No hay peor político que el que no hace política. Mariano Rajoy convirtió a su ministro de Exteriores en alguacil para asuntos catalanes. Pocas horas posteriores al referéndum de Crimea, José Manuel García Margallo tuvo el desatino de comparar la consulta (desvinculada a la Constitución española) catalana con la prorrusa. “Grandes paralelismos” sentenció el hoy alguacil. Tras las sombras de sus palabras es imaginable observar al ejército español replegarse de Cataluña el próximo 9 de noviembre para observar la mutación de los mossos d’esquadra (policías del gobierno de la Generalitat) en militares; y sí, sobre caminos luminosos por los que gravita Margallo, es imaginable pensar que Cataluña será anexionada a Francia, si tomamos en cuenta la locura de asegurar que siete millones de catalanes son pro franceses. Otra de las maragalladas apuntaría a un derrocamiento orquestado por el partido secesionista, Esquerra Republicana de Catalunya, en contra del presidente Artur Mas alias Yanukovich, convirtiendo a su líder, Oriol Junqueras alias Turchinov en presidente de Cataluña.

 

Como se puede observar, el conflicto en Ucrania sostiene “grandes paralelismos” con el ímpetu soberanista en Cataluña. Rajoy eligió a Margallo como alguacil excepcional por un objetivo: construir la narrativa de que Cataluña quedaría de facto fuera de la Unión Europea en el momento en que se desgaje de España. Curioso, el tiempo hace destrozos en los políticos. En tiempos de José María Aznar, el vicepresidente primero Francisco Álvarez Cascos no se cansó de repetir que el gobierno bracearía en contra de las disposiciones de la Unión Europea, y lo hacía en referencia al proceso que abrió sobre las directivas de competencia en telecomunicaciones que daban la razón al empresario, pero sobre todo enemigo de Aznar, Jesús de Polanco. Los chicos de Aznar, incluyendo al hoy presidente, se mofaban de las “ocurrencias” comunitarias. Hoy, al parecer, Rajoy convirtió a su ministro de Exteriores en alguacil para cabildear a sus pares europeos sobre los “grandes paralelismos” entre Crimea y Cataluña.

 

Otro de los espectáculos de la decadencia política en España lo presentó el Tribunal Constitucional (TC), encargado de rechazar todo aquel ADN que no sea asimilable a la sangre constitucional. El martes, antes de que el TC diera a conocer que la declaración que hiciera el Parlamento catalán el 23 de enero de 2013 sobre el hecho de que su comunidad tiene rasgos inherentes de un “sujeto político y jurídico soberano”, no se asimila a la Constitución española, el Partido Socialista de Cataluña (PSC) pidió recusar a tres de los magistrados que lo conforman debido a su sesgo ideológico contrario al nacionalismo catalán.

 

Por ejemplo, el magistrado Pedro González-Trevijano participó dentro del intervalo 2003-2012 como ponente en 64 seminarios organizados por un think tank del Partido Popular (PP), la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES), dirigido por el expresidente José María Aznar. Otro de los magistrados, Enrique López, también ha participado activamente con la FAES.

 

En la denuncia realizada por el PSC (que, ojo, no es el partido gobernante en Cataluña y que ha tenido que alinearse a la dirección que marque el dedo de Alfredo Pérez Rubalcaba, jefe máximo del PSOE) se puede leer la inclinación de los magistrados: “Han realizado reiteradas manifestaciones públicas en relación con Cataluña, a su régimen de autonomía, a la ideología nacionalista y también a su clase política que ponen de relieve una toma de posición muy clara y contundente -en sentido político y jurídico- en contra de cualquier proceso que implique modificar el statu quo existente con anterioridad al nuevo Estatuto de Autonomía” (El Mundo, 26 de marzo).

 

Lo que viene convertirá a la fisura en el diálogo político entre Madrid y Cataluña, en una ruptura. Algo similar a lo ocurrido durante el segundo gobierno de Aznar, cuando, paradójicamente, la correlación que detonó por su intolerancia hacia el nacionalismo catalán provocó el escalamiento soberanista a través del ascenso de Esquerra Republicana de Catalunya al famoso gobierno del tripartito encabezado por el socialista Pasqual Maragall. En pocas palabras, muy pronto el presidente catalán, Artur Mas, convocará elecciones anticipadas. Lo hará en el momento en que el brazo jurídico de Rajoy, es decir, el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, amague con llevar a la cárcel a Artur Mas por reincidir en realizar la consulta no vinculante el próximo 9 de noviembre.

 

Y Rajoy, claro, sin el ánimo de provocar diálogo. Para él Cataluña es invisible y no indivisible.

 

De ahí que frente a la tumba de Adolfo Suárez no haya comprendido el significado del epitafio grabado en la piedra: “La concordia fue posible”.