “beyond Brics” del Financial Times)

Según el FMI, el crecimiento esperado para este año es de 3.9%, lo que representa casi el doble del crecimiento promedio anual del país durante la última década.

¡Son amenazas!, replicaron perspicaces desde la dirigencia priista.

Los ciudadanos están tranquilos, atajó con mesura el IFE en voz de su consejero presidente.

Las tres instancias mencionadas pretenden hablar en nombre de todos. En el de usted y en el mío. También su familia, sus vecinos, sus colegas están en el caldero. Ante eso, cabe preguntarnos… ¿Será? ¿Será que usted, su familia, sus vecinos, sus colegas y yo estallaremos en fecha próxima?

Como los tres declarantes citados hablaron a nombre de todos, un equipo de  investigadores sociales decidimos salir a la calle por un Espresso. No por un café, sino a aplicar una metodología cualitativa así llamada, que sirve para pescar en la calle los indicios de un fenómeno e identificar a botepronto sus principales líneas argumentales.

No tiene pretensiones estadísticas. Tan sólo nos permite curar el escepticismo cuando oímos algo tan “tronador”, como el sonoro presunto estallido.

¿Qué resultó en la primera fase, tras entrevistar cualitativamente sobre el fenómeno a un centenar de personas de la población abierta? (o sea, a cualquiera) ¡Absolutamente nada! ¡Cero! De escaso a nulo conocimiento, y casi ningún involucramiento con el presunto estallido social.

En la segunda fase entrevistamos sólo a personas que declararon haber votado por AMLO en la pasada elección, y ratificaron que, de repetirse, volverían a votar por él. Hicimos este recorte pensando que quizás la explosión no sería generalizada, sino parcial, entre quienes podrían sentirse estafados con el dictamen del Tribunal. ¿Y qué pasó? ¡Casi exactamente lo mismo!

Entre estos ciudadanos convencidos por la oferta de la izquierda no encontramos un solo elemento que permita suponer su adhesión a un movimiento de protesta violento, ni organizado por los partidos políticos ni por las organizaciones ciudadanas más visibles (léase 132 etal).

Por el contrario, en el discurso de los entrevistados se encontraron inhibidores del comportamiento que exprese inconformidad violenta:

-         No se encontró autopercepción de sufrimiento personal ni social directamente ligados a la elección (la hay en relación con distintas métricas del bienestar, pero no específicamente con la elección).

-         No se identifican imágenes mentales donde la gente se represente a sí misma (se vea) en situación de protesta organizada.

-         No se ven reflejados en el discurso de inconformidad de la izquierda. No le dan valor como representante en ese aspecto ni le extienden un cheque en blanco para cualquier tipo de protesta o resistencia que organice.

Si por estallido social, AMLO y sus detractores o las autoridades electorales, se refieren a una respuesta activa, masiva y violenta de la población general ante lo que perciban como trampas electorales (ilegales o paralegales) que pudieran haber favorecido a EPN y perjudicado a AMLO, me temo que es una exageración, un desatino, un delirio a tres (folie a trois).

López Obrador, Coldwell y Valdés, para ponerles nombre, viven en otro México. Hablan del que les da presupuesto, y no del México donde vivimos todos los demás.

Dicho en otros términos, si su preocupación se restringe a lo electoral, los puestos públicos y el presupuesto que suponen, pueden estar relativamente tranquilos.

Los millones y millones de votantes se abstendrán de participar. En el caso de la izquierda, queda claro que cuenta con varios miles de “duros” que pueden poner de cabeza a esta ciudad, y a ellos va dirigida la arenga del estallido social. Y el PRI tiene otros tantos para contenerlos en el centro y neutralizarlos en el resto del país.

Pero serán unos miles, los suyos, los de siempre, pues no parece que los millones que dieron su voto el 2 de julio a uno u otro participarán de su furor electoral. (no en balde furor, en latín, significa locura)

Algo que resultó también en este sondeo, es que la población ya está en otra cosa. Y, como siempre, los partidos políticos no participan de ello.

La gran mayoría de entrevistados tenía la mente puesta en resolver problemas de la vida cotidiana (el alza del huevo, el regreso a clases, el exceso de trabajo o la falta de él, algún problema de salud y el precio de las medicinas, el transporte empeorado por los aguaceros, etcétera), sin perder de vista numerosas realidades sociales dolorosas que les atañen, incluso si no las padecen personalmente: Tantos muertos por la guerra contra el crimen organizado; qué va a pasar con nuestros jóvenes, sin opciones formativas ni salida en el mercado laboral (sin contar que 38% deserta de la universidad, lo cual nos pone a la cabeza en deserción escolar junto con Turquía, según cifras recientes de la OCDE), la corrupción, entre otros temas.

Nuestros entrevistados no aludieron a un estallido social por ocurrir, sino de un daño social ya acontecido que los ciudadanos sienten que enfrentan con sus propios medios.

Las personas que entrevistamos hablan de esos temas, sólo que no lo hacen con los partidos políticos ni a partir de su relación con ellos. Se organizan y participan de sus redes sociales inmediatas (electrónicas o no), y en ellas encuentran respuestas que no proporciona el Estado.

Y, aparentemente, esto está evolucionando hacia una apertura a redes sociales más amplias, lo que puede favorecer un nivel de organización social más complejo y participativo. No es un fenómeno nuevo, remember 1985.

Sin ser triunfalistas, se detectan indicios de un cambio estructural en algo que ha lastrado a nuestro país durante generaciones: La incapacidad de ponernos de acuerdo.

Hoy parece posible actuar en concierto para asuntos concretos y específicos sin poner de por medio el todo de la ideología o de la argumentación sobre un tema. Especialmente los jóvenes dan muestra de un pragmatismo (antaño despreciado) que los vuelve poco elegantes para argumentar, pero enormemente eficaces para actuar.

Vean si no la capacidad de acuerdo del 132, más allá de cualquier diferencia entre sus integrantes de distintas edades, carreras, escuelas y zonas geográficas. Pero, ojo, no empecemos con lo de los infiltrados, porque lo mismo pasó en las prepas privadas que no eran 132 y en esta semana fue tema de intensas discusiones entre estudiantes de derecho de la Anáhuac en Querétaro y la UP en el DF en las que participaron jóvenes del 133 en adelante.

Pero, ojo de nuevo, no empecemos con que es la locura de jóvenes que madurarán con el tiempo y se aplanarán como las generaciones precedentes, pues también ocurre entre viejos y al nivel vecinal en delegaciones tan conservadoras como la panista Benito Juárez, donde miles de vecinos de Nápoles, Del Valle y  Narvarte, que incapaces de coincidir en la plaza pública son activísimos mediante sus respectivas cuentas de “twitter de barrio” para organizarse en temas de seguridad, limpia, vialidad, comercio, por citar algunos temas. O bien, se da el caso de algunas manifestaciones tuiteras, como la que nos comentó un entrevistado, consistente en una instalación en el Centro Cultural del Bosque frente al Campo Marte, donde suena un clang-clang molesto cada vez que alguien tuitea un hashtag contra la violencia, arruinándole la merienda a los vecinos de enfrente (#bangcampomarte, del grupo Astrovandalistas).

Pero, ojo triple, no empecemos con que es un fenómeno de redes sociales electrónicas y que eso limita su alcance. Pues además de las redes con base en internet, también operan redes comunitarias básicas. Y, de hecho, como pudimos aprender en los meses recientes, lo de la red no se queda en la red.

De modo que el tema no es (sólo) si ocurre el estallido de las huestes de AMLO que, como sea, es un terreno conocido. No, el punto es qué van a hacer cuando la población empiece a acosar al gobierno al margen de los partidos (cuando menos inicialmente).

No es difícil imaginar a un doctor en biología del 132 traer en jaque a la Semarnat y así, sucesivamente, en cada área de conocimiento y de desempeño imaginables.

* Director general de Moebius. moebius.com.mx  janoriega2@gmail.com @arcabuzz

Estas alternativas consistían, principalmente, en el otorgamiento de concesiones y en la formulación de proyectos para la prestación de servicios. Ninguna contaba con un fundamento legal claro y específico para transmitir riesgos del Estado a los particulares y, en consecuencia, para pagar a éstos de manera acorde a los riesgos que el gobierno les solicitaba asumir.

Las asociaciones público-privadas (APP) a que se refiere la Ley consisten en general de contratos a largo plazo que documentan servicios a prestar por los particulares al gobierno en relación con obras de infraestructura pública; mismos servicios que pueden o no requerir de la construcción de la obra asociada a ellos.

La primera y fundamental innovación en la LAPP (y de la cual derivan las demás) consiste en que estos contratos (i) regulan la distribución de riesgos entre los niveles de gobierno involucrados (federal, estatal y/o municipal) y los particulares contratados (denominados “desarrolladores”), tanto durante la construcción de la obra como a lo largo de la ejecución y operación del proyecto, y (ii) son adjudicados mediante concurso público y de manera integral – esto es, su adjudicación incluye la concesión, permiso o autorización que se requiera para el proyecto.

Una segunda innovación en la LAPP estriba en que permite que cualquier particular presente propuestas de APP no solicitadas por el sector público; estas propuestas deben ser, entre otros, autofinanciables, innovadoras, de interés público e implicar una alta rentabilidad social. Si la propuesta es considerada procedente, el particular que la haya presentado podrá obtener un premio de hasta 10% calculado con base en los criterios de adjudicación del proyecto que se trate.

Otra innovación de la LAPP radica en que, para fines de agilizar la realización de los proyectos que sean objeto de las APP, establece que los bienes objeto de dichos proyectos podrán adquirirse mediante contratos de compraventa o por expropiación; así como también por la entidad gubernamental convocante o por el desarrollador. Es así que la LAPP incluye como causa de utilidad pública (para fines de expropiación) la adquisición de bienes y derechos necesarios para la realización de un proyecto tipo APP.

Una cuarta innovación destacable, reside en las disposiciones de esta ley que permiten que los derechos derivados de los contratos APP puedan ser cedidos y darse en garantía por los desarrolladores (con autorización de la entidad gubernamental interesada); con ello facilitan a los desarrolladores la obtención de financiamientos para el proyecto en particular, en mejores condiciones.

Dados los plazos de los contratos para proyectos tipo APP (tienen, en general, un plazo mínimo inicial de cuarenta años) es difícil prever, al momento de su firma, todas las contingencias que pudieren presentarse durante su vigencia; es así que consideramos como una quinta innovación importante el que la LAPP establezca la posibilidad de modificar dichos contratos e incluso ampliar su plazo siempre que en ello no se trasladen riesgos diferentes de los originalmente pactados y cumpliendo con las reglas y requisitos que la propia LAPP prevé. Cabe mencionar que la LAPP incluso permite la posibilidad de revisar los contratos para proyectos tipo APP a fin de restablecer el equilibrio económico cuando éste se afecte por actos de la autoridad.

Las anteriores no son todas las propuestas innovadoras que la LAPP incluye, pero a nuestro criterio son aquellas que tendrán mayor impacto en el impulso a la contratación de construcción y mantenimiento de infraestructura pública.

* Abogado independiente, especialista en proyectos de infraestructura, energía y bienes raíces. ecarrillop@bcarrillog.com

A pesar de dichas cifras, se pensaría que no han sido tiempos fáciles para el narcotráfico mexicano gracias a cierta disminución del consumo estadunidense por las drogas fuertes derivada de las campañas de prevención de adicciones y el impulso del gobierno americano en el combate frontal al narcotráfico, el cual ha disminuido en 40% en el primer trimestre del 2012, de acuerdo a datos del reporte mundial de drogas 2012.

De acuerdo al punto de vista de uno de los narcotraficantes más poderosos del país y responsable del 25% del tráfico de drogas ilegales entre México y Estados Unidos (Forbes, febrero 2012), Joaquín Guzmán Loera, su negocio no se ve afectado por dicha medida, ya que los jóvenes estadunidenses son más de fumar marihuana, producto el cual es importado casi en su totalidad desde México y en gran medida desde su cártel (The Economist, 21 julio 2012).

La flexibilidad de la industria de la droga en nuestro país se debe en parte a su exención de los derechos de importación arancelaria, derivado de la Convención única sobre estupefacientes, firmada en 1961 por parte de la ONU, con el propósito de prohibir la producción y el suministro de determinados estupefacientes (nominalmente) y medicamentos -a excepción de aquellos que tienen licencia para usos específicos, tales como el tratamiento médico y la investigación- y la cual prohíbe la regulación o la fiscalización de su producto en un mercado ilegal que aporta alrededor de cuarenta mil millones de dólares, en contraste a los casi ocho mil millones que genera el petróleo en México.

Los congresistas liberales de California propusieron en noviembre del 2010, con el respaldo del gobernador Schwarzenegger, la iniciativa de control y regulación de la cannabis con el fin de fiscalizar este negocio, del cual se recaudarían mil millones de dólares al año por la legalización.

Favoreciendo la ilegitimidad e impunidad de esta industria, lamentablemente para la situación que se vive en México, los conservadores votaron a favor de mantener ese negocio libre de impuestos, ante una eventual legalización que generaría más control sobre esta industria en el país con mayor consumo. Dicha política, de aprobarse, incentivaría además que el precio de la marihuana bajara, limitando así el ingreso millonario de los cárteles.

* Psicólogo y asistente de investigación en Contorno, Centro de Prospectiva y Debate.

Uno de los temas principales a atender en la agenda legislativa, así como en la estrategia de gobierno, será el económico. El contexto internacional marcado por el fuerte impacto de la crisis financiera europea, además de la desaceleración de China y la poca expansión económica de Estados Unidos, obliga a pensar en una estrategia económica que nos mantenga preparados ante la inestabilidad global.

En materia económica resulta de fundamental importancia para nuestro país y la agenda legislativa del siguiente sexenio realizar reformas estructurales en materia energética, laboral, fiscal y de telecomunicaciones, entre otras. Diferentes organismos internacionales, como la CEPAL, la OCDE y el Banco Mundial; han coincidido en que México debe tener en cuenta algunos aspectos fundamentales de estas reformas para garantizar su éxito:

Energía:

 La retirada más rápida de los subsidios a la energía y los combustibles.

 Se debe reducir la dependencia de los ingresos petroleros y acumular las reservas en sus fondos de estabilización petroleros. Esto es necesario debido a la volatilidad del precio del petróleo que provoca una reacción en cadena que repercute en todos los bienes y servicios (alimentos, gas, viajes, electricidad, gastos de matrícula, entretenimiento y salud).

 Reducir los subsidios a insumos variables a la electricidad.

 Reducir las adjudicaciones directas y aumentar el uso de licitaciones abiertas y competitivas en Pemex.

Laboral:

 Promover incentivos para trabajar en el sector formal integrando mejor los distintos sistemas de salud y supeditando el componente de subsidio del Seguro Popular al nivel de ingresos de cada individuo.

 Terminar con la simulación sindical y la precariedad laboral.

 Diseñar un esquema de regulación alternativo que favorezca la innovación, el incremento de la productividad y la calidad de los empleos, posibilitando la cohesión social.

Tributario:

 El sistema tributario debería simplificarse.

 La reforma fiscal debería incrementar los ingresos mediante la ampliación de la base gravable y un fortalecimiento de la administración tributaria.

 Los ingresos también deberían aumentar mediante la inclusión de más contribuyentes en el sistema tributario y limitando el uso de los paraísos fiscales por parte de los contribuyentes mexicanos.

 Es necesario desarrollar un enfoque multianual para el presupuesto centrado en el desempeño del gasto y la eficacia del gobierno.

 Llevar a cabo íntegramente el plan de consolidación fiscal, a menos que el crecimiento resulte significativamente menor a lo esperado.

Telecomunicaciones y transportes:

 En el sector de las telecomunicaciones, es necesario eliminar los límites impuestos a propiedad accionaria de extranjeros e introducir una regulación basada en las mejores prácticas.

 Reducción de las barreras a la participación extranjera en los sectores de telecomunicaciones y transportes.

Otros:

 Revisar los programas como Procampo, cuya fecha de expiración ya está muy cercana, por lo que se deben reconsiderar los objetivos específicos y si se ha llegado a las metas establecidas.

 Sustituir los subsidios por transferencias en efectivo para los más pobres.

 Aumentar la integración entre los sistemas electrónicos del IMSS, Pemex, CFE y Compranet.

 Mejorar el marco de condiciones para la innovación, mediante la mayor inversión en capital humano en todos los niveles y sectores de la economía.

Si bien estas reformas resultan de vital importancia para el crecimiento económico de nuestro país, al parecer por la coyuntura actual, el primer periodo de sesiones orientará sus esfuerzos en una agenda política enfocada en la corrupción, la transparencia y la relación de los medios con el gobierno. Los partidos se han expresado de diferentes formas en relación a esta agenda, sin embargo no se encuentran aún en el panorama las discusiones de fondo sobre la agenda económica. Quizás sea momento no sólo de incentivar sino de exigir que dicha discusión encuentre espacio fértil entre las preocupaciones de los legisladores.

Al día de hoy existen infinidad de reformas preliminares, inconclusas o bien pospuestas. El tintero de la actividad legislativa queda siempre a punto de desbordarse. El nuevo Congreso necesitará sacar adelante aquellos pendientes de anteriores legislaturas y, a su vez, tomar la batuta para lograr estas reformas urgentes.

* Abogada egresada del ITAM, asistente de investigación en Contorno Centro de Prospectiva y Debate. bvazquez@contorno.org.mx @nimoshite

Referencias:

OCDE, Estudios económicos de la OCDE, http://www.oecd.org/

Banco Mundial, Perspectivas de crecimiento para América Latina, http://blogs.worldbank.org/

CEPAL, Regulaciones laborales, calidad de los empleos y modelos de inspección: México en el contexto latinoamericano, http://www.eclac.org/

Un aspecto que reflejó la importancia de la estabilidad del país para responder favorablemente y en poco tiempo a los efectos de la crisis, fue la dinámica que siguió el empleo formal. De acuerdo con las cifras del IMSS, desde el nivel más alto de empleo formal previo a la crisis del 2009, hasta su punto más bajo, transcurrieron siete meses en los que se perdieron 696 mil puestos de trabajo, los cuales se recuperaron en su totalidad en los quince meses posteriores.

Si bien esto representó un fuerte impacto para los hogares del país, al compararse con lo que pasó durante la crisis de 1995, que en términos de pérdida del PIB fue muy similar (-6.2%), se aprecia que el impacto sobre el mercado laboral fue más severo en esa ocasión, debido en buena medida, a que la estabilidad macro aún no estaba tan fortalecida como en 2009. Medido de igual manera, entre el nivel más alto previo a la crisis de 1995 y el más bajo, pasaron diez meses y se perdieron poco más de un millón de puestos de trabajo formales, con un tiempo de recuperación que se extendió por 19 meses.

La desocupación mostró un comportamiento similar en los periodos mencionados, es decir, a pesar de que en la reciente crisis del 2009 la tasa de desocupación registró un máximo de 6.41% en septiembre, en 1995 el nivel más alto registrado fue de 7.6% durante agosto. Sin embargo, llama la atención que en ese momento, después de su nivel máximo, la tasa de desocupación mantuvo una tendencia a la baja hasta el cierre de 1999, cuando reportó su porcentaje más bajo (2.0%). En cambio, después de la crisis del 2009, el descenso del desempleo fue menos pronunciado para estabilizarse en tasas cercanas a 5.0%.

Esto pareciera indicar que, contrario a lo que se mencionó al principio, la estabilidad macroeconómica en 1996 estaba mucho más fortalecida que ahora. No obstante, la realidad es que en ese momento las expectativas mejoraron notoriamente en respuesta al efecto esperado por el recién firmado Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN).

En ese entorno, la confianza de las empresas mejoró notablemente al saberse parte del mercado más grande del mundo. De hecho, en un sondeo realizado por el CEESP en el segundo semestre de 1995, las empresas estimaban que durante 1996 la economía crecería solo 3.1%, mientras que su repuesta en el sondeo del primer semestre del siguiente año el pronóstico fue de 5.1%, porcentaje que sería superado por el dato oficial que reportó un crecimiento económico de 5.5%.

Si bien esto ayudó a que el empleo formal se fuera recuperando, hubo otros factores, considerados como válvulas de escape, que contribuyeron para que la tasa de desocupación bajara notoriamente: la emigración y la informalidad. En el primer caso, la apertura comercial también trajo consigo el deseo de muchos mexicanos por cruzar la frontera hacia los Estados Unidos en busca de mejores oportunidades. Las cifras del Pew Hispanic Center, muestran que entre 1995 y 1999 el promedio anual de mexicanos que entraron a ese país fue de 566 mil, siendo su registro más alto el observado en 1999 cuando la cifra ascendió a 700 mil personas. Con base en esto, se puede intuir que las mejores expectativas por el TLCAN, la emigración y el aumento de la informalidad, fueron elementos importantes para que la tasa de desocupación llegara a sus niveles mínimos de 2.0%.

En el periodo de la crisis de 2009 la situación fue parecida en cuanto a expectativas se refiere. De acuerdo con la Encuesta de Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado, que realiza mensualmente el Banco de México, el sondeo a la mitad del año de la crisis anticipaba un crecimiento del PIB de solo 2.0%, mientras que en la encuesta de junio del 2010 ya se pronosticaba que la economía creciera 4.5%, porcentaje que al final del ejercicio también fue superado por el resultado real que fue de 5.5%.

En este último lapso la mejora de las expectativas ya no se apoyó directamente en los efectos del TLCAN, sino en la fortaleza que había venido ganando la economía a raíz de los cambios que se fueron instrumentando para integrarse más eficientemente a la competencia mundial. Incluso, la estabilidad macroeconómica ha permitido sortear con mejores resultados los desequilibrios generados por la crisis de los Estados Unidos y más recientemente los provenientes de Europa, de tal manera que el empleo formal no tuvo la caída tan drástica como en 1995 y ha retomado un ritmo de avance que permitió una recuperación más pronta y mantenido el aumento de plazas de trabajo. No obstante, la tasa de desocupación se ha estabilizado en niveles cercanos a 5.0%.

Parte de este comportamiento podría estar relacionado con la evolución de los factores considerados como válvulas de escape. En el caso de la emigración, después de los atentados del 11 de septiembre, Estados Unidos endureció su política de seguridad incidiendo notoriamente en el aspecto migratorio. A partir de entonces, la entrada a ese país se hizo más difícil, tanto para quienes lo hacían de manera legal, como para los indocumentados, que fueron los que resintieron mucho más esa situación.

Los datos del Pew Hispanic Center reflejan que si bien ya en 2002 y 2003 se reportaron cifras menores en el número de inmigrantes mexicanos, es a partir de 2005 cuando se aprecia que cada vez son menos las personas de origen mexicano que cruzan la frontera, de tal manera que entre 2005 y 2010 el promedio anual de mexicanos que emigraron a Estados Unidos fue de 293 mil, la mitad de los que se fueron entre 1995-1999. Evidentemente, el hecho de que menos personas lograran su objetivo de emigrar, los obligó a buscar oportunidad en nuestro país, en donde se encontraron con la dificultad de colocarse en el sector formal, lo que finalmente se reflejó en un crecimiento de la informalidad, que de acuerdo con los resultados del INEGI, tuvo un aumento de 2.5 millones de personas entre 2005 y 2011, el doble que en el lapso previo.

La evolución de las cifras de empleo y desempleo dejan claro que, aunque la estabilidad macroeconómica ha contribuido para que los empleos formales sigan aumentando, la calidad de la ocupación en el país no ha ido en la misma dirección, toda vez que existen más trabajadores con salarios bajos y con menores prestaciones sociales. No hay duda de que son necesarios cambios adicionales que propicien tasas más elevadas de crecimiento de la economía, que fortalezcan la posibilidad de aumentar los puestos de trabajo en el sector formal de la economía, con sus consecuentes beneficios, como mejores salarios, seguridad social y planes de retiro.

En este contexto, es clara la necesidad de que la economía siga creciendo. Pero para lograrlo es vital mantener la estabilidad macroeconómica, mejorar la distribución del ingreso y acelerar el ritmo de crecimiento. El cómo hacerlo, se centra en estimular la inversión en un entorno de certeza jurídica; independencia judicial; integridad del sistema jurídico; y certeza sobre los derechos de propiedad.

* Licenciado en Economía por el Instituto Politécnico Nacional. Es subdirector de Análisis Macroeconómico del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado ( CEESP) sergioh@cce.org.mx

El tratado pretendía obligar a países que venden armas a mantener un registro de sus transacciones así como evaluar si dichas armas podrían llegar a ser utilizadas para cometer delitos en contra de los derechos humanos. Este plan me parece increíble, en el sentido literal de la palabra: no lo creo. Pareciera que nos encontramos ante una paradoja sin solución: ¿En que mundo un arma de fuego no va a ser utilizada para violar los derechos humanos? ¿Hay abusos justificados, depende quién esté portando las armas? ¿Quién tiene la calidad moral de decidir cuál causa merece armamento y cuál no?

Es paradójico que a pesar de que las Naciones Unidas se cuelga la medalla de promotores de paz mundial, la cooperación internacional en realidad cuelga de un hilo y todos sabemos que la paz mundial es un espejismo que está lejos de ser real. Sólo basta con abrir los periódicos todos los días para enterarnos que se han encontrado un determinado número de cadáveres en un pozo, que en la franja de Gaza hubieron bombas, que Siria no logra la paz, que hay miles de millones de refugiados sudaneses y sierra leoneses, que la intervención en Afganistán pareciera interminable y en Irán se siguen contando los cuerpos, etcétera, etcétera, etcétera.

Pero eso es sólo la parte moral del asunto y como todos sabemos estos temas en el fondo responden a intereses económicos.

Estamos hablando de un mercado multimillonario el cual Naciones Unidas pretende regular, ello significaría grandes perdidas para aquellos países maquiladores de armas, o en otras palabras, para aquellas naciones cuya economía depende en gran medida de una economía de guerra.

Los cálculos conservadores sobre el mercado de armas y municiones estiman que al año genera 60 mil millones de dólares. Mercado en el cual Estados Unidos no es solamente el mayor exportador sino que también el mayor productor e importador mundial.

En relación a nuestro país y según organizaciones de la sociedad civil, éste participó activa y responsablemente en las discusiones. Y, ¿por qué no debía de hacerlo? En éste momento particular de nuestra historia hay quienes consideran que estamos inmersos dentro de una especie de guerra civil –considerando el numero de muertes al año- y resultaba de particular interés para el gobierno federal apuntar dedos y nombrar a los responsables.

Así fue como Felipe Calderón afirma y justifica que el problema en México es que Estados Unidos no tiene regulado su mercado de armas… “Uno de los factores que más ha elevado la capacidad de fuego y la violencia de las bandas criminales es la facilidad que tienen para disponer de armas de asalto de alto poder, fácilmente adquiribles en Estados Unidos”. Lo bueno es que no tiene mucho que ver con los altos índices de corrupción e impunidad o, seamos sinceros, la falta de visión y estrategia que caracterizan a la actual administración federal.

La realidad es que buscar un tratado internacional de armas pareciera más bien una utopia, una idea romántica, o tal vez un esfuerzo teatral para hacer creer al mundo que se está buscando una solución. Independientemente de lo que hay detrás del telón de la ONU, las negociaciones del pasado julio no llegaron a nada. Sin embargo, esta historia podría terminar o reiniciarse -todo depende con que perspectiva se vea- con un borrador que podría representar una segunda oportunidad para una negociación real. El comité se vuelve a reunir en octubre, ¿serán dos meses suficientes para que los escépticos reconsideren?

Lic. en ciencias políticas y administración pública. Estudiante actualmente de la Maestría de Antropología en Goldsmiths College, University of London. Asistente de investigación en Contorno, Centro de Prospectiva y Debate. sofiard@me.com

Paul Krugman, premio nobel de Economía, retoma la teoría keynesiana para analizar el actual entorno de crisis que se vive en Estados Unidos y, remontándose al siglo XX, cita su trabajo:

“Las deficiencias principales de la sociedad económica en la que vivimos son su incapacidad de proporcionar pleno empleo y su arbitraria y desigual distribución de la riqueza y los ingresos”. 1

En su libro ¡Detengamos esta crisis ya!, Krugman hace una revisión de la crisis que hoy en día ataca a Estados Unidos, haciendo referencia también al resto del mundo, con la idea no sólo de relatar sus causas sino de ejercer presión para que se termine de una vez por todas con la pesadilla. En el caso de Estados Unidos, esta crisis tiene sus orígenes cinco años atrás y aunque ha mostrado indicios de mejoría en ciertos años, no ha logrado una total recuperación en donde se restauren el ingreso real, los empleos y los ahorros, tal como lo detalla el autor. Aunque EU logró cierta recuperación en el año 2009, misma que no ha sido suficiente, países como Irlanda, Grecia, España e Italia no lo han conseguido aún.

Una de las principales causas que, a opinión de Krugman, han hecho tan fuerte y prolongada la crisis es la grave falta de demanda que experimenta la economía de Estados Unidos. Ésta, a su vez, se explica por un bajo nivel de gasto -al no gastarse lo suficiente para aprovechar la capacidad productiva de la economía aumenta el desempleo y bajan los ingresos- por fallos de coordinación en las actividades de los distintos actores y no por deficiencias en la capacidad productiva, y por el hecho de que no se cree aún que grandes problemas económicos pueden tener soluciones fáciles. Este último punto es resultado de la tendencia a pensar que los problemas son necesariamente estructurales cuando en realidad no lo son, tal como lo explica Krugman. No es, por ejemplo, que falten trabajadores calificados -el empobrecimiento de la población es general-, sino que es, por un lado, que el sector privado está gastando menos de lo que gana, lo que hace que la demanda sea simplemente inadecuada.

Ante esta situación, el galardonado premio nobel propone como solución clave que los gobiernos aumenten el gasto, así de fácil, y dejen atrás la fobia al keynesianismo misma que se hace presente en los actores conservadores. A su juicio, en EU es necesaria una política gubernamental más activa, la reducción de los excesos pendientes de la deuda hipotecaria y un gasto temporal en apoyo al empleo. La falta de empleos, según lo que argumenta Krugman, representa la deficiencia de un sistema que hasta en sus buenos tiempos era muy injusto y desigual.

Concluye el autor que la solución a la problemática que enfrentan tantas familias debe darse en tres líneas de intervención activa esenciales: gasto gubernamental, medidas por parte de la Reserva Federal y acciones en el sector de vivienda. Sin embargo, nos pide, al mismo tiempo, que no olvidemos que todo esto será posible sólo si existe claridad intelectual y voluntad política para hacerlo.

“Lo que resulta crucial, más allá de cualquier concreción, es la voluntad de actuar con determinación, de promover políticas de creación de empleo y actuar sin descanso hasta que se consiga la meta…”. 2

 *Licenciada en Economía egresada de la Universidad Iberoamericana. Encargada de la coordinación general de proyectos en Contorno, Centro de Prospectiva y Debate. jespinosa@contorno.org.mx

1. John Maynard Keynes en Teoría general de la ocupación, el interés y el empleo. Cita extraída del libro ¡Detengamos esta crisis ya! de Paul Krugman.

2. Paul Krugman en ¡Detengamos esta crisis ya!

Una realidad en el campo del aprendizaje es la manera en la que éste ha traspasado las paredes de un aula, hasta posicionarse en el plano virtual. De acuerdo con estimaciones del primer Barómetro de e-learning en Europa, realizado por CrossKnowledge, empresa británica número uno en la formación a distancia en dicho continente, más de la mitad de las empresas europeas (52%) utilizarán este método de formación durante este año, porcentaje que se eleva a 68% si cuentan con más de 10 mil empleados.

¿Por qué esta tendencia? En primer término se observa que este tipo de formación se convierte en una ventaja competitiva al permitir una capacitación permanente a un costo mucho menor. Asimismo, se trata de llegar a más gente, ya que la ubicación geográfica y el desplazamiento a un aula dejan de ser un problema, así como el tiempo, al existir mayor libertad y flexibilidad de horario.

Técnicamente, el e-learning es la entrega de material educativo a través de cualquier medio electrónico, sea internet, intranet, extranet, audio, video o televisión interactiva, entre otros. En este sentido, el espectro para la formación basada en la tecnología es amplio. Quienes cuentan con una mayor aplicación sobre el tema son, sin duda, las instituciones educativas de nivel superior, quienes han visto una oportunidad para ampliar sus servicios educativos a un mercado interesado en estas nuevas opciones, pero la formación profesional en el sector público también tiene injerencia en el tema.

En este sentido, México está ofreciendo un campo para el desarrollo de la educación a distancia, ya que incidir en la formación de los funcionarios públicos se muestra como una opción para resolver las necesidades de servicios de calidad que la ciudadanía requiere de las entidades de gobierno. Así, se ha dado lugar a iniciativas conocidas como el e-gobierno, pero también han derivado en la necesidad de que los funcionarios públicos se pongan a tono para desarrollar sus competencias personales y profesionales.

Bajo este contexto, las acciones en este rubro que desde el gobierno se han impulsado plantean retos interesantes, donde la principal exigencia es que se logren trasladar estas buenas intenciones a hechos concretos. El programa e-México, la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal y el @Campus México son algunos ejemplos del horizonte que se vislumbra para que el aprendizaje basado en la tecnología llegue a los funcionarios públicos del país, pero es un tema en el que hay mucho por hacer y requiere tomar acciones.

Todos los que hemos utilizado internet pocas veces nos cuestionamos el enorme potencial que representa llevar conocimiento a través de la tecnología, ya que parece que es algo que surge por sí solo, pero es obvio que no es así. Sin un enfoque integral, los esfuerzos de la formación de calidad basada en las TIC se ven completamente perdidos. En el e-learning se aportan una serie de recursos como pueden ser el uso de materiales multimedia, contenidos actualizados constantemente, retroalimentación inmediata, acceso remoto e inmediato, así como control, seguimiento y herramientas de apoyo permanente, por citar algunos.

Finalmente hay que tener presente que no es la plataforma en que estén alojados los materiales educativos por sí misma la que forma, es la manera en la que es desarrollada por profesionales creativos y experimentados para saber aprovechar sus beneficios. Significa diseñar contenidos de primer nivel, así como estrategias de aprendizaje que motiven a aprender bajo este enfoque.

*Licenciada en Pedagogía por la Universidad Panamericana, con veinte años de experiencia en e-learning y capacitación presencial. Actualmente dirige el Centro de Alta Dirección en Gobierno y Gestión Pública (CADGOB). csumano@cadgob.com www.cadgob.com

Sin embargo, parece que a América Latina no le está yendo tan mal, ¿cuál es el motivo de esto? Algunos expertos señalan que la relación económica de los países latinoamericanos con los mercados asiáticos, especialmente el de China, ha sido el empuje de sus economías en esta fase de recesión. Es cierto, se ha configurado un nuevo mapa de las exportaciones latinoamericanas.

El nuevo rol

Vale la pena, en primer lugar, destacar el cambio de rol chino en la economía mundial. Su creciente papel en las industrias de la tecnología -junto a su tradicional vocación manufacturera- ha hecho que la demanda de sus productos en el mundo crezca de manera importante, debido a sus bajos costos comparativos. Ya no es China tan sólo la productora de baratijas de hace 25 años, hoy se encuentra consolidado como un país líder en las industrias electrónica, automotriz y de alta tecnología, por mencionar algunas.

En el pasado, China era vista por las economías latinoamericanas como un rival en la recepción de inversión extranjera directa (IED), atraída por los bajos costos de la mano de obra. Hoy en día los papeles se han invertido, y China figura cada vez más como inversionista extranjero. América Latina ha pasado del recelo a una relación de conveniencia.

El impacto del comercio de China con América Latina puede percibirse principalmente a través de tres vías: a) Las exportaciones latinoamericanas hacia China, b) China como competidor de América Latina en terceros mercados y c)  Las importaciones latinoamericanas de mercadería china (Montenegro et al.).

América del Sur se ha beneficiado de los aumentos en los precios de materias primas y alimentos, que son en la mayoría de los casos sus principales bienes de exportación hacia China. La demanda descomunal de estos productos por parte del gigante asiático ha tenido efectos positivos en las economías del subcontinente. Su importancia es tal que hoy en día China ya ha desbancado a Estados Unidos como el principal destino de exportaciones de al menos dos países latinoamericanos: Brasil y Chile.

¿Amistades peligrosas?

Pese a todo, los beneficios de este comercio no son los mismos para todos los países de Latinoamérica. Para muestra basta un botón llamado México. En nuestro país las bondades de las relaciones comerciales con China sólo han sido un espejismo. México presenta un exagerado déficit en su balanza comercial con China.

Para dar una idea de la acusada disparidad en el comercio bilateral (tomando datos de 2010), las exportaciones de México hacia China representaron únicamente 1.7% de sus exportaciones totales, mientras que las importaciones fueron 17.1% de sus importaciones totales. Lo mismo sucede con las inversiones. Las inversiones chinas en México fueron, en el periodo 2003-2009, de 108,4 millones de dólares, que representan únicamente 0.03% de la IED que ingresó a México durante este periodo.

Un caso distinto al de los países de Sudamérica en donde las inversiones chinas han crecido de manera sostenida en los últimos años, destacándose en las industrias minera y extractiva.

El gobierno chino ha rechazado el mote de “monstruo” que con sus exportaciones está devorando la industria nacional. Apela a un sistema de complementariedad que, mencionan, beneficia a México, aduciendo que gran parte de los bienes de exportación mexicanos están constituidos por maquinaria, electrónicos y equipo ensamblado cuyos componentes tienen su origen en China. Ciertamente y como mencionan Bianco et al. (2012), México ha conseguido con éxito posicionar bienes manufacturados en los mercados de los países industrializados (principalmente Estados Unidos), contrariamente a la mayoría de los países latinoamericanos.

Este argumento se derrumba para los ciudadanos comunes, artesanos e industriales, que observamos las calles y centros comerciales inundados con productos Made in China.

A manera de conclusión, los países de Sudamérica han aprovechado su relación con China, se han beneficiado de sus inversiones y han convertido al país de la Gran Muralla en un mercado importante para sus exportaciones. Sus balanzas comerciales no son tan dispares como en el caso de México (ver gráfica). Al contrario de las principales economías de América Latina, México aún no modifica el mapa de sus exportaciones. Es hora que dejemos de concentrarnos sólo en el norte y exploremos la inmensidad del mar de oportunidades que se encuentran al otro lado del Océano Pacífico, eso sí, con mucha cautela, que hasta el momento en el comercio bilateral sólo ha habido un ganador: China.

* Maestro en Ciencias Sociales por el Colegio de Sonora y Coordinador de Análisis Político en Contorno, Centro de Prospectiva y Debate. aespinosagr@gmail.com

Sostienen que la actual austeridad fiscal afectará los empleos y las posiciones fiscales de los países en el mediano plazo, por lo que se necesitaría una reorientación neutral, es decir, que haya inversión pública y programas sociales que puedan promover la creación de empleos.

Estos últimos ayudarían también a combatir la pobreza y la desigualdad mientras se aumenta la demanda agregada. Esta reorientación atacaría el problema de la falta de empleo y a su vez crearía las condiciones económicas estructurales que permitan a los países disminuir sostenidamente sus déficit fiscales.

¿Camino equivocado?

En la investigación citada se sostiene que si las medidas de austeridad continúan en la forma actual hasta la primera mitad del 2013, el empleo en el grupo de países desarrollados crecería moderadamente (0.2%). Además, una vez que se llegue al balance de los déficit públicos, la consolidación fiscal no será sostenible en el mediano plazo, debido a los efectos perversos que puede haber sobre la economía en su conjunto (gráfico 1).

Más concretamente, su análisis muestra que la consolidación fiscal reduce la deuda en el corto plazo pero que en 2014 los niveles de deuda crecerían nuevamente. Esto ocurriría a través de dos mecanismos de transmisión: primero, una baja inversión pública que tiene un efecto negativo sobre la productividad, lo cual hace que la inversión privada baje; y segundo, el lento crecimiento en el empleo pondrá presión sobre los balances fiscales de los países en el mediano plazo.

Escenarios

Las investigadoras también simularon varios escenarios para ilustrar el potencial impacto que un cambio fiscal neutral en la composición de los balances fiscales tendría en la generación de empleo (gráfico 2).

Encontraron lo siguiente:

• Un incremento en el gasto de inversión pública y beneficios sociales –como un punto porcentual cada año- financiado con incremento de impuestos indirectos, parece ser la combinación de política más efectiva para la creación de empleos (escenario 1), ya que crearía cerca de 2.1 millones de empleos en 2013, comparado con sólo 0.8 millones si los países continúan implementando las políticas de austeridad de 2011.

• Además, si el anterior escenario se financia en parte con una baja en el pago de intereses de la deuda pública y en parte con un incremento en las tasas de los impuestos directos sobre el total de ingresos, se crearían 1.8 millones de empleos para el primer semestre del 2013.

* Maestro en Políticas Públicas egresado del CIDE, Coordinador del área de investigación y análisis en Contorno, Centro de Prospectiva y Debate. paulo.cantillo@contorno.org.mx @pcantillog

REFERENCIAS

Escudero, Verónica y López, Elva. Fiscal Consolidation and employment growth, en “World of Work Report 2012: Better jobs for a better economy”. Instituto Internacional de Estudios Laborales de la Organización Internacional del Trabajo, 2012.

Existe otro factor, quizás más poderoso, que a veces se olvida, el relativo a la “oferta”, a los costos en los que incurrimos para poder producir bienes o servicios. Si nuestros costos de producción aumentan por cualquier razón, se reduce nuestra capacidad de competir y por tanto perdemos mercados, externos e internos, y viceversa. Aquí hay una enorme cantidad de cosas que podemos hacer todos (gobierno, empresarios, trabajadores, legisladores, jueces, maestros, todos los mexicanos) para mejorar nuestra competitividad o para perderla. En algunos casos se trata de temas de gran importancia (como los dos ejemplos que utilicé hace algunas semanas en este mismo espacio: los servicios de agua potable por red y de transporte público de personas en la Ciudad de México), en otros se puede tratar de asuntos “pequeños”, pero que juntos significan cambios estructurales en nuestra capacidad para producir más y mejores bienes y servicios con menos recursos, volvernos más competitivos.

Las oportunidades de mejora existen prácticamente en todos lados, en todas las oficinas (públicas y privadas), en todos los sectores económicos, incluso en todos nuestros hogares. En algunos casos estas oportunidades podrían significar miles de millones de pesos, que actualmente se desperdician porque no se adoptan las medidas correctas de política pública. Estos son recursos que podrían utilizarse para llevar a cabo proyectos socialmente rentables para que nuestro país potencie su desarrollo. Para ilustrar que existe un gran número de asuntos donde podemos mejorar la forma de hacer las cosas, y de abaratar en tiempo, en dinero o en calidad (que al final del día son lo mismo), las cosas que hacemos, usaré dos ejemplos de mucha menor importancia cuantitativa, pero que también desperdician recursos valiosos.

El primero tiene que ver con el uso de la infraestructura vial de la ciudad de México. Actualmente usamos las calles y avenidas no solo para la circulación de vehículos, sino también para estacionarlos. Resulta verdaderamente asombroso que aún en los lugares donde existen los peores congestionamientos vehiculares (que significan pérdida de recursos en tiempo y en calidad de vida), se permita el estacionamiento de vehículos. ¿No sería mejor prohibir y evitar que los vehículos se estacionen en las vías públicas durante las horas “pico”, y cobrar por su uso en las horas “no pico”? Esto produciría de inmediato un efecto similar al de construir mayor infraestructura puesto que se “ampliaría” el espacio de circulación, sólo que sin gastar un peso adicional del erario público. Por el contrario, se captaría el dinero que actualmente reciben los “cuida coches” informales.

Visto de otra forma, el efecto de permitir el estacionamiento vehicular en las calles de la ciudad es el mismo que la “destrucción” de infraestructura, porque en vez de poder circular por dos carriles lo hacemos solamente en uno. De manera increíble, esto se permite, de una o de otra forma, hasta en el primer cuadro de la Ciudad de México (y de un gran número de otras ciudades de nuestro país). No hay manera de demostrar, a menos que se utilice un modelo de circulación vial, qué tanto aumentaría la velocidad vehicular si se impide el estacionamiento de vehículos (o comerciantes ambulantes) en las vialidades primarias de nuestra ciudad, pero estoy seguro de que el efecto no es pequeño. Lo que sí podemos concluir es que un ordenamiento vial produciría mayor eficacia y eficiencia en el funcionamiento de la economía urbana, lo que se traduciría finalmente en una ampliación de nuestra capacidad productiva al eliminar (o reducir) un “cuello de botella”.

Mi otro ejemplo también se refiere a los vehículos estacionados, ahora en lugares donde hay “parquímetro”, lo cual es una excelente medida para racionalizar el uso de la infraestructura pública, sobre todo en lugares de “alta” demanda por espacios, que debería extenderse prácticamente a todas las ciudades de México.

Todo, hasta aquí, está muy bien, lo que está mal es la forma en que llevamos a cabo el proceso. En vez de escribir una papeleta con la multa a un vehículo infractor, y dejar que el usuario realice su pago por internet (medida eficiente), lo que se hace es poner un “candado” que inmoviliza el vehículo, con lo cual el usuario tiene forzosamente que ir a pagar la multa y después esperar a que llegue el empleado a “liberarlo”(este proceso dura cuando menos media hora). Peor todavía es peor cuando una grúa levanta al vehículo y se lo lleva a nuestros famosos “corralones” (ahora quizás como mínimo una hora), o mucho peor es cuando los policías le quitan una “placa” al vehículo (ahora este proceso toma cuando menos dos horas). Estos casos representan un desperdicio de recursos, tiempo y dinero, que podrían usarse de manera productiva en otras actividades.

Por supuesto, actualmente no se puede confiar en que una multa por escrito, puesta en el parabrisas del vehículo infractor, llegue finalmente al pago. ¿Por qué?, porque no tenemos un sistema moderno de registro de la propiedad vehicular que obligue a los infractores a pagar su multa. Igualmente, también existe el interés de algunas personas por continuar con el actual sistema ineficiente de cobro de multas, “arrastre”, infracción, etc., porque esto significa algún tipo de negocio privado.

Estos dos ejemplos de la vida cotidiana sirven para ilustrar mi punto. Existen, por todos lados, oportunidades para mejorar la forma en que hacemos las cosas, por reducir costos (privados y sociales) que finalmente conducen a una mejor sociedad. Lo que debiera ser una consigna social, es que por todos lados se busquen formas de ahorrar tiempo y dinero, eliminando trámites inútiles, reduciendo obstáculos, mejorando los servicios, para que, poco a poco, por todos lados de nuestro país, se logre un mejor clima para hacer funcionar nuestro aparato productivo y para mejorar la calidad de vida de nuestra población.

El crecimiento y desarrollo de México no es producto de una o dos cosas, por muy importantes que sean, sino que es el resultado del trabajo diario de millones de personas que todos los días deben buscar, y lograr, formas de hacer más con menos, de mejorar la calidad y reducir nuestros costos nacionales de producción. Hacer lo mismo, todos los días, de la misma forma, significa estancamiento, significa quedarnos parados cuando los demás países van corriendo. Tal vez por eso una buena parte de nuestra agricultura está como está, porque por alguna razón, se hace lo mismo, de la misma forma que hace cientos de años.

* Realizó sus estudios profesionales en la Escuela Superior de Economía del IPN, obtuvo su maestría en la Universidad de Chicago, Estados Unidos, y realizó estudios de doctorado en la misma universidad. Actualmente es subdirector de Estudios Especiales del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado A. C.

Según el Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) la industria nuclear civil produjo en 2010 el 13.8% de la electricidad mundial. En el caso de Japón ésta representaba con 54 reactores un 30%. En los últimos años. la producción de energía nuclear ha venido aumentando, en China se planea pasar de 14 reactores a 115 y Ucrania confirmó la voluntad de seguir con proyectos de construcción de 20 nuevos reactores.

Con lo ocurrido en Japón los demás países se contagiaron con el propósito de “dejar atrás” la energía nuclear, debido a la amenaza que ésta podría representar. Sin embargo, Alemania depende de ella en 28% y Suiza en 38%. El propósito de abandonarla no resulta tan sencillo, dado que presenta puntos económicos y ambientales en contra. En cuestiones ambientales representa una energía “limpia”, al reducir las plantas nucleares se aumenta la posibilidad de emisión de gases de efecto invernadero y se reduce la posibilidad de “descarbonizar” la energía global, lo cual representa el problema ambiental más grave al que se enfrenta la sociedad.

En cuestiones económicas, la energía nuclear representa una menor dependencia energética del petróleo, así como una amplia oferta de empleos. En el caso específico de Japón para poder garantizar la demanda sin energía nuclear, se han utilizado las plantas térmicas, lo que ha aumentado el gasto en la importación de crudo y gas. Como lo plantea CNN, el aumento de las importaciones, sobre todo por la compra de hidrocarburos, afecta duramente la balanza comercial japonesa que en enero de 2012 registró su mayor déficit y amenaza con desestabilizar la economía del país, dependiente en cerca de 40% de sus exportaciones. Por lo que, pese al descontento social, el mes pasado empresas niponas echaron a andar con autorización gubernamental 3 de los reactores que se encontraban suspendidos.

Este artículo no pretende defender la energía nuclear, sino hacer énfasis en las distintas caras de la moneda y analizar así este fenómeno ya muy discutido y de características multifacéticas. Si los gobiernos, junto con la sociedad civil, deciden por la energía nuclear, es importante hacer énfasis en lo que conlleva la producción de este tipo de energía.

A manera de ejemplo cabe mencionar un estudio del The Wall Street Journal del 19 de marzo de 2011, en donde se planteó que cien de los reactores nucleares en todo el mundo están situados en zonas amenazadas por sismos. Es necesario que los constructores de los reactores hagan un cálculo de probabilidades como un criterio racional de prevención. Así también se debe de llevar a cabo un seguimiento del trabajo de comprobación, reparación y las modificaciones necesarias para un adecuado funcionamiento, dado que mientras más viejas las centrales, más intensa es la contaminación radioactiva y más peligrosas son las operaciones de mantenimiento.

La sociedad civil y los gobiernos jugarán ahora un papel importante para exigir que estas medidas se lleven a cabo y que se reduzca así la posibilidad de amenaza. Será importante recordar que es mucho más barato pagar por tomar estas medidas precautorias que pagar una indemnización. Ya será nuestra decisión si sale más caro el caldo que las albóndigas.

* Internacionalista egresada de la UIA. Asistente de investigación en Contorno, Centro de Prospectiva y Debate.

Hoy a unos 2 mil 800 años se mantiene el espíritu de competencia. La idea de revivir estas justas en la época moderna fue del francés Pierre de Coubertin, quien fundó el 23 de junio de 1894 el Comité Olímpico Internacional (COI) en el que se logró reunir a los delegados de 34 países.

En principio se proyectó que las primeras Olimpiadas modernas se realizarían en Paris en el año 1900, no obstante hubo un gran trabajo de convencimiento para llevarlas a Atenas. En ese momento el país anfitrión atravesaba por una difícil situación económica. Los organizadores lograron que el príncipe Constantino de Grecia asumiera la presidencia del COI, lo cual propició la participación de diferentes sectores económicos del país ampliando paralelamente el consenso y legitimidad hacia el gobierno de su padre el rey Jorge I de Grecia príncipe de Dinamarca.

Así, entre el 5 y el 16 abril de 1896, se reunieron en Atenas 262 atletas de 14 países que compitieron en 9 diferentes disciplinas (atletismo, ciclismo, esgrima, gimnasia, lucha, natación, halterofilia, tenis y tiro) y 43 pruebas. En esta ocasión no participó ninguna mujer y los atletas tuvieron que sufragar los gastos de su hospedaje. La inversión se estimó en 3 millones 740 mil dracmas aproximadamente 448 mil 800 dólares (precios corrientes), a pesar de que se propuso una inversión original de 250 mil dracmas.

En 1974, al concluir las Olimpiadas de Montreal, el modelo para el financiamiento de los JO evidenció serias contradicciones respecto de los objetivos económicos que se perseguían: la ciudad anfitriona quedó con una deuda de alrededor de mil millones de dólares la cual fue cubierta en 30 años.

Esa situación obligó al COI a crear nuevas reglas, aunque poco se ha logrado en el tema de los gastos de inversión e infraestructura necesarios. En el estudio Olympic Proportions: Cost and Cost Overrun at the Olympics 1960–2012, Bent Flyvbjerg and Allison Stewart de la Saïd Business School de la Universidad de Oxford, concluyen que desde 1960 los presupuestos iniciales se elevan en un promedio de 179%. Además se destaca que en los últimos diez años las ciudades anfitrionas mejoran ampliamente los procesos de planeación, en comparación con el periodo 1968 – 2000 y los costos finales respecto de los iniciales en promedio no son mayores al 47% y no del orden del 258% como solía ocurrir antes. Este fenómeno puede ser atribuible a la cantidad y calidad de información contable proporcionada con la cual se puede alertar sobre rubros en los que los costos se elevan considerablemente.

La nueva estrategia de administración y financiamiento se ha ido consolidando a partir de los años ochenta derivada de la experiencia de Los Ángeles. Actualmente opera con once Socios Olímpicos (TOP por sus siglas en inglés) los que pagan al COI importantes sumas por explotar mundialmente la marca de los cinco aros olímpicos, considerando al menos un plazo de ocho años comprendiendo el ciclo de los Juegos de Verano y los de Invierno. Los términos de esos contratos representan importantes ganancias.

La participación comercial se completa con socios comerciales locales quienes pueden explotar la marca en forma más acotada pero con diferentes vertientes de participación económica, a través de brindar productos o servicios, o ambos, para apoyar el desarrollo de los eventos. El esquema contempla tres pilares económicos: los derechos de transmisión, la venta de boletos y el licenciamiento para comercialización de la marca. El comité organizador local, por cada uno de esos rubros recibe respectivamente los siguientes porcentajes: 49%, 95% y 34%.

Para Londres 2012 se auguran buenos resultados económicos, a pesar de que el presupuesto inicial de tres mil 500 mdd se incrementó hasta los 17 mil 250 mdd, esto se debió a un incremento en los costos de las medidas de seguridad, que fue considerada como una de las prioridades dados los riesgos que podrían enfrentarse.

Bajo las reglas actuales del COI es evidente que los consumidores de todo el mundo, no sólo los que asisten a los estadios sino los que desde la comodidad de su hogar siguen las justas deportivas, serán quienes pagarán todos los costos.

El LOCOG estimó que la derrama económica puede ser igual a 31 mil 800 millones de dólares, además de los beneficios en infraestructura deportiva y urbana, la reputación internacional del país que tendría una consecuencia directa en el turismo, así como en otra serie de transacciones comerciales y la dinámica social que conlleva este esfuerzo colectivo.

Los JO imprimen una dinámica social de grandes dimensiones, al hacer un recorrido por los testimonios y emociones que dejan en la población. Recordemos el México 68, con ceremonias de inauguración y clausura marcadas por la calidez y lo mejor de las tradiciones del país, en donde por primera vez una mujer encendió el pebetero olímpico.

Los eventos deportivos fueron transmitidos a color y se impusieron difíciles marcas olímpicas.

En la memoria también está el Moscú 80, en donde se vivieron las consecuencias de un boicot lanzado por Estados Unidos como consecuencia de la presencia militar soviética en Afganistán y asistieron a los juegos solamente 80 países. Cuatro años después en Los Ángeles 84 se mostró una organización impecable y sin financiamiento público. En Barcelona 92 de nueva cuenta se imprime un amplio sentido cultural a la olimpiada y en Beijing 2008 se conjugan la tecnología y lo más tradicional de la milenaria cultura china.

Otro aspecto a revisar tiene que ver con las especificaciones técnicas y exigencias para el desarrollo de las diferentes competencias dado que el espectáculo requiere de las mejores condiciones para lograr una verdadera competencia y que se rompan las marcas. Hay muchos requerimientos técnicos que se deben seguir lo cual también genera gastos importantes en las instalaciones, unidos a los estándares de aforo y seguridad.

Hoy, como en otras ediciones de los JO se rompen los esquemas tradicionales: en 1900 participan por primera vez las mujeres, en 1968 hay una expresión en contra de la discriminación y el racismo, a través del puño con el guante negro por parte de atletas afroamericanos. En Londres 2012 se hace más evidente la participación de las mujeres: por primera vez compiten dos mujeres deportistas saudíes.

Finalmente no se pueden dejar de lado los resultados que México ha tenido y puede obtener en los JO. Se generan múltiples expectativas ante situaciones poco objetivas, en el país no se tiene claridad sobre cómo instrumentar una política pública en materia deportiva y, como es cada vez más común, se tienen excelentes diagnósticos, sin embargo, no se logran acciones que lleven a resultados concretos.

Se habla de la necesidad de mayores recursos para impulsar el deporte, es cierto, pero también se debe proyectar una visión más crítica e integral que pueda revisar lo que sucede con la salud de la población, las cifras pusieron en alerta al sistema nacional de salud y empezar a conjugar soluciones. ¿No es ésta una primera condición para dar consistencia a una política de gobierno?

Habrá que revisar cómo se canalizan los recursos y que la sociedad civil participe de manera activa para apoyar el deporte. Si no hay programas y acciones de largo plazo, no podemos esperar resultados diferentes. El lograr ser sede de una Olimpiada tarda alrededor de diez años desde que se inician las negociaciones, en nuestro país cada sexenio cambiamos de dirigentes y de programas para el deporte, circunstancia que lleva a esperar el triunfo de pocos deportistas. En nuestro país no tenemos una cultura como la promovía la extinta Unión Soviética, o bien como los esfuerzos que emprenden diversas asociaciones de hipismo de los Estados Unidos para participar en los JO.

Hay mucho por hacer, habrá que aprender de lo que harán en Rusia 2014 y en Brasil 2016 como una oportunidad de demostrar al mundo las capacidades que tienen ambas sociedades. Por lo pronto a llenarnos de energía con Londres 2012.

* Maestro en Administración Pública dedicado al análisis de políticas públicas. sergioaquiles@gmail.com

En el caso del gas natural, es posible que se mantenga su producción actual hasta el 2030 e inicie su declive después de ese año. El carbón se encontrará en su punto más alto para el 2050, por lo que sus reservas podrán satisfacer la demanda si se mantienen las importaciones de China y las políticas medio ambientales no esterilizan su utilización.

Ante esta situación es necesario y urgente encontrar nuevas soluciones para el suministro de energía. Una de las posibles soluciones a la producción de energía es la utilización de energía nuclear, la cual tiene que demostrar su mérito económico en competencia con otras fuentes de energía. En el corto plazo, la energía nuclear se encuentra en desventaja en muchos mercados en comparación con las opciones de combustibles fósiles. La reducción de costos en el diseño de centrales nucleares así como la administración de un mejor rendimiento, podrían ayudar a esta fuente de energía a recuperar su competitividad.

Por otro lado, los nuevos impuestos a la producción de carbono y los intentos por reducir las emisiones de dióxido de carbono pueden aumentar el costo de los combustibles fósiles e incentivar la producción de otro tipo de energía, como la nuclear o las energías renovables. A largo plazo, ésta podría ser la principal ventaja de la energía nuclear en comparación con los combustibles fósiles. Sin embargo, su sostenibilidad es cuestionada por tres aspectos fundamentales:

-         ¿La energía nuclear es un suministro de energía disponible indefinidamente?

-         ¿Es compatible la energía nuclear con el medio ambiente, sobretodo en relación a la eliminación de los residuos radioactivos?

-         ¿Es una verdadera opción económica a largo plazo?

Jean-Marie Bourdaire, consultor en temas de Energía, nos presenta dos escenarios, uno ideal y el otro probable. Ambos escenarios se perciben aún muy distantes, sin embargo, ante la presente evolución de la tecnología y el incremento de conciencia en materia medioambiental, parecieran estarse acercando cada vez más. Su viabilidad y realización dependerá de las políticas públicas que a largo plazo se adopten en el tema, tanto nacional como internacionalmente, a lo largo de los años.

Escenario Ideal Proactivo

• Verdaderos precios de mercado
• Derechos de propiedad plenos
• Eliminación de los subsidios
• Seguridad del suministro de energía tomando en cuenta las externalidades ambientales
• Políticas similares y convergentes entre los países.
• Procurar la redistribución de la riqueza internacional

Escenario Probable Reactivo

• Confusión en las políticas nacionales.
• No eliminación sistemática de las subvenciones
• Imposición de cuotas de energía, lo que duplica el costo
• Derechos de propiedad inseguros en la mayoría de los países.
• Ilusiones en la eficiencia y la utilización de las energías renovables.
• Decisiones espectaculares en un corto plazo, pero ineficaces en el largo plazo.

Son muchos los retos que se derivan del escenario probable y mucho el camino por andar en caso de querer orientarnos hacia el ideal. Sin embargo, ambos escenarios ponen en escena la preocupación presente sobre la viabilidad y sostenibilidad de nuestro suministro de energía.  Afortunadamente, desde hoy en día hay incentivos adecuados y decisiones viables como para crear un sistema de energía eficiente y sustentable.

Las alternativas propuestas son más a menudo de fuentes renovables de energía, como lo son la energía solar fotovoltaica, energía solar térmica y finalmente la energía eólica. Existen propuestas menos exploradas como la biomasa y los residuos domésticos. Queda claro que todavía llevará tiempo, tecnología y desarrollo para que estas energías se conviertan en una fuente competitiva de suministro de energía, sin embargo todo pareciera apuntar a que la apuesta a largo plazo es por ellas.

Abogada egresada del ITAM, asistente de investigación en Contorno Centro de Prospectiva y Debate. bvazquez@contorno.org.mx @nimoshite

Tipo de cambio. Por tratarse -junto con la inflación- de un indicador visible para la opinión pública, el tipo de cambio del peso frente a las monedas extranjeras suele tomarse como una muestra del ritmo de la economía.

En la historia contemporánea de México la transmisión de poderes se asocia a las devaluaciones de la moneda nacional, donde la estafeta del costo político de dicha medida se traspasaba junto con la banda presidencial. En la Tabla 1 se muestran los precios del dólar al último día del año al comenzar el sexenio, correspondiente a los últimos cinco sexenios, así como las variaciones porcentuales durante estos periodos.

El peso perdió 14 veces su valor durante el sexenio de Miguel de la Madrid, mientras que el costo del dólar aproximadamente se duplicó en cada uno de los periodos de sus sucesores Carlos Salinas y Ernesto Zedillo. La flexibilidad en el tipo de cambio ha dado lugar a una ligera depreciación del peso en los últimos dos sexenios de gobiernos panistas.

Desempleo. A pesar de que fue su bandera durante la campaña política de 2006, en términos de empleo Felipe Calderón deja un saldo negativo. INEGI reporta para mayo de 2012, una tasa de desocupación entre la población económicamente activa del 5%. Si bien se muestra una recuperación tras la crisis de 2009, las cifras de desempleo son superiores a las reportadas al inicio de su mandato. Queda para el próximo presidente como una tarea pendiente la generación de mayores y mejores empleos, especialmente para los jóvenes.

Reservas internacionales y deuda externa pública. Ahora, hablando de otras cifras macroeconómicas, uno de los indicadores más importantes para los países son los montos de las reservas internacionales. En este rubro, el Banco de México ha venido reportando récords históricos de incrementos semanales a lo largo del año, de modo que al 29 de junio de 2012, las reservas internacionales de México se sitúan en 157 mil 337 millones de dólares.

Esta cantidad puede parecer demasiado alentadora; sin embargo, vale más situarla en contexto, por ejemplo, comparando el monto que las reservas internacionales representan en relación con la deuda externa pública. Como se observa en la Gráfica 1, al año 2011 no sólo las reservas internacionales se encuentran en su máximo histórico, sino que también la deuda pública externa presenta cifras récord al situarse en 116 mil 420.2 millones de dólares. Este último dato representa 82% de las reservas internacionales, una proporción muy semejante a la de 2006 (81%), cuando Vicente Fox terminó su mandato como Presidente de la República.

Petróleo. En lo que respecta a las exportaciones petroleras, éstas han presentado buenos números desde el 2011, acompañadas por las súbitas alzas en los precios, los cuales por primera vez rompieron la barrera de los 100 dólares por barril. Aunque estos números pueden otorgarnos confianza, la inercia de los precios internacionales del hidrocarburo nos recuerda la importancia de diversificar las exportaciones, tendiendo a ser un país menos dependiente de las ventas del petróleo. La balanza de pagos mexicana tiende a presentar déficit siempre que se excluyen los ingresos por exportaciones petroleras.

PIB per cápita e inversión extranjera. Las cifras de inversión extranjera suelen ser confusas como termómetro económico, tomando en cuenta que incluyen al capital especulativo. En términos comparativos a nivel de Latinoamérica, durante el 2011, Brasil captó más del triple de inversión extranjera directa que México (66,660 mdd vs. 19,554 mdd). Por otro lado, el PIB per cápita de México en el año 2011 fue de 10 mil 64 dólares, recuperando su nivel tras los embates de la crisis de 2009. La buena del día: de acuerdo a los círculos especializados, se esperan aumentos más allá de lo previsto para el Producto Interno Bruto de México en lo que resta del año.

Todo indica que las variables macroeconómicas se mantienen en orden, por lo que no existen motivos de alarma, sin embargo, los efectos de la crisis europea aún no son del todo previsibles y los precios del petróleo van nuevamente a la baja. El próximo gobierno deberá mantener las condiciones de equilibrio económico, procurando el sobreendeudamiento. En vísperas de la sucesión presidencial y con nuevos bríos, por todos lados se entona la misma canción: “las reformas estructurales”.

* Maestro en Ciencias Sociales por el Colegio de Sonora y coordinador del área de análisis político en Contorno, Centro de Prospectiva y Debate. aespinosagr@gmail.com

Fuentes:

http://www.inegi.org.mx/sistemas/bie/

http://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?accion=consultarCuadro&idCuadro=CE101&sector=1&locale=es

http://www.mexicomaxico.org/Voto/PetroCrudo.htm

http://datos.bancomundial.org/indicador/NY.GDP.PCAP.CD

http://www.unctad-docs.org/files/UNCTAD-WIR2011-Full-en.pdf

Hoy en día, dadas las consecuencias de las distintas tendencias, existen acuerdos globales sobre la importancia de ciertos aspectos que ya no se pueden dejar de lado y que deben de ser atendidos como parte de las políticas que alientan el crecimiento. Tal es el caso del medio ambiente, la pobreza y la desigualdad. Ya no es viable, dadas las consecuencias que ha tenido, pensar en crecer a costa del medio ambiente o crecer para eliminar la pobreza sin atender la desigualdad. Ante esta situación, el Banco Mundial ideó un concepto llamado crecimiento ecológico inclusivo.

Necesario, eficiente y costeable es como esta institución define al crecimiento que es verde y para todos. Necesario porque sin él, no es posible alcanzar un desarrollo sostenible; eficiente porque apela a tratar las fallas de mercado y aquellas de gobernabilidad, creciendo de manera ecológica pero no más lentamente, y costeable porque algunas de las políticas que lo rigen se pagan por sí solas y otras hacen sentido económico si se contemplan las externalidades a las que dan pie.

Sin embargo, para que esta visión de crecimiento pueda ponerse en marcha de forma adecuada, depende de políticas de crecimiento que se adapten a una realidad económica, política y a comportamientos e intereses arraigados; políticas que fomenten reformas a la regulación, inversión pública, eliminación de restricciones financieras y patrones de precios establecidos, y que al mismo tiempo, procuren cambios en comportamientos y normas sociales. Dichas políticas, en la práctica, se pueden manifestar como impuestos verdes, cobro de externalidades ambientales, creación de derechos de propiedad comerciales y reducción de subsidios inapropiados o regresivos.

Uno de los retos más importantes para lograr que el crecimiento pueda jugar a favor del medio ambiente y favorecer a todos por igual, son los frenos políticos y sociales a los que se enfrenta; más allá de recursos, se necesitan sortear inteligentemente este tipo de obstáculos. Ante esta situación parece una buena noticia que la reciente Cumbre de líderes del G-20 haya establecido como una prioridad, en temas de desarrollo, el crecimiento ecológico inclusivo, junto con la seguridad alimentaria y la infraestructura.

Dentro de los factores centrales para conseguirlo se identificaron las necesidades de: asegurar la eficiencia de los recursos, promover la innovación sustentable, adoptar patrones sostenibles de consumo y producción, fortalecer la difusión de conocimiento y tecnología, desarrollar infraestructura sustentable, y el fomento de vínculos existentes entre sectores como son la energía, el agua y la seguridad alimentaria.

* Licenciada en Economía egresada de la Universidad Iberoamericana. Encargada de la coordinación general de proyectos en Contorno, Centro de Prospectiva y Debate. jespinosa@contorno.org.mx

Lecturas

Banco Mundial: Inclusive Green Growth; The Pathway to Sustainable Development http://bit.ly/Q7OaQU

VII Cumbre de Líderes del G20: Informe del grupo de trabajo sobre desarrollo y Plan de acción de Los Cabos para el crecimiento y el empleo. http://www.g20.org/

Durante la administración de Obama, las deportaciones han alcanzado sus máximos históricos, sumando hasta 400 mil por año desde el 2009. Han aumentado por el doble, comparado con el primer periodo de la administración del republicano Bush, y en 30% considerando su segundo periodo.

Tomando en cuenta el momento histórico en el que se encuentra la sociedad norteamericana, donde la población hispana según el censo del 2010 representa 16.3% del total de la población, resultará una prioridad para el Presidente y su proyecto demócrata en su búsqueda de la reelección proponer proyectos que pretendan “frenar” las deportaciones.

Contrastando el discurso migratorio de Obama con la realidad representada en números, cuesta trabajo no ser escéptico al hecho de que el tema abordado no sea más que una táctica para reforzar el voto y apoyo latino a la causa demócrata. Las leyes migratorias estadunidenses no responden a la realidad social y económica del país ya que no consideran la importante aportación económica de la fuerza laboral mexicana. En términos generales, la discusión en torno a la problemática migratoria y su impacto económico, ha estado centrada en la aportación vía remesas para el país de origen de los trabajadores, sin embargo, es indispensable tener presente la contribución que el trabajador indocumentado representa para la economía del país receptor.

Lo complicado del discurso es que, en términos generales, las políticas migratorias y fronterizas representan una paradoja. Por un lado, es el papel del Estado-Nación defender y salvaguardad la hegemonía de su población, por tanto se generan controles y restricciones en las fronteras buscando disminuir la entrada de personas indocumentadas a territorios nacionales. Por el otro, es bien sabido que los sistemas capitalistas alimentan sus industrias de la oferta representada en la fuerza laboral barata constituida por trabajadores ilegales.

Al día de hoy, según el centro de investigación PEW Hispanic Center, los mexicanos representan el mayor número de inmigrantes viviendo en Estados Unidos, de un total de 50.7 millones de hispanos, 65% se identifican como mexicanos, es decir, 33 millones de personas de las cuales 58% residen en ése país en calidad de indocumentados.

En un marco de una rígida jerarquía laboral -en donde existen puestos de trabajo mal remunerados y considerados de bajo status social, que la población doméstica no está dispuesta a aceptar- la industria recurre a una fuerza laboral barata representada en el trabajo de migrantes indocumentados. Es por ello que la presencia del trabajo de inmigrantes sin papeles permite a la economía crecer más rápidamente, sin necesariamente representar un aumento en las presiones inflacionarias. Al contratar mano de obra barata, los bienes de consumo o servicios que producen se pueden ofertar a menores precios.

Sin embargo, aquellos trabajadores no sólo satisfacen la demanda del mercado laboral en Estados Unidos, sino que también contribuyen de manera importante en términos de producción, consumo y pago de impuestos. En el año 2010, por ejemplo, se estima que la contribución a los impuestos locales y estatales por viviendas encabezadas por un inmigrante indocumentado sumó 11.2 billones de dólares.

De acuerdo con un estudio realizado por la Universidad de California en Los Ángeles, los inmigrantes indocumentados aportan 4.9% de la fuerza laboral, que como es de esperarse representa un numero vital para la economía de EU. Por si fuera poco, se calcula que de esos trabajadores, nuestros connacionales contribuyen al Producto Interno Bruto estadunidense con aproximadamente 220 mil millones de dólares.

Según el Dr. Raúl Hinojosa Ojeda, director ejecutivo del Centro de Desarrollo e Integración de Norte América de la Universidad de California, legalizar trabajadores supondría efectos positivos para le economía de Estados Unidos. Concluye que, de aprobar el plan de reforma migratoria de 2006, el fisco del país vecino hubiera recaudado 66 mil millones de dólares en nuevos ingresos en un lapso de 10 años. Por otro lado, según la National Foundation for American Policy, de ser legalizados los trabajadores, el sistema del Seguro Social tendría un beneficio neto de 400 mil millones de dólares.

Es de vital importancia que durante la discusión de una reforma migratoria se consideren las consecuencias de aprobar leyes como la controversial S.B1070, mejor conocida como Ley Arizona. La problemática migratoria es multifacética y complicada, simplificar la discusión puede ser peligroso. Los inmigrantes indocumentados no solamente llenan un puesto laboral, sino que reactivan la economía al ser consumidores y pagan impuestos que permiten mantener un estado fiscal estable.

Por ello una solución más práctica sería considerar liberar, como se hizo con el mercado de bienes, el mercado laboral. Con una política federal que requiera el registro de los trabajadores, su contribución fiscal y su legítima documentación dentro de un marco que respete sus derechos humanos y pueda considerarlos como lo que finalmente son: personas.

* Licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública, estudiante actualmente de la maestría de antropología en Goldsmiths College, University of London. Asistente de investigación en Contorno, Centro de Prospectiva y Debate. sofiard@me.com

La clave de la reunión pasada en Los Cabos, Baja California, fue resolver un paquete de compromisos reflejados en políticas que prevengan una recesión y que fomenten un crecimiento económico estable. En este espacio se abordarán las cuatro principales políticas que la mayoría de los países se comprometieron a aplicar: política fiscal, financiera, comercial y “economía verde”.

En cuanto a política comercial, se asumió un compromiso general por parte de los miembros, de abstenerse a tomar medidas proteccionistas. En este rubro el tipo de acciones concretas a las que se comprometieron fue la reducción de aranceles. Ejemplo de ello fueron China, que decidió reducir 98% de los aranceles a importaciones de países en vías de desarrollo, y Canadá que eliminará los aranceles en productos manufactureros, maquinaria y equipo hasta lograr una “zona libre”.

La política fiscal y monetaria se encuentra en un aprieto, por lo que es difícil encontrar el espacio para levantar las demandas domésticas. La situación mundial ha obligado a los países a reestructurar sus finanzas públicas y llevar a cabo reformas estructurales, el G20 ofrece un espacio de coordinación y de base de información para asegurar la alineación de las políticas domésticas con la situación global. En general, la mayoría de los países ha decidido llevar a cabo medidas para reducir la deuda y mantener un balance presupuestario. Medidas que van desde reformas estructurales, como en el caso de Italia e Indonesia, u otras, como la Ley de Estabilidad Presupuestaria, en España, o el Plan de Control Presupuestario, en Estados Unidos.

En distintos espacios internacionales se ha reflexionado también sobre la posibilidad de aplicar políticas “verdes” para crear un estímulo al crecimiento y la creación de trabajo. La agenda verde plantea alcanzar una mayor competencia a partir del uso tecnológico y de innovación en los distintos sectores, más que nada, en el energético. Ejemplos de compromisos que se plantearon para este rubro son: las Leyes de Energía Limpia, por parte de Australia, el Paquete Energético de Alemania, la Estrategia en Energía y Ambiente, en Japón, y la Estrategia de Energía Efectiva, por parte de Turquía.

La cuestión financiera, desde la crisis estadunidense en 2009, plantea la necesidad de una atención constante a su marco regulatorio. La mayoría de los países se han comprometido a llevar a cabo políticas que logren estimular el flujo de capitales a inversiones apropiadas y productivas, como en infraestructura, y se mejore la capacidad de la población de acceder a servicios financieros. Desde el uso de medios electrónicos para pagos, como lo plantea Argentina, hasta la creación de herramientas más complejas como el Banco de Inversión Público francés, la Comisión para las Reformas Legislativas en el Sector Financiero indio, el Mecanismo de Estabilidad Europeo o los Reportes de estabilidad financiera del Reino Unido.

Si bien es imposible aún evaluar la dirección y rumbo que tomarán estos compromisos, podría decirse que las decisiones comprometidas en el G-20 significan un primer paso importante, en virtud de estabilizar una situación económico-política que el mundo ha arrastrado por ya más de tres años. Vigilar la aplicación de estos compromisos, así como los resultados concretos que arrojen tanto para las distintas economías nacionales así como para el equilibrio global será una de las tareas constantes de la reflexión económica en los meses siguientes.

Para conocer todos los compromisos específicos por país, favor de consultar: http://www.g20.org/images/stories/docs/g20/conclu/Policy_Commitments_By_G20_Members.pdf

* Internacionalista egresada de la Universidad Iberoamericana. Asistente de investigación en Contorno, Centro de Prospectiva y Debate. alejandraespinosamijares@gmail.com

CLEAR apuesta a la cooperación internacional para el aprendizaje en evaluación y resultados mediante la selección competitiva de sólidos centros regionales, capaces de proveer servicios de asistencia técnica, capacitación e investigación aplicada, que respondan de manera puntual a las necesidades específicas de la región, y promuevan el avance en la materia. De manera complementaria, la iniciativa busca articular y consolidar una red de aprendizaje global anclada en las sedes regionales, para promover la cooperación y el intercambio de experiencias. La red global cuenta con sedes para África Anglófona (Sudáfrica), el Sur de Asia (India), el Este de Asia (China) y África Francófona (Senegal). Ahora se suma el Centro Regional para América Latina en el Centro de Investigación y Docencia Económicas A.C. (CIDE).

México obtuvo la sede regional después de un muy competido proceso con la participación de 22 postulaciones de 7 países latinoamericanos. Con el Centro, México recibe un reconocimiento internacional por los avances institucionales en materia de evaluación y gestión por resultados realizados en los últimos 15 años, y un voto de confianza sobre nuestra capacidad de mantener el esfuerzo y consolidar un auténtico modelo de gestión pública basada en resultados en los años próximos. Esto implica una gran responsabilidad y una oportunidad privilegiada para atender las tareas pendientes que impone la construcción de una política pública para la rendición de cuentas, uno de los desafíos centrales de los Estados latinoamericanos.

El CIDE, por su parte, asume el liderazgo del Centro con el compromiso de satisfacer los más altos estándares de calidad, promover la innovación y propiciar diálogos informados y plurales sobre los temas más relevantes de la agenda pública. El CLEAR para América Latina busca crear un espacio abierto que promueva el lenguaje de la evaluación y resultados como elemento imprescindible del debate público democrático. Para hacerlo, el Centro promoverá el involucramiento de organismos gubernamentales de los tres niveles de gobierno, académicos de instituciones nacionales e internacionales, y organizaciones de la sociedad civil unidas por un objetivo común: informar el debate público y la toma de decisiones con evidencia sólida, y argumentos que permitan atender la demanda ciudadana por un quehacer gubernamental diferente: que rinda cuentas, que tome decisiones con sentido público, y que administre los recursos de manera transparente, eficiente y eficaz.

El CLEAR para América Latina se distingue, desde el origen de la postulación del CIDE, por el reconocimiento del papel fundamental que tienen las organizaciones de la sociedad civil en la generación de demanda y oferta de evaluación, y en la articulación de una presión constante y decidida por rendición de cuentas y generación de resultados. Igualmente, el Centro se especializará en la prestación de servicios de capacitación en evaluación, monitoreo y gestión por resultados, para muy diversas audiencias y grados de especialización, con materiales en español y contenidos relevantes para la región, que sean apropiables y pertinentes para las necesidades diversas de los países latinoamericanos en los ámbitos nacional, subnacional y de la sociedad civil organizada. Por esta razón, las actividades del Centro incluyen un componente de investigación aplicada orientado a los tomadores de decisiones, que buscará mejorar la calidad, el acceso y el uso de la información sobre experiencias de implementación, evaluación y reformas institucionales orientadas a resultados en toda la región.

Finalmente, el Centro le apuesta al enorme potencial del aprendizaje por fertilización cruzada y difusión de buenas prácticas: se busca difundir el lenguaje de evaluación en muy diversos sectores de política pública, además de los programas sociales en los que ya se tiene experiencia acumulada muy valiosa. La idea es acercar el expertise de los sectores de política pública con mayor experiencia a nuevas áreas de política pública en las que el lenguaje de resultados es aún incipiente, para incorporar el instrumental de evaluación del desempeño y la valoración de resultados en áreas tan importantes como seguridad pública, desempeño judicial, impartición de justicia y educación.

El Centro CLEAR será un espacio permanente de diálogo, aprendizaje y reflexión sobre la responsabilidad compartida de construir soluciones innovadoras para la atención de problemas públicos, rendir cuentas y promover el desarrollo. En América Latina tenemos todavía mucho por hacer; México no es la excepción.

* Profesora-Investigadora del CIDE y directora general del Centro para el Aprendizaje en Evaluación y Resultados para América Latina (www.clear-la.cide.edu). claudia.maldonado@cide.edu.

Realmente la razón (o más bien, las razones) de por qué un país crece más o menos rápido que otros, tiene que ver con muchos factores, y no solamente con uno o dos. Si ese fuera el caso, el misterio del crecimiento económico sería fácilmente resuelto. Un esfuerzo importante es realizado por el Foro Económico Mundial, que analiza anualmente doce grandes “pilares” de la capacidad de crecimiento de los países, cada uno a su vez compuesto de diferentes aspectos importantes del avance o estancamiento particular.

Yo ofrezco aquí una propuesta muy simple. Mi opinión es que desperdiciamos una gran cantidad de recursos en muchas cosas que hacemos, no por culpa de alguien en particular, sino producto de todo un sistema tradicional de funcionamiento de nuestra sociedad. A esto le llamo la explicación de los “cuellos de botella”, que existen por muchos lados, tanto en la esfera privada como en la gubernamental, y que constituyen una poderosa red que al final nos impide o nos dificulta lograr mejores tasas de crecimiento de nuestra economía. Voy a usar dos ejemplos de la vida real para ilustrar mi punto: El servicio de agua potable y el sistema de transporte de personas en la Ciudad de México.

Para nadie es un secreto que el servicio de agua potable en el Distrito Federal, tiene un enorme subsidio. El precio “promedio” que se cobra es apenas cercano a dos pesos por metro cúbico. Esto es resultado de un complejísimo sistema de cobro, de un sistema tarifario obsoleto, y de una limitada cantidad de agua medida que se cobra. Sin embargo, el costo social del servicio es monumentalmente mayor, y debería incluir no sólo los costos directos para obtener y distribuir el agua “potable”, sino también sus costos alternativos (de oportunidad) así como los de su evacuación y tratamiento.

El resultado es complejo. Aparte de una ineficaz asignación de recursos, la cantidad disponible, a ese precio, no alcanza para surtir a todo mundo de manera continua, con calidad y con la presión adecuada. ¿Cuál es el efecto?, pues que la población busca “protegerse”, construyendo sistemas de almacenamiento, instalando tanques en cada azotea y equipos de bombeo, y también, finalmente, recurriendo a la compra de agua en “garrafones” para diversas actividades domésticas y para beber.

Todas estas acciones constituyen en realidad un desperdicio social. No deberían existir si se tuviera un servicio de agua eficaz, eficiente y de calidad. Es decir, si se pudieran tener los mismos servicios por una vía alternativa más barata. Un cálculo estimativo de estos costos “inútiles” resulta extraordinario. México se gasta anualmente más de 250 mil millones de pesos en realizar obras que no tienen rentabilidad social, pero que se tienen que hacer porque los organismos encargados del servicio no pueden entregarlo con la calidad de un servicio moderno. Aquí está una simple y directa palanca del subdesarrollo. Dedicamos una enorme cantidad de recursos a realizar algo que podríamos resolver de una manera más barata con una alternativa más eficiente.

Otro ejemplo se refiere al sistema de transporte en la Ciudad de México. Como resultado de una política de subsidios a los combustibles, aunada a un desafortunado, ineficiente, ineficaz y atrasado sistema de transporte público, la población adquiere un automóvil tan pronto como puede, aunque sea viejo y contaminante, con tal de no usar el transporte público. Obviamente la congestión y la contaminación se convierten en problemas mayores. No sólo se aumenta el tiempo de traslado, a un costo social gigantesco, sino que también aumentan los gases contaminantes que potencian más problemas climáticos.

Lo anterior lleva a una de sus consecuencias lógicas: la “conveniencia” de construir más infraestructura para los automóviles, por ejemplo los “segundos pisos”, los cuales no tendrían que construirse si se eligiera la política socialmente más eficaz y eficiente de desalentar el transporte particular (vía impuestos “verdes”) y premiar el transporte público, para tener servicios modernos, de calidad y de bajo costo.

Esto también es una palanca del subdesarrollo. Los mayores tiempos de traslado, los mayores gases de efecto invernadero, los costos de construcción de infraestructura (que parece rentable pero que no lo es), constituyen costos sociales inútiles, que con sus efectos, contribuyen al estancamiento económico. El costo social de toda esta ineficacia e ineficiencia es espectacular. Solamente en términos de tiempo perdido en traslados ineficaces asciende, según mis cifras, a casi 200 mil millones de pesos anuales en la Ciudad de México, sin tomar en cuenta el costo de la construcción de infraestructura y el daño ambiental ocasionado por nuestra propia ineficacia.

Imaginen ustedes el efecto de este dinero (alrededor de 500 mil millones de pesos anuales en conjunto) invertido en proyectos verdaderamente rentables para México, ¿no podríamos como país crecer a tasas más elevadas? ¡Evidentemente que sí!

En la realidad existen muchas otras oportunidades para mejorar nuestro entorno, desde “inversiones” inútiles (piensen en la Estela de luz), como trámites inútiles, pérdidas de tiempo y muchos otros “cuellos de botella”, que en conjunto, representan verdaderas barreras al mejor desempeño de nuestra economía. Es así que todas estas barreras son cosas pequeñas, pero que multiplicadas, se vuelven enormes cargas para la sociedad mexicana. Nuestro atraso se debe no a uno o a dos obstáculos, se debe a una gran cantidad de pequeñas acciones, deficiencias y costumbres que debemos cambiar o erradicar lo más pronto posible.

* Subdirector de Estudios Especiales del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, A. C. gfrancisco@cce.org.mx

De manera preliminar, y en virtud de construir este nuevo mapa del Poder Legislativo en el país, se ofrecen a continuación unos datos significativos sobre la constitución de ambas cámaras, según lo obtenido en el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) y con información revisada hasta el pasado jueves 5 de julio del computo distrital.

• El PAN tendrá, por el principio de Mayoría Relativa (MR), 53 diputados y 29 senadores con 11% y 30%, respectivamente.

• Entre el PRI y el PVEM, sumarán 177 diputados de MR, lo que representa 35% y tendrán 48 senadores (37%).

• La alianza conformada por el PRD, PT y Movimiento Ciudadano, tendrá 70 diputados de MR lo que representa 14% del congreso y, a su vez, concentrará 15% del Senado, 19 senadores por el principio de MR y de primera minoría.

Aunque se pudiera percibir que PRI y Verde concentran la mayoría del congreso, todavía faltan por designarse los diputados y senadores de Representación Proporcional y dicha asignación depende de que no se exceda el porcentaje de la votación emitida a nivel nacional sumando a ella 8 puntos porcentuales, es decir que si un partido tuvo 30% de la votación, el número de curules no podrán exceder del 38% y por tanto no obtendría la mayoría en el congreso.

Este esquema de designación de diputados permite que los partidos que obtuvieron los menores porcentajes de votación puedan acceder a curules, como es el caso del Partido Nueva Alianza, cuya lista permitirá que algunos de los siguientes candidatos tengan un lugar en el salón de sesiones.

Candidatos del Panal al Senado por el principio de RP

1. Arriola Gordillo Mónica Tzasna

2. Patrón Montalvo Jesús Manuel

3. Saldívar Paz Mirna Isabel

4. Vargas Aguilar Simón

5. Luna Rodríguez Silvia

6. Ayar De La Rosa Jorge

7. Gutiérrez Corona Leticia

8. Muzquiz Loo Jorge Arturo

9. Vélez Rayón Sonia

10. Flores Ramírez José Fernando

Algunos de los siguientes candidatos quedarán en el Senado como parte del principio de RP en los distintos partidos:

Candidatos del PAN al Senado por el principio de RP

1. Cordero Arroyo Ernesto Javier

2. Gómez Del Campo Gurza Mariana

3. Gil Zuarth Roberto

4. Calderón Hinojosa Luisa María de Guadalupe

5. Vega Casillas Salvador

6. Cuevas Barron Gabriela

7. Lujambio Irazabal Alonso

8. Rojas Hernández Laura Angélica

9. Larios Córdova Héctor

10. Del Río Sánchez María Dolores

Candidatos del PRI al Senado por el principio de RP

1. Gamboa Patrón Emilio Antonio

2. Díaz Salazar María Cristina

3. Neyra Chávez Armando

4. Gastélum Bajo Diva Hadamira

5. Sánchez García Gerardo

6. Ortiz González Graciela

7. Romero Deschamps Carlos Antonio

8. Gómez González Arely

9. Ayala Almeida Joel

10. Flores Escalera Hilda Esthela

Candidatos del PRD al Senado por el principio de RP

1. Barbosa Huerta Luis Miguel Gerónimo

2. De La Peña Gómez Angélica

3. Sánchez Jiménez Venancio Luis

4. Padierna Luna Dolores

5. Camacho Solís Víctor Manuel

6. Mendoza Mendoza Iris Vianey

7. Jara Cruz Amador

8. Aragón Castillo Hortensia

9. Narro Céspedes José

10. Arciniega Álvarez Linda Guadalupe

Candidatos del PT al Senado por el principio de RP

1. Bartlett Díaz Manuel

2. Guevara Espinoza Ana Gabriela

3. Vázquez González Pedro

4. Bañuelos De La Torre Geovanna Del Carmen

5. Vasconcelos Y Cruz Héctor Enrique

6. Ruiz Mendoza Gloria Cristina

7. García Trinidad Ezequiel

8. Flores Ibarra Cristina Araceli

9. García Flores Antonio

10. Navarrete Liova Pablo

Candidatos del PVEM al Senado por el principio de RP

1. Salinas Sada Ninfa Clara

2. Flores Ramírez Juan Gerardo

3. Barrera Tapia María Elena

4. Vázquez Hernández Seth Yassir

5. Uribe Anaya Elisa

6. González Macías Jesús

7. Galaviz Tinajero Diana Elizabeth

8. Echevarría López Ángel

9. Suárez Vargas Perla Patricia

10. Hernández Palacios Uriel Eduardo

Candidatos del MC al Senado por el principio de RP

1. Sansores San Román Layda Elena

2. Puente Córdoba Alejandro

3. Tagle Martínez Martha Angélica

4. Espinosa Torres José Juan

5. Torres Muñoz Eladia

6. Lomelí Bolaños Carlos

7. García García Margarita

8. Peredo Contreras Carlos Guadalupe

9. Morales Pérez Refugio Esther

10. Barajas Romo Elías

Al analizar estas listas, salta a nuestra atención ese fenómeno al que en México se ha denominado el “chapulín” político. Personajes que se permiten saltar de una cámara a otra o bien de un puesto en el gobierno al Legislativo. Esta práctica supone una especie de reelección velada que, sin embargo, no depende del voto popular sino de la habilidad de quienes se mueven ocupando uno y otro puesto de forma estratégica para perpetuarse en posiciones privilegiadas. Inclusive se ha llegado a ver a algunos ex gobernadores tanto en las listas de Mayoría Relativa como en las de Representación Proporcional, según lo documenta el periódico Reforma en su suplemento Enfoque el pasado 1 de julio (http://bit.ly/Mpb1qn).

Para conocer la lista completa de los diputados electos por el principio de Mayoría Relativa consulta: www.contorno.org.mx en donde se pueden observar cada uno de los nombres, su partido y el estado que los eligió.

*Abogada egresada del ITAM, asistente de investigación en Contorno Centro de Prospectiva y Debate.

bvazquez@contorno.org.mx @nimoshite

La labor de un observador ciudadano registrado ante el IFE, tiene la intención de vigilar y monitorear el proceso de tal forma que pueda garantizar la transparencia y normalidad en la que éste debe transcurrir y evitar así cualquier cuestionamiento de fraude, vaticinado por un amplio sector de la población. Sin embargo, la labor del observador es una tarea mucho más rica y compleja, la cual puede representar un ejercicio de participación ciudadano mucho más diverso y enriquecedor.

Al observador electoral se le permite estar presente en cualquier casilla, en todos los procesos dictados por el IFE, con el propósito de tener una garantía de que durante el día de la jornada no habrá irregularidad alguna en las casillas en las que esté presente. Una vez terminado su proceso de observación, el ciudadano hace llegar un reporte el cual se entrega directamente al IFE.

En esta jornada electoral logré participar directamente en un proceso de observación que me permitió realizar dichas labores el pasado 1 de julio en un total de cinco casillas ubicadas al poniente de la capital, en las delegaciones Cuajimalpa y Miguel Hidalgo. En aquellas casillas en las que estuve presente, el resultado de la jornada fue un saldo blanco en el cual se observó una muy alta participación ciudadana, la cual según lo reportado por el Instituto Federal Electoral llegó a una cifra de 63.16% con lo cual se superó el proceso electoral previo. Se veían casillas llenas, ciudadanos respetuosos y ningún tipo de actos proselitistas en el transcurso de la jornada. A pesar de una muy fuerte lluvia, un gran número de personas llegó a ejercer su voto. Resaltó la presencia de observadores de la OEA (Organización de Estados Americanos) y de la ONU (Organización de Naciones Unidas), los cuales se mostraban muy atentos a lo sucedido en una fecha tan importante para México.

Dentro de la veda y en el día electoral, vecinos de dos casillas visitadas en Cuajimalpa de Morelos hicieron del conocimiento a los representantes del IFE que habían recibido llamadas a sus domicilios, entre 4am y 7am, con una grabación invitando a votar por el candidato a delegado por el PRD-PT-Movimiento Ciudadano. Se indagó al respecto y todo resultó en una serie de denuncias por parte de dichos ciudadanos ante la Fepade.

La jornada siguió sin problema alguno, y la última casilla visitada cerró puntualmente a las 6pm, en dónde se inició el conteo y escrutinio de manera tranquila y normal. En esa casilla se terminaron las labores alrededor de las 10:15 de la noche y todos los funcionarios regresaron a sus casas.

Al estar revisando el proceso en dichas casillas logré percibir un ánimo muy fuerte por querer ejercer el voto. Ciudadanos y familias completas iban con cierta dicha a cumplir con su obligación ciudadana. Padres explicándoles a sus hijos el cómo se lleva a cabo el proceso electoral, así como la importancia del voto y de la democracia.

Nuestro país avanza en una vía franca hacia su consolidación democrática, aunque cabe reconocer que el camino para dicha meta es largo y aún sinuoso. No debemos detener los esfuerzos que construyen espacio para esta posibilidad. El ejercicio electoral recientemente concluido es una prueba de este rumbo que no debe descuidar en ningún momento, que aún seguimos heredando prácticas del pasado que sería útil erradicar de una vez por todas.

El IFE hizo finalmente una buena labor y logró transmitir la confianza necesaria para que el proceso transcurriera en paz, un logro significativo dada la actual coyuntura de un país lacerado por la violencia. El voto de confianza a nuestras instituciones será cada vez más necesario en el camino a la consolidación de nuestro régimen democrático. Que el actual proceso transcurrido sea entonces ejemplo de lo que hemos logrado y alerta de todo aquello que aún nos queda por hacer.

* Psicólogo. Asistente de investigación en Contorno, Centro de Prospectiva y Debate. david.figueroa@contorno.org.mx

Finalmente, comentan muchos, acaba este vía crucis caracterizado por una exaltada actividad política, un saturado espectro mediático y un sin fin de promesas arrojadas al viento.

En todos los espacios mediáticos, en las redes sociales, en los slogans de miles de pancartas que contaminan el espacio de nuestras urbes, se escucha la voz de quienes solicitan el voto de los ciudadanos. Son pocas las veces en la historia de nuestra joven democracia que se sitúa al ciudadano en el centro.

Se le convoca e invita, se le seduce, atrae, convence, se apela a su razón o sentimiento, le llaman por su nombre y atienden sus circunstancias, se le compra, se le ofrecen regalos y prebendas, pero sobre todo, se le elogia. Coincidentemente, esto sucede cada seis años, en el mejor de los casos, cada tres.

La experiencia reciente de nuestro país, muestra que esa atención sobre el ciudadano se va difuminando una vez que éste ha ejercido su voto, garantizando puestos y recursos, curules y jugosos sueldos, pequeños cotos feudales de poder y control. Una vez obtenidos estos espacios, la comunicación tan directa y abierta que los representantes supuestamente mantuvieron con el electorado, pasa a segundo plano. Son pocos aún los ejercicios de interacción entre los políticos y los ciudadanos, la cultura de rendición de cuentas y exigencia en nuestro país es incipiente. Sin embargo, va adquiriendo forma en la medida en que algunas leyes, procesos institucionales y vehículos de expresión dan fortaleza pero no el lugar que debería de tener, el rol de responsabilidad que debería ejercer y, sobre todo, la posibilidad de ser un contrapeso real en la pugna de los poderes fácticos por el dominio.

En el ajedrez de lo político somos aún peones, frente a las torres, los caballos, los alfiles, los reyes o las reinas.

No puedo dejar de recordar aquí la caricatura de Eduardo Salles, en la que ilustra el poder del voto que hace del ciudadano común y corriente un Superman durante el primero de julio, para regresar inmediatamente después a su papel anónimo de Clark Kent del 2 de julio de 2012 al 30 de junio del 2018 (http://www.24-horas.mx/el-poder-del-voto-ilustrado/).

No se extrañen de este proceso de adulación, tampoco de su pronta desaparición. En este juego de apariencias que es la política, para los ciudadanos resultará de vital importancia construir el espacio, articular la voz y transformar el escenario en el que se ha llevado a cabo ese espectáculo que a la fecha no genera sino hartazgo, decepción e indiferencia.

Es nuestro papel exigir y trabajar para movernos al centro de la discusión. Las campañas de las que hemos sido testigos aún tienen ese viejo tufo de las prácticas que caracterizaron la política del siglo XX, una en donde la masa, la imagen y el medio caracterizaron el mensaje. Para la democracia del siglo XXI será importante reinventar el lenguaje de la política e innovar en sus prácticas. La responsabilidad de ello debe ser asumida de manera consciente, reflexiva y consistente por una ciudadanía renovada que empuje decididamente este movimiento. Que los días recientemente transcurridos sean un recuerdo de dicha necesidad acuciante.

@oem79 oespinosam@contorno.org.mx

En el proceso electoral de 2012, el IFE habrá gastado un total de 10 mil 661.4 millones de pesos (MDP) de los cuales, 46% se destinará únicamente a la actualización del padrón electoral, el voto de los mexicanos residentes en el extranjero, los preparativos para la jornada electoral, la innovación y transformación institucional para la atención de quejas de los medios y el conteo de los votos, así como la estrategia nacional de educación cívica.

La autoridad electoral ha sido cuestionada en muchas ocasiones por los excesos en los presupuestos, por lo que en la revisión al acuerdo del Consejo General (CG472/2011) se encontró el desglose de los gastos programados en el cual se establecen 107.1 MDP para el ejercicio del voto de los mexicanos residentes en el extranjero, lo que significa 2.2% del presupuesto designado al Instituto. Para la actualización y fortalecimiento del padrón electoral únicamente se destinó 7.1% (353.1 MDP) y la mayor parte del gasto, correspondiente al 84.3% (4 mil 163.8 MDP) del presupuesto, está dirigido a la logística electoral, la capacitación y la promoción de la participación ciudadana, la fiscalización, el acceso a prerrogativas y administración de los tiempos del Estado en radio y TV, desarrollo de sistemas y servicios informáticos de soporte y seguimiento del proceso, difusión, promoción y monitoreo, así como a la integración y emisión de la lista nominal de electores.

El primer objetivo de la reforma electoral de 2007 era disminuir en forma significativa el gasto en campañas electorales, sin embargo, habríamos de cuestionar si un gasto de esta magnitud por parte de la autoridad electoral no resulta excesivo. Si bien su consolidación como organismo autónomo y su contribución a la vida democrática del país resultan fundamentales, será importante vigilar el uso de recursos públicos ejercidos por el organismo.

De forma que podamos avanzar hacia una cultura de mayor rendición de cuentas es necesario reflexionar alrededor de la justificación y razón de ser de éstos y cada uno de los gastos públicos.

* Abogada egresada del ITAM, asistente de investigación en Contorno Centro de Prospectiva y Debate.

@nimoshite bvazquez@contorno.org.mx

Esta cumbre es la congregación de líderes mundiales, organizaciones no gubernamentales, empresarios de diferentes sectores y ciudadanos con la firme intención de generar objetivos, compromisos y medidas de implementación que buscan optimizar la coordinación internacional para encontrar el camino hacia un futuro sostenible.

En la misma, se tocan temas como reducción en el consumo de energía, fomento a la igualdad social, nivel de vida digno, prestación de servicios básicos, construcción de una economía ecológica, entre muchos otros. La idea es, en pocas palabras, generar un esquema de igualdad de oportunidades protegiendo al mismo tiempo los recursos de nuestro planeta, el cual se encuentra cada vez más poblado.

Remontándonos al origen, ¿qué es en realidad el desarrollo sustentable? Existen muchas teorías y definiciones, pero con la que más coincido es con la definición creada por la doctora Gro Harlem Brundtland y su grupo de trabajo, en 1987: “la capacidad que haya desarrollado el sistema humano para satisfacer las necesidades de las generaciones actuales sin comprometer los recursos y oportunidades para el crecimiento de generaciones futuras”. Así, la sustentabilidad se basa en tres términos fundamentales: social, ambiental y económico.

Estos tres forman el llamado sistema nervioso de la sustentabilidad, en el cual se tiene que dar la misma importancia a cada uno, ya que si por cualquier razón alguno de ellos deja de generar y aportar a los demás, automáticamente colapsa este sistema. Debe de existir una relación directa entre los recursos naturales, el trabajo y las instituciones, los bienes y servicios y la forma en que éstos impactan al medio ambiente.

Este año se alcanzó la escandalosa cifra de 7 mil millones de habitantes en nuestro planeta y se estima que para el año 2050 llegaremos a ser 9 mil millones; nos encontramos inmersos en una seria crisis a nivel global por un crecimiento exponencial de la población.

En un escenario ideal, la cantidad de gente en relación al consumo debería de igualar o estar por debajo de la capacidad del planeta, sin embargo dicha capacidad se está rebasando, al igual que el crecimiento de las ciudades, rápidamente. La demanda de energía y explotación de recursos es mayor a lo que el planeta puede generar debido al nivel de consumo al que estamos acostumbrados.

Una ciudad crea y propicia cultura, tecnología, ciencia, organización social y desarrollo, que son ingredientes esenciales para la economía y la sociedad, pero se enfrenta al problema de la sobrepoblación que provoca una escasez de recursos naturales, rompiendo así el ciclo. Este desequilibrio hace que las oportunidades y posibilidades de trabajar en el campo sean menos y que la gente tenga que emigrar a las ciudades en busca de una mejor calidad de vida.

Ahora, la gran mayoría de la ciudades en el mundo, así como sus zonas metropolitanas, fueron diseñadas y planeadas asumiendo una abundancia infinita de petróleo y de energía. Pero esta abundancia en el planeta es finita, y entre más difícil se vuelve extraer los recursos y llevarlos a las ciudades, más se empiezan a limitar los servicios básicos y más aumentan los costos, dejando así a un porcentaje de sus habitantes en la marginación total. Actualmente la mitad de la población a nivel mundial vive en ciudades, generando tres cuartas partes de las emisiones de carbón y consumiendo más de la mitad de la energía de todo el mundo.

Es momento de replantear nuestra forma de vivir. La cumbre en Río es una gran oportunidad para los líderes del mundo de las diferentes esferas de nuestra sociedad (política, económica y social) de pensar qué futuro queremos para los próximos veinte años y es por eso que son de suma importancia los objetivos y las medidas de implementación de esta cumbre.

El papel de México en los siguientes 20 años debe ser el de un protagonismo absoluto y de ejemplo para América Latina, por ser considerada una de las economías emergentes más sólidas de la zona y contar con una amplia cartera de recursos a lo largo de todo el territorio, además de tener una de las ciudades más grandes y pobladas del orbe.

México y el resto del mundo tienen un desafío urgente: lograr que la incorporación social, el desarrollo económico y un ambiente próspero sigan un mismo camino, sabiendo que son objetivos interconectados y son más fáciles de alcanzar en conjunto que por separado. Deben saber que el inteligente uso de recursos no quiere decir pobreza, deben mejorar la eficiencia, mejorar la productividad y reducir el consumo. Se tiene que minimizar la necesidad de sobreutilización y reemplazo a través de trabajo y productos de calidad, revolucionar el concepto de basura y ampliar el de recursos.

Deben de tomar en cuenta que el problema no es la tecnología, no es el desperdicio y no es el calentamiento global, todos estos son síntomas de un problema mayor, que es un problema de cultura, educación y forma de pensar: para cambiar nuestro entorno es necesario que cambiemos nosotros mismos.

* Socio Fundador de Suhab

www.suhab.com.mx

@_suhab

Facebook: /suhabdiseniosustentable

No está de más hacer notar el prominente papel del Distrito Federal en la vida del país. Corazón de México desde tiempos ancestrales y heredero de un sistema centralista, el Distrito Federal no sólo es la capital política del país, es su centro financiero y económico, así como su capital cultural y nudo de comunicaciones. A todo esto cabe sumar su papel estratégico en la coyuntura nacional así como su importancia a nivel político y electoral.

Un DF amarillo

Existen varios puntos de interés para una reflexión sobre las elecciones en el Distrito Federal. En primer lugar cabe resaltar la hegemonía del PRD en la capital de la república. El PRD se ha mantenido ininterrumpidamente durante estos 15 años al frente de la Jefatura del Gobierno del Distrito Federal. Además, tiene en conjunto con sus alianzas la mayoría en la Asamblea Legislativa y gobierna en casi todas las delegaciones políticas. La importancia del DF como bastión perredista se refleja en que el puesto de jefe de Gobierno ha sido la catapulta de los dos últimos aspirantes a la Presidencia de la República por el PRD: Cuauhtémoc Cárdenas y Andrés Manuel López Obrador.

El rol hegemónico de la izquierda en el DF no sólo puede atribuirse a los éxitos electorales del partido del sol azteca, sino también al fracaso de los partidos opositores en consolidar bases partidistas fuertes y cuadros competitivos a nivel local. El PAN viene retrocediendo posiciones desde el año 2000, aunque ha conseguido afianzarse en dos delegaciones: Miguel Hidalgo y Benito Juárez, baluartes del panismo capitalino. El PRI en cambio se caracteriza por su debilidad; aunque presenta porcentajes constantes de votación para jefe de Gobierno –los cuales rondan entre 22% y 26%– no figura notoriamente en las preferencias para diputados y delegados a nivel local. Sólo en 2003 confirmó su apoyo en el sector rural, ganando la Delegación Milpa Alta.

Un patrón interesante que comporta el electorado capitalino, es el alto porcentaje de voto por partidos políticos minoritarios. Como muestra, quedan las votaciones para el Partido Verde para jefe de Gobierno: 7% en las elección de 1997, 9% en la de 2000 y 8% en la de 2006; o el 7% de los votos para diputados locales cosechados por el Partido Nueva Alianza en el año 2006. Además, los extintos partidos Democracia Social, de Gilberto Rincón Gallardo, y Alternativa Socialdemócrata, de Patricia Mercado, lograron importantes cuotas de votos en el DF. En el año 2000, en el Distrito Federal, Gilberto Rincón Gallardo conquistó una cuarta parte de sus votos para Presidente de la República.

Las batallas presidenciales

No debemos perder de vista el arrastre de la elección presidencial en la contienda para jefe de Gobierno del DF. En el año 2000, el PRD estuvo a punto de perder el poder en el Distrito Federal. El abanderado panista, Santiago Creel, conquisto 34% de los votos, sólo un punto menos que el perredista Andrés Manuel López Obrador. Sin lugar a dudas, estos resultados se explican en buena medida como causa del efecto Fox y la alternancia en el Poder Ejecutivo. Tratándose de elecciones concurrentes, los resultados electorales en el Distrito Federal se ven influenciados por la elección de Presidente y viceversa.

Hoy en día, y en plena efervescencia de las campañas presidenciales, vale la pena repasar el peso del voto chilango en la elección presidencial. Sin lugar a dudas sus más de siete millones de votantes convierten a la capital de la República en un valioso botín electoral. Andrés Manuel López Obrador obtuvo en el año 2006 el 19% de sus votos totales del Distrito Federal. Este 2012, y según lo muestran los sondeos preelectorales, prevalece un escenario similar y se espera que el DF siga pintando amarillo, también para Presidente.

* Maestro en Ciencias Sociales por el Colegio de Sonora y coordinador del área de análisis político en Contorno, Centro de Prospectiva y Debate. aespinosagr@gmail.com

México es un país en el que aún existen carencias importantes y en donde los problemas que aquejan a la población tienen carácter de urgente. Sin embargo, es imposible que estos problemas puedan resolverse sin que se logre un crecimiento económico que sea equitativo, sustentable e incorpore una visión de largo plazo. Pero, ¿es el crecimiento tan sólo el aumento del Producto Interno Bruto? En teoría sí, pero en la práctica éste se sustenta en elementos indispensables para que pueda consolidarse, como son empleo, competencia, productividad y la competitividad del mercado interno. Así, la simple promesa de una cifra de crecimiento no es nada por sí misma y es impensable que pueda lograrse la meta si no se acompaña de ciertas políticas.

En relación a fortalecer la productividad, generar más empleo y consolidar el mercado interno, todos los candidatos mencionan que es necesario crecimiento, estabilidad e inversión para lograr estas metas; sin embargo, las políticas en las que hacen énfasis no difieren mucho entre ellas.

Enrique Peña Nieto propone un programa de empleo orientado a jóvenes, una red nacional de seguridad social, vinculación entre la capacitación y la educación, y programas regionales y locales.

Andrés Manuel López Obrador, al igual que EPN, hace énfasis en una estrategia regional y local, enfocándose también en las mujeres y el desarrollo de la industria maquiladora para atender la zona fronteriza. También propone elevar la calidad de la formación y capacitación de mano de obra, el aumento del salario real, la creación de un piso de derechos básicos y una política de austeridad.

Josefina Vázquez Mota se enfoca, al igual que AMLO, en las mujeres, en los adultos mayores y los mayores de 35 años. Promueve fomentar el turismo, la minería, el sector agropecuario y el energético, flexibilizar los esquemas de contratación y disminuir sus costos, así como fomentar el mercado interno a través del apoyo a Pymes (AMLO también menciona a la banca de desarrollo) de alto valor agregado; siendo tal vez la más concreta en esta materia.

Gabriel Quadri por su parte, promueve interrelacionar el sector público y privado, así como salvaguardar los derechos de trabajadores y organizaciones.

Tanto GQT como JVM y EPN proponen también una mayor flexibilidad laboral.

Sin embargo, en todos los discursos no se logran responder preguntas importantes como son: ¿el aumento de empleo realmente se está enfocando en los sectores productivos de nuestro país?, ¿se están fomentando empleos que respondan a la especialización de la nueva fuerza laboral, de manera que los jóvenes puedan dedicarse a su profesión?, ¿los trabajadores cuentan con los derechos que merecen, son respetados y se encuentran protegidos? Aún sigue siendo un reto, sin camino definido, fortalecer el mercado interno del país, eliminar la dependencia de otras economías y lograr que la competitividad de nuestra economía no se base en bajos salarios si no en gente preparada y que logre otorgar un valor agregado a la actividad económica.

En el diagnóstico de la competencia en nuestro país, los candidatos coinciden en la ausencia o debilidad de las instituciones de regulación, las colusiones y los privilegios otorgados (llámese corrupción o dumping).  A partir de este diagnóstico coinciden también en las soluciones, como son la autonomía de las instituciones regulatorias y la apertura de los sectores involucrados. EPN y JVM proponen otorgar certeza jurídica a los operadores y pelear por el bienestar del consumidor, ambos coinciden en que existen importantes barreras que bloquean la entrada a ciertos mercados que deben ser combatidas. Y aunque todos se encuentran a favor del libre mercado en lo que se refiere al movimiento de precios, tanto EPN como AMLO hablan de la importancia de garantizar la capacidad de compra de bienes básicos por parte de la población de bajos ingresos. EPN propone un apoyo en ingresos a estas personas, mientras que AMLO sí justifica la intervención gubernamental.

Los candidatos parten de un lugar común: la sobrediagnosticada realidad mexicana. Cuando uno se acerca al detalle de sus propuestas en materia económica falta el fondo sobre el cual contrastar la superficie. ¿Es suficiente para nuestro país el desmarcarse de la situación actual o presumir capacidad de negociación? ¿Las propuestas en materia económica atacan de fondo el problema de la economía mexicana o son más bien un paliativo?

Volvemos una vez más a la misma y desairada conclusión. Seguimos sedientos de una discusión en torno a la viabilidad de las propuestas, queremos escuchar cómo llevar a cabo lo meramente prometido, nos gustaría ver determinación para señalar acciones concretas que demuestren cómo se lograrán solucionar los problemas que ya conocemos. Seguimos esperando también que los candidatos se pronuncien a favor y en contra de estrategias que nos permitan percibirlos, aunque sea mínimamente, distintos.

* Licenciada en Economía egresada de la Universidad Iberoamericana. Encargada de la coordinación general de proyectos en Contorno, Centro de Prospectiva y Debate. jespinosa@contorno.org.mx

Si quieres conocer más sobre las propuestas de los candidatos:

Informa tu voto

http://www.informatuvoto.org/

Arena Electoral

http://www.arenaelectoral.com/

Evalúa y decide

http://www.evaluaydecide2012.mx/

Lupa Ciudadana

http://www.lupaciudadana.com.mx/

El menos peor

http://www.elmenospeor.com/

Lo que yo haría

www.reforma.com.mx

Estos tratamientos fiscales especiales se dan con el fin de incentivar o proteger el consumo de ciertos bienes o servicios, o bien para promover determinadas actividades económicas y/o sociales. También para las empresas se establecen para incentivar la inversión y aminorar sus costos para la generación de empleos.

Respecto a la evolución de estos gastos como porcentaje del PIB, en la tabla 1 se señala que en 2008 se presentó la cifra más elevada (7.41%) y en 2009 se registró la más baja (3.87%). El promedio agregado del 2002 al 2011 arroja que el gobierno mexicano dejó de recaudar aproximadamente 6.04% del PIB. El rubro más representativo de los gastos fiscales como promedio del porcentaje del PIB en el período analizado, es el IVA con 1.81%, seguido del Impuesto Sobre la Renta Empresarial (ISRE) y el ISR Personas Físicas (ISRPF) con 1.51% y 1.24%, respectivamente.

Las anteriores cifras se confirman a través de la tabla 2, donde se presenta la importancia relativa de cada apartado dentro del total de los gastos fiscales. En este sentido, se observa que el IVA representa 32.3% del total de gastos fiscales en el país, seguido del ISRE y el ISRPF con 26.6% y 21.8%, respectivamente. Finalmente, la Fundación Ethos hizo un cálculo aproximado de los gastos fiscales que tienen funciones económicas, donde destacan los rubros de desarrollo tecnológico, creación de empleos, educación e inversión. Los resultados que obtuvieron se pueden observar en la tabla 3, donde este rubro en 2011 representó 114 mil 634 millones de pesos, equivalente al 0.80% del PIB.

AVANCES Y RETROCESOS

En México, los gastos fiscales se presentan en el Presupuesto de Gastos Fiscales (PGF), documento que realiza la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) todos los años, con el fin de actualizar la información concerniente a este rubro de la política fiscal.

La Fundación Ethos señala que desde el 2002, la SHCP ha realizado cambios significativos de fondo y forma al PGF; algunos han significado avances como la proyección de la pérdida recaudatoria correspondiente al año posterior en el que se presenta el PGF; la inclusión de la referencia legal; una breve explicación y la fuente de información consultada para la estimación de cada gasto fiscal; y un análisis de los sectores beneficiados por ciertos tratamientos preferenciales.

Pero también se han dado retrocesos en el PGF que han perjudicado el nivel de entendimiento que se tiene sobre los gastos fiscales, entre éstos se destacan la eliminación del cuadro resumen que contenía el monto total al que ascendía la pérdida recaudatoria. De igual manera, se presenta información insuficiente para justificar el cambio de metodología que se dio en el PGF 2009, para no desglosar la información relativa al IEPS negativo por enajenación de gasolinas y diesel por tipo de combustible y sector. Además, no se cumple con la Ley de Ingresos de la Federación que establece la obligación de que el PGF incluya los beneficios económicos asociados a los gastos fiscales.

Lo anterior es lo que impide que exista información suficiente para poder evaluar los diferentes gastos fiscales en el país, ya que los 6.04% del PIB que se han dejado de recaudar en la última década pueden tener mejores usos para promover el desarrollo económico y social.

 QUÉ MEJORAR

Los organismos internacionales, como la OCDE y el BID, proponen que el país debe avanzar en las siguientes áreas de los gastos fiscales:

• Forma de presentarlos: con el fin de servir a la transparencia y a la toma de decisiones, el PGF ha de reportar como mínimo la función que pretende prestar (económica, social); sectores poblacionales que beneficia; datos históricos de esas exenciones; y monto de las estimaciones, tanto en valor absoluto como en porcentajes del PIB.

• Su inclusión en el ciclo presupuestario: se necesita clarificar el proceso de autorización de los gastos fiscales, y que se incluyan en las discusiones sobre el presupuesto del año siguiente, para que no exista discrecionalidad y duplicidad con los programas de gasto directo.

• Su evaluación: se hace necesario una revisión periódica del impacto que tienen los diferentes gastos fiscales, si están cumpliendo los objetivos por los cuales fueron establecidos, y que de ahí se dicten recomendaciones. También es importante que se establezcan criterios de caducidad para algunos gastos fiscales.

• Su clasificación por objetivos: se necesita que la SHCP clasifique el PGF de acuerdo a distintos criterios, tales como desarrollo económico, desarrollo social, promoción de sectores estratégicos, entre otros.

* Maestro en Políticas Públicas egresado del CIDE, Coordinador del área de investigación y análisis en Contorno, Centro de Prospectiva y Debate. paulo.cantillo@contorno.org.mx, @pcantillog

Estas preocupaciones son tan vigentes hoy como lo fueron hace 500 años. Debido a la extracción excesiva del agua subterránea, la Ciudad de México se ha hundido, en promedio, alrededor de ocho metros los últimos 70 años. Este persistente hundimiento conlleva costos financieros escondidos exorbitantes cuando se piensa en las constantes reparaciones a las tuberías de agua, gas y drenaje que se deben realizar, así como reparaciones al Metro, túneles y edificios afectados por el hundimiento.

Además de los costos económicos, este hundimiento conlleva elementos de justicia social, pues los más severos se registran en las zonas de menores ingresos: Ciudad Netzahualcóyotl y Tláhuac. También conlleva elementos de justicia trans-generacional, por el riesgo de fracturas de la capa de arcillas del acuífero, debido al hundimiento y la posible infiltración de contaminantes comprometiendo el uso futuro del agua subterránea.

Al mismo tiempo, sin embargo, estamos reduciendo la oportunidad de la recarga al perder al bosque. Desde 1970 se ha perdido alrededor de 35% del bosque del sur de la Ciudad de México, principalmente debido a la agricultura y a la urbanización, mientras que esta última ha aumentado 400% en la misma región. Estamos pues en una encrucijada: o aprendemos a crecer sin mermar al mismo tiempo las bases ecológicas que son el sostén de nuestro crecimiento y bienestar, o colapsamos el sistema.

Esta situación ahora además se ve agravada con el cambio climático. Según el Observatorio Meteorológico de Tacubaya, en los últimos 130 años se ha registrado un aumento gradual tanto en la cantidad de lluvia que cae anualmente en el Valle de México, como en la intensidad de la misma a manera de aguaceros cada vez mas fuertes, lo cual reduce la posibilidad de recarga de los acuíferos.

Ante estos retos inéditos, hoy más que nunca, diversos sectores de la sociedad debemos aprender a trabajar juntos y a pensar diferente. Para empezar, es importante cambiar de paradigmas. Del punto de vista de la planeación, debemos dejar de pensar sólo en términos de jurisdicciones y también tomar en cuenta cómo nos relacionamos a través de las cuencas y los acuíferos. Esto significa ser corresponsables entre los que vivimos cuenca abajo y los de cuenca arriba: pagar al dueño del bosque por los beneficios recibidos, como el agua, y ellos cuidar el bosque para que siga dándonos de beber a todos, entre otros beneficios.

Otro cambio de paradigma requerido esta relacionado con la falsa dicotomía que hemos creado y creído entre “uso y conservación”. Debemos entender que los bosques de pino, encino y oyamel, con sus pastizales, son un sistema dinámico de origen boreal donde el “disturbio” forma parte del mantenimiento de este sistema. Un bosque bien manejado, favorece la regeneración natural y asegura mejores condiciones para resistir los efectos de la contaminación del aire, las plagas y los cambios en los patrones de lluvia. Su manejo genera al mismo tiempo empleos para sus dueños, la gente del lugar. Es decir aumenta el valor de uso para hacer frente al valor de cambio, por ejemplo a la urbanización.

En respuesta a esta situación, hace una semana se dio a conocer la Estrategia para la Conservación del Bosque de Agua, corredor montañoso boscoso de 250 mil hectáreas compartido por los estados de México, DF y Morelos, integrado por las sierras del Chichinautzin, Ajusco y las Cruces, y que alimenta los acuíferos sobre los cuales se encuentran asentadas las ciudades de México, Toluca y Cuernavaca.

La estrategia es una iniciativa de la sociedad civil organizada, y se logró gracias al apoyo de la Fundación Gonzalo Río Arronte, IAP, con la participación de diversos actores de los distintos sectores de la sociedad, gubernamental y no gubernamental. Busca ser una brújula y una guía para asegurar la integridad de la región y sus servicios ecológicos (incluyendo agua, captura de carbono, biodiversidad, regulación climática y esparcimiento).

Hasta la fecha, esta Iniciativa ha reunido a varias de las organizaciones más importantes del país como el Colmex, INE, UNAM, Conafor, Conanp, Conagua, Profepa, Pronatura, Reforestamos México, Funba, las secretarías de Medio Ambiente del DF y del Estado de México, entre mas de 200 participantes de alrededor de 100 organizaciones académicas, sociales, gubernamentales, ONG y empresariales. Como parte de la visión compartida se anhela que en el año 2030 se haya logrado la conservación del Bosque de Agua en su estructura, riqueza biológica y servicios ecosistémicos a los niveles registrados en 1950, y que sea valorado como patrimonio natural y cultural esencial de las metrópolis y de las comunidades rurales.

Estamos hoy ante el cruce de caminos y tenemos la oportunidad y la enorme responsabilidad de decidir sobre la trayectoria que seguirá esta región: si se logrará mantener y/o recuperar como un bosque con todos sus atributos y servicios ambientales beneficiando a una sociedad en crecimiento, o mantendrá el curso actual en vías de convertirse en un bosque transformado, urbanizado y mermado en sus funciones y servicios ambientales. Toca a la sociedad decidir.

* Biólogo mexicano egresado de la UNAM, Maestro en Ciencias en Desarrollo Internacional y Desarrollo Rural (Canadá, 1993). Actualmente dirige el proyecto Iniciativa Bosque de Agua relacionado a la conservación de los bosques que rodean a la Ciudad de México. El año pasado recibió el Premio al Mérito Ecológico-mención honorífica por participar, promover y gestionar la conservación y aprovechamiento sustentable de los pastizales de América del Norte, incluyendo los del desierto Chihuahuense. jhothvdm@gmail.com

A partir de la reforma federal en materia electoral de 2007, todos los estados se vieron en la necesidad de modificar sus ordenamientos electorales con la finalidad de homologar sus preceptos a los establecidos en la Constitución Federal y en el Cofipe. Sin embargo, es necesario apuntar que muchas de las reglas no son idénticas a las federales y por tanto difieren en sus requisitos y en su funcionamiento.

Una regla que es diferente en varios estados es el porcentaje de votos mínimo para mantener el registro del partido político que a nivel federal se ha establecido en 2 % de la votación emitida, el cual es igual en los estados de Tabasco, Guanajuato, Chiapas y el Distrito Federal. En cambio también encontramos otros porcentajes en los estados de Yucatán del 1.5 %, Morelos, 3 % y el estado de Jalisco con 3.5 % como mínimo.

Dentro de las prerrogativas de los partidos políticos encontramos el derecho a recibir financiamiento público, el cual está destinado a actividades tendientes a la obtención del voto y a las actividades ordinarias y permanentes de cada partido político. Es necesario aclarar que en años electorales los partidos políticos reciben financiamiento adicional para los gastos de campaña, el cual es equivalente a un tanto igual al que reciben cada año para sus actividades ordinarias.

En todos los estados se establecen diferentes formas para asignar presupuesto a los partidos políticos, además se establece en diferentes tiempos dependiendo del calendario político, del número de partidos, del porcentaje de votos obtenidos, el costo de las campañas en elecciones anteriores, el número de cargos de elección popular a elegir, así como la votación válida emitida en el lugar.

El financiamiento de los partidos políticos a nivel federal y local está dividido en financiamiento público por la militancia, por los simpatizantes, el autofinanciamiento y el financiamiento proveniente de los rendimientos financieros, fondos y fideicomisos. Además, establece la prohibición de realizar aportaciones o donativos a los partidos en dinero o en especie por parte de dependencias, otros partidos, organizaciones internacionales, empresas mercantiles de carácter, ministros de culto o personas que trabajen en el extranjero.

Partiendo de un análisis de los gastos de campaña presupuestados y del total de habitantes registrados en el padrón electoral, se puede obtener el costo de cada uno de los votos a nivel estatal. Los datos del Padrón Electoral 2012 publicados por el IFE, señalan que a nivel nacional contamos con 84 millones 464 mil 713 ciudadanos en capacidad de ejercer su voto; tomando en cuenta que el presupuesto para gastos de campaña a nivel nacional es de un mil 680 millones 560 mil 420 pesos con 78 centavos se puede decir que cada voto tiene un costo de 19.90 pesos.

A su vez, al analizar el costo del voto en cada una de las Entidades Federativas con elecciones a gobernador, podemos ver que el voto más caro es el del estado de Morelos que tiene un costo de 50.11 pesos, y el más barato es el de Yucatán siendo de 13.44 pesos. El resto de los estados oscilan entre los 18.11 y los 24.26 pesos.

En total se gastarán dos mil 259 millones 672 mil 927 pesos con 75 centavos sin tomar en cuenta aquellos estados que únicamente tienen elecciones de diputados y ayuntamientos. Dicho presupuesto se concentra principalmente en el PRI que tiene 30 %, lo cual significa un total de 686 millones 404 mil 439 pesos con 93 centavos; en segundo lugar encontramos al PAN con  24.66% (557 millones 274 mil 736 pesos con 60 centavos); el PRD recibe 14.69% (331 millones 869 mil 208 pesos con 96 centavos), luego el PT, en cuarto lugar, con con 10.25% (159 millones 197 mil 711 pesos con 27 centavos); en quinto lugar, Nueva Alianza con 6.65% (150 millones 158 mil 30 pesos con 41 centavos) y, finalmente, Movimiento Ciudadano, con 5.97% del total (134 millones 889 mil 650 pesos con 18 centavos).

El presupuesto de gasto electoral de los partidos depende de la votación que obtuvo cada uno de ellos en las últimas elecciones, ya sean nacionales o locales. El poder dimensionar los costos de las campañas a nivel estatal, así como el ejercicio público de recursos por parte de los partidos, permite avanzar hacia una conciencia democrática sobre la necesidad que nuestro país tiene de apoyar mecanismos de transparencia y la rendición de cuentas en los diferentes ámbitos de la vida pública.

* Abogada egresada del ITAM, asistente de investigación en Contorno Centro de Prospectiva y Debate.

 @nimoshite  bvazquez@contorno.org.mx

Los resultados de las elecciones supondrán un nuevo escenario geopolítico que tendrá que batallar con el tema de una recuperación económica global y un descontento social creciente. Para el segundo semestre del año se podrá observar una insatisfacción generalizada del electorado, según lo muestra un primer semestre marcado por elecciones controversiales, protestas y disidencias de diversa índole.

Las elecciones son relevantes a nivel mundial porque generan incertidumbre para los inversionistas y las corporaciones en los mercados. Producen riesgos fiscales a corto plazo debido al gasto de las campañas y crea incertidumbre en los impuestos, los regímenes regulatorios, así como en las políticas comerciales. De la misma forma la moneda y los bonos en los mercados se pueden ver afectados por estos cambios políticos. A pesar de que un tercio de los países del mundo habrá tenido elecciones locales y/o nacionales a final de año, en este análisis me centraré en aquellos que han tenido o tendrán mayor relevancia a nivel económico y/o democrático.

El pasado reciente

En cuanto a elecciones pasadas, resulta obligado hablar del triunfo de François Hollande en Francia, dado que podría representar un posible cambio en las políticas económicas no sólo nacionales, sino de toda Europa. Los ideales políticos del socialista francés suponen una nueva forma de enfrentar la crisis europea al defender la importancia de un estímulo al crecimiento  que se aleje de la austeridad, de la disminución del gasto público y de las políticas fiscales estrictas.

Esta posición para afrontar la crisis, se enfrenta claramente con aquella de la canciller alemana, Angela Merkel. La tensión que se mantiene entre estas dos posturas reabrirá el debate sobre el futuro de Europa. Según Hollande, la solución al dilema europeo es una cuestión que corresponde a todos los países y se ha manifestado a favor de que el Banco Central emita “eurobonos” que pudieran funcionar como incentivos para que los distintos países lleven a cabo sus reformas.

Muchas de las declaraciones y medidas que quiere llevar a cabo ayudarán a que asegure la mayoría socialista en la Asamblea Nacional en las elecciones del 10 de junio, sin embargo, algunos de estos planteamientos pueden representarle un problema con Alemania. Hacia fuera,será necesario ver de qué forma logra una negociación con su contraparte europea sin que esto signifique dejar de lado su política social; y dentro deberá mostrar las posibilidades que esta propuesta tiene de generar un adecuado crecimiento económico.

Lo sucedido en Rusia significó un claro ejemplo de los retos que se le presentan a un sistema democrático aún seducido por las pretensiones de la permanencia en el poder a toda costa. El triunfo de Putin supuso una conmoción social en el país, dadas las protestas multitudinarias y el descontento social que generó una elección para los miles de jóvenes que se pronunciaban por una “Rusia sin Putin.”  La sorpresa que generaron los resultados electorales se vistió de sospecha y denuncia anunciando un posible fraude en las elecciones parlamentarias. En este contexto, Vladimir Putin se reelige por tercera vez y los acontecimientos postelectorales, así como el ánimo de descontento que atraviesa por el país, son síntomas de una puesta en cuestión del régimen democrático ruso.

El horizonte futuro

De aquellas elecciones que aún están por venir, resalta la situación de Egipto. Un país motor de la primavera árabe que, sin embargo, se ha encontrado con una serie de obstáculos para la promoción de una vida democrática post dictatorial. Las elecciones son cruciales en una transición que ha estado mermada de protestas, violencia y conflictos políticos.

De los 13 candidatos postulados, dos de ellos se irán a la segunda vuelta el 16 y 17 de junio. Mohammad Morsi de la fuerza política de los Hermanos Musulmanes y Ahmed Safiq, sucesor de Mubarack. Algunas preocupaciones asedian el proceso: El miedo a que la Junta Militar no se retire, que el Comité no sea completamente transparente, la baja participación de la sociedad en las elecciones mas recientes (46%) y la creación de una Constitución que limite y suponga contrapesos al poder ejecutivo. Para los liberales egipcios resultará complicado elegir entre islamistas y quienes representan la sucesión de Mubarack, por lo que se ha especulado acerca de un posible boicot a la elección. Si llegaran a triunfar los Hermanos Musulmanes esto significaría, por otro lado, que tanto Estados Unidos como Israel pierden un aliado moderado en la región.

Grecia, literalmente, arde. Celebrará elecciones el próximo 17 de junio debido a que el 6 de mayo pasado, el gobierno no pudo llegar a un acuerdo entre los partidos al no haber obtenido  ninguno de ellos una mayoría de asientos. La imposibilidad de pactar obligará a la repetición de las elecciones.

El presidente del Consejo de Estado, Panayotis Pikrammenos, será primer ministro interino y no podrá tomar decisiones en la Unión Europea ni en la OTAN. La fragmentación griega ha sembrado fuertemente la duda en el escenario internacional sobre la permanencia de este país en la Unión Europea, incertidumbre que tiene implicaciones económicas para el resto del continente y el mundo.

En Latinoamérica los reflectores no sólo están sobre México, sino también se dirigen hacia Venezuela. Una elección de relevancia dado que pondrá en duda, una vez más. el de por sí ya muy cuestionado régimen chavista. A favor del actual presidente juegan el presupuesto estatal, la prensa y la capitalización de los apoyos que ha generado a través de sus programas sociales. Sin embargo, lucha en contra su enfermedad, un escenario de irrefrenable violencia y un candidato de oposición, Henrique Capriles, que ha mostrado tener una visión sobre el rumbo del país y ha conducido un discurso conciliatorio y no ideologizado.

Si Chávez no logra reunir fuerza suficiente para cohesionar el contexto electoral a su favor, podría ser la primera vez en muchos años que un candidato de oposición tiene posibilidades reales de arrebatarle el triunfo. Según una publicación de la empresa Varianzas, Chávez estaría a sólo 7 puntos porcentuales de distancia con respecto a su rival.

Estados Unidos se encuentra también en una debacle electoral entre republicanos y demócratas que deja lugar a especulaciones sobre la posibilidad de la alternancia. Sin duda la elección más importante del próximo semestre, en la que están en juego el control político y fiscal de la mayor economía del mundo.

La elección está en juego y los factores determinantes para mover la intención de los votantes estarán vinculados fundamentalmente a una cuestión económica. Al día de hoy, las encuestas muestran una competencia cerrada y la conquista de la Casa Blanca dependerá en gran medida de las cifras económicas preelectorales, especialmente las de desempleo.

* Internacionalista egresada de la Universidad Iberoamericana. Asistente de investigación en Contorno, Centro de Prospectiva y Debate. alejandraespinosamijares@gmail.com

El ejemplo que el antiguo CEO de General Electric, Jack Welch, plantea como forma de instaurar orden dentro de una empresa, es ya considerado anacrónico, pues el mercado actual premia la innovación, la cual depende de las aportaciones que los empleados puedan hacer. Las “ejecuciones públicas” que llevaba a cabo Welch consistían en el despido de parte de sus empleados, si es que tenían un desempeño pobre en su trabajo; esto, para enseñar a los demás lo que se debe tolerar y lo que no dentro de la empresa.

Por sí mismo, este método constituye una práctica efectiva, pero si se lleva a cabo de forma rutinaria, fomenta el miedo y una forma de competencia dañina en la organización. La empresa termina dejando de lado la constante búsqueda de la innovación como medio para fortalecer el valor de la empresa en el largo plazo, y se enfoca en resultados numéricos, que aunque sí proporcionan valor agregado, lo hacen sólo en el corto plazo.

Como señalan dos profesoras de la Escuela de Negocios de Harvard, instaurar una cultura dentro de una organización no es sólo idear estrategias para que aumente la confianza y felicidad en el lugar de trabajo, sino también el hacerlo evidente a través de acciones que demuestren a los empleados, en todos los niveles, la cultura que la empresa quiere infundir.

Por otro lado, los autores Adrian Gostick y Chester Elton argumentan que para tener una compañía realmente exitosa y eficiente, los empleados deben estar comprometidos, habilitados (para tomar sus propias decisiones y opinar libremente) y energizados; lo cual se logra con el constante esfuerzo, por parte de los gerentes y directores, de implementar estos atributos.

Tomando en cuenta ejemplos concretos, ¿de qué sirve ser una fundación dedicada al desarrollo social y económico del país si se discrimina en la contratación de sus empleados, o ser una compañía dedicada a temas ambientales que no cuenta con una forma efectiva de manejo de desechos y uso de materiales? La cultura dentro de una organización es lo que mantendrá a los trabajadores comprometidos y motivados y a la empresa con vida.

De ahí que sea tan importante que sus líderes prediquen con el ejemplo y que la instauración de una nueva cultura no consista en solamente trazar nuevos valores sino hacerlos efectivos; pues de no aplicarse correctamente, después de un tiempo podrían dejarse atrás, destinándolos al olvido.

*Economista egresada de la Universidad Iberoamericana. Asistente de investigación en Contorno, Centro de Prospectiva y Debate. contorno@gsgodoy.com

Culturas efectivas y duraderas

Claridad: delimitar los valores bajo los que se regirá la organización.

Comunicación: enseñar los valores que la empresa quiere adoptar a través de ejemplos.

Consistencia: erradicar desajustes entre los valores deseados y el comportamiento de la organización.

Lecturas recomendadas:

Frei, Frances y Anne Morriss. Uncommon Service: How to Win by Putting Costumers at the Core of Your Business. Harvard Business Review. 2012

Gostick, Adrian y Chester Elton. All In: How the Best Managers Create a Culture of Belief and Drive Big Results. Free Press. 2012

La noción de modernización social (abarcando lo económico, político, educacional), la usamos para significar una inflexión histórica y teórica de la noción de modernidad recreada desde una visión “funcionalista” y/o sistemática de la sociedad. Sus notas constitutivas expresarían:

• La forma propia de evolucionar las sociedades modernas desde la interacción autonomizada de sus dos subsistemas: económico capitalista y estado burocrático.

• Reflejaría procesos de: formación de capital y recursos; desarrollo de las fuerzas productivas y aumento de la productividad del trabajo; implantación de poderes públicos centralizados con desarrollo de identidades políticas nacionales; difusión de derechos de participación política, de formas urbanas de vida y de la educación formal; secularización de valores y normas. (Salvat, 1999).1

¿Qué sería lo relevante de esta lectura o modo de teorizar la modernización social?

Entre otras cosas, lo siguiente:

a) Que tiende a escindir la modernidad de sus propios orígenes. Convierte a ese proceso modernizador en una suerte de “paquetes transportables” aquí y allá.

b) Intenta convertir a ésta en proceso neutro, evolutivo, más allá de un espacio/tiempo determinado.

c) Desconecta la relación “modernidad -modernización” como una relación en que se expresa el racionalismo occidental en tanto horizonte conceptual de su emergencia. Las raíces no cuentan o pueden desestimarse.

d) Esta modernización social caminaría sobre sus propios pies, separada de sus contracara de modernidad cultural y normativa. ¿A qué obedecería su movimiento propio? Al funcionamiento retroalimentado de sus leyes económicas, del Estado, la educación, la ciencia y técnica.

Esto significa que la propia lógica de esos subsistemas (economía, Estado, ciencia/técnica), no dependerían de los insumos ideal/normativo de la cultura y según algunos, ni siquiera serían influenciables por ella, en tanto sistemas (Salvat,1999).

El proceso modernizador muestra una tendencia en que su carácter de proceso de racionalización está en una “fase histórica de globalización expansiva (en lo económico/financiero, lo tecnológico, los bienes de consumo, la información, lo comunicacional) la cual, en la práctica, termina reordenando de manera dinámica las conexiones entre economía, política y cultura.

En esta dialéctica los procesos autonomizados de la modernización tienden a reconfigurar las instituciones sociales y morales específicas al ideario moderno en el plano normativo (reivindicación del sujeto como ser libre, moral, constructor) recreando este ideario desde mecanismos y conductas que se requieren para que estos subsistemas puedan funcionar en el tiempo.

Los procesos de mundialización económica y de revolución tecnológica parecen devenir necesidad ineluctable, abriendo paso a una universalización de una modernización de signo capitalista, transformada en una suerte de proyecto histórico sin utopía ni sujeto que invade el mundo entero. (Salvat, 1999).

Sin embargo, y a pesar de lo anterior, es posible sostener que la modernidad no es una sola. Este es un debate en curso en el mundo de hoy. Es el centro de las discusiones políticas en los países más desarrollados. Los cambios gigantescos que ha experimentado el mundo en las últimas décadas son mucho más profundos que los que se ven desde la estrecha mentalidad neoliberal.

En muchos aspectos importantes, estos cambios significan la apertura de nuevas posibilidades y mejores condiciones para elevar la vida de los seres humanos. En otros representan un problema y un riesgo para la existencia material y espiritual. Producto de este desajuste y contradicción, se han generado múltiples malestares de alcance global: malestar con la cultura, con la economía, con la política, con la sociedad; sentimientos de incertidumbre y desprotección.

Entre las causas de estos sentimientos y malestares, está precisamente la sensación de que somos parte de procesos cuya orientación y conducción no conocemos. No alcanzamos a percibir. Procesos con una dirección automática. Son fuerzas aparentemente invisibles, sin cuerpos ni rostros, sin nacionalidad ni identidad, las que conducen, a toda velocidad, un tren sin rumbo conocido ni mucho menos consciente y colectivamente elegido por los miembros de la sociedad.

Mientras hay más riquezas, más conocimientos, más técnicas, subsiste una distribución inequitativa de las mismas. Entre los diferentes países y dentro de los mismos tienden a constituirse dos realidades: la de los ganadores y la de los perdedores. Paulatinamente ambas se distancian más. La sociabilidad es de peor calidad. Aparecen amenazas para la seguridad física y psicológica. Hay graves desequilibrios ecológicos. Las cosas tienden a adquirir mayor importancia que las personas. Se presentan fenómenos de nacionalismo xenofóbico, violencia urbana y criminalidad organizada, fruto en parte de la erosión de los lazos comunitarios, la pérdida de identidades y pertenencias.

Pero también, como nunca antes, el desarrollo de los individuos y su creatividad ofrecen oportunidades para su libertad. Para el desarrollo de su autonomía y su conciencia, para el reconocimiento de su maravillosa y vasta diversidad, para la realización personal en una creciente complejidad, para empezar a liberarse de las limitaciones del pasado.

No hay un único camino hacia la modernidad y es tarea de la política optar por alguno de estos distintos senderos.

*Sociólogo chileno. juanenriquevega@gmail.com

1. El proceso de modernizaciones y las transformaciones normativas de la sociedad chilena. Junio, 1999.

Las tendencias actuales, en donde los teléfonos inteligentes o smartphones se han vuelto parte de lo cotidiano, y las compras en línea han crecido, demuestran que hoy en día las compañías de tecnología, junto con los bancos, se están  perfilando hacia un modelo de pago único en donde toda transacción se desarrollará sin un papel de por medio.

El objetivo común: una solución viable y real a las molestias que representan los pagos tradicionales de papel y plástico. ¿Cómo? A través de  un smartphone o celular que actúe como tarjeta de crédito electrónica, utilizando tecnología de campo cercana a la telecomunicación; tiendas en línea que acepten tan sólo un nombre de usuario y contraseña en vez de los detalles completos del pago, y con el tiempo, celulares que funcionen como quioscos de pago y puentes de transacciones bursátiles.

Un posible problema: la lucha por el primer lugar de quién será el que logre imponer esta tendencia innovadora, y el riesgo que conlleva iniciarse en esta plataforma tecnológica que aún no ha sido explorada, así como hacerlo en un mundo “sin billetes” en donde, algunos pensarían, podría perderse más fácilmente el dinero.

A finales de 2010, las compañías estadunidenses de telefonía celular Verizon, AT&T y T-Mobile, lanzaron una empresa mixta con un sistema de pago móvil sin contacto, llamado “Isis”, el cual utiliza el celular para realizar transacciones con cargo a tarjetas de crédito en ciertos establecimientos.

El mes pasado, se reestructuró el concepto con el fin de obtener el apoyo de Visa y MasterCard e ir eliminando poco a poco la necesidad del plástico como tal. En otros frentes, Google anunció una asociación con Citibank y MasterCard para iniciar este año las pruebas de una aplicación de pago por móvil llamada Google Wallet, la cual tendrá la misma utilidad pero usando la plataforma de Google. Una herramienta que pretende permitir a las personas manejar sus finanzas personales de manera unificada y fácil.

En el caso particular de México, Telcel inició esfuerzos a través de  una alianza con Banamex e Inbursa llamada “Transfer”, servicio que permite realizar pagos móviles, transferencias de dinero y consultas en tiempo real desde el celular y a través de mensajes de texto (SMS). Esta herramienta también permite realizar depósitos y retiros de efectivo en cajeros automáticos sin necesidad de la tarjeta. El programa es apenas piloto, busca ver la respuesta de los clientes de la compañía y representa un intento por combatir el temor a no tener una tarjeta de débito o crédito físicamente.

El avance es claro, y aunque este tipo de tecnología parece prometedora, la pregunta sin respuesta sigue siendo si, para estos servicios, se va a generar algún rastreo o historial de transacciones como un método de seguridad que garantice al cliente que sus pagos o transacciones no se perderán en el mundo cibernético.

A pesar de que es un servicio que empieza a funcionar, instituciones bancarias y compañías telefónicas pelean aún la patente del servicio que logre otorgar seguridad y eficiencia a la vez, sin darse cuenta que es probable que se necesite un esfuerzo conjunto para crear una plataforma completa y libre de errores que pudieran dar origen a fuertes crisis económicas. Según datos del Banco Mundial, esta plataforma tecnológica aportaría a instituciones bancarias y de telecomunicaciones un crecimiento, en términos de clientes y de flujo de dinero, cercano a un sesenta por ciento.

El escenario es tentador… pero no se debe dejar de lado que las decisiones en torno al mismo se deben tomar con cautela y los riesgos que lo rodean no deben de ser olvidados. Al final, las telecomunicaciones han sido objeto de ataques y robos desde sus inicios con el surgimiento de los piratas informáticos o hackers, o con el simple robo de celulares que contienen información privada. Es importante que se considere una plataforma estable y sólida que procure la confianza de los clientes y genere adherencia. Sólo así, podrán contar estas instituciones con la gallina de los huevos de oro que promete ser este sector.

* Sicólogo. Asistente de investigación en Contorno, Centro de Prospectiva y Debate. david.figueroa@contorno.org.mx

Una forma de fomentar la posibilidad de que la gente participe de manera activa en estos procesos es a través de la procuración de una cultura emprendedora y la generación de negocios. Pero… ¿Qué sucede si no existe un ambiente institucional favorable para hacerlo y las barreras para la entrada en este sector son muy altas?

Haciendo negocios en un mundo más transparente es la novena publicación anual conjunta del Banco de México y la Corporación Financiera Internacional y forma parte del proyecto Doing Business para el año 2012. Dicho proyecto proporciona una medición objetiva de las regulaciones para hacer negocios y su aplicación en 183 economías, y presenta indicadores cuantitativos sobre la regulación empresarial y la protección de los derechos de propiedad.

El análisis se realiza en once fases de la vida empresarial dentro de las cuales se incluyen: apertura de una empresa, manejo de permisos de construcción, obtención de crédito, protección de inversores, pago de impuestos, cumplimiento de contratos y empleo de trabajadores. Doing Business trabaja bajo la premisa de que mientras existan normas adecuadas, transparentes y accesibles para todos por igual, el talento y las buenas ideas encontrarán un camino adecuado y se transformarán en empresas que puedan operar en el mercado formal.

Dentro de los hallazgos más importantes del reporte está el hecho de que, sí bien existe una tendencia favorable hacía la implementación de reformas en pro de la creación de negocios, hay una diferencia significativa en los obstáculos que enfrentan los emprendedores en países en desarrollo.

Dentro de los mayores retos que condicionan el logro de la población en estos países se encuentra el hallar personal cualificado, resolver problemas derivados de la falta de infraestructura adecuada, regulaciones excesivamente gravosas e instituciones ineficientes que no promueven la creación y la expansión de las empresas y que suponen a su vez, procedimientos más costosos y burocráticos.

Así, es en las economías de alto ingreso de la OCDE en donde existe el entorno más favorable y en donde se hace evidente la relación entre la fortaleza de las instituciones y la protección de los derechos de propiedad, así como la complejidad y el costo de procesos regulatorios. Dentro de los países con la regulación empresarial más favorable se encuentran Singapur, Nueva Zelanda, Estado Unidos, Dinamarca, República de Corea, Arabia Saudita, Tailandia, Malasia, Alemania y Japón.

La diferencia en el desempeño de las distintas economías demuestra que queda mucho por hacer en este sentido. Aún cuando existe un avance real de las economías en desarrollo para alcanzar a las economías que han logrado consolidar las reformas necesarias hacia una regulación empresarial favorable, es de extrema importancia que estos países, incluido México, pongan más atención a la importancia de la regulación empresarial y logren librar las presiones políticas que impiden que se concreten las reformas necesarias. Mismas que deben de enmarcarse en un modelo de igualdad de oportunidades y una estrategia integral de competitividad, antes de que estas deficiencias sigan teniendo implicaciones negativas en la economía como son la informalidad, la corrupción, la falta de empleo y el bajo crecimiento económico.

* Licenciada en Economía egresada de la Universidad Iberoamericana. Encargada de la coordinación general de proyectos en Contorno, Centro de Prospectiva y Debate. jespinosa@contorno.org.mx

Se trata de una publicación que recoge las sugerencias que se han hecho durante años y desde diversos sectores para modernizar al país, de modo que se garantice el bienestar social a toda la población. Es una propuesta que dotaría de mayores recursos financieros al Estado mexicano para poder cumplir el mandato de brindar un sistema de protección social que garantice la igualdad de oportunidades, el crecimiento económico y la distribución adecuada de la riqueza del país.

Sostiene el CEEY que el objetivo final es garantizar el acceso a todos los mexicanos a un paquete mínimo de derechos sociales que sea fiscalmente sustentable. Los objetivos específicos de las reformas son eliminar el sistema dual de seguridad social, dar acceso universal a un ingreso mínimo, salud, seguro de vida e invalidez, y una pensión mínima de retiro, dándole viabilidad financiera en forma sostenible. Su costo requiere alrededor de 5% del PIB de ingresos fiscales adicional a lo que actualmente se recauda, menos lo que ya se eroga (1.7% del PIB).

El medio para lograr los anteriores objetivos es la reforma hacendaria, la cual financiaría la de protección social con recursos que se obtendrían eliminando los regímenes tributarios especiales incluida la generalización del IVA a un 16% con una canasta básica exenta para proteger el consumo de las familias (3.4% del PIB); también eliminando los subsidios a la gasolina (1.5 a 2% del PIB) y mejorando la administración fiscal (0.5% del PIB). Todo ello acompañado de mayor rendición de cuentas de los tres órdenes de gobierno, además de establecer el concepto de balance estructural en el gasto público, que permitiría enfrentar los ciclos económicos recesivos sin perder la disciplina fiscal, la sostenibilidad del déficit y la deuda pública.

¿Por qué una reforma fiscal y de protección social?

• En los últimos 15 años se han generado nuevas obligaciones de gasto real sin su consecuente financiamiento. Las finanzas públicas no generan los superávits primarios requeridos para sufragar el costo financiero de la deuda. Incluso, el balance patrimonial es deficitario: los ingresos de capital no alcanzan para cubrir los gastos de inversión.
• Desde hace años se consume el patrimonio nacional (específicamente el petróleo) al no transformarlo en activos productivos para el país. No hay mandato constitucional que proteja al país del uso para gasto corriente de los ingresos provenientes de este recurso no renovable.
• La estabilidad macroeconómica esconde el déficit público (es decir que los gastos recurrentes superan los ingresos recurrentes). Los recursos de las paraestatales –en particular Pemex- financian el déficit del sector público.
• La actual ley hacendaria induce a un comportamiento procíclico del gasto público (que significa que se gasta menos en períodos de contracción económica), lo cual puede empeorar el círculo vicioso de las crisis.
• Entre tanto, el principal problema del sistema de protección social mexicano estriba en que al ser un sistema dual (uno que depende del empleo formal –IMSS, Issste- y otro abierto –Seguro Popular-), actualmente es financieramente insostenible y 24.5% de la población no goza de esta cobertura. Además, el aumento en la cobertura del sistema de seguridad social no puede garantizarse pues depende del crecimiento económico formal sostenido.

* Maestro en Políticas Públicas egresado del CIDE. Coordinador del área de investigación y análisis en Contorno, Centro de Prospectiva y Debate. paulo.cantillo@contorno.org.mx, @pcantillog

Referencias

Chávez, Jorge; Hernández, Fausto; López-Calva, Luis (coordinadores), El México del 2012. Reformas a la hacienda pública y al sistema de protección social, Centro de Estudios Espinosa Yglesias, México, 2012.

La cifra es razonable si pensamos en la inmensa cantidad de información que hemos estado recibiendo al respecto en los últimos cinco años y que, inclusive, ha desplazado a otros temas de interés, como el desempleo, la crisis económica o la mala calidad de la educación. Sólo en el actual proceso electoral es que el tema de la inseguridad ha sido desplazado del debate público por los medios de comunicación, pero no de las principales preocupaciones de la ciudadanía y de las prioridades del gobierno federal.

Ejemplos de ello son el crecimiento en el presupuesto en seguridad y justicia, que en lo que va de la administración del presidente Felipe Calderón ha sido del 87%²  (con todo y producciones televisivas sobre operativos) y el lugar que ocupan en la agenda interna del país el narcotráfico y la delincuencia organizada (lo que sea que esto signifique).

Sin embargo, hablar de seguridad pública implica más que narrar la mera disputa de plazas por parte de los grandes cárteles, crear teorías sobre la violencia que existe alrededor de este problema o hacer propuestas para que tus candidatos las presenten más como lugares comunes que como soluciones concretas y viables a un problema complejo.

¿Qué es incidencia delictiva?

Es el número de delitos del fuero común o del fuero federal que son registrados año con año.

En el fuero común se encuentran los delitos de los que deben encargarse las autoridades locales —como robos, homicidios, lesiones, daños en propiedad ajena, fraudes o los delitos sexuales— dado que afectan directamente a la ciudadanía y a su patrimonio.

Delitos como el robo han aumentado en los últimos cinco años, en tanto que otros delitos se han mantenido igual, como se puede observar en la gráfica 1.

Los delitos federales por su parte, son aquellos que afectan los intereses de la sociedad y del Estado —como las violaciones a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, delitos electorales, contra la salud, asociación delictuosa o delitos ambientales—, por lo que son responsabilidad de la policía y la procuraduría federales.

Como vemos en la gráfica 2, estos delitos han aumentado consistentemente en los últimos seis años. Destaca el caso de los delitos contra la salud, pues una parte de las competencias de las autoridades federales han pasado al fuero común o se han reglamentado algunos casos, como posesión y consumo de pequeñas cantidades de droga, ello, derivado de una reforma constitucional y al Código Penal Federal.

¿Con qué recursos se cuenta?

Los recursos destinados a prevenir delitos, investigar, detener y castigar delincuentes no se corresponden con los resultados. La gráfica 3 nos muestra el crecimiento de los recursos destinados a la Secretaría de Gobernación, la Procuraduría General de la República, las secretarías de la Defensa, de Marina, de Seguridad Pública, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública; así como los diversos fondos, transferencias y subsidios tales como el Fondo de Aportaciones en Seguridad Pública (FASP), el Subsidio para la Seguridad Pública en los Municipios (SUBSEMUN), el Fondo para el Fortalecimiento Municipal (FORTAMUN) y fondos metropolitanos ³.

Además de que no observamos disminuciones considerables en los delitos del fuero federal o en homicidios violentos relacionados con el crimen organizado, las policías siguen sin completar los controles de confianza a los que, tanto el Gobierno Federal como los gobiernos locales, se comprometieron en el 2008.

Por otro lado, los rubros del gasto público que menor crecimiento han tenido son la procuración de justicia a cargo de la Procuraduría General de Justicia y la impartición de justicia, responsabilidad del Consejo de la Judicatura Federal; es decir, los encargados de investigar los delitos y juzgar a los criminales no han visto incrementados sustantivamente sus recursos. Con esto, no es de extrañar que los jueces federales solo hayan condenado a 22 presuntos delincuentes por homicidio y otros delitos asociados con delincuencia organizada durante el periodo de diciembre del 2006 a enero del 2011⁴.

* Consultora de Inteligencia Pública

1. Encuesta Nacional de mil casos, levantada del 24 al 26 de marzo, con un error muestreal de +/- 2.45%.

2. México Evalúa. Gasto en Seguridad. Observaciones de la ASF a la Gestión y uso de recursos.. Http//www.mexicoevalua.org/descargables/6c9a29_MEX_EVA-INHOUS-GASTO_SEG.pdf

3. México Evalúa. Gasto en Seguridad. Observaciones de la ASF a la Gestión y uso de recursos.

4. Human Rights Watch, Neither Rights Nor Security, Killings, Torture, and Disappearances in Mexico´s “War on Drugs”, http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/mexico1111webwcover_0.pdf

En conjunto, hemos perdido capacidad de atraer turistas y de lograr ocupaciones adecuadas, afectándose, en consecuencia, los ingresos reales del sector. En otras palabras, una menor tasa de crecimiento de nuestra actividad frente a competidores más dinámicos, necesariamente lleva en una pérdida de nuestra participación relativa en el mercado mundial de turismo. Esto es precisamente lo que está indicando la baja de México en el rango internacional en el rubro de visitantes extranjeros, recientemente publicado por la Organización Mundial del Turismo.

Revertir esta situación implica hacer un esfuerzo coordinado y sistemático que busque aumentar nuestra participación tanto a nivel internacional como en el terreno local. La tarea no es fácil en la medida en que el mercado mundial, si bien crecerá en los próximos años, se calcula que lo hará a una tasa promedio anual modesta, de entre 3 y 4%.

Más aún, conquistar porciones mayores del segmento norteamericano, principal emisor de turistas en el mundo, será relativamente más difícil que en el pasado reciente si consideramos, y este es un factor nuevo, que el viajero norteamericano tenderá cada vez más a viajar al interior de su país y menos al extranjero, práctica que es alentada por la nueva y agresiva política de los Estados Unidos para fomentar el turismo dentro de su territorio.

Es decir, no sólo enfrentaremos como país un mercado norteamericano cuya expansión no será especialmente vigorosa, sino que los propios norteamericanos competirán ahora más decididamente para quedarse con una mayor parte de su propio mercado. Ello necesariamente nos plantea una situación inédita y nuevos retos para un país como México que cuenta con una oferta de productos turísticos dirigida en gran medida al propio mercado de América del norte.

Para mantener e incrementar nuestra participación y captar más turistas, sólo disponemos de una alternativa: lograr, y plantearnos como objetivo, aumentar nuestras capacidades competitivas como país y como industria. Entre los temas más importantes se pueden citar: la promoción oportuna y continúa, la diversificación de productos, el mantenimiento de nuestros destinos turísticos a estándares internacionales, la mejora de la infraestructura de comunicación, o bien, la de facilitar y fomentar la inversión.

No obstante, para lograr una verdadera política encaminada a mejorar las condiciones generales de competitividad de la industria turística nacional, este conjunto de temas debe incorporarse a un arreglo más amplio dentro de una política de Estado, en donde al turismo se le considere, en los hechos, como una verdadera prioridad nacional. Así, se requiere que el nuevo gobierno coloque a esta actividad como una prioridad y la considere como un verdadero instrumento para el desarrollo de nuestro país, como un importante generador de empleos bien remunerados y de divisas.

Desde esta perspectiva, es esencial que la propia Secretaría de Turismo se constituya como el centro de una nueva estrategia para fomentar la actividad. En efecto, debemos contar con una Secretaría en el ramo que sea fuerte políticamente y esté dotada de los instrumentos necesarios que le permitan crear las condiciones para una expansión del sector dinámica y de largo alcance. Una Secretaría que pueda coordinar los esfuerzos del sector privado y crear las mejores condiciones para que la inversión en todas las ramas turísticas se incremente y, con ello, la productividad y la posición competitiva de México en el terreno turístico.

Nunca será ocioso reiterar que el sector privado vinculado al turismo está en la mejor disposición para comprometerse y participar activamente en una política de Estado que verdaderamente convierta al turismo en una prioridad nacional en beneficio de México.

* Presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET)

En medio de una coyuntura de rupturas entre partidos, de críticas, descalificaciones y en vísperas de comenzar el proceso electoral, el pasado marzo el presidente Calderón anunció el programa CompuAyuda. A través de un crédito vía el Fondo del Fomento y Garantía para el Consumo de los Trabajadores (Fonacot), trabajadores mexicanos podrán adquirir materiales de cómputo y el crédito se podrá obtener hasta por tres mil quinientos pesos a una tasa preferencial del 12%, que representa un 1% mensual.

Se especifica que mediante una colaboración con proveedores se podrá acceder a internet por una tarifa especial de 99 pesos mensuales, por un contrato de un año. Hay que recalcar que el gobierno federal pretende “regalar” tres de los doce meses de uso de internet de banda ancha.

El objetivo de CompuAyuda, en palabras del presidente, es “disminuir la brecha digital”, sin embargo, sólo tendrán acceso aquellos trabajadores que ganen menos de cinco salarios mínimos. Por su parte, al ser un crédito otorgado por el Fonacot, los beneficiarios deberán ser derechohabientes del sistema de seguridad social y el préstamo será descontado directamente de su salario.

Llama la atención del lanzamiento del programa el que se haya dado en medio de inauguraciones de obras y presentación de programas sociales, entre ellos el de 70 y más, que pretende entregar ayuda económica a adultos mayores, además de los proyectos anunciados para destinar recursos a ex trabajadores migratorios así como becas a estudiantes. Es parte fundamental de las labores del gobierno federal el proponer programas sociales, lo que es lamentable es que no representan soluciones sino medidas cortoplacistas, que pretenden tapar el sol con un dedo.

En cuanto al acceso a internet la solución debería estar enfocada a erradicar las prácticas monopólicas y promover la competencia de los proveedores. El gobierno federal debería estar promoviendo medidas legislativas, tanto económicas como regulatorias, que impulsen un crecimiento tecnológico. De esa manera todos podríamos tener acceso a mejores tarifas y servicios de calidad, eliminando la famosa brecha digital.

Dichas medidas requirieren de negociación, de colaboración política y sobre todo de tiempo. Es por ello que la alternativa resulta atractiva. Una medida que nadie podría negar que tiene buenas intenciones. Pero en el fondo, al ser una “solución” de corto plazo, parece que la “brecha digital” no será efectivamente reducida como ha prometido el Primer Mandatario.

Es importante que en vísperas de las elecciones presidenciales, veamos más allá de los programas propuestos por nuestros servidores públicos en funciones. Tengamos una visión crítica para entender que el contar con un crédito inmediato no necesariamente es la mejor solución al problema. Resulta positivo buscar disminuir la brecha digital, sin embargo es importante que, como ciudadanos, exijamos a nuestros gobernantes que no nos den pan y circo, sino soluciones estructurales que generen cambios reales en un largo plazo.

* Lic. en Ciencias Políticas y Administración Pública egresada de la Universidad Iberoamericana. Asistente de investigación en Contorno, Centro de Prospectiva y Debate. sofiard@me.com

Para cerrar la brecha que existe entre la oferta y demanda de agua, se proponen tres opciones, cada una de las cuales tendrá distintos costos y efectos dependiendo la forma en la que se apliquen. La primera de ellas, que es también la más costosa, es incrementar la cantidad de oferta de agua disponible para utilizarse. Esta alternativa es la ideal para aquellos países que cuentan con una infraestructura limitada pero que poseen vastos recursos hídricos.

El problema reside en que en la mayoría de los países ésta ha sido la opción preferida, resultando en el agotamiento tanto del agua disponible como de las posibles técnicas a utilizar. Ejemplo de ello es la desalinización del agua, que se considera como una de las alternativas más costosas pero que aun así ha sido la acción más utilizada.

La segunda opción es aumentar la productividad del agua en las actividades existentes en todos los sectores de la economía, ya sea a través de la mejora de su eficiencia o de aumentar la producción con la misma cantidad de agua. Ejemplos son el riego por goteo en la agricultura o el desarrollo de canales modernos y sustentables de irrigación.

La tercera opción propone que, en lugar de utilizar medidas que se enfoquen en el aspecto técnico, la solución esté basada en el cambio de enfoque de las actividades económicas de los países, dependiendo en menor medida de actividades intensivas en el uso de agua. Así, un país podría elegir disminuir su producción agrícola e importar estos productos de países más eficientes.

A partir de estas tres alternativas surgen distintos escenarios donde el costo de implementar ciertas medidas variará conforme con las características de cada país. De acuerdo con esto, se pronostica que para cerrar la brecha de agua que existirá en 2030 ─acción que implicaría llevar a cabo de forma integrada las soluciones por el lado de la productividad─ se tendrá una exigencia de capital de aproximadamente 50 mil millones de dólares por año, lo que representa tan sólo un cuarto de los 200 mil millones anuales que implican aquellas soluciones tratadas a través de la expansión de la oferta.

El envolvimiento que tiene el sector privado en el tema del agua es indiscutible: la agricultura representa 71% del consumo total de agua en el planeta, los retiros por parte de la industria representan 16% y se proyecta que crecerá a 22% para 2030; y, finalmente, el consumo doméstico constituye14% del total y disminuirá a 12% para 2030, a pesar de que sea un rubro que se verá incrementado en los países en desarrollo.

Para cerrar la brecha entre la oferta y demanda de agua que habrá para 2030, será necesario utilizar una combinación de las soluciones disponibles y así lograr que el costo en el que incurran los países no sea excesivo. A pesar de ello, es necesario tomar en cuenta los intereses de los involucrados, por lo que realizar un análisis del tiempo en el que se recuperará la inversión juega un papel importante en el tema. Así, los gobiernos deberán ser capaces de proporcionar escenarios estructurados y confiables para atraer la atención de los involucrados y lograr que inviertan.

La situación actual llama a la acción en este tema; sin embargo, a pesar de que los objetivos parecen ser los mismos para todos los actores, es indispensable la acción gubernamental que pueda ser capaz de alinear los intereses de los involucrados y fomentar su inversión, impulsando así el comienzo de la solución a una situación que nos concierne a todos.

* Economista egresada de la Universidad Iberoamericana. Asistente de investigación en Contorno, Centro de Prospectiva y Debate. contorno@gsgodoy.com

Este movimiento provocó el fortalecimiento del dólar contra la canasta internacional de monedas, así como caídas en los índices accionarios a nivel global y en los rendimientos de los bonos de largo plazo de los países considerados como refugio en caso de incremento de riesgo global (Alemania, Reino Unido y Estados Unidos). Así, por ejemplo, la tasa del bono alemán de 10 años se ubicó alrededor del 1.5%, algo no visto en el pasado reciente.

Ya había ocurrido, entre el otoño e invierno pasados, que los mercados financieros se vieran afectados por la posibilidad de que Grecia se transformara en el primer país en abandonar el euro en sus diez años de vida y caer en moratoria, sin embargo, acuerdos de último minuto entre sus políticos sobre un severo plan de austeridad, el apoyo decidido de Alemania y Francia, que hicieron frente a otros países escépticos, y la toma de pérdidas por aproximadamente 70% del valor de la deuda por parte de sus acreedores internacionales, logró evitar el incumplimiento de pagos y mantuvo a Grecia dentro del pacto del euro.

Sin embargo, medidas como reducciones de salarios, pensiones y burocracia en una economía caracterizada por el elevado número de empleados públicos, generaron un amplio descontento en la sociedad helena y llevaron a una polarización política que se reflejó en los resultados de la jornada electoral del fin de semana pasado.

La coalición en el poder no pudo conservar la mayoría parlamentaria, quedando cortos por solamente dos asientos. Esto provocó que se diera un clima de inestabilidad política en el que ninguno de los principales partidos ha logrado establecer un gobierno negociado; están muy polarizados, habiendo inclusive algunas facciones que llaman por el desconocimiento de los acuerdos de austeridad y por la moratoria del restante 30% de la deuda que lograron negociar con los acreedores privados globales, situación que pondría en riesgo la permanencia de Grecia dentro de la moneda única europea.

Esto tendría efectos terribles para la población griega ya que, en caso de abandonar el euro, a las fuertes medidas de austeridad presentes debería agregar el impacto de la inflación desbocada que hasta ahora han evitado. Adicionalmente, Grecia quedaría fuera de los mercados financieros globales, situación que los dejaría en una situación aún más precaria.

Todavía es temprano para tener un panorama completo de la situación, ya que al momento de escribir este artículo, las negociaciones para formar un gobierno persisten, aunque con muy pocas posibilidades de llegar a un cierre exitoso.

El escenario más probable es que al no llegar a un acuerdo, el poder ejecutivo regrese a la presidencia y ésta convoque nuevamente a elecciones, lo que dejaría en las manos del gobierno tecnocrático actual los poderes hasta el próximo junio.

Sin duda este sería un resultado que los mercados recibirían con agrado de manera temporal, sin embargo, la solución del mismo sólo se pospondría, por lo que muy probablemente signifique que vamos a seguir oyendo de la situación política de Grecia por algún tiempo más.

* Director de Análisis en Somoza Finamex. www.somozafinamex.com.mx

La migración mexicana hacia Estados Unidos lleva siendo constante por más de 40 años, hasta este momento. En nuestro país vecino habitan alrededor de 12 millones de inmigrantes mexicanos donde 51% se encuentran sin autorización y representan 58% del total de inmigrantes en EU.

El descenso del flujo de migrantes mexicanos hacia Estados Unidos comenzó hace 5 años. El informe lo demuestra a partir de los flujos de migrantes, así como los nacimientos de mexicanos en aquel país.

En 2011 se pudieron contar 6.1 millones de mexicanos sin autorización a comparación de 7 millones en 2007. En el período entre 2005 y 2010, alrededor de 1.4 millones de mexicanos emigraron a los EU y alrededor de 1.4 millones de inmigrantes y sus hijos nacidos en Estados Unidos se trasladaron de allá hacia el territorio mexicano. En la década anterior, de 1995 al año 2000, alrededor de 3 millones de connacionales emigraron hacia los EU y menos de 700 mil mexicanos y sus hijos nacidos en territorio estadunidense, se habían trasladado en la ruta inversa.

En cuanto a los mexicanos nacidos en Estados Unidos se registraron 9.4 millones en el año 2000, 12.6 millones en el año 2005 y 12.0 millones en el 2010. Lo que significa un alto descenso en los registros. En cuanto a mexicanos nacidos en EU menores a 5 años, el censo mexicano del 2010, contabilizó más de 182 mil viviendo con sus padres en México, lo que significa casi el doble del censo del 2000 en el que se registraron 99 mil.

Causas

Ésta parálisis en los flujos y la migración de mexicanos de vuelta a su país se ha debido a diversas causas: el debilitamiento del mercado laboral y de la construcción de viviendas en Estados Unidos; el aumento en el control de la frontera estadunidense para evitar el paso, con el comienzo de programas como el de Operación Guardián; el crecimiento en las deportaciones; la proclamación de leyes como la Ley Arizona; el aumento en los peligros al cruzar la frontera debido al crimen organizado y/o el descenso a largo plazo de la tasa de nacimientos en México.

Consecuencias

Es importante reflexionar sobre lo que representa que se haya interrumpido el flujo de migrantes de México a Estados Unidos.

Para México este proceso puede tener consecuencias negativas si no se toman las medidas necesarias. La migración hacia Estados Unidos representaba un ajuste a las desigualdades en la distribución de la tierra, trabajo y capital que surgen del desarrollo económico.

Que este flujo esté detenido y millones de mexicanos estén regresando a su país, representa limitar las posibilidades que millones de personas han encontrado en el extranjero para mejorar su calidad de vida y, a su vez, supone para nuestro país un grave problema dada la incapacidad del Estado para ofrecer el empleo y las oportunidades necesarias para este sector de la población.

*Internacionalista egresada de la Universidad Iberoamericana. Asistente de investigación en Contorno, Centro de Prospectiva y Debate. alejandraespinosamijares@gmail.com

Referencia

Jeffrey Passel, D’Vera Cohn and Ana Gonzalez-Barrera. Net Migration from Mexico Falls to Zero—and Perhaps Less. April 23, 2012. Pew Hispanis Center. http://bit.ly/IqAN6C

Desde entonces internet no ha parado de crecer, su uso resulta cada vez más imprescindible y su impacto ha revolucionado el mundo; se ha mantenido a lo largo de recesiones múltiples y sobrevivió, en 2000, a lo que se consideró cercano a un colapso global de su funcionamiento, el entonces llamado “fenómeno Y2K”. Además de haberse arraigado de una forma vital a nuestra cotidianidad y transformar radicalmente nuestra forma de interacción, la red se ha convertido en un fenómeno determinante para la economía global.

De acuerdo al Boston Consulting Group, para 2016 habrá 3 billones de usuarios de internet a nivel mundial; lo que representa casi la mitad de la población total para ese momento. La economía de internet llegará a valer 4.2 billones de dólares en las economías del G-20 para ese entonces, valor que la ubicaría, si se tratara de una economía nacional, dentro de las cinco mejores economías detrás de EU, China, Japón e India, y por delante de Alemania.

Entre los miembros del G-20 las cifras del valor de internet ascendieron a un 4.1% del PIB o 2.3 billones de dólares en 2010, superando las economías de Italia y Brasil. Asimismo, internet está contribuyendo un 8% del PIB, aproximadamente, para algunas economías, logrando impulsar el crecimiento y la creación de empleo.

Los países en vías de desarrollo ya cuentan con 800 millones de usuarios de Internet, sumando más que los usuarios de todos los países miembros del G-20 combinados. En estos países, como en los desarrollados, pesa especialmente el uso de las redes sociales, ya que alcanzan 80% de usuarios.

De mantenerse este ritmo de crecimiento, los dispositivos móviles, teléfonos inteligentes y tabletas representarán cuatro de cada cinco conexiones de banda ancha para el año 2016. Dado el papel que hoy en día juega internet en la cultura global, la velocidad de los cambios a los que está sujeto este fenómeno suelen pasarse fácilmente por alto.

Sin embargo, la tecnología en este rubro ha sido caracterizada por un crecimiento exponencial en la velocidad de procesamiento, ancho de banda y almacenamiento de datos. Un ejemplo muy claro de esto es la evolución de los procesadores, mientras el procesador Intel 80386, presentado en el mismo año en que surgió el primer dominio, procesaba 275 mil transistores, actualmente Intel Core i7 procesa 2.27 millones de transistores, casi 213 veces más. Hoy en día internet ha alcanzado una escala y nivel de impacto que ningún negocio, industria o gobierno puede ignorar.

Esta situación presenta innumerables oportunidades, mismas que los consumidores han aprendido rápidamente a entender y aceptar. Las empresas, especialmente pequeñas y medianas (PyME), han sabido reconocer el motor de crecimiento en este medio y, a pesar de adoptarlo en formas desiguales, se mantienen y funcionan en linea un número mayor de empresas cuyo uso de esta plataforma es cada vez más intenso.

A pesar de la ventana de oportunidad que representa internet, existen ciertas amenazas que son producto de la necesidad y el reto que enfrentan los responsables políticos y reguladores frente a una toma de decisiones correcta en un entorno de rápido movimiento. Es por esto que muchos gobiernos aún se encuentran tratando de determinar cuál será su postura y papel en relación a este medio.

Sin embargo, el impacto económico de internet es cada vez mayor y se fundamenta en una enorme base. En Inglaterra por ejemplo, la contribución de internet al PIB en 2010 fue mayor que la de la construcción y la educación. Mientras que en Estados Unidos, supera el porcentaje de los ingresos recaudados por el gobierno federal con relación al PIB.

La economía de internet en los mercados desarrollados del G-20 crecerá a una tasa anual de 8% durante los próximos cinco años, superando con creces casi todos los sectores económicos tradicionales y la producción de riqueza. La contribución al PIB se elevará a 5.7% en la Unión Europea y a 5.3% para el G-20. En los países en desarrollo, las tasas de crecimiento serán más del doble, con una tasa media anual de 18%; países de los cuales algunos apuestan por un futuro digital con grandes inversiones en infraestructura de banda ancha.

Así también, la economía de internet del G-20 logrará duplicarse entre 2010 y 2016, llegando a emplear a cerca de 32 millones de personas más que en la actualidad. Este crecimiento está siendo impulsado en gran parte por dos factores: el número de usuarios y el rápido acceso en todo lugar. Especialmente, gracias al uso de teléfonos inteligentes, otros dispositivos móviles y a la popularidad de las redes sociales, que están aumentando, particularmente en el mundo en desarrollo, el impacto de internet.

*Sicólogo. Asistente de investigación en Contorno, Centro de Prospectiva y Debate. david.figueroa@contorno.org.mx

Muchos de nosotros podríamos estar pensando, en este mismo momento, que el gobierno está subiendo el precio de la gasolina porque no tiene conciencia social y no le interesa el bienestar de los mexicanos. Hay quienes mes con mes llaman al aumento en el precio de la gasolina el “gasolinazo” y argumentan que con una gasolina barata, todos nos beneficiamos, en especial, los más pobres. ¿Tendrán razón?

La semana pasada escuché algunos comentarios de nuestros candidatos y candidata a la Presidencia de la República sobre las medidas que prometen tomar –en caso de ganar– con respecto a la gasolina.

Andrés Manuel López Obrador, por ejemplo, prometió que impulsará el incremento a la productividad de Pemex sin privatizarlo, sin mencionar los “cómos”. Inclusive prometió que se detendrían los incrementos a la gasolina y se continuaría subsidiando su precio.

Enrique Peña Nieto, por su parte, dijo que estaría dispuesto a considerar que la iniciativa privada invierta en el sector energético, incluido el petrolero, pero tampoco mencionó cómo lo haría.

Josefina Vázquez Mota, en cambio, se ha mostrado evasiva y no atina en decirnos si está a favor de la apertura en la inversión en el sector energético o en contra, si piensa eliminar los subsidios o mantenerlos, si buscará promover fuentes de energía limpias y renovables o lo postergará.

Finalmente, Gabriel Quadri se expresó a favor de la eliminación de subsidios a los energéticos contaminantes –como la gasolina y el gas LP– así como apoyar la generación de energía limpia y amigable con el medio ambiente.

Sin embargo, tratando de entender quién tiene la razón, me puse a investigar un poco más y descubrí que en un estudio realizado por el CIDAC, en 2011 se destinaron poco más de 200 mil millones de pesos en subsidiar a la gasolina, el gas LP y la electricidad. De esa cantidad, aproximadamente 3/4 partes se destina a subsidiar a la gasolina.

Siguiendo con mi indagatoria, encontré un estudio realizado por John Scott, investigador del CIDE y publicado por la organización México Evalúa, en el que dice que de los poco más de 150 mil millones de pesos que se destinan al año para subsidiar la gasolina, 70% lo recibe el 10% más rico de la población mexicana. Esto significa que las personas que tienen vehículos grandes, poco eficientes y altamente contaminantes y que sólo pueden pagar los que tienen mucho dinero, reciben más o menos 105 mil millones de pesos de subsidio a la gasolina al año, en tanto que la población de menos ingresos, recibe muy poco de ese subsidio.

Además, el hecho de que el subsidio a los energéticos no sólo lo concentren principalmente sectores de la población de mayores ingresos, se suma al hecho que desplaza a otras prioridades de gasto. Por ejemplo, los 200 mil millones de pesos que se usan para subsidiar a la gasolina, el gas LP y la electricidad podrían servir para construir 650 mil casas de interés social, financiar anualmente cuatro universidades del tamaño de la UNAM o multiplicar por 2.3 veces el Programa Oportunidades.

Y de todo esto, ¿qué piensan los mexicanos y las mexicanas?

En una encuesta nacional realizada por la empresa Defoe**, se les preguntó sobre los subsidios a los energéticos y se encontró que 6 de cada 10 personas consideran que los subsidios como se están dando hasta ahora, de manera generalizada, benefician únicamente a las personas que más recursos tienen. El hecho importante es que la misma proporción de personas (6 de cada 10) estarían de acuerdo en que se subsidie únicamente a la población que más lo necesite, es decir, focalizar el subsidio.

Con respecto a la eliminación del subsidio a los energéticos, sólo 4 de cada 10 personas respaldan la medida y casi 5 de cada 10 están de acuerdo en que se destinen dichos recursos para subsidiar a los hogares de menores ingresos, principalmente para compensar el impacto que tendría en su ingreso la medida y para poder adquirir electrodomésticos más eficientes y que consuman menos electricidad. Pero, ¿sabrán todo esto los candidatos?

En tanto los candidatos y la candidata se enteran de esta información, yo me adelanto con las siguientes propuestas:

Reorientar los recursos, que actualmente se usan para subsidiar a los energéticos, a los sectores de la población de menores ingresos que se verían afectados por esta decisión, ya sea a través de transferencias directas o del financiamiento para la adquisición de electrodomésticos más eficientes.

Financiar la producción de energía renovable, limpia y amigable con el medio ambiente, como la eólica o la de fotoceldas.

Financiar el cambio tecnológico de la industria del país que actualmente consume mucho combustible no renovable y altamente contaminante.

*Consultora de Inteligencia Pública

**Defoe. Encuesta Nacional de 400 casos, levantada del 5 al 7 de abril de 2012 con un error muestral de +/- 4.9%.

A partir de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en 1994, el flujo comercial entre estos dos países se afianzó, provocando que las exportaciones de Estados Unidos para México hayan aumentado un 221% en casi dos décadas, mientras que las exportaciones de EU hacia nuestro país lo hayan hecho en un 364%. De esta forma, y tomando datos de 2010, más del 80% del total de las exportaciones mexicanas tienen como destino Estados Unidos —convirtiéndolo en nuestro principal socio comercial— dato que revela la deficiente diversificación que tiene México a pesar de su extensa red de acuerdos comerciales, misma que enmarca a más de 45 países.

México, por otro lado, se posiciona como el tercer socio comercial de Estados Unidos (por detrás de China y Canadá), y su segunda fuente de exportaciones en materia energética, a pesar de que nuestro país importa 47% de su gasolina de Estados Unidos (2010).

Para 2011 EU aportó 55% de la inversión extranjera directa (IED) entrante en México, concentrándose, año con año, en el sector manufacturero, servicios financieros y ventas al por menor. Si bien es cierto que dichos flujos han ayudado al país a erigirse como un buen receptor de IED, este resultado no se salva de los efectos del pobre crecimiento que en estos años ha presentado nuestro principal socio comercial.

El costo de no participar en mercados más diversos —e incluso más dinámicos desde hace varios años— le pesa ya a nuestro país, pues así como varios países de América Latina han logrado sustentar parte de su crecimiento en sus exportaciones a países emergentes con economías fulgurantes, México parece encontrarse atado a una realidad que se verá aún más precaria en unos años, cuando su modelo de financiamiento a través del petróleo sea insostenible.

Así, conforme algunos países en desarrollo se van posicionando como las economías que liderarán el crecimiento mundial en los próximos años, México deberá esforzarse por participar en dicho crecimiento a través de su diversificación comercial, pues si bien es cierto que las economías desarrolladas seguirán teniendo una participación fundamental en el mercado internacional, nuestro país no puede dejar pasar ninguna oportunidad para finalmente lograr impulsar su crecimiento económico.

Economista egresada de la Universidad Iberoamericana. Asistente de investigación en Contorno, Centro de Prospectiva y Debate. contorno@gsgodoy.com

Más información: http://mexico.usembassy.gov

El Fondo Monetario Internacional (FMI) publicó en abril su informe sobre perspectivas económicas, Las Américas: Reconstruyendo la flexibilidad y la fortaleza. Este informe da un panorama sobre las expectativas de crecimiento de América Latina para 2012 y 2013, con relación a los resultados obtenidos en 2011.

El enfoque es particularmente importante porque ubica las expectativas en un entorno global, que en Latinoamérica es de extrema importancia por la dependencia para con los mercados externos. También porque logra diferenciar el comportamiento de las distintas economías según las regiones a las que pertenecen y las actividades que predominan en su entorno.

A continuación se presentan los puntos más importantes y recomendaciones del estudio, con miras a que puedan ser una guía de los focos rojos que enfrentan hoy en día las economías de América Latina y, sobre todo, México.

La crisis económica a nivel mundial ha hecho que los patrones de crecimiento de los países se vean modificados. Es así como el crecimiento global se desacelera a finales del año 2011, porque, aunque parecía que los tiempos se habían calmado, los últimos meses del año encontraron al mundo escéptico sobre la posible estabilización de la crisis Europea y la fortaleza del crecimiento de Estados Unidos. Sin embargo, en los primeros meses de este año, la confirmación de la recuperación de Estados Unidos y la disposición de los gobiernos europeos a aplicar políticas más enérgicas, han ayudado a que la recuperación comience su curso y los mercados se vean más fuertes.

El FMI reporta que el crecimiento global en el año 2012 caerá a 3.5%, pero regresará el siguiente año a niveles de años anteriores, alcanzando el 4%. Este crecimiento lo seguirán liderando en una mayor parte las economías emergentes con un ritmo de 5.5 a 6% para 2012 y 2013 respectivamente; mientras que las economías avanzadas tendrán una tasa de crecimiento cercana al 1.25% en 2012 y 1.5% en el siguiente año. En casos específicos el informe prevé una leve recesión en Europa y confirma el inicio de la recuperación de Estados Unidos con un crecimiento de su economía de 2% para este año y el que le sigue.

Se informa que el crecimiento de América Latina y el Caribe continuará a la baja respecto del año 2010, en el que creció a 6.25%. Así, en 2012 presentará un crecimiento de 3.45%, mismo que repuntará en 2013 (4%), aunque seguirá siendo más bajo aún que el observado en 2011. Sin embargo, dentro de las implicaciones que el nuevo escenario global tiene para América Latina, el reporte destaca la ventana de oportunidad que se abre para algunos países de la región, en donde condiciones benignas como los términos de intercambios favorables y altos precios de las materias primas, tienen que ser aprovechados; logrando así parte de la consolidación de sus economías, misma que puede ayudar a fortalecer la respuesta ante shocks globales en el corto plazo.

Para otros países de la región, este escenario no parece aún tan favorable, como lo son aquellos que dependen del turismo y de las remesas.

Y aunque algunos países en América Latina, como los exportadores de materias primas, han logrado mantener su crecimiento, no es el caso de México. En el reporte se estima que para 2012 y 2013, el crecimiento del país sea cercano a 3.45%, crecimiento considerablemente menor al logrado en 2010 (5.5%). El informe detalla que los riesgos para México están fuertemente ligados a los riesgos que enfrenta Estados Unidos y a las tensiones en Europa.

Así mismo declara que “…el desafío de política económica consiste en encontrar la forma de liberar el potencial de crecimiento de México y generar empleo, abordando al mismo tiempo los retos fiscales a largo plazo derivados de la disminución proyectada de los ingresos del petróleo como porcentaje del PIB y las presiones relacionadas con el envejecimiento de la población. Para impulsar el crecimiento, México necesita avanzar en la aplicación de reformas estructurales orientadas a incrementar la productividad y fomentar la inversión”

En época de campañas, valdría la pena revisar si realmente se están planteando propuestas concretas y de fondo que lleven al país en esta dirección y puedan dar el salto entre estabilidad macroeconómica y crecimiento real.

Licenciada en Economía egresada de la Universidad Iberoamericana. Encargada de la coordinación general de proyectos en Contorno, Centro de Prospectiva y Debate. jespinosa@contorno.org.mx

Para quienes nacieron después de 1975, probablemente estas preguntas no hagan sentido. Para ellos las encuestas son parte de su experiencia cotidiana y basta leerlas para saber esas respuestas. Para quienes nacimos antes de esa fecha la respuesta no es tan directa. Hay tres o cuatro aspectos a considerar.

Primero: ¿Qué es mejor: ver la última encuesta o seguir las tendencias de una serie? Sin duda es mejor ver una tendencia (la película) que una sola encuesta (la fotografía).

Segundo: ¿Qué es mejor: seguir a un encuestador o a todos? Muchos centros de análisis y consultoría tienen la posibilidad de seguir a todos. Pero esto no es una posibilidad real para el lector común. Tampoco se obtiene necesariamente una idea más precisa que la que se consigue siguiendo a las dos o tres mejores firmas.

Tercero: ¿Cómo se puede encontrar un criterio neutral y objetivo para calificar a los encuestadores? Los analistas se empiezan a hacer esta pregunta y a ofrecer ejercicios de calificación. Será una buena tarea para el capítulo mexicano de la Organización Mundial de Encuestadores (WAPOR). Mientras esa calificación se realiza, le ofrezco al lector mi propia fórmula.

Dada la importancia que las encuestas representan para los partidos y candidatos, es natural que todos ellos encarguen estudios a las firmas existentes. También es natural que esos partidos y candidatos sólo publiquen los resultados cuando les son favorables. No así, cuando les son desfavorables.

Evidentemente el público no tiene forma sencilla de saber quién es el patrocinador de cada encuesta que se publica. Dado que por lo general el patrocinio indebidamente no se revela. La excepción son los periódicos Reforma y El Universal que tiene sus propios departamentos de investigación.

En un cuadro que tengo a la vista, observo las tendencias para los tres partidos principales tomadas de 52 encuestas nacionales en los pasados 24 meses. Dicha tendencia coincide con la encuesta que publicó Reforma el pasado 28 de marzo: Peña 45%, Vázquez Mota 32% y López Obrador 22%.

Cuarta y última consideración: ¿Así de holgado será el resultado de la votación el 1° de julio? Difícilmente. Las campañas cuentan y el desempeño de los candidatos y sus partidos es muy importante para ganar el voto del electorado. Hace seis años López Obrador tenía una ventaja igual de amplia al inicio de las campañas, misma que paulatinamente se fue cerrando.

En las próximas semanas habrá que ver la reacción del público al primer debate televisivo. El ciudadano tiene ya afortunadamente la última palabra.

* Profesor de la Escuela Fletcher, Universidad de Tufts, Boston, MA. Presidente fundador de Este País y presidente de WAPOR (1998-2000). mbasanez@gmail.com

A pesar de este panorama, el poder y presencia con el que cuentan algunos sectores los identifica como las tendencias que liderarán el crecimiento del PIB mundial en los siguientes años. Un estudio elaborado por la consultora Bain & Company¹ identifica las ocho principales tendencias macroeconómicas que desencadenarán un crecimiento en billones de dólares (trillones, en inglés) a nivel mundial para el 2020, representando una singular oportunidad tanto para empresas como para gobiernos.

1. El crecimiento de la población en los países en desarrollo estimulará la consolidación de una clase media global capaz de impulsar el consumo. A pesar de que su poder de compra será menor que el de la clase media en los países desarrollados, si las empresas logran crear una estructura de precios y productos distinta, que discrimine entre consumidores, entonces las ganancias del consumo serán altamente favorecedoras.

2. La creación de nueva infraestructura en las economías en desarrollo, así como el renuevo de infraestructura obsoleta que requieren los países desarrollados, aportará al PIB mundial un estimado de un billón de dólares. Además, las restricciones que se prevé continuarán en el presupuesto público de la mayoría de los países harán necesaria la creación de alianzas público-privadas para solventar las necesidades de construcción, implicando así nuevas oportunidades de crecimiento para el sector privado.

3. Junto al crecimiento económico que experimentan los países en desarrollo, existe también un concomitante despertar de su poderío político y militar. La militarización que han perseguido algunos países, implica también gastos en este aspecto para sus vecinos al incrementarse el riesgo de conflictos armados locales.

4. La demanda por todos los insumos básicos se incrementará, debido tanto a nuevos usos alternativos como al crecimiento de la población. Para obtener beneficios de esta situación será indispensable saber manejar la volatilidad de precios y los periodos de escasez que pronostica este escenario.

5. Para beneficiarse del crecimiento poblacional, los países en desarrollo deberán invertir en educación y servicios de salud y con ello satisfacer las necesidades de su incipiente clase media. En las economías avanzadas, la escasez de talento significarán nuevas oportunidades para los recién graduados de universidades, de los cuales la mayoría son mujeres. En este aspecto, las empresas deberán enfocarse en crear nuevos modelos de empleo que sean capaces de atraer y mantener a las mujeres en sus empleos.

6. El envejecimiento de la población en los países desarrollados aumentará la demanda de los servicios de salud, exigiendo la creación de bienes que permitan mejorar la productividad y crear nuevos productos. Las oportunidades para innovar en este aspecto son grandes debido también a las fuertes presiones fiscales que tendrán los gobiernos.

7. La búsqueda de mejorar la calidad, y no tanto la cantidad, en el consumo es lo que estimulará esta tendencia. Las llamadas “innovaciones suaves” serán las encargadas de incitar el consumo en sectores que no son normalmente considerados como innovadores debido a que no se relacionan con la tecnología. Así, desde la industria alimentaria, la farmacéutica y hasta la de cuidados personales, la inversión en dichas innovaciones será esencial para que una empresa logre subsistir en el mercado.

8. Cinco son las tecnologías que prometen desarrollarse en la siguiente década, trayendo consigo mejoras sustanciales en áreas claves del crecimiento. Así, la nanotecnología, la genómica, la inteligencia artificial, la robótica y la conectividad omnipresente, tendrán el poder de cambiar los procesos industriales y la forma de vida de la población.

Tanto gobiernos como empresas deberán analizar cómo posicionarse para beneficiarse de estas tendencias. No obstante, es importante señalar que a pesar de la nueva importancia que toman las economías en desarrollo en el escenario presentado, los países más ricos seguirán teniendo una participación mayoritaria dentro del mercado, representando todo ello nuevas oportunidades para el crecimiento.

1. Bain & Company, The Great Eight. Trillion-Dollar Growth Trends to 2020, 2011

* Economista egresada de la Universidad Iberoamericana. Asistente de investigación en Contorno, Centro de Prospectiva y Debate. contorno@gsgodoy.com

Es por eso que es menester que diferentes actores sociales (gobierno, empresas, academia, medios de comunicación) promuevan la cultura de la prevención en medio de la sociedad, porque de nada servirá que los gobiernos implementen medidas eficaces para mitigar los efectos de los sismos, cuando la población se muestra apática en el aprendizaje y participación de estos modelos de prevención.

El brigadista Fernando Álvarez, autoridad en el tema de la atención antisismos y perteneciente al grupo de rescatistas Topos Tlatelolco, A.C., plantea que “nos falta mucho como sociedad por mejorar en materia de prevención de sismos, yo creo que se ha hecho mucho a nivel federal y local, pero la población debe de involucrarse mucho más en los simulacros, en todo lo que sea prevención en el hogar, en la escuela y el trabajo y nos confiarnos en que han pasado muchos años y no sucede nada” (Terra Noticias, 2011).

Lo anterior implica que si bien los gobiernos han implementado planes y programas serios en cuanto a protección civil, no se ha hecho el mismo énfasis de concientizar a la población a que debe tomar parte activa en esta política de prevención.

Una de las evidencia de lo anterior la brinda la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), que, de acuerdo a sus cifras, “el parque habitacional en México es de 30 millones de casas, pero sólo 4.9 por ciento, casi 1.5 millones, cuenta con un seguro de protección contra desastres naturales, en su mayoría por inundaciones y huracanes” (Quadratin, 2012).

Que sólo 5 de cada 100 inmuebles en el país estén asegurados contra desastres naturales es una fiel evidencia de la falta de cultura que tiene la población a la hora de proteger sus bienes. Un a cuestión no menor en tiempos de un alto nivel sísmico en nuestro país.

* Maestro en Políticas Públicas egresado del CIDE, Coordinador del área de investigación y análisis en Contorno, Centro de Prospectiva y Debate. paulo.cantillo@contorno.org.mx, @pcantillog

LECTURAS

¿Qué hacer en caso de sismos? http://bit.ly/HUINSV

Información sobre las regiones sísmicas en México. http://bit.ly/Izzm6M

Series del CENAPRED. Información general sismos y cómo protegerse ante ellos. http://bit.ly/JjypkS y http://bit.ly/HUJ3BB

Según el Convenio de Berna (1986), no es necesario registrarse para beneficiarse de una protección del derecho de autor, por lo que no existe un registro internacional. No obstante, numerosos países poseen instituciones dedicadas al registro de derechos de autor y de patentes, con el propósito de identificar o distinguir los títulos y sus contenidos que sirvan como prueba para demostrar la licencia de uso o la propiedad de una marca o de una patente.

En el mundo se ha incrementado el registro de patentes, en particular en Japón, EU y Europa. En el último informe de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) se muestra que, durante 2010, se observó que las solicitudes para el registro de patentes y de marcas crecieron 7.2% y 11.8% respectivamente, frente al crecimiento del 5.1% en el PIB global.

La propiedad intelectual se ha convertido en un elemento con alto valor económico debido a que contribuye a crear importantes activos que pueden utilizarse en fusiones y adquisiciones de empresas, así como fomenta una mayor cooperación en materia de inversión. Las empresas obtienen ventajas competitivas al realizar alianzas que permiten utilizar la tecnología y así mejorar el desarrollo de sus actividades.

Las patentes promueven el desarrollo económico principalmente porque transfieren la tecnología y la inversión, además de fomentar la investigación y el desarrollo en las universidades e instituciones dedicadas a la investigación. Por otra parte también funcionan como catalizadores de las nuevas tecnologías, sin dejar de lado que al acumular patentes las utilizan en actividades que generan ingresos.

A nivel macroeconómico se tienen varios efectos favorables como la disminución en la fuga de cerebros, el incremento en apoyos financieros para la educación y la promoción de la investigación.

En los países en vías de desarrollo los programas de investigación son financiados principalmente por el sector público y por las universidades, sin embargo, esta inversión resulta marginal e insuficiente. Además de una mayor inversión del capital privado, en nuestros países se deberá reconocer la importancia que la inversión en investigación y desarrollo tiene en el siglo XXI.

Un paso en esa dirección será evaluar la situación en la que se encuentra la propiedad intelectual en nuestro país, aceptar el rol cada vez más importante que jugará y generar los marcos regulatorios y la aplicación de las leyes vigentes para fomentar su crecimiento y potenciar así su posible impacto económico.

*Licenciada en Derecho egresada del ITAM. Asistente de investigación en Contorno, Centro de Prospectiva y Debate. bvazquez@contorno.org.mx

Referencia

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI),World Intellectual Property Indicators, 2011. www.wipo.int

El cambio de paradigma es una necesidad, no un lujo retórico. El simple voluntarismo de que el país sólo debe mudar su visión pesimista (segunda piel de los mexicanos) por una actitud proactiva no alcanza, en realidad, para asegurar una distribución equitativa del bienestar.

Las reformas de segunda generación están en el horizonte de México si se desea crecer. En especial, la fiscal y la energética son urgentes, porque cubren sectores estratégicos para asegurar el financiamiento del desarrollo y fortalecer la soberanía efectiva del país.

Las reformas no son un fin en sí mismo sino instrumentos para dar eficacia al Estado y mayor participación a una sociedad plural en el propósito convergente de combatir la desigualdad, el mayor problema de México.

Si el Estado reduce su base social pierde sentido y se convierte en una apología del poder, decía Hegel. Al Estado apologético sólo puede oponerse el fundamento de la participación ciudadana. Por eso, las reformas deben sostenerse en un pacto social que da sentido al cambio, identidad y al propósito del Estado.

Hay dos ámbitos de legitimidad del cambio: la necesidad de crear un piso social de equidad para los mexicanos y una verdadera revolución educativa de carácter integral y de largo alcance que deberá empezar, sin dilación, con una campaña intensa de alfabetización. Un país con millones de analfabetas, así sea la primera economía del mundo, es una expresión inaceptable de injusticia y una refutación del significado de la propia democracia.

La salud, la vivienda, la seguridad alimentaria son otras áreas sustantivas en las que el nuevo gobierno debe poner énfasis para hacer recobrar al país la confianza en su capacidad productiva, perdida en esa fábrica de agravios de la administración pública que produjo más pobres y amplió, aún más, la ominosa desigualdad.

La agenda de México, hay que decirlo, está bien diagnosticada por las instituciones. Lo que ha fallado ha sido la clase gobernante, que no ha mostrado sensibilidad social ni unidad de propósito para poner, por encima de intereses de coyuntura, el interés superior de la nación.

El país es distinto pero mantiene viejos problemas no resueltos. Es más fuerte ahora la estructura institucional pero no es mejor, aún, la clase política que actúa en ella. Se requiere una reforma del Estado que haga sentir no el peso de nuevas burocracias –por más equilibradas que sean– sino el de una ciudadanía de mayores capacidades, derechos socialmente exigibles y más claras responsabilidades.

Hasta el más sencillo ejercicio de auscultación ciudadana muestra, hoy en día, un claro deseo de cambio. Para los electores, doce años de ineficiencia han sido muchos. Pocas veces, como ahora, ha sido tan intensa esa expectativa de transformación y consolidación democrática hacia un crecimiento con equidad.

El momento electoral de México es propicio para avanzar en el cambio de paradigmas y, sobre todo, transformar al país en la dirección que reclama el desarrollo. Estos duros años de transición fallida deberán dar paso a una Novedad de la Patria, como decía Ramón López Velarde, que en la fidelidad a sí misma recobre su potencial y la digna imagen que ha perdido, entre la violencia de los últimos tiempos, ante la comunidad internacional.

* Actual director general de Grupo Promotor México 2030, S.A. de C.V. Ex gobernador del Estado de México, ex embajador de México en España,y ex director de Teléfonos de México, entre otros cargos.

No hay una manera simple de definir el microcrédito, pero se puede entender como un pequeño préstamo económico que otorgan instituciones financieras a los ciudadanos con más bajos ingresos y recursos, y que debido a dicha condición “riesgosa”, tienden a carecer de opciones en los llamados “bancos tradicionales”. El microcrédito tiene, con frecuencia, el fin de ayudar a emprender una actividad económicamente productiva.

La sustentabilidad puede referirse al objetivo impulsor de la actividad económica. El documento Nuestro Futuro Común, de Naciones Unidas, ofrece una visión optimista sobre lo que puede ser una nueva era de crecimiento económico y de alivio de la pobreza.

En ese informe se maneja el concepto de sustentabilidad en el desarrollo referido no sólo a cubrir las necesidades básicas de la gente pobre en países en vías de desarrollo. La sustentabilidad debe ser equitativa, además debe promover valores que les evite otros riesgos a ellos y a los demás. Desarrollo y crecimiento en sí mismos ya no son suficientes, se busca que sean equitativos (ya que puede haber mucho crecimiento para unos pero no para otros) y de largo plazo (ya que el desarrollo del presente puede estar comprometiendo las posibilidades futuras).

El documento hace énfasis en que se debe atender a los más pobres, y de ellos, particularmente a las mujeres porque son las que sufren más discriminación en los países en vías de desarrollo. Esto y lograr un desarrollo sustentable es hoy en día uno de los desafíos más importantes para la industria del microcrédito.

Muhammad Yunus representa para muchos el ejemplo más importante de desarrollo socio-económico sustentable ocurrido en uno de los países más pobres del mundo: Bangladesh.

Él fundó lo que se conoce como el Banco para pobres, (Grameen Bank) que entre sus principales actividades está otorgar microcréditos a mujeres. Derivado de los esfuerzos para impulsar el desarrollo económico y social entre los pobres, y con el argumento de que la paz duradera no puede alcanzarse a menos que se combata la pobreza, por ello fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz 2006. Esto ayudó a posicionar el microcrédito como un símbolo de combate a la pobreza.

A pesar de las perspectivas positivas,una de las críticas más relevantes se centra en que las tasas de interés de dichas instituciones tienden a ser más altas respecto de las que ofrecen los bancos tradicionales, lo cual se ve como una contradicción imperdonable en el propósito de ayudar a quienes menos tienen.

El desafío es significativo, implica una relación de mayor corresponsabilidad entre cliente e institución financiera. Por el lado del cliente (típicamente una mujer) una alternativa sustentable debe observar aspectos tan variados como la mejora económica (ingresos, ahorros, crecimiento a largo plazo), individual (alfabetización financiera y desarrollo de capacidades microempresariales), social (consumo responsable de recursos naturales y materiales, ampliación de su red y capital social), familiar (reorganización de los roles laborales), participación ciudadana (superación de la exclusión social para influir en la comunidad e instituciones públicas). Todo lo anterior debe armonizarse con la rentabilidad a largo plazo de la institución crediticia.

Lo más relevante de todo esto es que existe la imperiosa necesidad de que las instituciones de microcrédito consideren su sustentabilidad, no sólo en términos de costos y ganancias, sino en términos de la ética y la responsabilidad moral que deben tener.

La educación financiera también es fundamental para evitar que los clientes caigan en la trampa de endeudamiento, ya sea porque no se percatan de que las tasas de interés que pagan son altísimas o porque, con la euforia de experimentar una “liberación instantánea” de su condición de pobreza, acuden simultáneamente a varias instituciones de crédito y terminan en una pesadilla crediticia (como el caso Andhra Pradesh, un estado de la India en donde hubo reportes de suicidios de clientes que cayeron en un estado de desamparo por haber adquirido varios préstamos a la vez).

La sustentabilidad de las instituciones de microcréditos es una tarea cualitativa y cuantitativa de mucha dificultad que debe responder a la interconexión de varias ramas y niveles: individual, comunitario, institucional e internacional. Contemplar todas estas ramas y niveles proporcionaría una guía general del tipo de necesidades y soluciones para dar viabilidad, en toda forma, a los microcréditos.

* Doctora en Política Pública, Universidad de Birmingham, Inglaterra. tgg775@yahoo.com

Es por eso que se muestran dos propuestas que, desde organismos internacionales y de experiencias de países, pueden resultar útiles para ser discutidas desde la actual campaña presidencial.

En primer lugar, el asunto de la “flexiseguridad laboral”, a partir de la cual el país pueda implementar dos reformas sustanciales para corregir las distorsiones del mercado de trabajo: primero una reforma laboral que facilite a las empresas los mecanismos para contratar y/o despedir a las personas, situación que se vuelve indispensable para adaptarse a la mayor volatilidad económica que acompañan al actual capitalismo.

En segundo lugar, se requeriría una reforma fiscal que ayude a mejorar los sistemas de seguridad social para que los se compensen los costos de una mayor flexibilización.

En ese sentido, dos opciones de reforma que no son mutuamente excluyentes, por un lado, la impulsada por Santiago Levy y otros académicos, en la cual se establezcan impuestos generales al consumo que permitan financiar la seguridad social de la población, y que con ello se puedan reducir paulatinamente las contribuciones sociales de empresas y empleados, que desincentivan tanto a empresas como a empleados a entrar en el sector laboral formal.

Y por otro lado están las lecciones europeas de las reformas fiscales verdes que, a través de la imposición a las actividades económicas que son altas en emisiones de CO2, podrían obtener ingresos fiscales que permitan eliminar también las contribuciones a la seguridad social que encarecen las actividades formales.

Esta situación crearía lo que se conoce como un doble dividendo, en donde el impuesto incentiva el cuidado del medio ambiente y, a su vez, permitiría reemplazar otros impuestos que distorsionan de alguna manera el mercado de trabajo en el país.

Es por eso que estas propuestas no deberían pasar desapercibidas en la actual campaña presidencial. Los mexicanos deberíamos exigir claridad a los candidatos en cuanto a las propuestas para resolver uno de los lastres históricos con los que ha cargado el país, lastre que nos impide ser una economía que genere mayor prosperidad económica y social para su población.

* Maestro en Políticas Públicas egresado del CIDE, coordinador del área de investigación y análisis en Contorno, Centro de Prospectiva y Debate.

paulo.cantillo@contorno.org.mx, @pcantillog

Las consecuencias del desempleo en jóvenes no sólo tienen su alcance dentro de la desestabilización de la economía, sino también en la esfera social y política. De esta forma, uno de los factores que fungieron como desencadenadores de los disturbios ocurridos en las regiones del norte de África y Medio Oriente, fueron las altas tasas de desempleo juvenil: 25.5% en el Medio Oriente y 23.8% en el Norte de África, ambos para 2010.

Los problemas derivados del desempleo juvenil a nivel mundial han afectado más a los países desarrollados debido a la forma en que la crisis económica y financiera mundial se ha desarrollado. A pesar de ello, los jóvenes que viven en condiciones de pobreza, especialmente en los países en desarrollo, no pueden permitirse estar desempleados, lo que los lleva a aceptar trabajos con condiciones indeseables, generalmente en el mercado informal.

Debido a que muchos de los jóvenes se ven obligados a trabajar en empleos informales o en condiciones de subempleo, las tasas de desempleo que se tienen no reflejan, en toda su extensión, las verdaderas dificultades que enfrentan en este aspecto.

Aunado a esto, las cifras muestran que los efectos del desempleo son todavía mayores en las mujeres jóvenes que en los hombres de la misma edad. Además, cuando las mujeres sí participan en el mercado laboral por lo general enfrentan mayores desafíos en acceder a mejores trabajos, salarios más altos o incluso a encontrar un trabajo.

Por otro lado, de encontrarse empleadas es más probable que sea en una ocupación considerada tradicionalmente para la mujer, lo que muchas veces significa que es inestable, mal pagada, y con un esquema de medio tiempo.

El panorama actual apremia a la rápida acción, en especial debido al abismal aumento que tuvo el número de personas jóvenes a nivel mundial: de 1950 a 2010, dicha cifra pasó de 461 millones a 1.2 mil millones de personas. A pesar de ello, para 2050 se espera que haya un aumento leve, llegando a 1.25 mil millones, lo que indica que es preciso actuar de manera inmediata y eficaz para no perder su potencial para el crecimiento y desarrollo global.

]]> http://www.24-horas.mx/empleo-juvenil-escenario-mundial/feed/ 0 http://www.24-horas.mx/gobierno-corporativo-en-empresas-gubernamentales-un-cambio-de-vision/ http://www.24-horas.mx/gobierno-corporativo-en-empresas-gubernamentales-un-cambio-de-vision/#comments Sun, 15 Apr 2012 05:58:10 +0000 Jonathan Nacar http://www.24-horas.mx/?p=90778 El proceso de integración europea enfrentó muchos desafíos, entre otros, las considerables diferencias en la participación directa del Estado en la economía que existían en la región.

Si bien los países deseaban integrar sus mercados y obtener los beneficios de hacerlo, algunos gobiernos eran propietarios de un gran número de empresas, mientras en otros la intervención estatal era mucho menor. Acomodar esta diferencia resultaba trascendental dada la decisión de algunas naciones de mantener dicha propiedad y que las empresas operaban en sectores que, por su impacto en la competitividad, eran clave para la economía.

Esto llevó a la OCDE a analizar las condiciones que permiten la mejor administración y funcionamiento eficiente de las empresas gubernamentales, separándola de la discusión sobre su propiedad.

Se buscaba que los gobiernos aceptasen que el buen gobierno de estas empresas no debe afectarse por su propiedad o la existencia de políticas públicas que las atañen. Estas últimas no deben implicar incentivos perversos e ineficiencias en su operación. Así, se definieron algunas condiciones que permiten que se puedan dar las decisiones que buscan la eficiencia de la empresa.

Por un lado, el gobierno no debe intervenir en la definición de la visión estratégica de negocios, la supervisión y la aprobación de la gestión de la empresa, responsabilidad del Consejo de Administración, ni en la operación de la misma, responsabilidad de la Dirección General.

Para lograrlo se deben crear instituciones que alejen a los actores políticos de quienes son los responsables de las decisiones relevantes de la empresa y su ejecución; esto es, quienes forman el Consejo de Administración y el grupo directivo de la empresa. Se debe crear una “institución encargada de manejar estos activos de la sociedad”, responsable de la toma de decisiones a nombre del “propietario”, con un mandato claro respecto del manejo del patrimonio y creación de valor de las empresas asignadas a su cargo.

Por otro lado, el mandato señalado deberá ser ejercido con la condición, sine qua non, de que toda “política pública” que involucre y afecte a la empresa (sus costos, sus precios o su producción) tendrá que ser pública y transparente; es decir, deberá ser difundida, explícita y financiada por el presupuesto gubernamental.

Con estas dos definiciones claras, la experiencia internacional ha demostrado que las empresas gubernamentales pueden lograr éxito y los mejores estándares de eficiencia.

Sin embargo, la claridad del gobierno sobre los principios de operación en las nuevas circunstancias, sólo sienta las bases para iniciar el proceso de mejora de la operación de las empresas públicas. Para lograr su pleno desarrollo en las nuevas circunstancias de gobernabilidad muchos elementos tienen que variar en la conducción y desarrollo de las mismas, y en su relación con las distintas entidades gubernamentales.

En el manejo directo, el Consejo de Administración, en el ámbito de sus funciones, y la alta dirección, en las suyas, deben sentirse plenamente facultados y responsables de la conducción y resultados de la empresa, de forma tal que exista una plena identificación de los responsables de su éxito o fracaso.

Ambos niveles de gobierno corporativo deben contar con controles efectivos e independientes que les permitan evaluar su desempeño, controlar su operación y garantizar el logro de las metas establecidas y acordadas con la “institución propietaria”.

El gobierno corporativo actual de las paraestatales -con la intervención de secretarías en los Consejos de Administración, en las definiciones presupuestarias, de inversión, de precios, de producción, etc.- difícilmente permite una estructura que conduzca a que éstas operen con la eficiencia y productividad que se busca, ni con la transparencia y rendición de cuentas que esperamos los mexicanos.

* Economista del ITAM, con maestría en el Colegio de México y estudios de doctorado en la Universidad de Nueva York. Fue presidenta del SAT; embajadora de México en Gran Bretaña; directora de administración en Grupo Financiero Banorte y actualmente asesora del director general de Pemex. arm.almarosa@gmail.com

¿Porque la importancia de este evento de orden mundial para nuestro país? México ha logrado en esta última etapa de la administración del presidente Calderón recuperar el protagonismo que siempre debió tener por su importancia económica y diplomática en el mundo, participando de manera activa y propositiva en el G 20, grupo “informal” que reúne a las mayores potencias económicas y a otros invitados que coyunturalmente resultan de importancia, así como a los organismos internacionales como OCDE, BIRF ( Banco Mundial) BID, FMI, con el objeto de avanzar en posiciones de negociación que se concretan en los foros relevantes una vez acordadas las políticas de carácter global a seguir.

Es en este foro de la mayor relevancia, independientemente de su carácter no vinculatorio, donde se perfilan las políticas económicas para el corto y mediano plazos que atañen y definen el futuro de las naciones. Desde hace algún tiempo el interés ha rebasado el ámbito estrictamente financiero y ahora se cubren temas como energía, materias primas, anticorrupción, empleo y turismo, por señalar los que de momento se encuentran en la agenda.

En particular el esfuerzo mexicano se ha concentrado en el tema de crecimiento verde y se ha reconocido que se requiere de la mayor atención y voluntad política por parte de los líderes de gobierno para atender lo que debe imperar en las políticas nacionales y globales, el desarrollo sustentable y la lucha contra el cambio climático, en particular en los temas relacionados con energía, materias primas y su insoslayable liga con los temas financieros que son parte integral de las políticas a diseñar.

Ante el impasse que se ha dado en el tema de la renovación de los compromisos ambientales una vez que concluya el Acuerdo de Kioto este año, se requiere insistir en al menos la continuidad de los compromisos y en la creación de un nuevo instrumento o mecanismo que comprometa a las naciones mas contaminadoras (Estados Unidos y China) a adoptar las medidas urgentes que requiere la sustentabilidad del planeta a pesar de los costos económicos y políticos que conllevan. Por ello, el tema del crecimiento verde resulta no sólo de interés sino de urgente concreción.

Por otro lado el tema de seguridad alimentaria, el comportamiento de los precios de las materias primas, la optimización en la utilización del agua y la reducción de la pobreza, requieren así mismo de decisiones que permitan acceder a los estadios de bienestar mínimos dentro de un contexto de desarrollo sustentable.

Cuando las proyecciones de población para 2050 señalan que más de 9 mil millones de personas habitarán el planeta y se requiere casi duplicar la oferta de alimentos en un modelo de producción sustentable, que optimice la utilización de agua, disminuya considerablemente los impactos ambientales de la producción agrícola y eleve sustancialmente la productividad en el campo, es absolutamente indispensable que se tomen decisiones urgentes. El tiempo es irrecuperable.

*Director de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Anáhuac. México Norte.

La educación hoy en día enfrenta el reto de adaptarse a estos cambios y la pedagogía habrá de concebir todo un inventario renovado de prácticas de aprendizaje adecuadas para el siglo XXI. Algunas de estas transformaciones suponen el abandono de la lectura y escritura, por lo menos entendidas en el sentido tradicional, por una adopción del pensamiento crítico y creativo fomentado desde distintas prácticas innovadoras asequibles a través de la computación. Hoy en día vivimos en lo que se ha llamado la cultura compspeak, término que se refiere a la nueva tendencia cultural de interacción y diálogo con nuevas tecnologías y que supone un nuevo entendimiento del conocimiento y la educación a nivel global.

La presencia y diseminación de las nuevas tecnologías resulta un hecho social indiscutible en nuestra sociedad contemporánea. El impacto de estas tecnologías se ha observado en cada uno de los aspectos de la vida: una revolución en la economía, la política, la sociedad y la cultura en general. Es de esperarse que estas tecnologías tengan un fuerte impacto también en el ámbito educativo y las formas de impartir, compartir y comunicar conocimiento.

Actualmente existe la conciencia de la proliferación de estas tecnologías, sin embargo, en el ámbito educativo será necesario profundizar en una lectura de lo que estas transformaciones implican en términos de códigos, dinámica, procedimientos y modo de recepción de los alumnos. Será importante entender la lógica de los nuevos medios, la plasticidad de las tecnologías, sus ventajas y riesgos, de tal forma que se pueda aprovechar su potencial pedagógico de una forma mucho más adecuada, trascendiendo el debate de que estos nuevos gadgets resultan sólo distractores para los alumnos en un aula de clase.

No fue sino hasta 2011, coincidiendo con el lanzamiento al mercado de una herramienta como el iPad, que organismos internacionales como la ONU invitaron a los líderes mundiales de la educación y la pedagogía a reunirse con el único propósito de incorporar estas nuevas tecnologías a los sistemas educativos, de tal manera que brinden un apoyo real a la educación global en un momento donde su alta penetración en la sociedad se vuelve un factor innegable.

El surgimiento de la cultura compspeak y la transformación de las formas tradicionales de pedagogía y educación pueden significar el mejoramiento de la calidad educativa y el surgimiento de un modelo centrado en prácticas que motiven e incentiven la adquisición de conocimiento, una mayor interacción, cooperación y una retroalimentación global que resignfique el rumbo de la educación en el mundo. La revolución tecnológica ha llegado para quedarse, es tarea de todos entender a fondo sus impactos e incorporar su potencialidad en un mundo cada vez más sediento de innovación y prácticas educativas a la altura de estas transformaciones.

* Psicólogo, asistente de investigación en Contorno, Centro de Prospectiva y Debate.

 Texto de VI Foro Latinoamericano de Educación

EDUCACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS: LOS DESAFÍOS PEDAGÓGICOS ANTE EL MUNDO DIGITAL

http://www.oei.org.ar/6FORO.pdf

El libro Comunicación Móvil y Desarrollo Económico y Social en América Latina, de la Fundación Telefónica, se dio a la tarea de analizar cómo los distintos usos que la población marginada le ha dado a la telefonía móvil, han servido como motores para salir de la pobreza, haciendo énfasis en la gran brecha que todavía existe en el uso efectivo de la telefonía celular entre la población.

A pesar de que América Latina se está aproximando a niveles de universalización en telefonía móvil, debido a la gran desigualdad de su población, la forma en la que el celular es utilizado difiere entre cada grupo social, haciendo indispensable enfocarse ya no en el acceso de la población a dicho servicio, sino en cómo y para qué se utiliza, así como sus efectos sobre las condiciones de vida y el desarrollo económico y social de la población.

Sin importar la región, la telefonía móvil mostró en el estudio resultados positivos sobre el crecimiento, variando su grado de influencia de acuerdo al nivel de desarrollo del país en cuestión. Así, se encontró que existen retornos decrecientes marginales de la penetración móvil, lo que significa que entre mayor sea el grado de penetración y de estructuras existentes dentro de un país o región, menor será su aportación al crecimiento del PIB del país. De manera específica, el estudio confirmó que en América Latina existe una relación inversa entre la pobreza y la propagación de la telefonía móvil: entre mayor difusión tiene la telefonía móvil, hay niveles significativamente menores de pobreza.

En términos generales, una mayor penetración de la telefonía móvil ayuda a tener una distribución del ingreso más equitativa en todas las regiones de estudio. Sin embargo, al realizar un análisis por regiones, los resultados muestran que América Latina es el único lugar donde no se puede confirmar que la desigualdad del ingreso haya disminuido, lo que revalida la prevalencia y profundidad con la que está instaurada en el territorio.

Como bien lo expresa el libro, el modelo que hoy en día se implementa para la telefonía fija y móvil resulta regresivo, pues mientras se grava como bien de lujo el uso del celular -un servicio que ha logrado penetrar hasta la población más pobre- la telefonía fija es subsidiada, lo cual no representa mayor ayuda para dicho segmento de la población considerando la baja penetración con la que cuenta este servicio en específico.

En este contexto, el potencial de crecimiento del mercado de telefonía móvil en América Latina es prometedor debido a la población marginada que existe en la región, la cual ha buscado satisfacer su demanda de comunicación en el mercado informal. De esta forma, la alta prevalencia del mercado informal de teléfonos celulares en los países en desarrollo es evidencia de la existencia de nuevos mercados potenciales para los operadores de telefonía.

A pesar de estos resultados, la brecha que aún existe entre la adopción y uso efectivo de la telefonía móvil provoca un retraso significativo -además de frenar los avances en desigualdad- en la difusión de los beneficios que esto tiene en cuestiones como la productividad y prácticas sociales. Así, la telefonía móvil se muestra como un elemento clave para la mejora del bienestar económico y social de millones de personas a nivel mundial que han recibido una pequeña parte de los beneficios que la tecnología y el privilegio de comunicación traen consigo.

Se trata de un recurso limitado pero constante, no existe evidencia científica de que nuestro planeta pierda agua y la oferta del líquido en el ciclo hidrológico es en promedio la misma. La demanda en cambio, crece continuamente. Año con año aumenta la población, que requiere una mayor cantidad de alimentos, energía y satisfactores diversos. Ni la producción agrícola o industrial, ni la generación de energía son posibles sin agua. Basta señalar que, tan sólo en el siglo pasado, el uso del agua en el mundo aumentó seis veces.

Aún cuando en los últimos años la humanidad ha logrado el mayor acceso a los beneficios del agua, un desarrollo tecnológico hidráulico sin precedentes y la mitigación de sus manifestaciones más destructivas; simultáneamente se alteraron los ciclos naturales, evolucionó un patrón de consumo que compromete la sustentabilidad, se ahondaron las diferencias entre naciones, regiones y grupos sociales, y se agudizaron los conflictos nacionales e internacionales en torno a los recursos hídricos.

De acuerdo a parámetros internacionales se considera que un país tiene una baja disponibilidad de agua cuando ésta es menor a los 5,000 m3/hab/año e indica un nivel peligroso durante los periodos de escasa precipitación. Nuestro país, de contar con una disponibilidad de 11,500 m3/hab/año en 1955, bajó a 4,900 en 1999 y de seguir esta tendencia se esperan 3,500 para el 2025.

El decremento de la disponibilidad, de por sí dramático en términos promedio, se agrava cuando se considera que la población y la actividad económica se concentran en el norte y centro del País, donde la disponibilidad del agua per cápita alcanza valores cercanos a los 2,000 m3/hab/año, valor considerado internacionalmente como peligrosamente bajo. El extremo de esta crítica situación se ubica en el Valle de México, con una disponibilidad apenas de 143 m3/hab/año y cuya subsistencia depende de las transferencias de agua de otras cuencas y la sobreexplotación de sus acuíferos.

Aun cuando los ciudadanos empiezan a percibir el problema del agua como uno de los más graves e importantes del País, persisten patrones de uso y consumo del líquido no aceptables; provocando su derroche y propiciando severas condiciones de escasez y contaminación. Ante este panorama, los conceptos fundamentales que podrían mitigar la problemática actual del preciado recurso serían los siguientes:

La grave problemática del agua sólo se podrá resolver con la participación de la sociedad en su conjunto. Para ello, las tres instancias de gobierno deberán encauzar las acciones, estrategias y políticas para generar entre la población no sólo la conciencia de evitar su desperdicio en función de la escasez y costo del recurso, sino también el reconocimiento del agua como elemento estratégico del desarrollo.

Adicionalmente, los gobiernos deberán desarrollar nuevas estrategias para proveer la suficiente cantidad de agua, con la calidad que requieren los diferentes usuarios, y fomentar el reuso de aguas tratadas de forma ambiental y económicamente segura: que el agua no sea el factor limitante, sino el factor determinante del desarrollo del país.

Así mismo, al no considerarse el valor económico del agua, los intercambios del recurso entre regiones o entre sectores han provocado notables distorsiones en el necesario equilibrio entre crecimiento económico, equidad y sustentabilidad ambiental en México.

Por lo tanto resulta inaplazable lograr que se les retribuya a las cuencas cedentes el valor del agua que se extrae de su territorio para ser utilizada en otras cuencas o entidades. La extracción indiscriminada encarece la vida urbana y las actividades productivas de la cuenca cedente, situación que demanda el establecimiento de políticas y estrategias para lograr un trato justo en materia de agua.

Por último, debido a las situaciones de inequidad que se presentan en la explotación y aprovechamiento del líquido, al deterioro ambiental y a la creciente contaminación de ríos y embalses, resulta evidente que los marcos legales nacional y estatales del recurso agua están rebasados. Su urgente adecuación es impostergable al considerar que las tendencias indican que los conflictos por el agua aumentarán y se agudizarán en el futuro.

Para plasmar en realidades concretas los conceptos mencionados, resulta necesario implementar medidas de fondo en base a un nuevo marco jurídico. La Ley de Aguas Nacionales publicada el 29 de abril de 2004 no cumplió con las expectativas que generó al inicio de su vigencia, pues solo esquematiza la descentralización interna de la gestión del agua, pero limita la participación de los estados y soslaya graves problemas vigentes, a saber: la inadecuada explotación de acuíferos compartidos; el incorrecto tratamiento del trasvase entre cuencas; la ausencia de normas que obliguen al uso del agua residual tratada en algunas aplicaciones; la carencia de políticas para la recarga artificial de acuíferos; el combate al mercado negro del agua; y el cambio del uso de agua agrícola a urbana, entre otros.

La solución a la problemática descrita conlleva la necesaria reforma integral de su marco jurídico, en la actualidad compuesto tan sólo a nivel federal por 15 ordenamientos dispersos, con enfoques sectoriales operados por diversas dependencias y con escasa visión integradora y de largo alcance.

Esta dispersión de atribuciones en la materia, ocasiona: falta de coordinación institucional para planear, regular, construir y operar la infraestructura hidráulica para los diferentes usos; duplicidad de funciones con la consecuente pérdida de recursos en un medio caracterizado por su escasez; dispersión en las políticas tarifarias y el abandono de los programas de investigación, operación y construcción de infraestructura.

Sólo una sólida cultura del agua, arraigada en todos los sectores y estratos de la sociedad, hará posible la instrumentación de las medidas institucionales, jurídicas, regulatorias y operacionales, tendientes a revertir hábitos y procesos que han causado, de manera paulatina, la contaminación del líquido y el deterioro del medio ambiente.

amdb01@yahoo.com.mx

Físico investigador en UNAM y UAEM. 

Si no se dispone de información confiable acerca de cómo se ejercen los recursos con los que cuenta la educación media superior, será imposible que se puedan diseñar estrategias adecuadas y eficaces que garanticen el cumplimiento de la reforma constitucional en mención, por lo que la entrada en vigor de la obligatoriedad del bachillerato será simplemente una declaración de buenas intenciones por parte del Estado Mexicano.

Es por eso que la ASF estimó que según la tendencia poblacional proyectada por el Consejo Nacional de Población, y el número de acciones de construcción y equipamiento de aulas en los planteles escolares del país realizadas por la SEP en el periodo 2008-2010, el sistema educativo nacional solo alcanzaría hasta el 2043 una matrícula del 100% del total de jóvenes en edad de cursar la educación media superior. Esto evidentemente significaría un atraso de 22 años respecto de lo establecido en la reforma a los artículos 3 y 31 de la Carta Magna, de lograr la cobertura a más tardar en el ciclo 2021-2022.

¿DE QUÉ SE ADOLECE EN INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA?

El Informe de la Cuenta Pública 2010 realizado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF)destaca las dificultades de gestión del programa “Fondo Concursable de la Inversión en Infraestructura para Educación Media Superior”, administrado por la Secretaría de Educación Pública (SEP):

Problemas para medir los resultados del programa: la SEP no acreditó a la ASF los valores estándar sobre el costo promedio de la construcción, mantenimiento y equipamiento de la infraestructura física en educación media superior.

Problemas para la distribución de los recursos: en 28 Estados la asignación de recursos no se ajustó a la prioridad determinada mediante el índice de distribución estatal utilizado.

Problemas para monitorear los proyectos: la SEP apoyó proyectos de infraestructura física para 976 escuelas en 31 entidades federativas, de las cuales se acreditó con expedientes 453 escuelas.

Problemas de cobertura: el programa tuvo una cobertura del 23% en el ámbito nacional, al atender a 2,310 de las 10,026 escuelas en las que se prestó la educación media superior.

Problemas de planeación: la SEP no contó con el diagnóstico de la infraestructura física que sirviera de base para formular un plan de trabajo, con el fin de ampliar y modernizar la infraestructura de los planteles escolares.

Problemas de priorización: la ASF no contó con los elementos necesarios para constatar que la SEP seleccionó como beneficiarios del programa a aquellos planteles escolares con las necesidades más apremiantes.

paulo.cantillo@contorno.org.mx,

@pcantillog

Maestro en Políticas Públicas egresado del CIDE, Coordinador del área de investigación y análisis en Contorno, Centro de Prospectiva y Debate. 

FUENTE:

Auditoría Superior de la Federación (2012). Informe del resultado de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2010; México.

La situación de Pemex se encuentra en un punto crucial para los mexicanos. La producción se está desplomando en un 60% aproximadamente y las reservas se están acabando. Esto no sería un grave problema si nuestra economía no dependiera de la venta y exportación del petróleo. Dado a que existe una mayor demanda que oferta de gasolinas, México tiene que importar y los mexicanos consumir a precios altos aunque razonables por el subsidio estatal. Si bien se han logrado avances en el sector petrolero, todavía hay mucho por hacer.

La dependencia excesiva de los ingresos petroleros nos hace vulnerables como país a la volatilidad del peso y dependientes de un recurso no renovable. Pemex paga aproximadamente un 83% del valor de su venta en impuesto. Nuestra paraestatal no puede seguir siendo el sustento de la tesorería en turno y de nuestro sistema fiscal, por lo que es necesario llevar a cabo ciertas medidas.

Existen casos de empresas petroleras exitosas a nivel mundial, inclusive paraestatales como Petrobras, la cual ha logrado una mayor producción con mejores ganancias. Es difícil hacer una comparación con Pemex, pero es importante tomar en cuenta qué cosas le han funcionado a la paraestatal carioca para saber si dicho aprendizaje nos sirve de lección para impulsar el mejoramiento de este sector.

Es importante tomar en cuenta que si las cosas siguen como están para el 2015 Pemex estaría importando petróleo. Hacia el 2030 vendrá una reconfiguración en el sector energético global, ya que las propuestas de energía alternas serán más viables. ¿Pero dónde estará México para entonces? Para que México cuente con una seguridad energética, la toma de decisiones tiene que ser ahora. Y el problema debe enfocarse en cuestiones cuya relevancia van más allá de la típica retórica nacionalista y de identidad colectiva. Un plan integral sobre la reinvención de Pemex debe orientarse en virtud de los retos futuros que el sector enfrentará y no en relación a la debacle presente y la inmediatez con la que se discuten las reformas y reestructuras pendientes.

alejandraespinosamijares@gmail.com

Internacionalista egresada de la Universidad Iberoamericana. Asistente de investigación en Contorno, Centro de Prospectiva y Debate.

Asimismo, en 2010 se registraron casi 2.4 millones de viviendas particulares habitadas en el D.F., de las cuáles 46.5% contaron con automóvil o camioneta³. En general, el número de automóviles mantiene una proporción creciente con el número de habitantes de las principales ciudades del país. Únicamente en el Distrito Federal se registró una población cercana a los 9 millones de habitantes y su número de automóviles registrados en circulación ascendió a poco más de 4 millones de unidades en 2010. Lo anterior nos da una relación de 0.46 automóviles por habitante en el DF (Tabla 1).

Ninguna otra ciudad en el país tiene una densidad de autos mayor a la del Distrito Federal. En Monterrey, por ejemplo, se registraron 0.41 automóviles por habitante en el mismo año. Esto nos da una idea de la dimensión de la problemática del transporte vehicular de la Ciudad de México.

El uso generalizado del automóvil ha generado crecientes problemas de movilidad y congestión vehicular en la Ciudad de México y área metropolitana. El predominio del uso del automóvil se ha visto alentado por un sistema de transporte público deficiente, aunado a un precio subsidiado de los combustibles para el transporte.

Mientras el tiempo promedio de traslado en la Zona Metropolitana del Valle de México fue de 0:58 minutos para los usuarios del transporte público, éste se redujo a 0:41 minutos para los usuarios del transporte privado  en 2007⁴. Por su parte, el traslado en transporte público de los municipios del Estado de México al Distrito Federal tomó, en promedio, 1:29 minutos, lo que se compara con el tiempo medio de traslado en vehículo privado de 1:06 minutos. El congestionamiento vehicular, los prolongados tiempos de traslado, los retrasos al lugar de trabajo y el impacto de las emisiones vehiculares sugieren una fuerte necesidad de modernizar el sistema de transporte público de la Ciudad de México.

Por otra parte, el uso generalizado del automóvil genera una fuerte presión sobre el consumo de gasolinas mientras que las unidades para el transporte de carga demandan principalmente el consumo de diesel. Al respecto, las ventas de gasolina y diesel han mostrado un fuerte dinamismo en la última década. Las ventas nominales de gasolina en el Distrito Federal se incrementaron de 13 mil 387.4 millones de pesos a 42 mil 515.4 millones de pesos entre 2000 y 2011. Por su parte, las ventas nominales de diesel crecieron de 2 mil 909.2 millones de pesos a 10 mil 789.0 millones de pesos en el mismo período⁵. Es decir, las ventas nominales de gasolina y diesel crecieron anualmente, en promedio, 11.1% y 12.7%, respectivamente, en el período referido. En general, el consumo de gasolina en el Distrito Federal ha mostrado una dinámica más acelerada en relación al consumo de diesel durante la última década (Figura 2).

Anteriormente se ha sugerido la necesidad de eliminar los subsidios al precio de los combustibles en México⁶. Esta medida de carácter financiero por sí sola no representa una solución de conjunto al problema del transporte vehicular del área metropolitana de la Ciudad de México. Un encarecimiento relativo del uso del automóvil de carácter particular solamente crearía un pequeño incentivo para un mayor uso del transporte público⁷, dadas las condiciones actuales de éste.

Sin embargo, el efecto de liberar el precio administrado (subsidiado) de los combustibles para el transporte tendría un mayor impacto siempre y cuando se contara con una infraestructura de transporte público más eficiente, confiable y de calidad. En este contexto una pregunta obligada es: ¿cuál es el papel y la capacidad que tienen los actuales subsidios a los combustibles para refinanciar un mejor transporte público en la ciudad de México?

Al respecto, se estima que el subsidio al precio de los combustibles fue superior a 170 mil millones de pesos en 2011⁸ y de aproximadamente 51 mil millones de pesos en 2012⁹. Esto, en virtud del diferencial de precios de venta de la gasolina y el diesel en México y su correspondiente precio internacional. Para dimensionar el problema, las ventas globales de gasolinas y diesel en el DF ascendieron a 53.3 mil millones de pesos en el mismo año. Es decir, éstas representaron poco más de una décima parte (10.8%) de sus correspondientes ventas globales de gasolinas y diesel a nivel nacional, cifra que ascendió a 495.6 mil millones de pesos en 2011. En este sentido, la participación de las ventas de gasolinas y diesel del DF en las ventas nacionales sugiere la importancia que juegan los subsidios en el gasto de combustibles en la Ciudad de México.

Independientemente de la variación del monto del subsidio a los combustibles, es lógico y deseable reasignar esta partida del Estado para ampliar la capacidad y modernizar el transporte público de la Zona Metropolitana del Valle de México. Por ejemplo, el presupuesto total estimado del proyecto de construcción de la Línea 12 del Metro Tláhuac – Mixcoac y ejercido durante 2008-2012, asciende a 19 mil 800 millones de pesos. Es decir, el financiamiento de esta obra de infraestructura de transporte público representó poco más de una décima parte (11.6%) del subsidio a los combustibles en 2011.

En otra perspectiva, el Metrobús de la Ciudad de México fue posible mediante una asociación público-privada y como parte de un proyecto climático y de transporte pionero en su género. Este proyecto contó con el apoyo del  Fondo del Medio Ambiente Global (GEF por sus siglas en inglés) con un monto de 8.2 millones de dólares así como la compra de bonos de carbono de 2 millones de dólares hasta 2013¹¹. Es decir, el apoyo del GEF para el financiamiento del Metrobús fue de aproximadamente 0.111 mil millones de pesos¹², monto que representó sólo 0.07% del subsidio a los combustibles en 2011.

Estas acciones de desarrollo del transporte público sugieren una fuerte necesidad de reorientar la asignación de recursos mediante un esquema de administración pública que asegure la transparencia y la rendición de cuentas. Sin embargo, la mejora del transporte público de la Ciudad de México a través de una reasignación de recursos (es decir, vía eliminación y transferencia de subsidios), es un proceso que requiere de voluntad por parte de la administración pública, así como de consenso entre los actores sociales.

Por su parte, otros instrumentos para desincentivar el uso del automóvil a favor del transporte público comprenden:

a)      Liberar el precio de los estacionamientos, así como aplicar un impuesto adicional sobre el uso de los mismos.

b)      Regular el uso de las calles para estacionamiento en zonas estratégicas de la ciudad.

c)      Cobrar por el uso de vialidades públicas para estacionarse en zonas estratégicas.

d)     Construir estacionamientos con gran capacidad colindantes a estaciones terminales del Metro.

e)      Ampliar la infraestructura del Metro hacia afuera de la Ciudad de México.

Estas últimas medidas forman parte de la administración de la demanda del transporte. Instrumentos de tipo semejante han mostrado resultados favorables y cuantificables en otras ciudades del mundo, por ejemplo, a través del esquema de cargos a la congestión vehicular en el centro de Londres a partir de febrero de 2003¹³. Asimismo, el objetivo de política pública no se reduciría a la mejora de la eficiencia global del transporte vehicular de la Ciudad de México, sino en general para todas nuestras grandes urbes en el país.

* Doctor en Ciencias del Medio Ambiente por la Universidad de East Anglia, Reino Unido e investigador en Economía de la Energía del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP).

Referencias

1. En el mismo año, el número de automóviles registrados en circulación a nivel nacional fue de aproximadamente 21.6 millones de unidades. Es decir, el número de automóviles registrados en el DF representó casi una quinta parte (18.6%) del nacional. Datos de INEGI, Estadísticas de vehículos de motor registrados, México, 2012.

2. Para el año 2010: los datos corresponden únicamente a 24 entidades federativas y son de carácter preliminar.

3. INEGI Censo de Población y Vivienda 2010.

4. La combinación de diversos tipos de transporte parece prolongar la duración del traslado en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) y de los municipios al Distrito Federal que fue de 1:21 y 1:38 minutos, respectivamente, en 2007. La ZMVM está formada por 16 delegaciones del D.F., 58 municipios del Estado de México y uno del Estado de Hidalgo. Gaceta Oficial del Distrito Federal, 22 de marzo de 2010.

5. Secretaría de Energía, Sistema de información energética, México, 2012.

6. Véase El mito del control de precios de los combustibles en México, 24Horas/Contorno, Centro de Prospectiva y Debate, México, Diciembre 11, 2011, www.contorno.org.mx

7. En general, se ha estimado que la demanda de la gasolina es relativamente inelástica con relación a su precio. Lo anterior quiere decir que el cambio en el patrón de consumo de gasolinas sería poco sensible ante una eliminación del subsidio pero la eficiencia de liberar estos recursos resulta mayor. En la segunda mitad de la década de los 90 se encontró que la demanda de gasolina en los estados de la frontera norte de México  (Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas) era más sensible ante cambios en el precio en comparación con la demanda de la zona no fronteriza del país, Haro López, Rubén Alejandro y José Luis Ibarrola Pérez, Cálculo de la elasticidad precio de la demanda de gasolina en la zona fronteriza norte de México, Gaceta de Economía, año 6, No. 11

8. Gasolina en México es barata: SHCP, CNN Expansión, mayo 19 , 2011.

9. Baja 70% subsidio a gasolina: SHCP, La Crónica, febrero 1, 2012.

10. En el contrato para la construcción de la Línea 12 del Metro participan las empresas IC), Carso y Alstom y comprende los estudios previos de certeza y viabilidad del proyecto, la construcción de la obra civil y electromagnética, así como las pruebas y puesta en funcionamiento, Proyecto Metro, actualizado al 30 de junio de 2010, http://www.proyectometro.df.gob.mx

11. Banco Mundial: Universidad de Harvard premia proyecto Metrobús sobre transporte sostenible en Ciudad de México, Washington, noviembre 12, 2009.

12. Para la conversión de unidades monetarias se usó un tipo de cambio promedio FIX de 13.57 pesos por dólar en 2009, Estadísticas de Banco de México.

13. Central London Congestion Charging, United Kingdom, Road Traffic Technology.

Paul Krugman en su artículo “¿Qué aflige a Europa?” plantea que la Unión Europea no tenía las instituciones suficientes para la introducción de una sola moneda, la entrada del euro fomentó un sentimiento falso de seguridad entre inversionistas privados permitiendo así un flujo inmenso de capital, lo que tuvo como consecuencia un incremento en los precios que no pudo ser cubierto por las industrias dado que no eran suficientemente competitivas, lo que provocó los déficits.

El caso griego en específico se da a partir del gasto masivo y el consumismo aunado al incremento salarial, al igual que los beneficios gubernamentales que se otorgaron por formar parte de la zona euro.

Es importante tomar en cuenta que los países débiles al formar parte de la zona euro, no estaban en la posibilidad de tomar medidas presupuestarias muy estrictas debido a que era muy difícil hacerle frente a los retos internos. La falta de liquidez y de acceso a créditos hubiera afectado la productividad de los mismos. En 2008 cuando se manifestó la crisis financiera global, se hizo presente una mayor falta de liquidez que no logró el apoyo para hacerle frente a los déficits comerciales y a las deudas públicas.

Para salvar la quiebra griega, los líderes europeos han tomado ciertas medidas. En octubre de 2011, Merkel y Sarkosy idearon el rescate Bloomberg que ofrecía un plan para salvarlos de la quiebra. En diciembre del mismo año los líderes aceptaron la creación de una unión fiscal, donde la Unión Europea tuviera la posibilidad de dictaminar sobre los presupuestos nacionales.

El pasado 20 de febrero, los líderes europeos aseguraron un segundo plan para sacar a Grecia de la deuda, siempre y cuando lleve a cabo medidas profundas de austeridad y bajo condiciones estrictas. Los bancos aceptaron hacerse responsables de parte de las pérdidas y el gobierno griego va a pagar menos intereses de los préstamos.

Las medidas que han tomado los dirigentes de la Unión hacen posible la supervivencia del euro, pero eso no quita que sea un camino largo y difícil que presenta diversos retos a los distintos países. La política doméstica de cada país será crucial para el avance y crecimiento de las economías así como para la integración.

En el caso de Alemania, el paquete fue aprobado en mayoría por quienes disienten de la primer ministro, lo que representa una renuencia ante la posibilidad de seguir apoyando a los países débiles. Otro ejemplo es la reunión que se pospuso para llegar a un acuerdo sobre un posible fondo para evitar el contagio al resto de los países.

Una cuestión clave es el crecimiento de las economías europeas y a falta de éste se pueden crear tensiones políticas. Dicho crecimiento se llevará a cabo siempre y cuando se logre un mercado único y se logren liberalizar algunos sectores productivos. Un ejemplo fundamental de liberación es el sector agropecuario hoy en día altamente protegido, pero son necesarios los esfuerzos y la iniciativa política para lograrlo.

Otro reto importante a largo plazo es la diferencia que existe entre la competitividad de cada país, ya que plantea diferencias comerciales que no se pueden financiar, por ejemplo, Alemania puede invertir casi 5% de su PIB en el extranjero y Grecia debe pedir prestado casi 10 % de su PIB para pagar sus importaciones (Feldstein, Foreign Affairs). Al igual, es importante tomar en cuenta que desde el año 2000 las tasas de desempleo no habían sido tan altas. En los países que cuentan con la misma moneda, sólo en enero subió de 10.6% a 10.7% (The Economist, 1 de marzo 2012).

Hay que estar conscientes de que las medidas austeras que están planteando los países fuertes frente a los débiles, incitan el descontento social, ya que las personas no están dispuestas a que sus gobiernos hagan un menor gasto público, como ha sucedido en Grecia.

A pesar del descontento y las manifestaciones griegas, los líderes sí han aprobado programas de austeridad y reformas estructurales. Sin embargo, con las próximas elecciones en abril se abre una ventana de duda sobre la capacidad real que los próximos dirigentes tendrán para darle continuidad a estas políticas y el margen de acción frente a las presiones europeas. Dicha situación muestra la vulnerablidad de países como Grecia que seguirá representando una amenaza para los demás integrantes de la Unión.

El futuro de Europa dependerá de las reformas estructurales que logren llevar a cabo sus líderes, no sólo en cuestiones fiscales y presupuestales, sino para fomentar la productividad, la competencia y la liberalización de ciertos sectores.

Además de ello, la capacidad de los dirigentes para elaborar políticas a favor de una mayor integración que vaya de acuerdo al ánimo social y cuente con el respaldo y confianza del resto de los países. El pronóstico será favorable siempre y cuando se empujen estas reformas, se remuevan las barreras para un mercado único, se cree una resistencia fuerte al contagio y se trabaje hacia una mayor unión fiscal. Será de vital importancia el rol que en todo ello juegue la Comisión Europea, que deberá mostrar capacidad para monitorear las economías así como exigir el cumplimiento e implementación de las reformas necesarias.

* Internacionalista egresada de la Universidad Iberoamericana. Asistente de investigación en Contorno, Centro de Prospectiva y Debate.

Referencias:

Martin Feldstein, “The failure of the Euro,” Foreign Affairs, Enero-Febrero 2012

Paul Krugman, “What ails Europe?”, The New York Times, 26 de febrero 2012

R.A, “Worse and Worse”, The Economist, 1 de marzo 2012

A las 14:46 del 11 de marzo del 2011, Japón comenzó a vivir las consecuencias de un terremoto de 8.9 grados y minutos después el desencadenamiento de un tsunami a lo largo de toda la costa del Pacífico de la isla.

En forma casi inmediata, el mundo se enteró de la catástrofe. Empezaron a circular imágenes en donde se apreciaban los daños causados por el terremoto y las inundaciones, y cómo el agua arrasaba con todo.

Entre los focos de alarma se identificaron: los incendios en el complejo petroquímico de Ichikawa y se declaró una emergencia mayor para la planta nuclear de Fukushima Dai-ichi debido al fallo presentado en los sistemas de enfriamiento de los reactores con que operaba.

La emergencia en esa región duró alrededor de diez días, la crisis aun continúa, con impactos no sólo en lo local, sino que traspasan las fronteras, más allá de los aspectos técnicos y económicos.

A un año de estos sucesos es conveniente escudriñar Fukushima con un afán prospectivo, lo cual nos podría ayudar a comprender nuestra realidad y alertarnos de la interconexión de los riesgos actuales.

La primera reflexión, ¿qué sucedió con la interacción de las decisiones, acciones y omisiones de los funcionarios del gobierno japonés, los directivos de la empresa que operan la central nuclear, la clase política, los habitantes de la región, los empresarios, los gobiernos extranjeros, las comunidades de las redes sociales, en la lógica que impone la globalización?

Tres fenómenos se conjuntaron en ese momento: dos de origen natural, otro creación del hombre. Por ello vale la pena preguntar: ¿Se están tomando las previsiones necesarias para hacer frente a los fenómenos de la naturaleza? Los actuales sistemas de prevención, ¿qué tanto pueden disminuir o aumentar esos riesgos?

Acerca de los aspectos técnicos algunos resultados están a la vista. A nivel internacional el tema de la seguridad en la producción de energía nuclear aparece como preocupación considerando que esto ya había disminuido a partir de las medidas tomadas con el caso de Chernobyl.

En este sentido, ¿cabría la posibilidad de reconsiderar y analizar las ventajas y posibilidades que tiene esta fuente alternativa de energía? Conocer más sobre el trabajo que desde 1957 lleva a cabo el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), de los esfuerzos que se hacen a nivel internacional para evitar el uso inadecuado de materiales nucleares y fortalecer la cooperación en materia de seguridad nuclear, son temas que serán abordados en la próxima Cumbre de Seguridad Nuclear 2012 a celebrarse los días 26 y 27 de marzo en Seúl, Corea.

Las instalaciones dañadas fueron cerradas y con ello se avizoran cambios fundamentales en la política energética japonesa. Por lo pronto, de los 54 reactores existentes sólo dos continúan en operación para el próximo verano. La situación podría complicarse debido a que no se cuenta con recursos naturales para la producción de energía, los empresarios prevén serias dificultades para operar pero se muestran dispuestos a aportar soluciones.

Se trabaja en la limpieza nuclear de la zona, a lo largo de la costa se estima que existen alrededor de 22.5 millones de toneladas de escombros, una gran proporción de ellos radiactivos; en la reconstrucción de las zonas devastadas se invertirán aproximadamente 250 mil millones de dólares. Para el pago de las indemnizaciones el gobierno apoyará a TEPCO para resarcir los daños aunque a la larga los pagará el contribuyente.

El gobierno también deberá diseñar la estrategia y los instrumentos para resolver la crisis económica del país, el yen está altamente devaluado frente al dólar y se tiene una deuda que implica más del 220% respecto del PIB, la más alta entre los países desarrollados.

Situación política

La Fundación Iniciativa para la Reconstrucción del Japón dio a conocer los resultados y conclusiones de una investigación, financiada por empresarios, acerca de lo ocurrido.

Al revisar la actuación de los funcionarios de gobierno, se constata que hubo un gran temor por informar con veracidad sobre la situación prevaleciente, se dieron órdenes contradictorias e incluso enfrentamientos entre funcionarios y directivos de TEPCO. Asimismo, la OIEA señaló que hubo una valoración incorrecta del fenómeno natural; desconocimiento, por ambas partes, de acciones inmediatas para mitigar y resolver la crisis además de que la operadora no estaba preparada con los procedimientos, materiales y equipos necesarios para afrontar los daños que podría causar un fenómeno natural de esas dimensiones. No obstante, se reconoció que no se podría haber hecho más con el daño sufrido en los sistemas de seguridad de la central, con la intermitencia de electricidad y el poco personal disponible.

La actuación del gobierno minó severamente su credibilidad lo cual llevó a la dimisión, al final de agosto de 2011, del Primer Ministro Naoto Kan quien duró en su encargo 14 meses. En su lugar se eligió a Yoshiniko Noda, siendo el sexto en ocupar el cargo en los últimos cinco años.

La clase política japonesa está sumida en una fuerte crisis que lleva a un clima de inestabilidad. El Partido Democrático de Japón, de centro izquierda, asumió el poder en 2009 cuando en las elecciones venció al Partido Democrático Liberal (derecha), después de que éste se mantuvo en el poder 54 años. A pesar de la difícil situación que se vive hoy en día, esto no significa una tregua entre las fuerzas políticas.

A todos los niveles de gobierno se cometieron errores, las evidencias muestran que había normas obsoletas y que algunos tramos de control fueron invadidos por la corrupción, hasta el momento no hay señales para lograr un ambiente favorable a la reconciliación.

Las encuestas juegan un papel significativo. Por un lado, están aquellas que miden la gestión de Naoto Kan, 69% lo desaprobó. Y otras que miden el grado de aceptación que tiene la generación de electricidad a través de la energía nuclear, en diciembre, 57% de la población se oponía, en octubre la proporción era de 48%.

La indignación fue creciendo entre la población a medida que se daba cuenta que el gobierno perdía su liderazgo y credibilidad, se minimizó la magnitud de los daños y de los riesgos para la salud. El hartazgo ya se había expresado en las urnas cinco años atrás, pero esa sensación de nueva cuenta invadía a la población, el gobierno mentía, las empresas eléctricas callaban, los medios de comunicación locales informaban poco y los internacionales evidenciaron los errores gubernamentales. Los ciudadanos se fueron organizando y se tejió una amplia red de participación social.

Los vacíos de información se fueron llenando a través de las redes sociales y los mensajes de texto vía en teléfonos celulares. La alarma del tsunami no logró escucharse debido a que la red eléctrica en diversas zonas se cayó, pero alrededor del mundo se vieron imágenes transmitidas satelitalmente o a través de la fibra óptica. Se hizo evidente la rapidez con que la información va de un lado a otro y los espacios no ocupados por las comunicaciones oficiales se fueron llenando de rumores y especulaciones que fueron edificando la realidad.

Las autoridades se mostraron muy cautelosas ante la posibilidad de crear situaciones de pánico pero perdieron la oportunidad de informar de manera veraz y honesta sobre los límites y alcances de su actuación. Hizo falta dar información técnica y científicamente precisa por parte de expertos reconocidos, señalar con la mayor precisión los posibles riesgos dejando ver que la responsabilidad en ese momento no únicamente era del gobierno sino de la sociedad en conjunto.

Los empresarios japoneses fueron sorteando la adversidad y procuraron soluciones para responder a las limitaciones de las comunicaciones para el suministro de bienes. Al tiempo de evitar los peligros de la contaminación de productos, se actuó en la mayoría de los casos de manera responsable y destaca su interés por conocer a fondo las causas del desastre. A un año, mantienen disposición para lograr mejores consumos de energía y restablecer las cadenas de suministro a la brevedad.

Reactores mundiales

A nivel mundial, 13.5% de la energía eléctrica se produce mediante 436 reactores, distribuidos en 30 naciones. A un año de los sucesos de Fukushima no hay cambios sustanciales en las políticas energéticas de esos países. Únicamente en Alemania, la canciller Angela Merkel, como parte de su estrategia electoral, anunció en mayo del año pasado que se desactivaría en ese país la última planta al inicio de la década 2020. En Italia se votó en contra de la energía nuclear, en oposición a lo propuesto por el gobierno de Silvio Berlusconi. En cambio, Francia y Estados Unidos mantienen firme su postura y buscan nuevas alternativas para dar mayor seguridad a las instalaciones como lo indica el lanzamiento del nuevo reactor AP1000, de Westinghouse-Toshiba que resuelve el problema de refrigeración hasta por 72 horas, una nueva tecnología con mayores posibilidades.

En el debate de la energía nuclear cabe destacar el papel que juega internacionalmente Greenpeace, quien asume una posición muy crítica sobre éste y otros temas relacionados con la protección del medio ambiente y el fomento de la paz.

Fukushima Dai-ichi proporciona muchos elementos para la reflexión sobre la complejidad y el entramado que representan los riesgos que actualmente vivimos. Fuimos testigos de cómo se presentaron fallas en los sistemas críticos, los alcances que tuvo una destrucción geofísica sin precedentes, las ventajas y desventajas de la conectividad y las redes sociales, de los temores y crisis gubernamentales, del fortalecimiento de la sociedad civil, la necesidad de crear mejores condiciones de gobernabilidad y gobernanza, lo cual obliga a replantear nuestras formas de pensar y actuar en este nuevo siglo.

* Maestro en Administración Pública dedicado al Análisis de Políticas Públicas. sergioaquiles@gmail.com

TEPCO

Fukushima es una de las 47 prefecturas de Japón ubicada al noroeste de la isla, en esta región se encuentra la localidad de Ōkuma, a unos 250 km al norte de Tokio y con una población estimada en 2010 de poco más de 11 mil habitantes distribuidos en 78.70 km².

Allí se instaló, en una superficie de 3.5 km², la planta nuclear Fukushima Dai-ichi (Uno en japonés) diseñada por la compañía General Electric, construida en 1966 y que comenzó a operar por la Tokio Electric Power Company (TEPCO) en noviembre de 1970.

Por sus características, seis reactores de agua en ebullición (BWR) con una potencia combinada de 4,7 GW era considerada como una de las plantas nucleares más importantes del mundo.

Frente a este escenario, el gobierno federal ha manifestado claramente su interés por ampliar su capacidad nuclear como una opción para diversificar su oferta energética; sin embargo, al día de hoy no existe un programa nuclear como tal, sino sólo declaraciones de funcionarios federales y la mención del tema en algunos documentos oficiales en materia energética, en particular en las estrategias anuales de energía.

La Secretaría de Energía (Sener) reporta que la capacidad instalada de generación de energía nuclear se ha mantenido constante desde el 2006, lo que equivale a 10% de la capacidad de generación a partir de tecnologías limpias (Sener, 2012), y 5% de la generación eléctrica del país (Gómez, 2009). Según el investigador Jorge Villarreal, México requiere diversificar su oferta energética para disminuir su dependencia del petróleo, ya que 91% de la producción de energía proviene de este recurso y las reservas están decreciendo de forma importante (23% tan sólo de 2000 a 2008).

Esto hace que los yacimientos existentes no garanticen la continuidad en el abasto por las limitadas capacidades de extracción y la baja de restitución, más aún cuando el consumo de energía en el país sigue creciendo a una tasa promedio de 2.6% anual. Además, el desarrollo de nuevas alternativas energéticas se hace necesario cuando se revisa que el país se comprometió en la Conferencia Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático a disminuir sus emisiones de gases de efecto invernadero en 50% para el 2050, por lo que para continuar con la oferta energética, la producción de electricidad tendrá que ser cada vez menos petrolera (Velázquez, 2011).

Metas del gobierno federal

La Estrategia Nacional de Energía 2012-2026 (ENE), marca incrementar la participación de las fuentes no fósiles en la generación de electricidad a 35% en el país hacia el final del período mencionado. Para alcanzar dicha meta, la ENE establece varios escenarios prospectivos con distintos tipos de tecnología, en dos de ellos se incluye el uso de la energía nuclear. En el primer escenario, la Sener destaca que se incorporaría la máxima capacidad instalada para cubrir la demanda máxima con tecnología de 7 u 8 centrales nucleoeléctricas, con una capacidad de generación de 1,400 MegaWatts cada una. Esto permitiría que al 2026, del 35% de generación de energía no fósil, 18% correspondan a fuentes nucleares.

En el segundo escenario, se combinaría la energía nuclear con la eólica, donde en lugar de establecer entre 7 y 8 centrales nucleares, nada más se instalarían dos con capacidad también de 1,400 MW cada una (ubicadas en Laguna Verde) y el resto se cubriría con 209 granjas eólicas de 100MW cada una. Con este escenario, la participación de la energía nuclear dentro de la meta a 2026 sería sólo 6.6% del total de generación de energía desde fuentes no fósiles.

Comentarios

La Sener reconoce que el elevado costo de algunas tecnologías no fósiles (en particular la energía nuclear) impacta negativamente en la evaluación económica y planeación del sector eléctrico, ya que la selección de tecnologías para generación de electricidad es resultado de la valoración de menor costo de tecnologías probadas y económicamente viables. Por ello, las principales barreras para el desarrollo de estas tecnologías están relacionadas con la rentabilidad económica y social de las inversiones en este ramo.

En el caso particular de una planta nuclear, el principal problema que tiene el país es que sus costos son muy altos, sobretodo en la etapa de construcción, ya que la inversión inicial es dos veces mayor que generar el equivalente en energía eólica y su tiempo de construcción es 8 veces más que el tipo mencionado. Lo anterior es lo que hace pensar que la energía nuclear no tendrá un desarrollo en el corto y mediano plazo en el país, aunado a las protestas de grupos ambientalistas que ven en este tipo de energías altos potenciales de riesgo para el medio ambiente en caso de desastres naturales.

Es por eso que, a pesar de las buenas intenciones, la planificación de energía nuclear en el país prácticamente no existe. Y aunque por más que esté escrito en documentos oficiales, no hay ningún instrumento normativo que asegure el financiamiento presente o futuro para la construcción de plantas nucleares.

* Maestro en Políticas Públicas egresado del CIDE, Coordinador del área de investigación y análisis en Contorno, Centro de Prospectiva y Debate. paulo.cantillo@contorno.org.mx, @pcantillog

REFERENCIAS

Gómez, Azucena (2009). Introducción Central Nuclear Laguna Verde. Comisión Federal de Electricidad, México.

Secretaría de Energía (2011). Estrategia Nacional de Energía 2012-2026, México.

Villarreal, Jorge (2011). Energía Nuclear en México. Fundación Heinrich Böll Stiftung, México.

Se escucha la propaganda del IFE, callan los partidos, los aspirantes y quienes librarán la batalla electoral esperan ansiosos el momento en el que saldrán a pedir el voto. Lo harán a través de la imagen, apoyándose en la estructura, movilizando simpatizantes y, cuestión no menor, a través de su discurso.

En la esfera de la política el discurso tiene una clara intención: convencer a otros para que tomen decisiones, para que se decidan a favor de cierto candidato o partido, para comunicar un tema en particular que puede suponer el común acuerdo entre quién emite el mensaje y aquellos que escuchan y comparten su punto de vista.

Para que un discurso cumpla con su intención, éste debe mover, llevar a la acción. La palabra no es sólo un decir, sino un hacer. A través de ella puede incidirse en la realidad y transformar algo de ella. El discurso político en general articula una agenda estratégica y estructura el mensaje, escoge los vehículos, distribuye y disemina su sentido. A nadie nos habrá pasado desapercibida la manera en la que, hace no mucho tiempo, las ciudades se empezaron a inundar de estos mensajes que pretenden generar una empatía con los ciudadanos que se encuentran con ellos.

Las maneras en las que se aparecen ante nosotros son de lo más diversas: espectaculares, anuncios de radio, mensajes televisados, entrevistas, mesas de opinión, presentaciones de libros, tuits, posts de facebook, videos en You Tube, pancartas, grafittis, instalaciones, flyers, mensajes a viva voz, eventos, gorras, plumas, encendedores, playeras, y así, un sin fin de ideas “creativas” a través de las cuales se pretende posicionar un mensaje con la intención de mover a una acción específica, en el contexto del próximo julio, al voto.

Tribus enteras salen a la cacería de la atención de ciudadanos indiferentes. Buscan mover los intereses, identificarse, coincidir en un espacio público atravesado cada vez más por lo privado y penetrando en una esfera privada cada vez más inundada por lo público. Se adelgazan los umbrales de estos espacios que otrora lograron definir claramente el mundo de la política: El espacio del quehacer público.

Hoy en día, la capacidad de penetración de los mensajes publicitarios y propagandísticos se ha lanzado a una conquista del espacio significativo, el área del sentido. Y en contra de la expectativa de estrategas, publicistas, creativos y diseñadores, los ciudadanos comienzan a reaccionar ante esta colonización de forma negativa. Un hastío se levanta cual sombra sobre todo el escenario y lo mueve lentamente.

Todo proceso de colonización supone uno de barbarie. Las estrategias publicitarias y los vehículos a través de los cuales se difunden los mensajes no han logrado sólo la colonización del espacio público y la invasión de la intimidad, sino que han contaminado (literalmente) ese espacio, lo han saturado, asfixiado.

No sorprenden movimientos ciudadanos recientes que han apostado por desmontar algunos anuncios o pancartas que estén fuera de la reglamentación electoral. Es de esperar que surja una reflexión sobre las implicaciones en términos ambientales que tiene esta forma de hacer política, de imponer (más que comunicar) un mensaje.

En estos días de difusión, todos son nuestros amigos, están con nosotros, promueven ciudadanos, ofrecen multitud de beneficios, proclaman la unidad, solidaridad, hermandad, amor, confianza y un largo etcétera conformado de buenas intenciones.

Un mensaje que lejos de mover, empieza a mostrar su oscura faceta: desincentivar la acción, o quizás aún más, incentivar acciones en contra de las intenciones originales de dicho mensaje. Las vetustas formas del quehacer político dejan ver sus consecuencias perversas: el hartazgo de la política es una cuestión que se incentiva desde dentro. Se promueve, se legitima, se autojustifica. Quizás no durará mucho tiempo más y esperamos ansiosos el día en que se cuestione cada vez con mayor conciencia la viabilidad, sentido y función de dichas estrategias.

Es corresponsabilidad de ciudadanos, políticos y estrategas reinventar la forma de la comunicación en un mundo cuyos medios y plataformas se han transformado radicalmente. Nuestra es también la responsabilidad de impedir el vaciamiento del mensaje, el desmantelamiento de la fuerza confiada desde antaño en la palabra. El mensaje ha devenido eslogan y el discurso, fondo de reverberación vacío al que se arrojan un sin fin de promesas. Se sigue apostando a la ingenuidad de una ciudadanía que ya no lo es tanto.

* Filósofo, director general de Contorno, Centro de Prospectiva y Debate.

oem79@hotmail.com @oem79

La Fundación Bill & Melinda Gates, considerada como la organización filantrópica más grande del mundo, ha decidido este año atraer la atención hacia el problema del hambre y desnutrición visto desde la perspectiva de la agricultura. De esta forma, su objetivo se enfoca en incentivar la innovación en un área donde la oportunidad de obtener ganancias es menor, pero donde el impacto sobre la población más vulnerable del mundo sería absolutamente crucial.

La Revolución Verde fueron una serie de iniciativas que ocurrieron alrededor de 1960, que marcaron un hito en la producción de alimentos y sus efectos en el problema del hambre mundial, debido a que provocaron un aumento en la producción agrícola. Ocurrió también una caída en los precios, lo que pudo salvar la vida de más de mil millones de personas a causa de la hambruna. Esto fue posible debido a que se logró producir nuevas variedades de arroz, maíz y trigo que fueron más resistentes y con mayor productividad.

No obstante, en la actualidad, a pesar de que la tecnología se muestra a nuestro favor, ha habido una disminución en el apoyo de los países que proporcionan ayuda humanitaria especialmente a la agricultura, lo cual impide que se haga un uso productivo de la tecnología en el ámbito. Así, la ayuda a la agricultura proveniente de países ricos disminuyó de 17% en 1987 a 4% para 2006.

Cada año a nivel mundial se invierten tres mil millones de dólares en investigación agrícola en los siete cultivos más importantes del mundo; sin embargo, sólo 300 millones se dedican a las necesidades específicas de los agricultores más pobres, ya que 1.5 mil millones de dólares son gastos hechos por los países para atender otras necesidades, mientras que el sector privado aporta los 1.2 mil millones restantes.

Ante esta situación, el Foro Económico Mundial sugiere abordar el problema desde una perspectiva de negocios, donde las partes interesadas tengan los incentivos para innovar y asumir riesgos y que además estén dispuestos a invertir en el crecimiento. De esta forma, su iniciativa llamada Una nueva visión para la agricultura tiene el objetivo de lograr, de forma simultánea, estimular el crecimiento económico, mejorar la seguridad alimentaria global y mejorar la sustentabilidad ambiental utilizando un enfoque de mercado.

Aumentar la investigación en el desarrollo de mejores cultivos no sólo es importante para mejorar su productividad, sino también para incrementar su resistencia ante los efectos que el cambio climático comienza a tener sobre ellos. Las inundaciones, sequías y el número creciente de nuevas y más resistentes plagas provocan que sus efectos sean devastadores sobre la agricultura. No obstante, los casos de éxito son múltiples.

Las inundaciones de los campos en India y Bangladesh solían provocar que los campesinos se quedaran sin alimentos, tanto para autoconsumo como para comerciar, durante todo el año. A partir de estas experiencias se desarrolló un nuevo tipo de arroz llamado Swarna-Sub1, el cual es más productivo y resiste los efectos de dichas inundaciones. Este nuevo avance provocó que se pasara de la pérdida de 4 millones de toneladas de arroz cada año, a lograr abastecer el consumo de los campesinos de la región y además alimentar a más de 30 millones de personas, a través del comercio, con esta nueva e innovadora variedad de arroz.

Fomentar el uso de la biotecnología en la investigación es totalmente necesario, pero también lo es el comenzar a aplicar estrategias más elementales como sembrar cultivos con mayor productividad en cada país. A pesar de que esta práctica puede resultar costosa, existen múltiples ejemplos de casos que han logrado implementarla con éxito. Uno de ellos es Marruecos, que cambió sus cosechas de trigo por cosechas más productivas para sus tierras irrigables. Para conseguir esto se llevó a cabo una estrategia conjunta entre el gobierno y el sector privado, donde éste se encargó de financiar la transformación de los agricultores más ricos, mientras que el segundo otorgó privilegios específicos a dichos agricultores a cambio de su compromiso de ayudar a los pequeños agricultores de la zona en su transición a este nuevo tipo de cultivos.

La simbiosis y continuidad que debe existir en el tema de la agricultura, con áreas como la infraestructura y otras políticas públicas, resulta fundamental para utilizarla como un propulsor de otros objetivos que van desde la nutrición y enfermedades, hasta el uso de la tierra, la biodiversidad, energía, mejoramiento de los medios de transporte, agua y el empoderamiento de la mujer.

* Egresada de Economía de la Universidad Iberoamericana. Asistente de Investigación en Contorno, Centro de Prospectiva y Debate. gs_godoy@hotmail.com

Fuentes

Carta anual de Bill Gates, 2012. Bill & Melinda Gates Foundation.

Putting the New Vision for Agriculture into Action: A Transformation is Happening. World Economic Forum. Febrero 2012.

Los bancos, por lo general, han desconocido tanto las críticas de expertos en el sentido de que han operado de forma “criminal” como señalan las protestas de los indignados. Cierto es que los bancos no sólo tienen muy pocos incentivos para cambiar su forma de operar sino que, en el fondo, no quieren afectar su rentabilidad. En contraste, la gente sí tiene todos los incentivos racionales y económicos para realizar un cambio radical. Hay evidencia de sobra de que vivimos en un mundo que tiende a ser más globalizado y más riesgoso financieramente.

En distintos países (España e Inglaterra, por mencionar algunos) los gobiernos reformulan y encarecen sus esquemas de pensiones. Todos estos factores deberían incitar un fuerte instinto para pensar seriamente en la supervivencia económica. No obstante, algunos estudios señalan que no se observa la correspondiente respuesta adaptativa en la sociedad, en particular, predomina un amplio analfabetismo financiero.

La alfabetización financiera se puede definir como “la habilidad de realizar juicios informados y tomar decisiones efectivas respecto al uso y manejo del dinero” (The Social Research Centre, 2008).

Desde esta perspectiva, las mujeres y los jóvenes entre 18 y 25 años de edad tienden a mostrar muy bajos niveles de alfabetismo en comparación con otros grupos sociales en países de la OCDE. Varios de estos países, aun con las pocas encuestas nacionales aplicadas, señalan que mujeres y jóvenes tienden a tener mayor necesidad de aprender el ABC de las finanzas (International Gateway for Financial Education). Por ejemplo, en Inglaterra, sólo la mitad de los encuestados fueron capaces de planear para el futuro y, entre más jóvenes eran, más disminuía dicha capacidad. Además, mujeres y jóvenes obtuvieron resultados muy pobres en un test sobre la comprensión de un estado de cuenta bancario (lo que implicaría cierta temeridad en estos encuestados ya que estarían depositando el manejo de sus cuentas y recursos en varios de los defraudadores bancarios del pasado).

La necesidad de educarse financieramente surge además de adversidades específicas que experimentan mujeres y jóvenes. Por ejemplo, en el caso de las mujeres, el Banco Mundial reiteró en su Informe sobre Desarrollo Mundial 2012, que las mujeres, independientemente del país en donde vivan, tienen ingresos inferiores a los de los hombres, y que esto es especialmente notorio en los países con economías más pobres.

El mismo informe revela que si bien existe crecimiento económico en los países, éste no necesariamente beneficia a hombres y mujeres por igual (en México las mujeres ganan 20% menos que los hombres). Condiciones similares afectan a los jóvenes, se avanza en la recuperación económica global desde el inicio de la crisis en 2007, pero el desempleo juvenil está empeorando según el reporte de la OCDE titulado Invertir en la juventud para enfrentar la crisis del empleo. Concretamente en México, el desempleo entre los jóvenes en 2010 fue de 9.5%, según la OCDE (esta cifra creció alrededor de 50% desde el año 2000). Esto significa que aunque pueda haber crecimiento económico, mujeres y jóvenes tienden a estar en desventaja respecto a la sociedad en general.

A pesar de este panorama, son pocos los estudios recientes sobre el nivel de alfabetismo financiero en México. Uno de los indicios quizás más reveladores y paradójicos los proporciona el Instituto Nacional de las Mujeres. En el último diagnóstico de este Instituto respecto a la situación de las mujeres empresarias, se reveló que la mayoría de las encuestadas no cuenta con la preparación financiera necesaria. Por otro lado, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) había señalado ya en 2008 que más de 70 millones de mexicanos necesitaban alfabetización financiera, entre los cuales 24 millones eran amas de casa y 41 millones eran niños y jóvenes. Considerando que México tiene una población joven muy extensa y que tiene una relación cercana con Wall Street (geográfica y económica), una pregunta clave es: actualmente, ¿qué tan grande y riesgoso pudiera ser el analfabetismo financiero en nuestro país?

* Doctora en Política Social, Universidad de Birmingham, Inglaterra. tgg775@yahoo.com

Como ejemplos de los tópicos abordados se tienen:

1)     Manejo del dinero. Si se lleva un registro de los gastos, si uno se ha quedado sin dinero en los últimos 12 meses y las acciones que se tomaron para solventar el problema.

2)     Metas financieras a corto y largo plazo. Si se vive al día, sin preocuparse del mañana, y si se han fijado metas financieras para el largo plazo.

3)     Conocimiento y elección de productos financieros. Si se ha escuchado y usado diversos productos financieros (fondos de retiro y pensiones, microfinanciamientos, etc.)

En relación a México, en diciembre del año pasado se aplicó la primera Encuesta Nacional de Inclusión Financiera a través del INEGI. Convendría que, no obstante que es considerada una “prueba de campo”, se pudieran conocer públicamente sus resultados para tener más indicadores de lo que, seguramente, es una realidad compleja en el país. Sin olvidar que varias entidades públicas como la Condusef están realizando esfuerzos por mejorar la educación financiera. Además, hay razones para suponer que dichos esfuerzos encaran dificultades importantes.

Desinformación

Irónicamente, podríamos decir que las personas sabemos mucho sobre finanzas, pero que este “saber” es más bien un disparate. Algunas de las razones por las que la gente se mantiene desinformada financieramente, han sido expuestas por académicos como Oren Bar-Gill y Elizabeth Warren, quienes en 2008 indagaron respecto de la información que la gente manejaba sobre las tarjetas de crédito, lo cual nos ayuda a entender la problemática. Entre sus hallazgos: la gente no busca informarse porque simplemente no sabe que lo necesita.

También puede suceder que las personas, a pesar de estar conscientes de estar desinformadas, pueden creer erróneamente que la información que ignoran es trivial e irrelevante como para molestarse en adquirirla. También, la gente admite estar desinformada pero no busca la información necesaria porque piensa que ésta no está disponible, o que el costo de adquirirla no es razonable.

Además de las razones mencionadas, yo agregaría que mucha gente sigue creyendo que los temas financieros son para los profesionales y el gobierno. Asociado a ello, se cree que el gobierno actuará adecuadamente para proteger al ciudadano promedio y que protegerá especialmente a los más vulnerables. O bien, se cree que la gran mayoría de las instituciones financieras tienen, en esencia, fines sociales promotores del bienestar.

Estas dos últimas razones no son ocurrencias silvestres, hay estudios que señalan que existe un cambio paradigmático: el bienestar económico del individuo ya no puede depositarse únicamente en los sistemas financieros, la gente tiene ante sí la responsabilidad ineludible de informarse y estar alerta.

Por último, veo otras dos creencias “confort”, cuando uno se sabe más bien analfabeto, nos da por imitar a las masas porque brindan la falsa seguridad de que, estando todos juntitos, no podríamos acabar pensando ineficientemente. Finalmente, uno puede pensar que la ignorancia que uno tiene es más bien benigna dado que “gestiona” confortablemente los problemas potenciales.

Volviendo al caso de las mujeres y jóvenes, virtualmente todas las razones anteriormente descritas ayudarían a explicar la falta de información financiera. Los jóvenes tienden a no identificar claramente los riesgos y a no reflexionar mucho sobre sus primeras experiencias, por ejemplo, con las tarjetas de crédito. Además, la Condusef señala que el tema de planear para el futuro no está presente en los jóvenes.

Entonces, parte de esta impetuosidad juvenil (aunada al consumismo extenso en nuestra cultura) influye para que muchos desprecien el manejo inteligente del dinero, en lo particular del hábito del ahorro a largo plazo. También ellos son generalmente dependientes de los padres y de los profesores y, por lo tanto, podrían tener más tendencia a confiar que los otros los van a prevenir, educar y proteger de los riesgos financieros. En lo que respecta a las mujeres, la dependencia financiera por dedicación exclusiva al hogar, la dependencia en otros para educarse financieramente, conjuntamente con el consumismo extenso también influyen en sus reflexiones sobre el tipo de manejo que le dan al dinero y el interés por adquirir información financiera.

Preparación

Debido a la complejidad del mundo financiero, aprender es una tarea compleja (incluso para los profesionales en la materia) y, por lo tanto, los esfuerzos por auto-alfabetizarse no siempre resultarán sencillos y fructuosos. Sin embargo, existe casi un consenso entre académicos de que la desinformación financiera de la gente es conocida y utilizada frecuentemente por las corporaciones, que visten atractivamente sus productos buscando el máximo de ganancia explotando la desventaja informativa del consumidor.

Recordemos que el Banco Mundial describió un repertorio de incertidumbres y riesgos económicos en su reciente reporte Prospectivas Globales Económicas y por ello pide a los países en vías de desarrollo literalmente “prepararse para lo peor”. Además, el Fondo Monetario Internacional dijo que la economía mundial todavía no sale de la zona de peligro.

Sin ahondar en el tono catastrófico, la propuesta es que, aun cuando educarse financieramente sea difícil, costoso y no sea en automático la solución a todos los problemas, todos requerimos hacer esta tarea, particularmente los jóvenes y las mujeres (diversas universidades como la UNAM ofrecen cursos, varias instituciones como la Condusef y la SHCP ofrecen materiales didácticos). Lo que han mostrado los movimientos occupy o indignados, así como todos aquellos movimientos con causas femeniles, es que existe la determinación para reinventarnos y tratar de cambiar las cosas que nos afectan. En todo caso, como dijo el escritor Isaac Asimov, “si el conocimiento crea problemas, no es a través de la ignorancia que podamos resolverlos”.

Tania Guadalupe García Chávez. tgg775@yahoo.com

Tal es el caso de México, que se ha subido al tren para proteger al medio ambiente y cambiar ciertas prácticas a favor de un mundo más verde, pero que sin embargo tiene aún mucho por hacer en la integración de esta lucha a las políticas nacionales y sectoriales en pro de un crecimiento sustentable.

Si bien las acciones que México ha emprendido para hacer de sus políticas unas políticas ecológicamente amigables han sido cuantiosas, es necesario que el gobierno enfoque sus esfuerzos en fomentar instrumentos que modifiquen la forma en que operan sus instituciones. En este sentido, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos propone en un informe publicado a principios del año (Perspectivas OCDE: México, Reformas para el Cambio) algunas recomendaciones a seguir que pueden ayudar al país a emparejar su crecimiento con la necesidad de proteger al planeta. Estas recomendaciones son: llevar a cabo un análisis y revisión con enfoque medioambiental de los instrumentos fiscales, tratando de lograr la eliminación de los subsidios perjudiciales en este sentido; reflexionar sobre la posibilidad de cobrar impuestos sobre las emisiones de gases de efecto invernadero; tomar medidas como son el cobro del agua o de los servicios de saneamiento y las tasas de acceso a zonas protegidas; fortalecer la aplicación y cumplimiento de la ley en materia ambiental y mejorar el tratamiento de aguas residuales, materia en la cual México presenta un retraso importante.

Así también, México debe mejorar sus políticas sectoriales a través de la inclusión de herramientas especiales con una perspectiva a favor del medio ambiente, logrando así coherencia entre los distintos sectores, sobre todo en lo que se refiere a la agricultura, la energía y el transporte.

Específicamente en el sector energético, es importante que se logre una mayor eficacia, especialmente en las industrias estatales de electricidad y petróleo. Dos políticas propias de este sector que deberían atenderse especialmente, al ser muy importantes para el papel que juega México en la lucha contra el cambio climático, son la eliminación de subsidios a la energía y la posibilidad de evolucionar hacia el establecimiento de precios a las emisiones de carbono.

En otro rubro, México tiene una ventaja competitiva importante por la gran diversidad biológica que existe en el país, es por esto que es de extrema importancia que se fortalezcan las políticas que la promueven y apoyan, sobre todo en lo que se refiere al cumplimiento de la ley (protección contra la explotación ilegal de los bosques y el tráfico de especies).

Aunque estas son algunas de las políticas cuya implementación es esencial para el adecuado funcionamiento de nuestros ecosistemas y la interacción que tendremos nosotros y futuras generaciones con el medio ambiente, es importante que a la par de estas reflexiones, logremos a nivel individual seguir el cauce que se ha abierto a favor de un mundo más verde. Recomendaciones como éstas y prácticas más sustentables que unifiquen el actuar individual con el del gobierno y la política internacional, suponen un enfoque integral y sostenible, necesario para combatir los retos que nos aguardan en materia ambiental.

Jimena Espinosa Mijares

Fuente: http://www.oecd.org/dataoecd/35/8/49363879.pdf

Esta problemática, que nos atañe a todos por igual, fue ilustrada recientemente en un documento publicado por la Organización de las Naciones Unidas llamado La gran transformación basada en tecnologías ecológicas. Dicho reporte presenta en primer lugar un panorama del medio ambiente a nivel mundial, con los eventos y acciones que lo han marcado, y en segundo lugar, las propuestas que pueden lograr desviar las tendencias y dirigirlas hacia un mundo más verde. A continuación se presentan los resultados más importantes de esa investigación, así como el mensaje propositivo, en el cual está basada la premisa de una revolución ecológica a favor de un futuro sustentable.

El panorama actual de nuestro planeta supone retos importantes en términos ecológicos por varias razones. Por un lado, los patrones de crecimiento de la economía y de la población, así como los cambios en la producción, resultado de una revolución industrial que trajo aumentos considerables y exponenciales en la actividad humana, han rebasado el desarrollo de prácticas sustentables y han significado altos costos ambientales que han desembocado en una crisis. Por el otro lado, aún dados estos cambios, siguen existiendo en el mundo altos niveles de pobreza que deben ser eliminados, para lo cual es necesario un importante crecimiento económico. De ahí que el reto a nivel internacional sea conjugar un ritmo de crecimiento que ayude a combatir la pobreza y las desigualdades entre países y que este desarrollo no se dé en detrimento de nuestro planeta.

El crecimiento de la población y de la producción, y por consecuencia el aumento del uso de recursos y de desechos, han provocado un desbalance en la economía cuyas consecuencias van desde impactos adversos en la calidad de la tierra e inseguridad alimentaria, hasta catástrofes repentinas y desestabilización de ecosistemas, resultando en un agravio de la vulnerabilidad humana, especialmente para aquellos que viven en zonas o condiciones de riesgo.

Dado que el panorama pareciera oscuro, la pregunta relevante es ¿qué se puede hacer al respecto? Como respuesta, el informe propone un desarrollo sustentable en el cual se logre que se persigan tres metas conjuntas: desarrollo económico, desarrollo social y protección ambiental; a la par de una economía verde que promueva la equidad intergeneracional y basada en la presunción de que los beneficios de invertir en la sustentabilidad ambiental superan los costos de no hacerlo.

Producto de esta filosofía, se podría alcanzar un crecimiento equitativo que contribuya a la disminución de la pobreza y se encuentre dentro de los límites ambientales. Sin embargo, tal crecimiento requiere a su vez de una transformación estructural que proponga nuevas actividades y políticas sectoriales distintas, que promuevan sectores con ventajas competitivas. Dicha transformación estructural podría iniciarse con una revisión tecnológica fundamental y cambios en los procesos de producción y consumo, cuyos objetivos sean: la reducción en los requerimientos de recursos y energía, el uso de recursos renovables y biodegradables, la reducción de desechos o residuos y la protección de la biodiversidad y los ecosistemas.

La transformación basada en tecnologías ecológicas propuesta por la ONU tendrá que revertir los impactos no deseados de las revoluciones tecnológicas pasadas y, a la vez, preservar y mejorar los alcances positivos que éstas han tenido.

Dicha acción tendrá también que suceder en un periodo de tiempo más corto, dada la urgencia de actuar al respecto; otorgar un rol más central a los gobiernos para su impulso y lograr una mayor cooperación internacional que identifique el crecimiento de los países en desarrollo como un reto y una oportunidad. De la misma forma, será necesario que sucedan transformaciones sociales de patrones de asentamiento, transportación y consumo, así como cambios en las valoraciones sociales que otorguen un mayor valor al medio ambiente.

Esta revolución tecnológica deberá también hacer hincapié en lograr una seguridad alimentaria sostenible en donde el reto principal sea la agricultura a pequeña escala y que pueda también representar una solución a largo plazo para el hambre, la desnutrición, la volatilidad de los precios de los alimentos y la protección del ambiente. Esto supone un cambio radical de las políticas actuales que incluya el fortalecimiento de los sistemas de innovación y el aumento de recursos para el desarrollo de la agricultura y manejo sustentable de recursos.

La estrategia deberá perseguir también la eliminación de las desproporciones que existen en el nivel de los daños causados por los fenómenos naturales, logrando la inclusión de la gestión de los riesgos de desastre a las estrategias de desarrollo nacionales.

Por último, será también condición indispensable consolidar tanto la trasferencia tecnológica entre países, como la cooperación internacional en este ámbito. Algunas medidas para lograr esto son: volver más ecológicas las normas comerciales multilaterales y la financiación internacional, promover actividades económicas basadas en tecnologías verdes por igual en todos los países -fomentando un aumento en las tasas de inversión en este tipo de tecnologías especialmente en los países en desarrollo- conceder más flexibilidad a los países en desarrollo en relación con la dirección de sus políticas industriales y la creación de un régimen público global de transferencia tecnológica y de redes de investigación y aplicación tecnológica.

* Economista egresada de la Universidad Iberoamericana.

jimenaespinosam@gmail.com

Los principales retos para el desarrollo urbano son, sin duda, el tener mayor vivienda digna, mejor infraestructura y contar con servicios urbanos de calidad mundial que permitan incrementar la eficiencia del funcionamiento cotidiano de las ciudades y que generen empleos estables de calidad.

Para un especialista en urbanismo como Luis Castro y Castro, la planeación urbana en México se ha caracterizado por la desvinculación entre la forma de vivir, la gobernabilidad y el desarrollo económico, lo que ha incidido en que no se mejore la calidad de vida de sus habitantes. Es por eso que sostiene que es necesario desarrollar un nuevo modelo de ciudades: pasar del enfoque de reducir la pobreza con medidas paternalistas, al enfoque de generar empleos en las ciudades; pasar del énfasis en disminuir las deficiencias sociales, al énfasis en la competitividad y la inversión local; pasar de la visión del espacio económico como algo solamente físico para ubicar el desarrollo industrial, al del espacio económico que apoya a la ciudad como unidad productiva en varias ramas económicas.

El nuevo paradigma

Para Jaime Luna Traill, otro analista en cuestiones urbanas, la planeación en esta área al 2035 debe tener tres grandes apartados, que se describen a continuación.

El primero es el ordenamiento del territorio, para que sea una política macro a nivel nacional el desconcentrar el Valle de México, que permita generar algunos desarrollos importantes en las regiones básicas que tiene el país y que por sus condiciones darán lugar a algunas zonas de desarrollo urbano sano, que absorban parte del crecimiento que todavía se observa en la Ciudad de México y su zona metropolitana. Para esto propone que a nivel nacional se cree una organización gubernamental de tipo horizontal con relación a las áreas educativas, industriales, comerciales, de servicios y turísticas.

El segundo apartado es al interior de las ciudades y las zonas metropolitanas, con una política de creación de planes de desarrollo que sean obligatorios, donde la infraestructura privilegie los aspectos del transporte público, agua, manejo de desechos, basura, ecología y el uso del suelo. En el caso particular del transporte, se hace prioritario que las ciudades desincentiven el uso del vehículo particular y se concentren en desarrollar sistemas alternativos de transporte público amigables con el medio ambiente, tales como autobuses inteligentes, metro y ferrocarriles suburbanos.

El tercero es un cambio de paradigmas en la construcción de la vivienda: es necesario racionalizar en los próximos 25 años el uso del suelo para los proyectos de vivienda. Esta racionalización requiere que haya una reedificación del terreno empleado para la construcción de nuevas viviendas, que consistiría en desarrollar viviendas en edificios de tres, cuatro o cinco pisos, en lugar de casas unifamiliares. De esta manera, se atenderá con vivienda popular a un mayor número de familias por cada hectárea de terreno, y permitirá concentrar los servicios públicos (redes de agua potable, drenaje, energía eléctrica y transporte).

Otro aspecto importante para la vivienda es la sustentabilidad. El cambio climático exige que las viviendas se construyan con materiales y tecnologías que contribuyan a reducir los costos de los energéticos, como gas y electricidad, por medio del calor y energía solar; así como aquellos costos que aprovechan el agua para reciclarla y cuidar que las aguas negras se traten adecuadamente para evitar daños al medio ambiente.

* Maestro en Políticas Públicas egresado del CIDE, coordinador del área de investigación y análisis en Contorno, Centro de Prospectiva y Debate.

paulo.cantillo@contorno.org.mx, @pcantillog

REFERENCIAS

Castro y Castro, Luis J (2011). Desarrollo urbano en los próximos veinticinco años: ¿una especie en peligro de extinción?

Luna T, Jaime (2011). Planeación y ordenamiento territorial.

Topelson, Sara (2011). Horizonte 2030: el desarrollo sustentable.

Todos los artículos anteriormente citados pueden hallarse en el libro Planeación estratégica de la infraestructura en México 2010 – 2035, México, Colegio de Ingenieros Civiles de México A.C., 2011.

Pero ¿qué es lo que nos dicen los números del Coneval? Fundamentalmente tres cosas: a) en cuanto a coberturas de servicios básicos en la vivienda, condiciones de la vivienda, acceso a servicios de salud, acceso a la seguridad social y educación se observan algunos avances; b) en cuanto a los recursos económicos y el acceso a la alimentación de las familias pobres se presentan retrocesos, y, por lo tanto, c) un incremento de la pobreza en el país de 44.5% lo que equivale a 48.8 millones de personas en 2008 a 46.2% equivalente a 52 millones de personas en 2010.

De los avances se puede destacar el esfuerzo de todos los mexicanos para ampliar la cobertura en servicios de salud, en educación y en electricidad, que de acuerdo con los indicadores de la medición de la pobreza, son los que mayores avances positivos han tenido. Sin embargo, mucho queda por hacer en cuanto a la calidad de éstos y otros servicios.

En cuanto a los retrocesos en los indicadores económicos la problemática es más compleja, ya que por sí misma representa la confluencia de muchos factores, tales como el entorno económico internacional, la falta de creación de empleos y la calidad de los mismos a nivel nacional, la caída del valor real de los ingresos debido a la inflación de los precios de los alimentos y la falta de acceso a la alimentación de un amplio sector de la población mexicana provocada por los altos precios y la escasez de los mismos.

En conjunción, estos factores dan como resultado un incremento de la pobreza en México, en donde el peso que tiene el deterioro económico no se compensa con la ampliación de la cobertura de otros servicios y goce de otros derechos sociales. Este resultado es muy importante para poder entender el fenómeno de la pobreza y así comprender también qué se debe hacer para poder combatirla con mayor éxito.

En primer lugar se requiere un cambio en la forma de pensar de aquellos encargados de hacer la política pública, los resultados están a la vista. Si bien la política social implementada hasta ahora ha permitido mejorar las condiciones de vivienda y acceso a algunos servicios, como los educativos y de salud, para muchos mexicanos (no así para todos) se observa también una situación en la cual las condiciones económicas son determinantes en el incremento de la pobreza. ¿Qué hace falta entonces? Una visión sistémica de la política pública orientada al combate de la pobreza. Acciones de política económica también repercuten en el combate a la pobreza. Generar empleos mejor remunerados y de mayor calidad, políticas de industrialización en la producción de alimentos con procesos productivos ecológicamente sustentables, fortalecimiento de los mercados internos, por ejemplo, deben formar parte de una política integral de combate a la pobreza.

En segundo lugar, poner más atención a la calidad de los servicios públicos. Actualmente se comenta mucho la baja calidad de los servicios educativos, lo cual afecta el posible éxito que programas como Oportunidades puedan tener, ya que condicionan los apoyos económicos al hecho de que los niños asistan a la escuela. Si a pesar de eso ocurre que el profesor no asiste, las condiciones de la escuela son deplorables, etc., la formación académica de los niños será insuficiente para conseguir trabajo cuando se inserten al mercado laboral. ¿Y qué decir de los servicios de salud y de la disponibilidad efectiva de agua? Por ejemplo.

En tercer lugar, una mayor participación ciudadana. Pero ¿cómo?, exigiendo. Los derechos sociales consagrados en la Constitución y en la Ley General de Desarrollo Social son exigibles por parte de cada mexicano. Como ciudadanos debemos exigir el cumplimento de nuestras aspiraciones sociales como individuos y como país. Debemos como individuos exigir que el maestro asista a dar clases y dé una educación de calidad, debemos reclamar cuando no recibimos una atención médica adecuada, y en todo caso, exigir que existan los mecanismos adecuados para que nuestra voz individual como ciudadanos sea escuchada y atendida. Una ciudadanía más participativa nos hace falta.

Muchas son las buenas ideas que se vierten para poder ser un mejor país, y sin duda urgentes son aquellas que se han planteado para poder resolver el grave problema de la pobreza de los mexicanos. De todas ellas valdría la pena intentar poner en marcha al menos una.

*Profesor en el EGAP – Tecnológico de Monterrey. minorcampa@gmail.com

**Licenciado en Economía egresado de la Universidad Iberoamericana. rodrigoarandabalc@gmail.com

Las cifras dadas a conocer por el INEGI con relación al crecimiento del PIB para 2011 de 3.9% confirman que la economía crece, pero a un ritmo menor.

En 2012, la actividad económica se ubicará en un rango cercano al 3.3% resultado del bajo crecimiento en EU y en Europa, donde países de la zona euro reportan recesión en el último trimestre de 2011.

El análisis sectorial indica que: a) la sequía afectó severamente al agro mexicano que se contrajo en 0.6%, b) el sector industrial, creció en 3.8% y será el que recibirá el mayor impacto de la economía de EU, pero que en 2011 fue favorecido por las inversiones del sector automotriz y el cual exporta 8 de cada 10 unidades que produce en el país y c) el sector servicios, que fue el más dinámico, (4.2%) estuvo impulsado principalmente por el comercio, servicios financieros y servicios de información en medios masivos.

IMPLICACIONES PARA LAS EMPRESAS

2012 es un año en que las empresas en México vivirán en un entorno de crecimiento moderado, entre 3% y 4% que marca la pauta de una tendencia de largo plazo en la ausencia de cambios estructurales.

La estabilidad financiera se confirma como una política inalterable de largo plazo que permitirá una inflación anual cercana al 4% y tasas de interés reducidas.

Los riesgos, sin embargo, son fantasmas que siempre estarán presentes, siendo importante incorporarlos en los programas de planeación, pero con estrategias para mitigarlos. En este año, 2012, los principales riesgos están marcados por las elecciones políticas del país y la frágil situación en Europa. Sobre este punto, se prevé un crecimiento limitado en el viejo continente, pero donde el contagio financiero hacia el resto del mundo está prácticamente controlado.

ACCIONES PARA IMPULSAR EL CRECIMIENTO

Emprender las reformas estructurales que permitan ofrecerles a las empresas un marco jurídico confiable y un entorno de mayor competencia de libre mercado.

Iniciar con aquellos cambios estructurales que tengan el mayor impacto en la economía que, en primera instancia, seria una reforma energética, una laboral y una fiscal en un entorno de estado de derecho.

Reforzar con la reforma educativa, la investigación, desarrollo e innovación.

En conclusión, 2012 marca una tendencia de crecimiento de largo plazo en ausencia de cambios estructurales. El momento político de las elecciones políticas del presente año serán definitivas para vislumbrar si se emprenderán acciones de cambio estructural para acelerar el crecimiento o nos conformaremos con un crecimiento mediocre.

Ignacio Beteta V. * 

* Maestro en Economía por la San Diego State University. Columnista de El Financiero y analista económico de Canal 11 Noticieros. ibeteta@prodigy.net.mx

www.proyeccioneseconomicas.com

www.ibeteta.com

Dicha situación representa una gran oportunidad si México logra implementar cambios a fondo en ciertas áreas estratégicas, lo que le permitiría alcanzar un grado de desarrollo envidiable para el resto de las economías. México tiene un gran potencial, sin embargo, necesita de la capacidad política para llevar a cabo ciertas reformas necesarias.

Para la OCDE estas reformas comienzan por la construcción de un sistema fiscal robusto que logre reducir las desigualdades. Esto se logrará siempre y cuando se garantice una sostenibilidad fiscal a través de una reforma integral (que aborde el federalismo fiscal así como estrategias de implementación) del sistema tributario con vistas a aumentar el gasto para combatir la pobreza, fomentar la infraestructura, que pueda retirar los subsidios a energía y combustibles, así como reducir la actual dependencia de ingresos petroleros. El sistema tributario debe simplificarse y buscar una ampliación de la base gravable, aumentando los ingresos mediante la inclusión de un mayor número de contribuyentes y limitando el uso de los paraísos fiscales.

Es necesario un proceso presupuestario diseñado a partir de un enfoque multianual que pueda enfocarse en los resultados a mediano y largo plazo, que esté acompañado por políticas de regulación eficaz y centrado en el desempeño y efectividad del gasto y sus resultados. Se debe promover la eficacia del gobierno, a nivel nacional y subnacional, mediante la profesionalización de los servicios públicos, el fomento de la calidad del gasto y su respectiva transparencia, fomentando así iniciativas de gobierno abierto. Un enfoque integrado de políticas en sectores clave resulta estratégico también para lograr dicha eficacia.

México tendría que contar con un marco laboral moderno, flexible e incluyente que permita la ampliación de contratos a corto plazo y de tiempo parcial, que responda a la escasez de incentivos para trabajar en el sector formal y con iniciativas que fortalezcan el cumplimiento de obligaciones tributarias y de seguridad social. En cuanto a combatir la pobreza y la desigualdad, debe ajustar la cobertura de programas para que incluya a todos los segmentos de la población y sustituir los subsidios por transferencias en efectivo a los más pobres.

En el rubro educativo se tendrán que hacer esfuerzos para mejorar la calidad y equidad de la educación mediante la profesionalización de selección, formación y nombramiento de directores y profesores con un sistema de evaluación completo. Deberían existir criterios en materia de planes de estudio y resultados académicos como también una revisión del financiamiento a la educación superior, transparencia en asignación de fondos y mecanismos de apoyo más equitativos.

Para mejorar el sistema de salud se debe fomentar la eficacia de hospitales y prestadores de servicios institucionales mediante una separación más clara entre proveedores y usuarios así como la implementación de mecanismos de pago basados en la calidad del servicio. Se debe fomentar la productividad de los profesionales de la salud, con remuneración a la eficiencia y calidad.

Uno de los aspectos más importantes para el desarrollo del país es alcanzar una mayor competencia en el mercado de productos mediante una reforma a la ley de competencia, que una vez aprobada garantice la consolidación de un marco legal complementado con un sistema de revisión judicial efectivo. Se deben tomar decisiones energéticas para fomentar la competencia en industrias de red, así como es necesario eliminar los límites impuestos a la propiedad de extranjeros en telecomunicaciones e introducir una regulación basada en mejores prácticas.

Existen otras recomendaciones por parte del Organismo para la mejoría de los sectores clave como agricultura, innovación, ciencia y tecnología, medio ambiente y crecimiento verde, que no son al igual importantes. Las recomendaciones por parte de la OCDE están a la mano, será responsabilidad de los futuros dirigentes del país tomarlas en cuenta para poder así impulsar el desarrollo de un país con capacidad de cambio y liderazgo.

* Internacionalista egresada de la Universidad Iberoamericana. Asistente de investigación en Contorno, Centro de Prospectiva y Debate. alejandraespinosamijares@gmail.com

Fuente:

Perspectivas OCDE: México Reformas para el cambio. Enero 2012.

La distopía es un término que acuñó John Stuart Mill a finales del siglo XIX con el propósito de describir lo contrario a una utopía: un lugar en donde la vida estaría llena de obstáculos sin posibilidad alguna de mejoría. Un modelo de esta naturaleza permite conocer situaciones extremas con el propósito de evitarlas y procura evaluar nuestro presente y reflexionar sobre la viabilidad del futuro.

Hoy se tiene claro que la globalización no está cumpliendo sus propósitos y en general la gente considera que sus condiciones de vida van a la baja, por lo que expresan menor aprobación y confianza en gobiernos incapaces de encontrar soluciones pertinentes.

En las economías emergentes el crecimiento tampoco va de la mano con las expectativas sociales. El número de jóvenes aumenta y no las condiciones para obtener una educación de calidad que les permita oportunidades laborales exitosas. Tampoco se ven políticas que les permitan contemplar nuevos horizontes, lo que genera una combinación explosiva que detona inconformidad y protesta. Sólo en el último año, esto se vio desde los recientes disturbios en Grecia, los estudiantes en Chile, los manifestantes en China, el movimiento occupy en Estados Unidos hasta la Primavera Árabe. Sin liderazgos audaces e imaginativos, la creciente desilusión popular podría socavar los mecanismos de cooperación a nivel mundial como alternativa para abordar las transformaciones profundas.

Este ejemplo ilustra el análisis de la interacción de los riesgos globales que proyectan un futuro distópico para gran parte de una humanidad, con una población joven en niveles crónicos de desempleo, mientras que la mayoría de la población, adultos mayores, dependería para subsistir de un erario sostenido por gobiernos fuertemente endeudados. Conflictos evidentes se derivarían de las diferencias entre jóvenes y adultos mayores, se recrudecerían las brechas de ingresos, se haría patente un déficit de competencias y toda esta situación en conjunto amenazaría la estabilidad social y política de gobiernos que no logren cumplir con las expectativas y necesidades sociales.

¿Qué tan seguras son las salvaguardas?

A medida que existen más interacciones e intercambios, se hace evidente la compleja interdependencia aparejada a las dificultades y capacidad para administrar los sistemas que sustentan la prosperidad y seguridad a nivel mundial. Los riesgos derivados de las nuevas tecnologías, la interdependencia financiera, el agotamiento de los recursos naturales y el cambio climático evidencian la debilidad y fragilidad de las salvaguardas existentes: políticas, normas, reglamentos e instituciones que actúan como un sistema de protección. Por ello se cuestiona su adecuación o pertinencia para regular, administrar y garantizar el funcionamiento de los mercados y al mismo tiempo para garantizar condiciones efectivas de seguridad pública.

Es necesario repensar las instituciones del siglo XX para responder a los problemas del siglo XXI, el peligro es que las salvaguardas existentes no puedan manejar los riesgos y equilibrar sus beneficios potenciales. Bajo esta idea, se puede pensar en lo sucedido en marzo de 2011 con el tsunami de Japón: las salvaguardas de la central nuclear de Fukushima tenían parámetros laxos y la crisis generó una preocupación global por la seguridad nuclear, lo que llevó incluso a que el gobierno alemán respondiera con la clausura de sus plantas nucleares.

En efecto, la complejidad inherente a la globalización lleva a la necesidad de impulsar acuerdos entre un número mayor de actores públicos y privados que se comprometan a establecer salvaguardas para lograr respuestas más ágiles, flexibles, eficaces y oportunas, involucrando a las partes interesadas y utilizando diversos puntos de vista, tanto teóricos como prácticos, para anticipar respuestas a las amenazas emergentes.

El lado oscuro de la conectividad

La conectividad ha transformado no sólo la manera en cómo se hacen los negocios sino también las relaciones personales. Casi un tercio de la población mundial está en línea y la conectividad de “cosas” tan dispares como camas de hospital o los contadores de electricidad crece rápidamente. Si bien esto es considerado un beneficio, es necesario conocer el “lado oscuro” de la conectividad al tomar en cuenta el riesgo potencial que suponen el terrorismo, el crimen y la guerra en el mundo virtual, dado que pueden llegar a ser tan dañinos y perturbadores como sus equivalentes en el mundo real.

Se tienen pocas evidencias empíricas sobre las amenazas cibernéticas, las víctimas tienen un incentivo para mantenerlo en secreto y por su parte los proveedores de soluciones de seguridad también tienen un incentivo para no hablar de ello. La seguridad en línea debe ser considerada un bien público. Hoy se requiere un espacio digital sano para garantizar la estabilidad en la economía mundial y para coadyuvar al equilibrio en los gobiernos.

¿Qué hacer?

El informe Global Risks 2012 alerta sobre la creciente desigualdad económica que vive en el mundo y sobre los riesgos que esto conlleva. Un análisis como el presentado busca evitar que los avances de la globalización se conviertan en una amenaza y contribuye a pensar soluciones frente al panorama sombrío de un mundo cada vez más incierto.

La disparidad de ingresos entre la población, las precarias finanzas gubernamentales, el desempleo de los jóvenes y la crisis para resolver los problemas de los adultos mayores dependen de estados cargados de deudas y, por primera vez en muchos años, la gente ya no cree que sus hijos crezcan para tener un mejor nivel de vida. Dado este escenario crítico a nivel global, resulta necesario pensar también en México, dado que quienes toman decisiones sobre el rumbo del país deben repensar el camino trazado y sus posibles alternativas. Si bien en los últimos años hemos logrado avances en términos macroeconómicos, no se han construido las bases para dar mejores opciones de vida a la población en general. Serán necesarias políticas públicas que respalden un nuevo acuerdo social, de lo contrario el país sembrará algunas semillas de distopía en un panorama sombrío e incierto caracterizado por la falta de una cultura de la prevención y la carencia de una proyección viable a largo plazo de nuestro futuro.

Sergio Aquiles González. sergioaquiles@gmail.com

A los encuestados también se les pidió definir cinco centros de gravedad, uno por categoría, considerando que éstos pudieran tener una mayor importancia sistémica, o mayor influencia, respecto de los otros.

Se logró la identificación de cinco centros de gravedad interconectados y considerados como posibles detonadores de otros riesgos: el aumento de emisiones de gases de efecto invernadero (riesgos ambientales), el crecimiento no sustentable de la población (riesgos sociales), los desequilibrios fiscales crónicos (riesgos económicos), los fallos críticos en sistemas y redes (riesgos tecnológicos), y las fallas en la gobernanza mundial (riesgos políticos).

Se determinaron cuatro conectores críticos mediante los cuales se articulan y enlazan todos los grupos del sistema: Las consecuencias imprevistas de la regulación estatal, la extrema volatilidad en los precios de los energéticos y alimentos, el gran fracaso del sistema financiero mundial y la severa disparidad de ingresos. Cabe destacar que los cuatro conectores pertenecen al grupo de riesgos económicos, lo cual es determinante para la definición del nivel de resistencia o inestabilidad del sistema de riesgos en su conjunto.

Como último paso se definen las conexiones respecto de los cinco centros de gravedad, con lo cual se integra una constelación de riesgos globales interconectados.

El informe también alerta sobre otros temas a través de los llamados Factores X que requieren una mayor investigación pero que pueden implicar situaciones emergentes de trascendencia futura y con consecuencias no conocidas. Si bien estos tópicos no fueron puestos a consideración de los encuestados, se incluyen dado el interés por mantenerlos en la agenda, entre los diversos temas destacan los siguientes:

1) Conectividad permanente originada por el uso de internet, lo que puede llevar a cambiar o distorsionar el conocimiento y formas de proponer soluciones a los problemas que se enfrentan a diario.

2) La epigenética hace referencia a los fenómenos que no afectan la secuencia de ADN, de los seres humanos y otras especies, pero que sí varían su expresión del código genético. Las nuevas teorías sugieren que hay elementos y experiencias que pueden producir cambios en la genética humana, de lo cual se podrían generar algunos riesgos no previstos.

3) El analfabetismo financiero que lleva a una asimetría en la comprensión de la información de las finanzas y todo lo que gira a su alrededor. Resulta relevante que se puedan regular, supervisar los sistemas financieros, o gestionar de forma sostenible las finanzas de los gobiernos y las empresas, además de crear una cultura para administrar con eficacia las finanzas personales encaminada a posibilitar las mejores condiciones para lograr una cierta seguridad y estabilidad en la vejez cuando los sistemas estatales de pensiones no los proporcionan.

4) El invierno volcánico, podría darse en caso de que hubiese una explosión volcánica con niveles máximos de entre 7 y 8 puntos con lo que se alteraría la composición atmosférica de la tierra, generando un enfriamiento del planeta con consecuencias severas principalmente para la producción de alimentos.

5) El neotribalismo cibernético, se forma a partir de las diversas subculturas del mundo real, que van integrando comunidades en el espacio virtual y que podrían volcarse en la red ejerciendo protestas en contra de regímenes políticos y con ello ponerlos en crisis.

Riesgos globales

Conforme su prioridad, probabilidad e impacto potencial.

a) Económicos. Los desequilibrios fiscales crónicos son identificados como el centro de gravedad en la categoría económica, se vinculan con los cuatro conectores críticos yse asocian con las fallas de la gobernanza mundial, las acciones poco efectivas para atender el envejecimiento de la población y varios de los riesgos geopolíticos y sociales vinculados con el colapso de los gobiernos y el comercio internacional.

b) Ambientales. De concretarse, estos riesgos podrían desestabilizar las economías y la sociedad en su conjunto, así como desencadenar conflictos geopolíticos y devastar los recursos vitales del planeta. El aumento de emisiones de gases de efecto invernadero es calificado como el centro de gravedad en la categoría ambiental, soportado por el cambio climático y los problemas para adaptarnos a él. Se enlaza a dos conectores críticos: las consecuencias imprevistas de la regulación estatal y a la extrema volatilidad en los precios de los energéticos y alimentos, con lo que se denota la importancia sistémica de dicho riesgo.

Los riesgos provocados por los desaciertos de la urbanización, la sobreexplotación de las especies y el uso inadecuado de la tierra y las vías navegables tienen una mayor probabilidad de suceder.

c) Geopolíticos. Este tipo de riesgos globales amenazan con minar el progreso socioeconómico y aniquilar a la sociedad y sus recursos; el terrorismo y el fracaso de la gobernanza global se consideran con mayor probabilidad de ocurrencia en los próximos 10 años.

El fracaso de la gobernanza global es el centro de gravedad de los riesgos geopolíticos, siendo además el más interconectado entre los 50 riesgos globales. Este centro de gravedad también comparte interconexiones importantes con los riesgos derivados de las cinco categorías, con los cuatro conectores críticos, así como con los centros de gravedad de los riesgos económicos, ambientales, sociales y tecnológicos, relación que lo sitúa por su relevancia y peso específico al centro en el mapa global del año 2012.

d) Sociales. Se abordan las tendencias e incertidumbres que provoca la dinámica poblacional, la estabilidad social y la supervivencia del hombre. Debido a la naturaleza de estos riesgos se cuestiona la estabilidad de la civilización moderna y el bienestar permanente de la población, lo cual se pone de manifiesto al señalar la crisis de abastecimiento de agua, la escasez de alimentos y el crecimiento no sustentable de la población, entre los asuntos que más podrían hacerse presentes en los próximos 10 años. Dadas las valoraciones hechas, se marca especialmente la preocupación por estos riesgos y el impacto de gran alcance que tendrían para todos.

e) Tecnológicos. Los fallos críticos en sistemas de redes son señalados como el riesgo con mayores implicaciones e influencia por lo que son considerados el centro de gravedad de los riesgos tecnológicos. También alcanzan interconexiones significativas con los riesgos derivados de las otras categorías y cobran relevancia los ataques cibernéticos asociados a tres riesgos económicos: la carencia de inversión en infraestructura, las consecuencias imprevistas de la regulación estatal y el gran fracaso del sistema financiero mundial. La preocupación sobre estos fallos se define paralelamente considerando las interconexiones con los centros de gravedad políticos y económicos, fallas en la gobernanza mundial y desequilibrios fiscales crónicos a los que se suman la mayor posibilidad de que ocurran los ataques cibernéticos junto con incidentes masivos y el fraude/robo de datos personales.

*Maestro en Administración pública dedicado al análisis de políticas públicas.

sergioaquiles@gmail.com

Fuente: http://www.weforum.org/reports/global-risks-2012-seventh-edition

Desde septiembre del año pasado, el gobierno de México firmó, en su condición de miembro de la sociedad de gobierno abierto (Open Government Partership), la declaración de principios del Gobierno Abierto, fundados en la declaración universal de los derechos humanos, la convención de las naciones unidas contra la corrupción y otros instrumentos internacionales relacionados con los derechos humanos y el buen gobierno. Dicha declaración -firmada también por países como Brasil, Indonesia, Noruega, Filipinas, África del Sur, Reino Unido y Estados Unidos- compromete a los países a incrementar la información sobre las actividades gubernamentales, promover y apoyar la participación ciudadana, implementar estándares de integridad profesional en la administración pública y, finalmente, ampliar el acceso a nuevas tecnologías para la rendición de cuentas y la transparencia.

Este compromiso coincide con los esfuerzos llevados a cabo a nivel nacional en el marco del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, el Programa de Responsabilidad del Gobierno, Transparencia y Lucha contra la Corrupción, el Programa de Mejoramiento de la labor del gobierno y otras políticas públicas que han empezado a cosechar algunos resultados entre los que se debe destacar la mejora de los procedimientos públicos, así como La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, la cual garantiza el acceso a la información y permite a los ciudadanos vincularse en la toma de decisiones públicas. Si bien se pueden reconocer ciertos avances, es cierto también que aún falta mucho tramo por recorrer para adoptar integralmente una agenda que nos lleve a funcionar como un gobierno verdaderamente abierto.

Entre los pendientes destacan la realización por parte del gobierno federal de una encuesta a los ciudadanos sobre cómo eficientar el servicio de más de 300 procedimientos y servicios federales. Por otro lado, hace falta terminar con el desarrollo de la página web de apoyo para los ciudadanos (www.gob.mx) que pueda facilitar la integración de los procesos relacionados con los servicios digitales y la utilización de plataformas comunes y sistemas de información que fomenten el uso de bases de datos. Este reto significaría para el Gobierno mexicano la creación de una nueva generación de bienes públicos digitales con centros de información confiables basados en derechos, garantías y necesidades básicas de los ciudadanos, tales como son los registros de la identidad, la propiedad y la salud.

Otro objetivo deberá ser el ampliar la publicación de información socialmente útil, así como actualizar y fortalecer los procedimientos mediante los cuales las diferentes dependencias federales deberán identificar, organizar y publicar sus datos. Uno de los temas más importantes en este sentido lo constituye el gasto público. La transparencia presupuestaria no puede existir sin prácticas de rendición adecuadas. Por lo tanto, debe existir un compromiso para mejorar las finanzas públicas al aplicar prácticas de rendición que puedan ser homogéneas, eficientes, basadas en resultados e información cuantificable y medible. Una primera fase del compromiso con la transparencia deberá ser, según lo recomendado por el plan de acción para México elaborado por la sociedad de gobierno abierto, el auditar a los órganos de gobierno municipales y estatales a través de la creación de una Asociación Nacional de Examen y Control Gubernamental, que agruparía a las oficinas de examen a nivel estatal con la entidad examinadora federal, así como con la Secretaría de la Función Pública.

Además de estas acciones, la consolidación del sistema de licitaciones públicas es una parte fundamental para lograr una mejor y más eficiente administración de los recursos públicos. Una vez que se realicen las reformas legales necesarias para esta transformación, el Gobierno Federal deberá buscar fortalecer el alcance y el impacto de su nueva política de licitación pública con mejoras en el sistema electrónico de licitaciones (Compranet) y con la generación de nuevos mecanismos de contratación y perfil de los agentes de gobierno que los operan.

Estás políticas de gobierno abierto llegan a México en buen momento, dado el hartazgo y la desconfianza generalizada de la ciudadanía hacia las instituciones públicas. Las recientes transformaciones tecnológicas, así como el mayor índice de participación ciudadana a través de nuevos mecanismos como las redes sociales, son instrumentos que permitirán horadar el camino hacia el cumplimiento de esta agenda por un gobierno abierto. Hará falta desde la ciudadanía promover y exigir estos cambios, de tal forma que nuestro gobierno esté a la altura de las demandas globales acuñadas por los sistemas democráticos propios del siglo XXI.

* Psicólogo, asistente de investigación en Contorno, Centro de Prospectiva y Debate.

El plan de acción y los compromisos asumidos por México pueden consultarse en la página bajo la sección de country commitments en el apartado de países participantes.

Open Government Partnership: www.opengovpartnership.org

Al inicio del sexenio, se creía que la violencia era sólo un efecto del narcotráfico. Mientras el problema estuvo acotado, el ejército se encargó de terminar con el conflicto. Poco tiempo después los delitos de alto impacto se dispararon. Por ejemplo, en Chihuahua, la tasa de homicidios llegó a 130 por cada 100 mil habitantes; 22 veces más que el promedio de Estados Unidos y 63% más que los homicidios de Colombia en su peor momento. En Michoacán, por otro lado, se observó un incremento en 750% en la tasa de secuestros4.

Cuando las fuerzas armadas se vieron rebasadas por el problema, el presidente Calderón emprendió una campaña de depuración de fuerzas policiacas federales y de sofisticación de los centros de inteligencia criminal en el país. En el proceso, sin embargo, la estrategia de Presidencia olvidó por completo modificar las reglas de la institución encargada de acusar a quienes cometen un delito ante un juez: el Ministerio Público (MP).

El problema fundamental de los MP radica en su incapacidad de procesar efectivamente delitos de alto impacto. Todas las denuncias – desde un robo de celular hasta una extorsión o un secuestro– reciben el mismo tratamiento y los mismos recursos institucionales. El problema de esta dinámica es que, al tratar todos los delitos igual, sólo se castiga a delincuentes menores que son atrapados en flagrancia y casi nunca a quienes cometen los delitos más complejos y violentos. Por lo tanto, a un mayor número de delitos graves cometidos, como hemos observado en los últimos años, la capacidad del MP para resolverlos disminuye. El resultado es una impunidad creciente en este tipo de delitos.

Para modificar el escenario anterior es necesario reconocer que no existe un sistema de justicia, en el mundo, con la capacidad suficiente para procesar todos los delitos que se cometen. En consecuencia, si la meta del gobierno es la reducción de la violencia en el país entonces se requiere una estrategia que parta de una clara priorización de los delitos que más dañan a la sociedad. No es suficiente identificar los crímenes de alto impacto, también se deben distinguir que, dentro de ese catálogo, existen delitos que causan más daño que otros.

Con esto en mente, en CIDAC nos dimos a la tarea de determinar cuáles son los delitos que efectivamente impactan la percepción de inseguridad de los ciudadanos y en qué medida lo hacen. El resultado son sólo ocho –secuestro, homicidio, extorsión, lesión, robo a peatón con y sin violencia y robo a vehículo con y sin violencia– los que han logrado modificar toda la dinámica social en México. Y el impacto de cada uno es diferente. Mientras que un aumento de 10 secuestros por cada 100 mil habitantes aumenta la percepción de inseguridad en el país en casi 5%, se necesitaría de un aumento de 73 extorsiones por cada 100 mil habitantes para generar el mismo efecto. Por lo tanto, si un secuestro no causa el mismo impacto que una extorsión no deben de ser perseguidos –ni contados– de la misma manera. El estudio en cuestión se titula 8 Delitos Primero. Índice Delictivo CIDAC y se encuentra disponible en www.cidac.org

Reconocer estas diferencias es necesario para entender la realidad del país y fundamental para lograr una adecuada toma de decisiones en el día a día de nuestros ministerios públicos. Hacerlo marcará la diferencia entre un sistema de justicia que es capaz de contener la ola de violencia en el país y otro que no pueda hacerlo. De ir, entonces, por estos 8 delitos primero, focalizando la estrategia y los recursos del Estado, el país podría comenzar a subsanar las deficiencias de las instituciones y con ello elevar la probabilidad de castigo para los criminales.

* Investigadores del Centro de Investigación para el Desarrollo, A.C. (CIDAC)

1.CIDAC a partir de datos de las ENSI-3 y ENSI-7

2.CIDAC a partir de Presidencia y el SNSP

3. CIDAC a partir de México Evalúa

4. Números Rojos CIDAC

Si bien existen cada vez más organizaciones utilizando las herramientas analíticas en sus procesos, éstas difieren en las formas y el grado en que las aplican. Así, identificados en un estudio anterior a este, existen 3 niveles de sofisticación analítica en los que están clasificadas las organizaciones: aspiracional, transformada y experimentada; siendo las organizaciones experimentadas y transformadas quienes están expandiendo sus capacidades y aumentando sus expectativas, mientras las organizaciones aspiracionales se están quedando atrás. Esta brecha es más clara cuando se analizan dos frentes en los que la analítica está ganando importancia: el uso de la misma para crear ventaja comparativa y su integración en las operaciones y estrategia de una organización. Así, las organizaciones que están utilizando estas herramientas para volverse más competitivas se encuentran en ventaja y existe una probabilidad de más del doble que puedan superar a sus semejantes en la industria (para el caso de las organizaciones transformadas esta probabilidad aumenta a 3.4). 2

Actualmente, esta manera de procesar y analizar información se utiliza con mayor frecuencia en las actividades financieras y operacionales de las empresas, ya sea en pronósticos financieros, asignaciones anuales de presupuesto, optimización de cadenas de suministro y en operaciones que necesitan de un alto grado de agilidad y eficiencia, y es menos utilizada en las decisiones que involucran a clientes, estrategias de negocio y recursos humanos.

Una de las ventajas de esta herramienta de trabajo cuando se enfoca en la agilización de la toma de decisiones, es que se consigue con ello gestionar un mayor número de operaciones y mejorar los niveles de producción y rendimiento; basándose en el manejo de la oferta y la demanda en tiempo real. Por otro lado, aquellas empresas que utilizan la analítica en la parte operativa, obtienen también ventajas ya que disponen más rápidamente de información precisa y certera. McKESSON, farmacéutica americana, procesa más de 2 millones de órdenes al día a través de algoritmos y como en este caso, la velocidad en la que operan muchas otras organizaciones hoy en día, supera la capacidad del cerebro humano.

Otras ventajas de las herramientas analíticas mencionadas en el artículo, consisten en la posibilidad de anticipar necesidades, prever posibles regulaciones y considerar distintas variables dinámicas, como pueden ser las de índole político o las climáticas. Algunas de las que se utilizan para estos propósitos son, por un lado, las que detectan o analizan patrones y tendencias con el fin de predecir y, por el otro, los modelos y famosos escenarios what-if que ayudan a lograr prescribir acciones a seguir. Estas herramientas, aplicadas al manejo de riesgo estratégico, sirven para tener una mejor visión de la organización y los mercados relevantes para su operación, así como para contar con la habilidad de anticipar y actuar antes de que se generen sucesos que puedan frenar el progreso de un negocio. En la relación que tienen las organizaciones con sus clientes, la analítica ofrece la posibilidad de evaluar esta relación en distintas dimensiones y lograr así un entendimiento altamente individualizado de los clientes y nuevas formas de relacionarse con ellos.

Las organizaciones que han conseguido la sofisticación analítica necesaria y han traducido su aplicación en logros competitivos, dominan tres competencias, mismas que son altamente recomendadas para obtener éxito: gestión de la información, útil para abordar objetivos críticos del futuro de las empresas; habilidades y herramientas analíticas, para responder preguntas de negocios clave y una cultura orientada por la información, en donde las decisiones están basadas en información y por lo tanto son más confiables. Esto último les permite sobresalir a través de la innovación y la estrategia.

Para lograr que las organizaciones puedan hacer suyas las ventajas de cambiar, mejorar y así diferenciarse de la competencia al ampliar su mercado y aumentar las utilidades provenientes del mismo, es necesario que día con día puedan adaptar su modelo y procesos a los cambios tecnológicos que están rigiendo el mundo de los negocios. Para esto, el estudio concluye con recomendaciones puntuales: evaluar su nivel de sofisticación analítica, ponderando qué tan cerca está la realidad de la visión de la empresa gracias a estas herramientas; mejorar las competencias analíticas, con un enfoque en capacidades concretas para mejorar, y el uso de una agenda de información, que contiene elementos como estrategias y objetivos de negocio, infraestructura informática, planes y guías de proyectos, para alinear la tecnología de la información con una estrategia analítica.

*Licenciada en Economía egresada de la Universidad Iberoamericana. jimenaespinosam@gmail.com

1. Parra más información acerca del estudio :

http://sloanreview.mit.edu/feature/achieving-competitive-advantage-through-analytics/

2. Para más información sobre la clasificación de las organizaciones y el estudio anterior consultar: http://sloanreview.mit.edu/feature/report-analytics-the-new-path-to-value-findings/

Jimena Espinosa Mijares*

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe define la pobreza como “la incapacidad para desarrollar las capacidades necesarias para relacionarse adecuadamente en sociedad”.(1) Esta definición toma en cuenta la contribución de Amartya Sen, quien concibe la pobreza no sólo como falta de ingresos, sino como el impacto que tiene la falta de estos recursos y otros, como la salud y la educación, en la vida de una persona: falta de oportunidades y libertades limitadas para llevar a cabo una vida que considere valiosa.(2) Bajo esta perspectiva, los recursos o la falta de ellos no pueden ser debidamente juzgados sin hacer referencia a lo que puede lograrse con ellos y la posibilidad de convertirlos en capacidades, es decir las oportunidades de las personas.

Las maneras concretas en las que la pobreza y la desigualdad limitan las oportunidades de las personas a actuar y vivir en una sociedad democrática son varias. La baja calidad de la educación aunada a la gran disparidad en la calidad de la misma que reciben los estratos más pobres de la sociedad, comparado con los estratos más ricos, genera una avalancha de diversas desventajas. Una de las consecuencias más notables para la democracia, que la desigualdad en la educación y la pobreza generan, es la incapacidad para vivir protegido por la ley y hacer uso de derechos políticos (como por ejemplo, la denuncia pública, el derecho a un juicio justo, derecho de asociación y el derecho a postularse para cargos públicos). El ejercicio de estos derechos y no sólo su enunciación constitucional es una condición esencial para que florezca la democracia.

Aun cuando la media de las tasas de alfabetización de adultos en América Latina es de 90.3%, la calidad de la educación universal es muy baja y la disparidad entre la población de altos y bajos ingresos está más cerca de ser un abismo que una justa diferencia. En Latinoamérica sólo 8.3% de la población entre los 25 y 29 años de edad termina una carrera universitaria. Y sólo uno de cada 27 con título universitario pertenece a la clase de bajos ingresos del país. Tanto la falta de educación de buena calidad como la desigualdad enraizada en la manera en la que se distribuyen el conocimiento y las habilidades, dificulta la posibilidad de crear ciudadanos que puedan reclamar y hacer uso de sus derechos políticos.

Esta misma disparidad contribuye a limitar el acceso de los pobres a la información y a mecanismos de acción colectiva (como las redes sociales), limitando así los derechos políticos de las personas en dos niveles. En primer lugar y a nivel individual, hace difícil que alguien con una mala educación pueda orientarse adecuadamente dentro de la ley. Un claro ejemplo de esto es el considerable aumento del sector informal en las últimas décadas.

En segundo lugar, la falta de educación a nivel colectivo y el poco espacio en la vida de las personas para planear proyectos a largo plazo, dificulta las actitudes necesarias para la organización y la acción colectiva. Por lo general, largas horas de trabajo con bajos salarios, impiden que la gente pueda dedicar energía y tiempo para este tipo de organización colectiva. Así mismo, la disposición para deliberar y participar en la acción comunitaria, y promover así sus intereses y la participación activa en la democracia se ve reducida por el resentimiento creado por las enormes desigualdades socioeconómicas. Además, la falta de tiempo y de un nivel mínimo de seguridad económica es un obstáculo para poder tener planes a largo plazo; aunque existen numerosos movimientos y cooperativas que demuestran que la gente con menores ingresos es capaz de lograr una buena organización y acción, aún si estos casos son el resultado de mucho esfuerzo y sacrificio. La acción colectiva es un paso importante hacia la representación política y un alto nivel de pobreza es un obstáculo para lograrlo.

Por otra parte, poco conocimiento de las herramientas tecnológicas disponibles hace que su acción sea difícil e ineficiente. El promedio de personas en Latinoamérica que utiliza internet es de 29.2% (alto, en comparación con otras regiones del mundo), pero muy bajo en comparación con el 60% en países pertenecientes a la OCDE. Un bajo nivel de educación y la necesidad material, hace que las personas pobres sean más propensas a la manipulación sobre la base de intereses económicos. Las conocidas “despensas” son un ejemplo de esto.

Las deficiencias en la educación y las desigualdades también tienen un impacto en la formación de instituciones. Altos niveles de participación, la reciprocidad entre los partidos políticos, la sociedad civil y la rendición de cuentas caracterizan instituciones fuertes. Sin embargo, la participación sin un sentido de pertenencia o un mínimo de participación es una “idea guajira”, constituyendo los altos niveles de desigualdad un obstáculo para la inclusión social y erosionando así las actitudes fundamentales que crean vínculos sociales de pertenencia y participación.

El sentimiento de marginación y exclusión que la “cultura de los pobres” ha creado en Latinoamérica también dificulta la posibilidad de que las personas reivindiquen sus derechos políticos. Viviendo en la pobreza de generación tras generación, se crea una sensación de impotencia, desesperanza y abandono que socava gravemente toda iniciativa de cambio y destruye la participación social. Estos sentimientos son un factor influyente que determina el grado en que las personas se involucran socialmente en círculos más amplios, fuera de los círculos familiares.

Además de esto, la desigualdad fomenta el resentimiento obstaculizando la confianza política y las negociaciones entre las partes en desacuerdo. La membresía y participación son elementos clave para la salud de las instituciones democráticas, para que así en una democracia los ciudadanos perciban, sea esto cierto o no, que sus representantes gobiernan de forma transparente, de acuerdo a sus intereses y al bien público, y que sus voces están siendo escuchadas. Los altos niveles de pobreza y desigualdad son una buena razón para pensar que este no es el caso.

Los altos niveles de desigualdad tienden a “evolucionar de tal manera que se restringe el acceso a las oportunidades, aventajando a miembros de la elite, manteniendo una desigualdad relativa,” y “reduciendo las perspectivas de crecimiento económico”. (3) La pobreza no sólo afecta diariamente a millones de personas, sino que también afecta la estructura de nuestra sociedad, dificultando las posibilidades que tenemos de convertir nuestros recursos en capacidades que fortalezcan nuestra democracia.

* Maestra en Filosofía y Políticas Públicas egresada de la London School of Economics. natalia.villalpando@gmail.com

1. En http://www.eclac.org/dmaah/guds/pobreza.htm

2. Sen, Amartya. Inequality re-examined. P. 110-111

3. Correa Cabrera ,Guadalupe. Explaining Democratic Fragility in Unequal Latin America. The Effects of Income and Wealth Redistribution. Prepared to be delivered at the 2006 Meeting of the Latin American Studies Association San Juan, Puerto Rico March 15 – 18, 2006. p.16 See also Engerman and Sokoloff 2002, p. 31.

El eje del debate

Del Foro podríamos destacar de forma positiva la identificación de los problemas estructurales que urge atender. En primer lugar, se dio la discusión sobre un nuevo capitalismo, con el propio Klaus Schwab, fundador del Foro y defensor vehemente de la globalización y sus bondades, que ha definido al modelo económico en su faceta actual como “decadente y que ha socavado toda cohesión social”, dejando atrás el discurso de halago a ultranza del libre mercado. A manera de ejemplo, se señaló que muchos de los indicadores de salud económica y social van en la dirección incorrecta, ya que la mezcla entre desempleo y desigualdad ha logrado poner inquieto a más de un líder mundial. Esto se ve respaldado por un sondeo realizado a estos líderes directamente, en donde 40% de los asistentes al debate opinaron que el sistema capitalista no está a la altura de la sociedad del siglo XXI, mientras que sólo 20% opinó que sí.

El tema vino a colación porque el diagnóstico es claro: los problemas de deuda soberana de algunos países europeos acompañados de la crisis del euro, y los problemas deficitarios y de ciclo económico que enfrenta Estados Unidos, han hecho que el discurso del capitalismo sea revisado. Definitivamente, a cuatro años de una fuerte recesión que dejó desempleados a 200 millones de personas en el mundo y aunado a los movimientos de protesta ocupando los espacios públicos en capitales occidentales, era inminente esta revisión que provocó una interesante introspección y balance sobre el capitalismo mundial.

En segundo lugar y relacionado con lo anterior, fue también relevante la discusión que hubo sobre la crisis global y sus consecuencias en el aspecto social; tanto la desigualdad de ingresos como la inclusión social fueron temas importantes del debate. ¿A qué se debió el hecho de que el Foro haya dado un giro hacia analizar una problemática social? Como se mencionó anteriormente, las protestas sociales alrededor del mundo definitivamente hicieron eco, particularmente el discurso de Ocuppy Davos, que en las inmediaciones del foro protestó contra “el 1% de la población y la forma en la que sus decisiones inciden en el bienestar del 99% restante”.

Sin duda perduró la percepción generalizada de injusticia, un discurso que ve a los banqueros y los políticos como actores ineficientes que no han logrado hacer nada contra los abusos del sistema financiero y éstos siguen todavía gozando de los beneficios del status quo económico, mientras que aquellos con ingresos promedio o por debajo. son los que tienen que pagar los costos de la crisis. Y como consecuencia, al menos en el Foro, se reconoció abiertamente que el crecimiento económico debe incluir a los más necesitados, que la creación de empleo es crítica y que las necesidades como alimentos, vivienda, cuidados médicos y enseñanza deben ser parte de la solución integral.

A pesar de esto, la mala noticia sigue siendo, sin duda, la incapacidad para llegar a acuerdos que ofrezcan soluciones a los grandes problemas a nivel internacional; siendo las discrepancias entre puntos de vista conceptuales para hacer frente a los riesgos económicos internacionales, parte de la explicación de que no existan todavía propuestas concretas. La reunión puso de manifiesto que Estados Unidos y Europa plantean diferentes métodos para salir de la crisis, lo cual deja claras las diferencias entre Washington y Bruselas, y alerta sobre la repercusión que esto podría tener en la reconfiguración geopolítica y económica internacional. Mientras en la eurozona se trata de disminuir el endeudamiento público y con ello los altos déficits fiscales, en Estados Unidos se apuesta por aumentar el gasto despreocupándose del déficit.

¿Y el cómo?

El ambiente al concluir el cónclave en Davos fue sombrío, los más de 2 mil 500 delegados regresaron a sus países, preocupados por lo que deparará el año 2012. La falta de entusiasmo generalizado fue palpable en el Foro Económico Mundial. Pese al cauteloso optimismo ante los últimos intentos europeos de frenar la crisis de la eurozona, el tema de que pueda repetirse la situación y contagiar al resto del mundo, sin haber aún soluciones concretas a la creciente desigualdad de ingresos, sigue siendo una realidad. Así mismo, en temas como la regulación a los mercados financieros y reducción de las emisiones de CO2, parece de igual manera difícil que se pueda llegar a generar acuerdos.

El Foro de Davos deja nuevamente la sensación de frustración hacia los líderes mundiales, que últimamente están acostumbrando a la opinión pública a su fracaso en el intento de encontrar soluciones concretas y viables a los problemas mundiales. Tanto las reuniones del G 20, como los foros sobre cambio climático son ejemplos elocuentes de ello. El único consuelo que deja el Foro es saber que quienes conducen la economía mundial reconocen que hay un gran problema (la desigualdad social), que están empezando a plantearse las preguntas correctas y que al menos ya se está debatiendo sobre ello. Así, se aceptó que la tesis de que “las crecientes desigualdades son el precio que hay que pagar para una prosperidad global” no puede seguir siendo válida. Sin embargo, todavía habría que preguntarse: cómo es que los líderes mundiales no están sufriendo directamente las consecuencias de los problemas económicos internacionales, ¿será que carecen de incentivos para hacer algo al respecto?

*Maestro en Políticas Públicas egresado del CIDE, coordinador del área de investigación y análisis en Contorno, Centro de Prospectiva y Debate.

paulo.cantillo@contorno.org.mx @pcantillog

A continuación se presenta un diagnóstico acerca de cómo se encuentra el mercado interno en México y la agenda que debe se debe seguir en este aspecto, con el fin de dar luces acerca de los elementos que deberían someterse a debate en la actual época electoral en la que se encuentra el país.

Problemas estructurales

Las cifras económicas muestran, y más después de la crisis de 2008, que si bien la dinámica del mercado interno en el país ha mejorado, todavía persisten problemas estructurales. Son dos los problemas estructurales que, a criterio del investigador Óscar Vera Ferrer, presenta el mercado interno en México.

El primero consiste en la generación de empleos formales. Como se puede apreciar en la gráfica 1, en 2010 se tuvo la mayor creación de empleo formal de la década y en el 2011 se continúo con la misma tendencia. Sin embargo, si se saca el promedio de los empleos creados a lo largo de los 5 años que van de este sexenio (2007-2011), hasta septiembre de 2011 se habían creado 265 mil empleos por año (gráfica 2), cuando se estima que se necesitan 850 mil sólo para los jóvenes que están ingresando al mercado laboral (Vera Ferrer, 2011). Es decir, que si bien se ha avanzado en la creación de empleos, éstos han sido insuficientes para satisfacer la presión de la oferta laboral (buscadores de empleo).

Otra situación en torno a la generación empleo es el crecimiento de la población ocupada. Los datos de empleo del INEGI de septiembre de 2010 a septiembre 2011 (donde se pueden observar los empleos formales e informales por niveles de ingresos), muestran que la mayoría de los empleos creados han sido en las escalas salariales bajas (gráfica 3). La mayor parte de los nuevos ocupados está entre 1 y 3 salarios mínimos, lo que hace que en términos generales el poder de compra de la población no esté mejorando sustancialmente. El deterioro del poder de compra de las familias se refuerza con otro dato del Banco de México: a lo largo de 15 años el poder adquisitivo de la población mexicana no ha tenido una mejora sustancial, según se puede observar en la gráfica 3, en donde se muestra por quinquenios la pérdida o ganancia de este poder adquisitivo.

El segundo problema estructural que presenta el mercado interno en México es la informalidad. Las cifras muestran que más de 40% de la Población Económicamente Activa (PEA) se encuentra laborando en el sector informal (gráfica 4). De aquí se puede derivar la pregunta sobre por qué es un problema la informalidad, si finalmente es la vía para que muchas personas tengan el empleo que la estructura económica del país les impide tener. Una de las respuestas puede encontrarse en la gráfica 5, en donde se destaca que 80% de los trabajadores informales se encuentran en los niveles de ingresos bajo y medio bajo, lo que se debe a la baja productividad de las actividades que realizan. Además, se sabe que la informalidad no solo tiene costos en el corto plazo (falta de seguridad social y bajos ingresos), sino también en el largo plazo pues las personas que están en ella no están cotizando en ningún sistema de ahorro para el retiro en el futuro.

Referencias

INEGI. Banco de Información Económica.

Óscar Vera Ferrer, El panorama económico 2012 y perspectivas del mercado interno; El panorama económico 2012 y su impacto en las Pymes; El panorama económico 2012 y los retos para las Pymes, presentaciones para el Grupo Banorte durante la Semana Nacional PYMES 2011.

*Maestro en Políticas Públicas egresado del CIDE. Coordinador del área de investigación y análisis en Contorno, Centtro de Prospectiva y Debate

paulo.cantillo@contorno.org.mx

@pcantillog

Brasil se ha convertido en el centro de atención y destino preferido por los inversionistas que inyectan muchos recursos en la región en detrimento de México. El ser el próximo organizador de una olimpiada y un mundial de futbol le permitirá a Brasil seguir proyectando al mundo una imagen renovada y progresista. Al mismo tiempo ,observamos como los países asiáticos emergen rápidamente para convertirse no sólo en grandes economías sino en sociedades en franco desarrollo, algo que parecía impensable hace apenas algunas décadas.

A finales de los 60, México era un país orgulloso de estar en la senda del progreso tras décadas de crecimiento sostenido. El país comenzaba a ser reconocido por la comunidad internacional al gozar de estabilidad económica y política. México daba la impresión de ser candidato a convertirse en una nación desarrollada. No fue así. En las siguientes tres décadas se sortearon varias crisis económicas y la primera década de este siglo fue dominada por una crisis del modelo de gobernabilidad.

En el México de hoy prevalece el pesimismo, producto de un círculo vicioso: el país cambia muy poco y por eso da la impresión de que no mejora, y no mejora lo suficiente porque algunos grupos de la sociedad no quieren que cambie. Me explico: no es del interés del establishment mexicano cambiar el status quo ni mucho menos el estar legítimamente comprometido a construir un mejor país. El cambio va en contra de sus privilegios construidos a lo largo de varias décadas. El resto de la sociedad está impedida de lograr un cambio relevante pues el país no cuenta con un sistema legal eficiente que le permita defender sus legítimos derechos individuales y colectivos. Esto genera frustración, escepticismo y termina por desanimar a la mayoría de la población que desiste de ser emprendedora y concentra sus esfuerzos básicamente en subsistir. Aunado a esto tenemos una clase política subordinada e inoperante, disminuyendo aún más las posibilidades de cambio. De ahí la mala imagen que se proyecta del país en el exterior. Mas importante aún, la pobre imagen que se proyecta a sí mismo.

La pregunta que normalmente se ignora en las discusiones cotidianas que se dan en la clase política, la comentocracia y la población en general es: ¿Cuáles son las consecuencias de continuar en la situación de estancamiento político, económico y social en las que se encuentra el país?

Es indudable que el país crece y todos los días se dan cambios positivos. Sin embargo, es aun más evidente que, comparado con el desarrollo alcanzado por otros países emergentes, las transformaciones que en ellos tomaron sólo algunos años, en México toman décadas. El resultado de este letargo es que la posición relativa de México en el mundo se ha venido deteriorando y esta tendencia continuará si no hay un cambio de timón en la conducción del país. En los 60 y 70 México era un país muy superior en términos económicos y de desarrollo social, en comparación a los denominados tigres asiáticos y la mayoría de los países latinoamericanos. Hoy la comparación le resulta adversa. ¿Seguirá México progresando? Sin duda. ¿Es suficiente la velocidad con la que se avanza? Claramente no lo es. De no acelerarse el paso no se podrá cambiar la tendencia desfavorable de México. Más grave aún es que los países emergentes exitosos siguen avanzando aceleradamente ampliando aún más la brecha.

Los países emergentes más exitosos en las últimas 4 décadas han sido los asiáticos. Tres características principales comparten todos ellos: (1) un liderazgo político comprometido con el desarrollo económico del país y de la población, (2) poderosas instituciones gubernamentales que permiten implementar los cambios necesarios y (3) una obsesión por elevar los niveles educativos de toda la población, no solamente la de las clases privilegiadas. Desde la perspectiva del mundo occidental es cierto que estos países enfrentan serios déficits en materia de derechos humanos, democracia y libertades individuales. Lo que no se comprende con claridad en Occidente es que ellos tienen otras prioridades: (i) crear una infraestructura nacional de primer nivel que permita acelerar el crecimiento económico, (ii) alcanzar la independencia tecnológica y (iii) elevar el nivel educativo que llevará a sus sociedades a otros estadios de desarrollo. Seguramente los temas que tanto preocupan a Occidente sobre Oriente serán resueltos más adelante por estas sociedades pero lo harán desde una posición de riqueza económica y mayor igualdad social.

El costo para México del status quo ha sido muy alto. En términos absolutos ha progresado, en términos relativos ha retrocedido significativamente. ¿Que necesita pare retomar la senda del crecimiento y el desarrollo sostenido? Cambiar para poder concluir todo lo que ha quedado pendiente. Se requiere consolidar el sistema democrático con una mejor representatividad y un mejor modelo de gobernabilidad que permita la reconstitución de un Estado fuerte. La partidocracia actual sólo se representa a sí misma y carece de un proyecto de nación común. Se requiere consolidar el sistema de libre mercado abriendo más espacios a la competencia en sectores hoy monopolizados. Al mismo tiempo deben fortalecerse los derechos de propiedad de todos los agentes económicos y no sólo los derechos de apropiación de algunos participantes. Estos cambios solo vendrán por la presión que pueda ejercer la sociedad.

Hace 40 años era común escuchar en los hogares mexicanos que los niños debían terminarse la comida pues era un crimen desperdiciarla cuando en China los niños se estaban muriendo de hambre. Si México no comienza a cambiar pronto es muy probable que en los próximos 40 años este sea el comentario que se escuche en Shanghái, Taiwán o Seúl: niños, termínense la comida pues hay niños en Oaxaca o en Tlaxcala muriéndose de hambre. El cambio debe ser impostergable, se lo debemos a México, nos lo debemos los mexicanos.

*Director Ejecutivo de la empresa global Temasek Holdings.

Algunas líneas de acción que permitirán afrontar responsablemente esta situación y que deberían estar en la agenda de la actual campaña electoral, son:

Para generar empleos de calidad:

a) Invertir en capital humano. Mejorar la educación en el país es crucial para aumentar la productividad laboral, que es la que finalmente permite mejorar los niveles salariales y el poder adquisitivo de las familias. Entrar en serio al ya sobre-diagnosticado problema del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), catalogado como uno de los factores por el cual la educación no avanza. Esta es una de las reformas estructurales que no dependen ni están sujetas a la voluntad del Congreso, sino que se necesita de la voluntad del Ejecutivo para ajustar su relación con el magisterio y con ello se pueda mejorar la productividad de los docentes a través de la despolitización de la carrera magisterial.

b) Inversión en ciencia y tecnología, en particular en desarrollo de energías limpias: México puede ser en el plano internacional un actor importante en la mitigación del cambio climático, si toma en serio la investigación y desarrollo en materia energética. El país tiene una enorme potencialidad en este aspecto (Cantillo, 2012). Si el país se decide a ello, se podrá lograr otro objetivo: crear empleos de calidad que demandará el sector de energías limpias. Discutir con seriedad la inversión privada en Pemex y, en general, en todo el sector energético, debe ser otro de los temas cruciales de la campaña electoral.

c) Direccionar los programas de lucha contra la pobreza hacia la creación de empleo: los subsidios otorgados a la población han sido catalogados en general como exitosos (en particular el programa Oportunidades), pero el país está llegando a un punto donde se debe preguntar si las familias beneficiadas están realmente preparadas para dejar de recibir los subsidios sin que ello implique volver a la condición de pobreza. El país debe transitar a un esquema en el cual los beneficiarios de los programas sociales puedan tener la oportunidad de incorporarse a la vida productiva, para que la salida de la pobreza pueda ser sustentable en el largo plazo y no se siga fomentando el paternalismo gubernamental. En este sentido discutir seriamente la vinculación de los programas sociales con los programas para la generación de Pequeñas y Medianas Empresas debe ser parte de una agenda de propuestas económicas.

En segundo lugar y para reducir la informalidad se pueden adoptar las siguientes acciones:

a) Programas para que las Pymes ingresen al sector formal: es necesario que los programas enfocados a los apoyos de las Pymes otorguen las ayudas con la obligatoriedad de registrarlas en el sector formal de contribuyentes. Esto se puede incentivar a través de beneficios fiscales durante los primeros años para reducir sus costos de operación, con el fin de que no escojan la vía de la informalidad y con ello evadan impuestos que son necesarios para impulsar el desarrollo del país.

b) Repensar los programas de protección social: ¿por qué no se reduce la informalidad? En parte porque existen programas gubernamentales que la han incentivado: el ejemplo clásico es el Seguro Popular, donde el que no tiene empleo formal puede acceder gratuitamente a servicios de salud; otro ejemplo puede llegar a ser la reciente propuesta de dar créditos del Infonavit a los informales (Proceso, 2011). Más allá del argumento moral de otorgar derechos a las personas que están en la informalidad, el debate debería centrarse en por qué no otorgarles esos derechos incorporándolos al sector formal. Se hace necesario entonces avanzar en esquemas de seguridad social financiada a través de impuestos generales a toda la población y no que siga anclada a los puestos de trabajo.

Sin lugar a dudas existen más temas que deberían colocarse en la agenda para discutir con miras a impulsar el mercado interno, entre las que se encuentran la reforma laboral que flexibilice dicho mercado; o la reforma fiscal que haga que la recaudación de impuestos suba y sea un motor para la mejorar la distribución del ingreso. Sin embargo, aquí se han tocado algunos temas que pudieran propiciar grandes cambios económicos, que se podrían lograr con sólo un mínimo de voluntad entre los diferentes actores políticos y sociales.

México tiene que aprender a cambiar el discurso político en términos económicos: pasar de decir que estamos bien porque simplemente de otra forma “podríamos estar peor”, a otro que diga que estamos bien porque los indicadores muestran que ha habido mejoras tangibles en el bienestar de las familias mexicanas. Ese el reto que deberían tener las propuestas económicas para la campaña electoral que se avecina.

*Maestro en Políticas Públicas egresado del CIDE. Coordinador del área de investigación y análisis en Contorno, Centtro de Prospectiva y Debate

paulo.cantillo@contorno.org.mx

@pcantillog

La nueva agenda de la política internacional se centra en el declive de viejos factores de poder y el ascenso de nuevos, con diferentes conflictos aparejados en los que se traslapan la política y la economía. Se puede vislumbrar una era mucho más complicada, con múltiples retos en materia de seguridad y una incertidumbre omnipresente. En este proceso confluyen tres importantes eventos interrelacionados con repercusiones para todos los países:

1. Los mercados emergentes, principalmente de Asia, con China a la cabeza, se convierten en el principal motor de la economía mundial.

2. Las naciones desarrolladas enfrentan una crisis estructural, que inicia con el estancamiento japonés y empieza a tocar fondo con la profunda crisis de la Europa comunitaria pasando por los profundos problemas fiscales y económicos de Estados Unidos. En los tres casos, las decisiones políticas son determinantes para el desarrollo económico, situación que no ocurría desde la II Guerra Mundial.

3. Se está dando un reequilibrio mundial entre los países desarrollados y en desarrollo, en beneficio de estos últimos.

Ante estas circunstancias, los demás conflictos pasan a segundo plano, ya sea la siempre tensa situación en Medio Oriente, con el permanente enfrentamiento entre palestinos e israelíes, las aspiraciones nucleares de Irán, la disputa por la hegemonía en la zona entre Turquía, Irán y Arabia Saudita o el rumbo que pueden tomar los gobiernos que surgieron de la primavera árabe.

Para América Latina en general y México en lo particular, pese a sus propios problemas, el escenario puede ser menos crítico al comparar su situación con la que viven las principales economías del mundo, lo que permite a la región, incluso a México, mirar al futuro inmediato con moderado optimismo.

El Pacífico desplaza al Atlántico

La situación económica de Estados Unidos es delicada: Su deuda pública y déficit fiscal son muy altos, cuestiones ambas que repercutirán en el crecimiento económico y en el bienestar de la población. Se podrían anticipar conflictos sociales en respuesta a los ajustes por venir y probablemente se verán más Indignados en las calles.

Los vecinos del norte se concentrarán en una muy álgida disputa electoral, lo que llevará a que las decisiones difíciles se pospongan hasta que pasen las elecciones, mientras tanto se vivirán las consecuencias originadas por la crisis de Europa y, paralelamente, se iniciará un esfuerzo importante para lidiar con el ascenso de China.

La creciente influencia política y económica de China en la región asiática es favorable, pero genera la preocupación de caer bajo la hegemonía de este país, incluso se mantiene latente el riesgo de que se presenten conflictos armados por problemas limítrofes en el Mar de China con Vietnam y Filipinas, lo que podría arrastrar a Estados Unidos a intervenir en un conflicto militar directo con China.

Los riesgos de Europa

El mayor riesgo para Europa no es la fragmentación o la desintegración del proyecto comunitario, sino el gradualismo con que sus líderes están enfrentando sus problemas. Mientras los mercados ven como una solución a los problemas de deuda y déficits fiscales una intervención decidida y medidas estructurales que permitan la conservación del proyecto europeo, los principales líderes políticos no lo ven así; especialmente Alemania que insiste en la austeridad y en reformas políticas para la unión fiscal como el único camino para salir de la crisis, lo que hará más difícil y tortuoso el ajuste y enfrentará a los estados centrales con los periféricos. Se afectará el crecimiento de toda la zona y dañará la confianza en los mercados y las corporaciones europeas. Una posible quiebra de importantes bancos en Francia, Italia e incluso Alemania es un escenario plausible.

La crisis europea tendrá repercusiones en toda la economía del mundo, desacelerando su crecimiento, de ahí el interés de Estados Unidos en su solución y recomendación de gastar más para incentivar el crecimiento, lo opuesto a la línea impulsada por Alemania. Cabe destacar que Estados Unidos registra números positivos en materia de crecimiento y reducción del desempleo contrariamente a lo que se está consiguiendo en Europa.

La inminente recesión en Europa afectará el débil crecimiento de Estados Unidos y por tanto también a México, ambos en medio de procesos electorales fundamentales. ¿Qué tan graves serán los impactos? Será una cuestión que queda por verse, sin embargo, es un hecho que habrá un menor crecimiento para la economía mexicana, tan dependiente del país vecino y damnificada también por la crisis de la eurozona.

Sergio Aquiles González es maestro en Administración pública, dedicado al análisis de políticas públicas.

sergioaquiles@gmail.com

Las elecciones primarias de los republicanos están destinadas a durar seis meses, permitiendo que todos los estados que tienen el poder de decisión en el nombramiento de un candidato, lo hagan con calma. Sorprendentemente, puede ser que todo esto sea resuelto en días dado que pareciera ya haber un favorito entre las filas republicanas: Mitt Romney, ex gobernador de Massachusetts, quién derrotó a sus seis oponentes en las elecciones primarias al ganar por casi el doble de su rival más cercano y quien recientemente, tras la renuncia de Huntsman, tiene un sendero más libre y cómodo. Las encuestas pronostican la victoria para él en Carolina del Sur (la votación fue ayer sábado 21) y también en Florida, el día 31 de enero.

Incluso, si la carrera que hasta ahora ha librado se llegase a tambalear, le harán fuerte la recaudación de dinero lograda hasta ahora y la construcción de una enorme organización en torno a su persona y candidatura. Resulta a estas alturas muy probable el que Mitt Romney gane la nominación, entre otras cosas porque las encuestas sugieren que si lo hace tiene una verdadera oportunidad de derrocar al presidente Obama.

Aún así, Romney tiene mucho trabajo por hacer para lograr una victoria republicana. Especialmente en un momento en que muchos estadunidenses lo encuentran un poco enigmático y débil frente a temas de trascendencia, de un trato seco y cuadrado en público, y fuertemente cuestionado al ser un miembro comprometido de la religión mormona, tan poco conocida en el mundo. Romney deberá ser capaz de ofrecer a Estados Unidos una alternativa competente de centro-derecha que pueda contrarrestar la propuesta política y el proyecto de gobierno hasta ahora impulsado por Obama.

El probable candidato republicano cuenta con ciertas ventajas. En 2002 fue elegido para gobernar Massachusetts, un estado demócrata hasta ese entonces. Pasó una versión de la reforma de salud, que es a la vez su mayor logro y una de sus propuestas más importantes para su candidatura. En un sistema de política social de salud basado en obligar a todos a comprar un seguro privado, fue una idea conservadora y ampliamente criticada, por lo que Romney hizo un trabajo importante de negociación con una legislatura hostil para lograr su aprobación. Hoy en día, su partido se opone a las reformas de Obama en salud, que son muy parecidas al modelo de Romney, en un giro irónico para la política estadunidense.

Si bien existe una notoria preferencia por Mitt Romney, tras la renuncia a la candidatura republicana de Hunstman el pasado 16 de enero y el final declarado de las aspiraciones de Rick Perry, quedan aún tres aspirantes en la contienda.

Rick Santorum: uno de los favoritos de los socialistas conservadores. Es conocido por oponerse desde hace una década al derecho al aborto y al matrimonio homosexual. Fue estrella ascendente del Partido Republicano hasta ser derrotado en la reelección al senado en 2006, motivo por el cual no ocupa cargos políticos desde ese entonces y se dedica al periodismo, por lo que no es considerado como una de las cartas fuertes.

Newt Gingrich: Es uno de los favoritos del Tea Party, aunque no llega a convencer a toda la esfera republicana. Fue el orquestador de la victoria republicana en las elecciones legislativas de 1994. Tras su confrontación con Bill Clinton por el presupuesto, llevó al país a una parálisis gubernamental. Rick Perry ha cedido su aspiración a la candidatura y ha declarado su apoyo a este candidato.

Buddy Roemer: Ex gobernador de Louisiana, quien en 1980 ganó la legislatura por ese estado siendo demócrata. Antes de contender por la reelección, cambió de partido y fue derrotado. Actualmente es ejecutivo de banco y lleva alejado de la política casi dos décadas, cuestión que lo debilita.

*Psicólogo, asistente de investigación en Contorno, Centro de Prospectiva y Debate. dfigueroad@gmail.com

Esta influencia ha sido mucho más notoria en el diseño y ejecución de políticas económicas en entornos de crisis de carácter global, como la que se ha ido materializando desde 2007, en donde prácticamente todas las medidas dirigidas a la estabilidad financiera son diseñadas por las distintas instancias de estudio y discusión del G-20 y deben ser suscritas por las autoridades de las economías representadas individualmente en esa organización y, de manera deseable, por todas las economías mundialmente.

En su alcance, esas medidas no solamente mantienen como la parte fundamental de dicho proceso la definición del papel que deben jugar los sistemas financieros nacionales y sus instituciones en el objetivo de contribuir a la estabilidad financiera mundial, sino que van más allá, estableciendo los marcos de aplicación de las políticas monetarias y fiscales por parte de los gobiernos de los países, reduciendo los grados de libertad de los mismos para un diseño autónomo de políticas nacionales que tienen un impacto importante sobre el crecimiento de la producción y el empleo.

Así, la primera respuesta a la crisis mundial actual fue la de fortalecer la regulación y la supervisión de los sistemas financieros, tratando de corregir las deficiencias o errores no previstos en las regulaciones y procesos de supervisión anteriores a 2007, aunque muchos de ellos habían sido señalados en estudios académicos nacionales y de universidades y centros de investigación de otros países, así como de las propias instituciones mundiales como el Banco Internacional de Pagos y el FMI. Las decisiones de mayor relevancia que pretenden atacar el origen de las crisis abarcaban desde modificaciones fuertes a las formas de registro contable de las operaciones e instrumentos, hasta modificaciones jurídicas que implicaban nuevas formas de calificación de la solvencia crediticia de las instituciones y empresas emisoras.

Los primeros cuestionamientos se dieron en la validación nacional de dichas sugerencias de mayor regulación y fueron realizados tanto por las empresas del sector financiero como por las propias instancias de supervisión y los congresos o parlamentos de algunos países, y señalaban la necesidad de evaluar a profundidad dichas medidas para no interferir con el comportamiento natural de los mercados, la influencia de las mismas sobre el costo regulatorio, y por ende del capital; así como cuestionamientos sobre la moralidad de algunas instituciones o empresas que forman parte de la red de seguridad de los sistemas financieros como las empresas calificadoras, y el funcionamiento de los mercados de derivados y la posibilidad de estandarización de algunos de los productos que se comercializaban en los mercados sobre el mostrador u over the counter. Otros señalamientos partían de la base de la prociclicidad observada en algunas de las medidas instrumentadas en materia de medición y control de riesgos, y la necesidad de contar con políticas macroprudenciales que pudieran ponerse en práctica ante situaciones de inestabilidad. También parte relevante de la discusión sobre este último punto ha sido el análisis de las limitantes de la teoría económica convencional en el planteamiento de soluciones en situaciones de crisis.

La resultante de esta discusión, ha sido la conformación de grupos que han realizado un esfuerzo importante por atacar los puntos que se han considerado como los de mayor relevancia para regresar a la economía mundial a una situación de estabilidad en el corto plazo. Entre los de mayor importancia se encuentran: mejorar la solidez del sistema bancario; evaluar a las instituciones sistémicamente importantes; expandir y afinar el perímetro regulatorio; mejorar los mercados de derivados sobre el mostrador y de futuros de bienes; desarrollar marcos y herramientas macroprudenciales; fortalecer la convergencia de las normas –estándares– contables; fortalecer la adhesión a las normas financieras internacionales y otros aspectos.

Entre éstos, se encuentran: la reducción de la importancia en las empresas calificadoras; aspectos de la estabilidad financiera en economías emergentes y en desarrollo; protección a los usuarios de servicios financieros; integridad y eficiencia de los mercados; grupos consultivos regionales de la junta de estabilidad financiera, y capacidad, recursos y gobernanza de la misma junta.

Todos los tópicos anteriores se han acordado al interior de los distintos grupos y se han traducido en políticas y medidas en los países con distintos grados de ejecución, y en algunos casos todavía existen discusiones para los plazos de instrumentación. Es de destacar el caso de México, país que ha instrumentado – o se encuentra en proceso de instrumentación – prácticamente todas las medidas sugeridas.

No obstante lo anterior, también es claro que a pesar de las medidas acordadas y su instrumentación parcial o total, en algunas economías todavía subsisten problemas importantes que se reflejan en el comportamiento económico mundial y en algunas regiones y países con mayor medida. Tal es el caso de la Unión Europea y de algunas de las economías integrantes como Grecia, Italia, España e Irlanda, y aún las economías más fuertes como Francia y Alemania. La asunción de muchas de estas medidas ha restado capacidad a los gobiernos de los países para resolver los problemas que se observan en el comportamiento de la producción y en los mercados de trabajo.

Otros aspectos no resueltos se relacionan con el enfoque de Basilea y los costos de regulación en los mercados, la necesidad de reconsiderar las medidas procíclicas, los tiempos de instrumentación de las medidas, el costo del capital y los efectos sobre los procesos de inversión, la necesidad de profundizar en la teoría económica y los enfoques complementarios y alternativos en economías con necesidades crecientes como la mexicana y, sobre todo, en la necesidad de vincular los propósitos de la estabilidad financiera, el papel del sector financiero y el fortalecimiento del sector real de la economía.

Las reuniones preparatorias de la cumbre del G-20, prevista para junio y presidida por México, son una oportunidad para tratar estos y otros temas que fortalezcan la perspectiva de una economía mundial fuerte y que amplíe los grados de libertad en la administración de las políticas económicas de los países de acuerdo a sus condiciones y necesidades, en un marco de estabilidad sustentada en el crecimiento del empleo y la producción. México tiene la calidad moral que le da el cumplimiento estricto de los compromisos internacionales para plantearlo.

* Doctor en Economía, profesor y tutor en el postgrado de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM y coordinador del Centro de Investigación y Estudios en Economía Financiera (CIEEF). jmuch20112@gmail.com

Según el documento International Energy Outlook 2008 (IEO 2008), publicado por el Energy Information Administration, el consumo mundial de energía aumentará 50% de 2005 a 2030. La demanda global de energía crecerá a pesar del alto precio sostenido del petróleo, que es posible que se mantenga en los próximos años. El crecimiento más rápido de la demanda total de energía será para los países fuera de la OCDE, que crecerán 85% en la proyección del IEO 2008, comparado con un incremento de solamente 19% en el uso de la energía de los países de la OCDE.

Se espera que los líquidos permanezcan como la fuente de energía dominante, dada su importancia en los sectores transporte y la industria como consumidores finales. El uso mundial de líquidos y otros productos del petróleo crecerá de 836 millones de barriles por día en 2005, a 95.7 millones en 2015, y a 112.5 millones en 2030. Se estima que la participación de los líquidos en el consumo de energía mundial decline hacia el 2030, en la medida en que otros combustibles, como podrían ser las fuentes alternas de energía, los remplacen (Martínez, 2011).

Por otro lado y de acuerdo con las previsiones, la demanda de combustibles para el sector transportes en México alcanzará mil 800 millones de barriles en 2025. Actualmente, las importaciones de gasolinas representan cerca de 40% de la demanda nacional y se espera que este comportamiento se mantenga en el mediano plazo. Con relación a los demás combustibles que integran la demanda nacional de energía se espera que, a futuro, el gas natural siga siendo la principal fuente de suministro de los sectores industrial y eléctrico, aumentando su participación en el período 2009-2025. Por su parte, la demanda de gas LP se contraerá 0.3% anual debido a la disminución de los niveles de consumo en el sector autotransporte y a la creciente eficiencia en estufas y calentadores de agua del sector doméstico (Ceballos, 2011).

Retos por la demanda

Para los próximos 50 años, se requiere que México avance sustancialmente en la investigación científica en temas de energía, ya que la demanda de los países es mayor que la oferta actual de tecnología, por lo que cada país en el futuro deberá sentar las bases para que pueda satisfacer sus propias necesidades y así no depender de terceros. En este sentido, Eduardo Andrade propone cinco líneas de acción para que el país pueda invertir en investigación energética en los próximos 5 lustros, acciones que serían la base para la sustentabilidad en esta área:

• Sumarse al equipo de países que hacen aportaciones a la construcción del reactor ITER, que es un prototipo de fusión nuclear.

• Invertir mediante un fideicomiso en Iogen Corporation, una compañía canadiense líder en investigación en biocombustibles basados en celulosa.

• Incorporarse a la investigación sobre nanotecnología, que se lleva a cabo en la Universidad de Rutgers Estados Unidos, para células de combustible utilizadas en el transporte.

• Incorporarse a la línea de investigación que desarrollará Estados Unidos para aprovechar sus vastas reservas de carbón y utilizarlas en nuestros hidrocarburos con altos niveles de carbono.

• Finalmente, hacer un mapeo de los minerales comerciales radioactibles con técnicas modernas que pudieran mostrar que la opción nuclear podría aumentar nuestro nivel de autosuficiencia energética (Andrade, 2011).

La inversión en tecnologías energéticas para el país traería un doble dividendo: la protección del medio ambiente y el crecimiento económico. José Fernández Zayas comenta que todo esfuerzo por introducir ahorro en el desperdicio de la actividad humana genera mejores empleos. En este sentido, plantea que por cada millón de pesos ahorrados en energía eléctrica, a lo largo de quince años, se puede propiciar la inversión de aproximadamente 150 mil pesos (15% del primer dato), con lo cual se puede crear un empleo por cada 10 millones de pesos ahorrados. Lo anterior contrasta con el costo de crear un empleo nuevo en Pemex que es cercano a los 2 millones de dólares.Explica Fernández que dado que el potencial de ahorro a nivel nacional es del orden de los 100 mil millones de pesos cada año, el potencial de creación de empleos nuevos y de alta calidad sería de decenas de miles (Fernández, 2011).

Lo anterior deja clara la necesidad imperante que tiene nuestro país de destinar más recursos, tanto públicos como privados, a la inversión científica en nuevas tecnologías energéticas.

*Maestro en Políticas Públicas egresado del CIDE, coordinador del área de investigación y análisis en Contorno, Centro de Prospectiva y Debate.

paulo.cantillo@contorno.org.mx, @pcantillog

REFERENCIAS*

Eduardo Andrade, Una prospectiva tecnológica de la energía para México.

Gonzalo Martínez, Los estudios prospectivos al año 2050.

José Antonio Ceballos, Perspectiva de la industria petrolera en México, inversiones en refinación.

José Luis Fernández, El futuro de la energía en un contexto sustentable.

* Todos los artículos citados anteriormente pueden encontrarse en el libro Planeación estratégica de la infraestructura en México 2010 – 2035, Colegio de Ingenieros Civiles, 2011.

A partir de la integración de indicadores cuantitativos y cualitativos se dimensionan los atributos de ese sistema político, entre los que se podrían destacar: la legitimidad, legalidad, estabilidad y eficacia, entre otros.

Así, el análisis de Riesgo Político advierte sobre oportunidades y amenazas para la toma de decisiones, tanto públicas como privadas, en un sentido amplio.

A diferencia del Riesgo País, que en la teoría económica se identifica como el diferencial entre la tasa interna de retorno del país “X” y la tasa interna de retorno de los Estados Unidos, multiplicada por 100, el supuesto básico es que la máxima estabilidad financiera y macroeconómica está situada en el mercado norteamericano reflejada en su tasa de interés.

Bajo esta perspectiva Contorno impulsa la investigación e instrumentación de este tipo de modelos de análisis, procura conocer y difundir los trabajos que mundialmente se generan y por tal motivo, en esta ocasión se presenta un apunte respecto del informe Top Risks 2012 que recientemente dio a conocer la Consultoría Euroasia Group.

Riesgos globales

Se afirma que este año los riesgos políticos dominarán los titulares de los diarios como nunca antes lo habíamos visto, los focos rojos que identifican son:

a) El fin de la era 9/11, lo que significa una transición de los temores que generó la guerra contra el terrorismo a los derivados de la búsqueda por un equilibrio económico mundial, como consecuencia de los déficits económicos y financieros mundiales, la crisis de Europa, así como las asimetrías y disfunciones de las relaciones económicas con China.

b) El Medio Oriente, en donde aún no se logran resolver las tensiones religiosas, sectarias y étnicas, y prevalece la ausencia de un marco de seguridad regional viable, en medio de continuas protestas. Los viejos regímenes están en riesgo y se ven confrontados por alternativas de cuño democrático. Como consecuencia de la primavera árabe, en un momento de inestabilidad geopolítica considerable, los Estados Unidos pierden su influencia en la región, cuestión que impacta en el apoyo económico que brindaban y en la seguridad de la región.

c) En la Eurozona se harán evidentes las consecuencias de instrumentar acciones y políticas de austeridad, decisión que no se ha concentrado en impulsar reformas estructurales y que ha generado una gran confusión y pérdida de confianza en la región.

d) En Estados Unidos habrá que estar pendientes del papel que juegue la derecha después de las elecciones. El escenario político se ve con gran escepticismo y seguramente las campañas políticas no serán las mejores de la historia norteamericana. Se hará evidente la debilidad del crecimiento económico acrecentado debido a las pugnas existentes en Washington. La dinámica política llevará a Mitt Romney como candidato republicano. Una vez que haya pasado la fiebre electoral, las aguas tomarán de nueva cuenta su curso y las políticas que se emprendan no serán tan estridentes como las anunciadas a lo largo del proceso electoral.

e) En Corea del Norte la transición en Pyongyang hace evidente su lado obscuro. Al interior tal vez nada haya cambiado, por lo cual habría que dimensionar el papel que tiene el país como una potencia nuclear, ya que mediante su tradicional política exterior podría inclusive detonar una confrontación entre Estados Unidos y China.

f) Pakistán enfrentará los desafíos más graves desde la crisis de sucesión en Bangladesh, hace más de 40 años. La inestabilidad interna crece con las tensiones entre líderes civiles y militares, los grupos extremistas continúan expandiendo su presencia en el centro del país, cuestión que se une a la crisis económica que imposibilita al gobierno a proporcionar los servicios públicos básicos. Hay una gran tensión y las condiciones de inestabilidad política dejan entrever una intervención militar en el gobierno.

g) China es una fuente de nuevas oportunidades de negocio para los países de la zona, pero se quiere evitar que la dependencia de Beijing no traiga amplias consecuencias en lo económico o en lo político. Entre Estados Unidos y China hay diversos temas que generan tensión, especialmente los referidos a seguridad cibernética, innovación y las políticas económicas. Estos problemas harán que las tensiones regionales sean más difíciles de manejar. La presencia norteamericana sería bien vista por Vietnam o Filipinas considerando que esa alianza ayudaría a crear un equilibrio para detener el avance chino, sin embargo, podría implicar una serie de riesgos para la seguridad en Asia y los mercados globales en 2012.

h) En Egipto parecía que el país caminaba hacia una transición política poco clara y la participación de los militares ha dado mayor orden al proceso. No obstante, en los últimos tiempos, el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas de Egipto se está volviendo más rígido y agresivo, percibe a los activistas como una amenaza y trata de ignorar sus demandas con el fin de limitar el cambio. A pesar de la alianza informal con los Hermanos Musulmanes, el ejército parece incapaz de marginar a los manifestantes islamistas y seculares sin tener que recurrir a la violencia, lo cual llevará a socavar la popularidad de los militares y endurecer la posición del movimiento de protesta. Las tensiones también se harán presentes en la redacción de un nuevo texto constitucional y en la integración de un nuevo gabinete.

i) Las decisiones del presidente Jacob Zuma en Sudáfrica han privilegiado más las medidas populistas que aquellas que podrían favorecer el crecimiento a través del cuidado del medio ambiente y la crisis de la eurozona afecta al comercio y su moneda. En el 2012 se dará la lucha por el liderazgo del Congreso Nacional Africano (CNA), partido en el gobierno desde que se inició la transición a la democracia en mayo de 1994. El escenario que se podría prever es la reelección de Zuma y los principales líderes del CNA en diciembre.

j) En Venezuela el estado de salud de Hugo Chávez genera especulación en el mercado. De cualquier forma para el año 2012 se vislumbra un panorama sombrío tanto económica como políticamente, con o sin Chávez. En la elección presidencial del 7 de octubre, podría ganar en una contienda muy apretada, si se mantiene saludable. Su popularidad se mantiene en alrededor del 50% a pesar de las dificultades del país y seguramente el gobierno gastará mucho para estimular el crecimiento económico en el período previo a la votación. La deuda de Venezuela seguirá creciendo para mantener artificialmente el crecimiento y garantizar la reelección de Chávez, los gastos agravarán las condiciones financieras y conducirán a un mayor deterioro después de la elección.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) presentó un estudio acerca del trabajo no remunerado en el mundo, en un intento de calcular su aportación dentro del ingreso y bienestar de un país. El trabajo no remunerado, de acuerdo con la OCDE, es la producción de bienes y servicios por miembros de la familia que no son vendidos en el mercado. La diferencia entre este tipo de trabajo y ocio radica en lo que se conoce como el “criterio de la tercera persona”, donde si se le puede pagar a alguien más por realizar la actividad ‒como cocinar o cuidar de un enfermo‒ entonces se considera como trabajo.

Los resultados que se obtuvieron reflejan no sólo su correspondiente participación dentro del PIB, sino también la composición y comportamiento de este tipo de actividades. En todos los países analizados las mujeres realizan más trabajo no pagado que los hombres ‒un promedio de 2.5 horas al día‒, pero la brecha de género varía en gran medida en cada país. De esta forma, en México, India y Turquía, las mujeres dedican entre 4.3 y 5 horas al día a trabajos no pagados, debido principalmente al tiempo dedicado a la cocina y al cuidado de niños, mientras que en los países nórdicos la diferencia es de apenas poco más de una hora. El estudio muestra además que aquellos países con la brecha de género más alta son también donde los hombres dedican el menor tiempo a este tipo de actividades. Países como Australia y China, por otro lado, encabezan la lista del menor número de horas dedicadas al trabajo no remunerado para ambos sexos.

Existen dos métodos utilizados por la OCDE para calcular el valor monetario del trabajo no remunerado. El enfoque del costo de oportunidad (definido como la mejor alternativa rechazada), toma en cuenta el valor de mercado del salario que podría estar recibiendo la persona que realiza el trabajo. El problema de este enfoque es la suposición de que las habilidades y experiencia de las personas es la misma y por tanto también lo será su salario. El segundo método es el de sustitución especializada del costo, que considera lo que se le pagaría a un especialista por realizar la actividad.

De acuerdo con los resultados proveídos por el estudio, la contribución del trabajo no asalariado al PIB nacional varía para cada país. Así, el enfoque del costo de oportunidad muestra que mientras en Hungría constituye 37%, en el Reino Unido se eleva hasta 74%. A pesar de que el enfoque de sustitución especializada del costo muestra valores más pequeños, la participación dentro del PIB sigue siendo alta. De esta forma, en Corea este tipo de trabajo constituye 19% del PIB, mientras que países como España, Japón, Nueva Zelanda y Portugal representa más del 40% del ingreso nacional. Por su parte, México se encuentra en el cuarto y quinto lugar, con 43% y 24%, respectivamente.

Un promedio simple, con los valores obtenidos en los dos enfoques, evidencía que entre un tercio y la mitad del total de la actividad económica llevada a cabo dentro de cada país no se contabiliza en el PIB debido a que son parte de las actividades no remuneradas, lo cual excluye no sólo su participación en el ingreso sino también su contribución al bienestar, tanto de la comunidad como de la sociedad.

El sesgo existente en las actividades consideradas tradicionalmente como trabajo de mujeres proporciona un elemento de atención para la creación de políticas públicas que permitan aumentar y mejorar la participación de la mujer dentro del mercado laboral. Los países que tienen los mejores resultados en cuanto igualdad de género son también los que tienen las mejores políticas de empleo, donde las mujeres tienen la posibilidad de trabajar medio tiempo mientras que los hombres cuentan con permiso de paternidad, política que mejora la equidad en cuanto al cuidado de hijos y repartición de actividades dentro del hogar.

*Economista. Asistente de investigación en Contorno. Centro de Prospectiva y Debate.

gs_godoy@hotmail.com

Fuente: Cooking and Caring, Building and Repairing: Unpaid Work around the World, en Society at a Glance 2011. OECD Social Indicators.

La idea central es reconocer a la innovación como un aspecto clave en el desarrollo y con ello, incluso, motivar a la gente, especialmente a las futuras generaciones de emprendedores e innovadores.

En las últimas décadas se producen muchos cambios en el sistema económico mundial, hay un desarrollo acelerado de la informática, múltiples avances en la tecnología, en el mercado de las comunicaciones, que van también aparejados con otros cambios sociales y económicos, como las migraciones y la liberación de los mercados. Ante estos cambios, la innovación se convierte en elemento orgánico de las economías.

Los patrones de crecimiento económico derivados de la globalización y de las nuevas actividades productivas, ya no son suficientes para mantener los niveles de bienestar de la población. Es en este contexto que se hacen necesarias políticas de innovación como una alternativa para la intervención pública.

La tarea de los gobiernos será acelerar las tasas de crecimiento económico de forma compatible con un desarrollo sostenible, lo cual dependerá, en gran medida, de la aplicación de las políticas de innovación viables, no sólo para resolver los problemas presentes sino también los del futuro.

En la actualidad, la innovación no sólo va de la mano del progreso técnico o del uso de nuevas tecnologías, ya que es indispensable para el adecuado funcionamiento de todas las economías. La innovación es un proceso complejo que se puede abordar desde distintas perspectivas, se debe dejar atrás la idea de que la innovación se asocia únicamente a productos y procesos, debe verse con una perspectiva más amplia, incluso hacia aspectos no tecnológicos, vinculada a cuestiones organizativas, de mercadotecnia, recursos humanos y diseño.

De acuerdo al Manual de Oslo, elaborado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la innovación se entiende como “la introducción de un nuevo, o mejorado significativamente, producto, bien o servicio, de un proceso; de un nuevo método de comercialización o de un nuevo método organizativo, en las prácticas internas de la empresa, la organización del lugar de trabajo o de las relaciones exteriores”, así, bajo esta perspectiva, la innovación ya no se mide por la “novedad” sino por el impacto que produce.

En la Edición del Manual de Oslo 2005 se incorporan tres nuevos conceptos: primero, se elimina el índice meramente tecnológico; segundo, se incorpora la innovación en métodos y, tercero, por primera vez se incorpora la innovación en el sector público como un objetivo a desarrollar.

Según la OCDE, son varios los factores que influyen sobre la capacidad y motivación de una organización para realizar actividades innovadoras: el sistema educativo, la base científica y de investigación, las políticas de innovación, el marco legislativo, las condiciones económicas, la infraestructura, la facilidad de acceso al mercado y el funcionamiento de los mercados financieros.

Estos elementos serán determinantes en la capacidad de innovación de una economía, la innovación juega un papel relevante en el crecimiento económico de un país, ya que incide en la productividad y contribuye al crecimiento sostenible.

Bajo la perspectiva de INSEAD, la medición del IGI busca explicar la relación entre innovación, productividad y competitividad. La innovación también es considerada como uno de los factores básicos de la competitividad, junto con la estabilidad macroeconómica, el marco institucional, la infraestructura, la eficiencia del mercado laboral, la educación, el desarrollo tecnológico, el tamaño del mercado, la sofisticación de las empresas o del mercado financiero.

A partir de la propuesta que se hace se identifican cinco grandes líneas de trabajo para lograr detonar y conducir la innovación:

1.- Capacitar a las personas para innovar: Se requiere educación y formación para que las personas pongan en práctica sus capacidades de innovación.

2.- Liberar y recobrar el potencial innovador: Se debe fomentar la integración de entornos seguros para la competencia y la innovación.

3.- Crear y aplicar el conocimiento: Los gobiernos tienen la capacidad para fomentar el financiamiento a la investigación, es importante facilitar el desarrollo de las capacidades, que permita la creación y difusión del conocimiento. Aunque también la iniciativa privada debe participar en forma importante.

4.- La innovación como un recurso para hacer frente a los retos sociales y globales: Intensificar el papel de la innovación como herramienta de cooperación, reforzando los elementos de creatividad principalmente en los países en vías de desarrollo.

5.- La innovación como eje central de la acción del gobierno: Considerar la innovación como un elemento central de la acción del gobierno, con un liderazgo fuerte en los niveles políticos más altos. Animar a las altas esferas gubernamentales a promover la innovación.

En general, se tiene la percepción de que los gobiernos reconocen que para aprovechar el potencial que la innovación representa para sus ciudadanos debe: Promover la innovación, más allá de la ciencia y la tecnología, hacer énfasis en las políticas de educación y formación, adaptadas a las necesidades de las sociedades actuales, una mayor atención a la creación y al desarrollo de nuevas empresas, así como a la generación de nuevos empleos, promoción de la inversión privada, reforzar la cooperación entre investigación universitaria y empresas para crear redes para capitalizar los flujos de conocimiento y propiedad intelectual.

El Índice Global de Innovación se construye a partir de dos subíndices:

a) El subíndice de insumos de innovación, integrado por cinco factores:

• Instituciones: Entorno político, entorno regulatorio y entorno de negocios

• Capital humano e Investigación: Educación, educación terciaria, investigación y desarrollo

• Infraestructura: ICT, energía e infraestructura general

• Sofisticación del mercado: crédito, inversión, comercio y competencia

• Sofisticación del negocio: Trabajadores del conocimiento, vinculación de innovación, conocimiento de la absorción.

b) El subíndice de resultados de innovación, que se integra a partir de:

• Resultados científicos: Conocimiento de la creación, conocimiento del impacto y conocimiento de la difusión.

• Resultados creativos: Creativos intangibles y bienes y servicios creativos.

En suma, se puede decir que la innovación depende de un esfuerzo conjunto, que involucra a múltiples y diferentes actores. Los gobiernos tienen un papel muy importante, estableciendo el ambiente adecuado y las políticas necesarias para la innovación. Sociedad y ciudadanos deben buscar diferentes alternativas que ayuden a crear y a potencializar la capacidad social de innovación, en un esfuerzo común para fortalecerla y sostenerla.

Muchas historias de éxito y de mejores prácticas a nivel internacional hacen evidentes los distintos caminos para avanzar en el terreno de la innovación. Gracias a este tipo de estudios, se pueden identificar las fortalezas y debilidades que como sociedad se tienen para impulsar la innovación.

La metodología que se siguió para el reporte del IGI tiene la ventaja de ser transparente y replicable, pero para asegurar la credibilidad de todo el ejercicio, los resultados se sometieron a una auditoría en estadística realizada por el Join Research Center de la Comisión Europea.

Con este ejercicio se busca hacer una pequeña, pero concreta, contribución para mejorar el conocimiento y la comprensión del amplio fenómeno de la innovación en empresas, gobiernos y sociedades. Además de que está relacionado con otros esfuerzos hechos en esta materia, por instituciones como la OCDE.

Ahora el reto es traducir todos los resultados y el material intelectual que surge en acciones que sean adoptadas por las distintas economías globales para convertirse en un diálogo integrador en torno a la innovación.

* Estudiante de filosofía, asistente de investigación en Contorno. Centro de Prospectiva y Debate.

Fuente: The Global Innovation Index 2011, Accelerating Growth and Development, Soumitra Dutta, INSEAD.

Curiosamente, como en pocas ocasiones, hay una coincidencia en la naturaleza de los problemas, la mayoría de ellos centrados en el elevado endeudamiento de los países desarrollados; pero los desenlaces son impredecibles y, como ya dijimos, los riesgos muchos.

El inicio del año tiene numerosos factores de riesgo latentes sobre la mesa. Aún no hay un desenlace de la crisis en Europa que otorgue confianza a los inversionistas. En Estados Unidos, el conflicto político seguramente originará momentos de presión en los mercados. En Asia, hay cautela con relación a la desaceleración de la economía en China; por último, la situación política en Medio Oriente es delicada en varios países y un escenario más caótico podría afectar la estabilidad de los precios del petróleo agravando la expectativa de menor crecimiento.

Desde nuestro punto de vista, los mayores riesgos para el desempeño de la economía global durante 2012 son tres.

El primero es el desenlace de la crisis de deuda soberana en Europa, que a la fecha ha debilitado al sistema bancario y la moneda común, ha provocado la insolvencia de gobiernos con exceso de deuda y amenaza con convertirse en un fuerte lastre para la economía europea por un lapso de tiempo considerable. En segundo lugar se encuentra la situación presupuestal de Estados Unidos; la incertidumbre es alta debido a que gran parte de la responsabilidad en la búsqueda de una solución viable se encuentra en el Congreso de ese país, justamente en un año de elección presidencial. Por último, la desaceleración de la economía China cuya magnitud y velocidad desconocemos; una baja abrupta podría presionar negativamente el crecimiento económico a nivel global.

En general, nuestra visión es de un retorno lento, con episodios adicionales de presión, hacia una menor incertidumbre y volatilidad en los mercados. Esperamos que las soluciones acordadas para Europa, un proceso de discusión más ordenado en Estados Unidos sobre el tema fiscal y las fuertes intervenciones de los bancos centrales con políticas de relajación monetaria diluyan el miedo de un evento caótico en los mercados.

Si tal cosa sucede, esperamos que en Estados Unidos haya un crecimiento positivo modesto, que la recesión en Europa sea temporal y la afectación sobre los mercados emergentes sea leve. Por ello anticipamos cierto restablecimiento en algunas variables y en general, rendimientos que tiendan a ser más favorables que los del año anterior.

México terminará registrando la afectación de un crecimiento más lento en el exterior. No obstante, tomamos en cuenta que la administración financiera del país es muy buena y que dentro de un marco de relativa estabilidad, podríamos seguir creciendo a tasas positivas.

Esperamos más estabilidad en el tipo de cambio, los principales determinantes de la cotización son la expectativa de crecimiento en Estados Unidos y la estabilidad de los mercados en el exterior. Si asumimos que se ha diluido el riesgo de recesión en Norteamérica y pensamos en mercados más estables el tipo de cambio debería converger hacia niveles de 13 pesos o incluso inferiores.

Dado este entorno del tipo de cambio vemos pocas preocupaciones por el lado de la inflación, las presiones actuales deberán ser temporales y veremos que éstas se reducirán a partir de marzo. No esperamos ninguna acción del Banco de México sobre las tasas. La tasa de referencia seguirá siendo muy baja y la de los bonos de largo plazo oscilará dentro de un rango acotado.

Es nuestro punto de vista que el proceso electoral representa un riesgo moderado con relación a las variables financieras. En 2006, y en momentos de malas noticias desde el ambiente político, la cotización no ha sufrido alteraciones. Pensamos que tendrían que ocurrir hechos inesperados y particularmente intensos, más que los del 2006, para deducir que las variables se desestabilizarían por motivos internos. Por el contrario, hacemos votos por que el resultado del proceso electoral genere la expectativa de las reformas necesarias para generar un mayor crecimiento.

Los principales riesgos para la economía nacional son los efectos que pudiera tener un menor crecimiento del sector externo. La principal fuente de debilidad sería un agravamiento de la situación en Europa o la continuidad de la volatilidad financiera global.

Si bien hay muchos factores que pueden alterar la estabilidad, apostamos por ella y creemos que el 2012 será un año mejor que éste para las inversiones.

* Director de Estrategia y Gestión de Portafolios de INVEX

rcampuzano@invex.com | @rod_campuzano

a) Se introduce el concepto de innovación como un eje del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación y se propone una definición operativa a partir de la cual innovación significa “generar un nuevo producto, diseño, proceso, servicio, método u organización o añadir valor a los existentes” (LCyT, Artículo 4, fracción IX) siguiendo así las líneas generales que marca la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en el Manual de Oslo, elaborado en 2005.

b) Se crea el Comité Intersectorial para la Innovación (CII) encargado de diseñar y operar la política pública de innovación, en el que participan el secretario de Economía (presidente), el director del Conacyt (vicepresidente), y el secretario de Educación Pública (vocal).

c) Se aprueba un marco jurídico para la creación de Unidades de Vinculación y Transferencia de Conocimiento (UVTC) para la generación y ejecución de proyectos en materia de desarrollo tecnológico e innovación para vincularlos a los sectores productivos y de servicios.

d) Se establecen las bases para el otorgamiento de incentivos a investigadores para obtener beneficios a través de regalías por la explotación de la propiedad intelectual.

Bajo los cambios formulados el 9 de diciembre de 2009 se instaló el CII que aprobó, el 27 de mayo de 2011, el Programa Nacional de Innovación (PNI), con el cual se instituirán políticas públicas para la promoción y el fortalecimiento de la innovación en los procesos productivos y de servicios, buscando incrementar la competitividad de la economía nacional.

El PNI considera a la innovación como “una prioridad nacional, pues sólo a través de ella podremos incrementar la competitividad de nuestra economía y lograremos las tasas de crecimiento y generación de empleos de calidad que México requiere”. Se tiene un diagnóstico preciso sobre las fortalezas y debilidades que alcanza la innovación en México por lo que se busca la creación de un entorno favorable para su ecosistema, el cual se soporta sobre seis pilares: mercado nacional e internacional, generación de conocimiento con orientación estratégica, fortalecimiento a la innovación empresarial, financiamiento de la innovación, capital humano y un marco regulatorio e institucional. Se plantea la necesidad de conectar la oferta del conocimiento y capital intelectual con la demanda empresarial mediante la creación o fortalecimiento de entornos o instrumentos dinámicos, con el fin de conectar y alinear la oferta y la demanda de conocimiento.

Para financiar algunas de las acciones del PNI se constituyen el Fondo Sectorial de Innovación (Finnova) y el Fondo de Fondos de Capital emprendedor (Mexico Ventures) que complementan a otros mecanismos de financiamiento, entre los que destacan el Fondo de Innovación Tecnológica, Programa de Estímulos a la Innovación (PEI), Innovapyme, Innovatec, Proinnova, Fondo de Innovación Tecnológica SE-Conacyt, Fondo de Cooperación Internacional (Foncicyt), 18 fondos sectoriales y el Fondo de Contragarantías Prosoft.

Recursos y acciones del PNI se encaminan a la reducción de la brecha que México tiene con respecto a los mejores sistemas de innovación a nivel internacional y la meta sería eliminarla en forma total para el 2020.

Recientemente la Secretaría de Economía anunció que en 2011 se invirtieron 263 millones de pesos destinados a proyectos relacionados con la innovación a través del Finnova, se destacó que esa cifra se incrementará a 500 millones de pesos para 2012, además, a través de México Ventures I, se invertirán más de 850 millones de pesos en fondos de capital emprendedor (El Universal, diciembre 29, 2011).

El PNI es un instrumento consistente de política pública que habrá de afinarse y ajustarse al ritmo de su instrumentación. Sin embargo demerita su propósito así como las metas trazadas cuando sus planteamientos y acciones nodales se detonan a partir del último año de gobierno. El alcance de lo planteado en contraposición al poco tiempo para implementarlo refleja no sólo su inviabilidad sino que convierte a las acciones en este rubro en un ejercicio de pura retórica.

Como país tenemos mucho por hacer: la OCDE considera que en México no se han hecho inversiones suficientes en ciencia, tecnología e innovación. La recomendación es que cada país invierta al menos 1% de su Producto Interno Bruto (PIB), en los países desarrollados este tipo de inversión alcanza un promedio de 2%. Mientras que en Suecia se destina 3.8% y en Estados Unidos 2.7%, en México se alcanza apenas un gasto del 0.5 por ciento.

El gobierno mexicano se hace cargo de 67% de la inversión en ciencia y tecnología, a diferencia de Estados Unidos, Francia y Corea en donde la mayor parte del financiamiento, en promedio 70%, corre a cargo de las empresas privadas.

Durante 2010, a nivel mundial, el número total de solicitudes de patente ascendió a 5,17 millones, de las cuales 490 mil 226 se presentaron en los Estados Unidos y 391 mil 177 en China. El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) reportó que en México se solicitaron 14 mil 576 patentes de las cuales solamente 951 (6.5%) fueron hechas por mexicanos.

Respecto del capital humano con que actualmente cuenta nuestro país, en el Sistema Nacional de Investigadores se tienen registrados alrededor de 18 mil investigadores, quienes producen al menos un artículo científico al año. Paralelamente, el Conacyt apoya a más de 40 mil becarios de maestría y doctorado en instituciones educativas de nivel superior en México y el extranjero. Sin embargo, mucho de la investigación se queda en la publicación sin vincularla a la creación o implementación de productos o tecnologías que añadan un alto valor agregado a la economía.

Ante esta situación será conveniente avanzar en una propuesta más integral y transversal para fomentar la innovación, procurar alternativas que lleven a cambios estructurales de fondo que permitan respuestas dinámicas y comprometidas. Los nuevos paradigmas de la innovación marcan desafíos para crear nuevos conocimientos, mejorar el sistema educativo, fortalecer la investigación en nuevas áreas, replantear los esquemas de trabajo, interactuar con un mundo globalizado, crear nuevas reglas de participación tanto para el sector público como para la iniciativa privada, fomentar la creatividad, en suma, transformar nuestros referentes para integrar las dinámicas de la innovación a la cultura nacional.

El año 2012 es un tiempo de cambios para México, la innovación abre posibilidades para fortalecer la viabilidad del país, se esperaría que quienes aspiran ocupar la silla presidencial hagan un planteamiento que conduzca la energía social para participar en el proceso abierto que implica la innovación. El país requiere respuestas oportunas, nuevos conocimientos, nuevos mercados, productos innovadores para atender los retos y necesidades sociales, no ya del futuro sino de nuestro presente.

sergioaquiles@gmail.com

Ante el crimen organizado se hace más urgente la necesidad de “saber para actuar”, de tener “conocimiento para entender”, antes de empeñar esfuerzo alguno, a riesgo de caer en ineficiencias o fracasos.

Por ello, el “secreto” y la “sorpresa” se vuelven las armas más poderosas de la guerra y de cualquier competencia o confrontación. La “inteligencia” es, con y por ellos, la respuesta para convertir la incertidumbre en riesgo, y el camino para transformar el riesgo en oportunidad.

El espionaje como actividad para obtener información privilegiada fue, se ha llegado a decir, “la segunda profesión más antigua” del mundo, y aunque la inteligencia no es espionaje (aunque se pueda llegar a servir de él), sí se asocian los conceptos por la aspiración al conocimiento y la anticipación. Es evidente que al enemigo hay que conocerle antes de decidir siquiera cómo enfrentarlo. Estas afirmaciones dibujan la complejidad del tema, al involucrar aspectos de legitimidad, legalidad y eficacia para la supervivencia misma.

Los “sistemas o servicios de inteligencia” son conceptos cada vez más socorridos en jergas especializadas. Si bien, durante mucho tiempo estas ideas estuvieron reservadas a la acción de gobiernos, especialmente en el campo militar, hoy se utilizan formal y ampliamente en los negocios y en la academia, como una herramienta necesaria, útil y práctica. Así, se habla de “inteligencia para la competencia” o de “administración del conocimiento”.

Es imposible enfrentar la complejidad del mundo actual como se ha hecho hasta ahora. No son sólo las sofisticadas tecnologías de la información o las comunicaciones, es la manera misma de entender el conocimiento y la secrecía, junto con el trabajo en equipo y la responsabilidad compartida dentro de cualquier organización.

Esta acusada necesidad y carencias en la materia, junto con la creciente aplicación y acceso a instrumentos especializados, conjugados con una historia de mitos y estereotipos generados por la riqueza y complejidad del tema, provocan enorme confusión de conceptos y hace urgente desarrollar una verdadera “cultura de inteligencia”.

El tema es mucho más serio que las aventuras del 007 o la caricatura del Super Agente 86. Tampoco se trata de las ideas que con frecuencia se ha formado el ciudadano común sobre la CIA, la KGB o el MOSSAD, como paradigmas de la agencia de inteligencia internacional, donde la “aventura”, el “juego sucio”, la violencia y la muerte, prevalecen como sus principales atributos, gracias a las caracterizaciones que el cine ha hecho de ellas.

La “inteligencia” como “proceso sistemático” para la toma de decisiones difíciles, dónde la incertidumbre gobierna y las certezas son pocas, se basa en el “sentido común” y en la capacidad de contrastar lo posible con lo deseable; depende de la habilidad y la destreza, producto del esfuerzo y la disciplina, pero también es el resultado de la intuición, el empeño y la creatividad de aquellos a quienes les gusta imaginar lo imposible.

Es evidente la necesidad de promover el desarrollo de la “cultura de inteligencia” en México y América Latina. Todavía hoy el estudio y desarrollo de sistemas de inteligencia en la región se hace con base en la literatura y experiencias de otras latitudes, señaladamente de Estados Unidos, Rusia, Israel y el Reino Unido.

Abordar el tema de ” inteligencia” tiene dos retos: el primero, la obviedad de sus principios básicos, que son los mismos que gobiernan los procesos con los que “piensa” cualquiera. En abierta paradoja, esto dificulta la capacidad de reconocer el potencial que tiene el llevar el modelo de la “inteligencia humana”, a la empresa o al órgano de gobierno de que se trate, para darles una “inteligencia artificial” y poder referirse a la “inteligencia corporativa”, a la “inteligencia militar” o “policial”, por señalar algunas.

El segundo reto es la “universalidad” del concepto, porque todo se hace con “inteligencia”. Porque no existe una empresa u organismo público que no se haya creado y que opere con “inteligencia”. Es inevitable cuestionar entonces la utilidad de esta “especialidad”, que mas pareciera una gran “generalidad”.

El experto en “inteligencia” ‒que no en ingeniería, negocios, artillería, balística, mercadotecnia, ciencias políticas ni relaciones internacionales‒ es un profesional con habilidades y distinciones bien claras, destinadas a apoyar al tomador de decisiones que no disponga del conocimiento mínimo indispensable para definir un curso de acción determinado.

¿El arte de los secretos? Es la aplicación de la ciencia y la técnica, para enfrentar lo incierto y llevar “…la información disponible al grado de certeza…”, dicen ambiciosamente los textos de la doctrina militar mexicana.

La “universalidad” señalada le da una amplitud extraordinaria a la materia, cuando se trata de distinguir los distintos niveles de decisión, abarcando desde los superiores, responsables de las grandes decisiones de “la política” del Estado, de la empresa o cualquier otra entidad, pasando por las de los niveles intermedios de la estrategia y la táctica, hasta los más elementales de la operación. Lo más concreto en los niveles inferiores, permite distinguir claramente al “experto” en materias como: señales y codificación, vigilancias, informantes, redes o infiltración. Todas tienen su propia discusión legal y ética, pero en los niveles operativos es más fácil distinguirles y asignarles niveles de confidencialidad y acceso. Sin duda, más técnico, el nivel operativo no se trata en foros públicos ni en publicaciones masivas, reservándose para la acción de gobierno o la privacidad del particular.

La “inteligencia”, dicen algunos, puede ser un oficio peligroso y lo es, pero no por lo que normalmente se cree. En el oficio, aún en los niveles operativos, se pueden mantener buenos niveles de seguridad física, a no ser que sea un temerario, lo que podría volver muy peligrosos oficios como taxista, corredor de bolsa o limpia vidrios. La inteligencia puede ser peligrosa por el riesgo del profesional de querer (o creer posible) convertirse en “Dios” y perder la condición humana ante la incertidumbre.

Con frecuencia se piensa que en el negocio de la “inteligencia” lo legal no va con lo eficaz, o que áquellos no se llevan con lo legítimo. Todo nuestro concepto se basa en la tesis de que en la “inteligencia” como en todo quehacer humano, sólo es sostenible y sustentable para vivir en sociedad lo que es legal, legítimo y eficaz simultáneamente, a riesgo de perderse.

*Ex secretario técnico del Sistema Nacional de Seguridad Pública

El economista británico, John Maynard Keynes, argumentaba que sería mejor para el gobierno contratar gente para cavar hoyos y luego rellenarlos ‒en un intento de incentivar el empleo‒ que no hacer nada; sin embargo, también exponía que ello no es una manera razonable de hacerlo y que lo mejor sería aumentar el gasto en construcción de viviendas e inversión. Aunque expuesta de manera sencilla, es alrededor de esta visión que se forma un debate en cuanto a si es mejor inyectar gasto a países que ya cargan con un déficit presupuestario grande o aplicar medidas que se enfocan en estabilizarlo a expensas de tomar acciones que estimulen la economía.

A pesar del a veces criticado radicalismo de Krugman, su argumento central es acertado en el sentido de la necesidad de fomentar la inversión en los países, especialmente en Grecia, para promover el empleo. No sólo se necesitan mayores recursos para apoyar al Estado sino también la presencia de inversión privada, pues de lo contrario la presión que recaería sobre la economía sería demasiada para lograr su recuperación.

Europa parece haber abandonado las recomendaciones de Keynes al fallar proveer estímulos adicionales que acompañen las medidas de austeridad, necesarias para contener la deuda y estabilizar los déficits, impuestas a varias de sus economías. En un intento de mostrar la seriedad de su disciplina fiscal, las medidas tomadas apuntan a probar que están dispuestos a hacer lo que sea para recuperar la confianza de inversionistas. No obstante, si dichas medidas no son acompañadas ya sea del respaldo del Banco Central Europeo (que se ha mostrado reticente a actuar por miedo a desincentivar las acciones llevadas a cabo por Grecia y que ésta vuelva a caer en una crisis más severa) o con estímulos que impulsen la economía, entonces el limitar los déficits sólo disminuiría el crecimiento y probablemente conducirá a una necesidad de mayor austeridad. Es así que el miedo de un déficit de largo plazo confina la acción de las políticas a corto plazo de los países, lo que a su vez se ve restringido por la negativa de adoptar nuevos estímulos fiscales.

Uno de los principales problemas actuales de la economía estadunidense es que el estímulo inicial provisto luego de la crisis de 2008 no fue lo suficientemente grande como para levantarla. A partir de esta premisa es que los “anti-keynesianos” argumentan que el aumento del gasto no es la alternativa eficaz para salir de la crisis y que la mejor opción son los recortes presupuestales y la imposición de la austeridad como una medida ubicua dentro de las agendas económicas de cada país.

Las consecuencias de la inefectividad que hasta ahora han mostrado las acciones provenientes de Europa, amenazan con llegar a Asia, donde Japón no ha logrado recuperarse de décadas de crecimiento económico perdido, a la vez que China, al ser altamente dependiente de sus exportaciones, ha visto una desaceleración en su crecimiento. Ante este panorama y a pesar de que el crecimiento en el mundo será impulsado por regiones como Latinoamérica, la relación que dicha región mantiene con China se muestra como una amenaza creíble para mermar su expansión económica.

Rigurosas medidas que restrinjan el gasto ‒aunque pueden ser vistas como la única alternativa para casos como el de Grecia‒ amenazan con agravar el estado de la economía mundial actual. Si bien es cierto que se necesitan medidas extraordinarias para los casos de algunos países donde el estado de su deuda se muestra insostenible, si algunas de las principales economías el mundo, lideradas por Estados Unidos, Alemania y Francia, deciden seguir la misma línea de acción, entonces se estará condenando a la economía mundial a caer en una depresión severa, donde el miedo de tomar decisiones firmes y concretas habrá mostrado su resultado.

*Economista, asistente de investigación en Contorno, Centro de Prospectiva y Debate.

gs_godoy@hotmail.com

Fuentes:

Paul Krugman, Keynes was right, The New York Times, 29 diciembre 2011.

Austerity Reigns Over Euro Zone as Crisis Deepens, The New York Times, 1 enero de 2012.

Por eso, las economías emergentes importarán más maquinaria y equipo provenientes de países ricos con el fin de construir sus nuevas fábricas y mejorar su infraestructura (gasto de inversión). Pero esto también se dará en el gasto de consumo, ya que para 2012 ellos contabilizarán casi la mitad de las ventas al por menor y, aún más importante, el incremento en su gasto en términos de dólares absolutos será dos veces más grande como lo será el incremento en el mundo desarrollado. Los países emergentes también comprarán casi la mitad de todos los motores de vehículos (arriba del 20% en 2000), contarán con 80% de los contratos de teléfonos móviles y dentro de 10 a 15 años podrían producir la mitad de las ganancias de muchas grandes compañías multinacionales.

Expectativa a la baja

La medición del Economist/FT Global Business Barometer, encuesta trimestral realizada por el Economist Intelligence Unit a más de mil 500 grandes ejecutivos, sugiere que éstos entran a 2012 con ánimo pesimista. En octubre, sólo 14% de ellos esperaba que las condiciones de los negocios mejoren en los próximos 6 meses, cifra menor al 23% hallado en julio y del 40% obtenido en mayo. La confianza general, medida como el balance de los ejecutivos que piensan que la economía global mejorará contra aquellos que piensan que irá peor, se hundió de un +19 puntos porcentuales en mayo a un –39 puntos porcentuales en octubre (gráfico 2). Esta cifra es peor que la registrada en la crisis financiera de septiembre de 2008, cuando una encuesta similar puso la confianza neta en -37 puntos porcentuales.

Entre tanto, los ejecutivos de Europa occidental y América Latina están literalmente “melancólicos”: casi tres de cada cinco piensan que se estará peor en los próximos 6 meses. Y de los ejecutivos de Europa del Este y África, uno de cada cinco tiene buenas expectativas hacia el futuro, comparado con solo uno de cada diez en Europa. ¿Cuál es la razón de todo lo anterior? Los riesgos económicos y de mercado son la principal preocupación de los ejecutivos, tres de cada cinco de ellos reflejan este malestar.

¿Rescate mundial?

Cada recesión global desde 1970 fue precedida y gravemente afectada por un agudo pico en los precios del petróleo, por lo que la OPEC (Organización de los Países Exportadores de Petróleo) podría convertirse en un salvador insólito. En 2012, un colapso en el precio del crudo –y no sólo una baja modesta, sino un hundimiento profundo suficiente para reactivar el consumo americano y para transformar los déficit comerciales griegos, portugueses, españoles e italianos– podría ser la salvación del mundo a una doble recesión (la de 2008 y una reciente).

Una caída de 40% desde el pico que se tuvo en mayo de 2011, traería al crudo de 127 dólares a $77 el barril, lo que para la economía americana –que consume 7 billones de barriles de petróleo al año– ofrecería algo parecido a estímulos fiscales equivalentes a 350 billones de dólares, aún sin permitir caídas paralelas en el gas natural y el carbón. Si la mayoría de las reducciones en los precios se concentraran en los primeros meses del año, esto sería suficiente para evitar una recesión americana y reactivar la confianza financiera en la zona euro.

¿Es razonable esperar este “feliz” escenario para el futuro? Al parecer sí, pues la lógica económica plantea que la demanda por el crudo seguro se debilite como resultado de una inminente recesión en la economía global. Por eso es difícil imaginar que los precios americanos del petróleo reboten de repente. La lógica política es igualmente convincente: si la OPEC decidiera cortar la producción, los precios globales podrían en teoría estar por encima de los 100 dólares del nivel europeo. Pero ¿realmente la OPEC defenderá un precio por encima de los 100 y, al mismo tiempo, ser testigo del hundimiento de la economía global en una nueva recesión? Una estimación poco probable.

*Maestro en Políticas Públicas egresado del CIDE, Coordinador del área de investigación y análisis en Contorno, Centro de Prospectiva y Debate.

paulo.cantillo@contorno.org.mx  | @pcantillog

Referencia

The World in 2012, The Economist, noviembre, 2011. Suplemento especial de final de año.

En el contexto internacional, tanto el estancamiento de Estados Unidos como la desaceleración e inestabilidad financiera en Europa tendrán una influencia importante en el futuro latinoamericano, el crecimiento económico de la región se reducirá a alrededor de 3,5%, a comparación del 6% del 2010 según lo plantea Michael Reid, editor de la sección the Americas en The Economist. América Latina ha logrado hacer buen uso de su política monetaria y fiscal para amortiguar los efectos negativos de la crisis, también ha logrado reducir la desigualdad existente en la región a partir de mejoras en los salarios y de políticas dirigidas hacia los más pobres, como lo plantea la secretaria ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcena. A pesar de ello, la situación de estabilidad macroeconómica actual plantea un desafío, dado que será necesario poner en marcha reformas estructurales que puedan cerrar las brechas aún existentes en infraestructura, educación e innovación.

La región también ha sido favorecida por un aumento tanto de la demanda interna como de la demanda proveniente de Asia. Según el editor de The Economist, Daniel Franklin, las economías emergentes van a comprar la mitad de las importaciones mundiales para el 2012. No obstante, esta situación hace necesario vigilar las presiones inflacionarias sobre las materias primas, sin sacrificar el crecimiento ni acelerar la entrada de capitales a cada país, como lo hace Brasil. Los desafíos son evidentes: será necesario potencializar un mayor crecimiento económico, todo ello tratando de minimizar los shocks externos causados por la economía internacional, especialmente por Europa. Además, la exposición que tiene América Latina a la fluctuación de las economías asiáticas –especialmente China– provoca que la desaceleración de dichas economías pueda traer consigo una disminución en los precios de las materias primas y por tanto una merma al crecimiento actual de la región.

En Brasil, el gobierno de la presidenta Dilma Rousseff se enfrentará a un difícil momento de estabilidad. Habrá un aumento de casi 14% del salario mínimo, aun cuando el crecimiento disminuye a menos de 4%. Si los inversionistas evitan los activos brasileños y esto lleva a una depreciación del real, el gobierno tendrá que decidir entre la inflación y el estancamiento económico. Rousseff tendría que fomentar una expansión del crédito interno (aunque a un ritmo más lento) y de la inversión para mantener al país, según lo plantea Michael Reid, en “Latin Amperica´s big test” en The Economist. Sin embargo, las elecciones municipales de octubre mantendrán ocupados a los políticos en sus distritos y desinteresados en impopulares reformas.

México se verá limitado por el lento crecimiento en los Estados Unidos, pero será impulsado por la inversión extranjera, el consumo interno, así como la campaña presidencial. Así mismo, será muy importante para el crecimiento nacional que el próximo presidente resuelva los monopolios en sectores como el de energía y telecomunicaciones.

En Argentina, Cristina Fernández seguirá dando prioridad al crecimiento a expensas de la inflación. Perú, Chile y Colombia crecerán a un 4-5%, impulsados por la inversión en minería e hidrocarburos. Las elecciones municipales en Chile serán muy importantes después de las protestas masivas en 2011 sobre el costo de la educación superior, mismas que revelaron la desilusión del sistema político de dos bloques que no han logrado forjar una sociedad más igualitaria, lo que podría ser un presagio de descontento similar en otras partes de la región.

La mayor parte de la atención de la región en 2012 se centrará en Venezuela, donde Chávez se enfrentará a una batalla electoral. La clave para ganarla estará en la división de la oposición y en la recuperación del cáncer que el actual mandatario padece para poder hacer campaña con su energía habitual. Sorprendentemente y a pesar del estancamiento económico, la inflación, la escasez, el crimen desenfrenado y la corrupción, Chávez conserva aún el apoyo de cerca de la mitad del electorado, aunque ese apoyo va disminuyendo poco a poco. Los acontecimientos en Venezuela son muy importantes para Cuba, ya que depende de Chávez para adquirir petróleo fuertemente subvencionado. Si es derrotado, Raúl Castro se verá obligado a acelerar las reformas económicas que implican la creación de un sector privado. El posible descenso de Chávez también planteará un nuevo desafío para la integración latinoamericana, así como para la gestión de los gobiernos de centro-izquierda actualmente existentes.

La OCDE y la CEPAL en su artículo “Perspectivas Económicas de América Latina 2012: transformación del Estado para el Desarrollo”, plantean que América Latina atraviesa por una etapa en la que se abre la oportunidad para diseñar estrategias de desarrollo a largo plazo. Los países deben enfocarse en consolidar y fortalecer sus sistemas democráticos, el Estado debe de jugar un papel fundamental para la creación de empleos, mejorar las políticas fiscales y la capacidad de administración tributaria, así como darle prioridad a la educación. Solo así, América Latina tendrá la oportunidad de mantener el progreso que ha logrado en los últimos años en este año 2012 que está por venir.

*Internacionalista, egresada de la Universidad Iberoamericana. Asistente de investigación en Contorno, Centro de Prospectiva y Debate. alejandraespinosamijares@gmail.com

Referencias

Perspectivas Económicas de América Latina 2012: Transformación del Estado para el Desarrollo, OCDE/CEPAL, 2011

Daniel Franklin, “The World in 2012”, The Economist, noviembre, 2011.

Michael Reid, “Latin America´s big tests”, The Economist, noviembre, 2011.

Tom Wainwright, “The empire strikes back”, The Economist, noviembre del 2011.

“The Brazilian Model”, The Economist, noviembre, 2011.

“Good tidings from the south”, The Economist, diciembre, 2011.